Mujica revocó por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, relacionados con el artículo 3 de la Ley 15.848. La Resolución establece que el Estado fue objeto de sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de DDHH. En ese sentido, se resuelve declarar a los hechos denunciados fuera de las disposiciones del artículo 1 de dicha Ley.

 "Sin perjuicio de que la Ley de Caducidad (...) ha sido aprobada en un régimen democrático y ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades, ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", explica el texto.

"Estamos convencidos de que la Justicia tiene algo que laudar y que lo laude lo más rápido posible. A ver si superamos esto", dijo Mujica respecto a la firma del decreto.