Entonces, con el acto del Ejecutivo, quedó fuera de la norma. Con este decreto se determinó que los anteriores decretos eran "nulos e ilegítimos".

El Gobierno consideró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman contra Uruguay, que disponía que el Estado debía "garantizar que la ley de Caducidad, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones a los DDHH".
   
En diálogo con El Espectador la propia denunciante del caso, Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, e hija de la desaparecida María Claudia García, dijo. "Me parece un paso sumamente importante y también un cambio en lo que había sido de un tiempo a esta parte. Lo que supongo es que va a haber que estar atentos a otras dificultades que se puedan presentar. Estaba claro creo que desde un principio que este era el inicio de una eventual solución, pero que no lo era todo. Todavía quedan cosas importantes de resolver como es el tema de la prescripción, que inclusive está mencionado allí en el decreto".

Además, este viernes se supo que el Poder Ejecutivo (PE) analiza realizar un acto público para expresarse sobre el fallo de la CIDH en relación al caso Gelman. De esta forma, según se supo este viernes, se reconocerá la "responsabilidad internacional" sobre el caso.

Consultada sobre qué esperaba del discurso institucional del Ejecutivo sobre su caso, Gelman contestó: "Es parte de la sentencia de la Corte hacer un acto público. No espero ni más ni menos que lo que está pautado en la sentencia. Realmente hasta ahora no se ha avanzado en investigaciones ni otros temas vinculados concretamente a la búsqueda de la verdad y a la investigación pero supongo que éstas son señales en ese sentido".

En definitiva, Gelman ve con buenos ojos estos dos pasos del Gobierno: la firma de la revocación de los decretos de anteriores gobiernos que entendían que las denuncias estaban incluidas en la Ley de Caducidad, y el acto público que se anuncia para hablar sobre el fallo de la CIDH y la responsabilidad del Estado.

"Por supuesto considero bueno es que el Gobierno avance en el sentido del cumplimiento de la sentencia y dé pasos tan importantes,  pero una evaluación tan prematura me parece que no se pude hacer", comentó.

En la mañana de este viernes en el programa En Perspectiva, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, habló sobre la decisión de Mujica de revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores que habían archivado casos de violaciones a los derechos humanos.

Breccia dio una explicación sobre la interpretación del Gobierno ante este caso, y así argumentó la decisión:

"En primer lugar hay una sentencia de la CIDH que establece claramente que el Estado uruguayo debe remover aquellos obstáculos que puedan impedir las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Y en segundo lugar, la SCJ ha declarado reiteradamente la inconstitucionalidad de la ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En consecuencia el PE entiende que aquellos actos dictados sobre la base de normas que han sido atacadas en pronunciamientos internacionales y nacionales por el máximo órgano judicial adolecen de un severo defecto de ilegitimidad y por lo tanto procede a la revocación", añadió.

Ahora, serán los jueces los que deberán reabrir los expedientes y de acuerdo al criterio de cada magistrado resolver si continúan o no con las investigaciones.

"Nosotros dentro de la esfera de competencia del PE lo que podíamos hacer en cumplimiento de la sentencia de la CIDH era precisamente lo que la Corte manda o sea remover los obstáculos que pudieran significar la ley de Caducidad a la investigación de los hechos cometidos en cuanto a violación de derechos humanos durante la dictadura. Esa es nuestra esfera de competencia. Ahora nosotros lo comunicamos a la SCJ, como lo dice el propio numeral 1º de la parte resolutiva de la resolución, y la SCJ lo comunicará a los juzgados a todas las sedes penales y éstas tendrán que ver qué causas de violación de derechos humanos oportunamente denunciadas en sus juzgados se encuentran archivadas en mérito a aquellas comunicaciones del PE y tendrán que resolver obviamente dentro de la esfera de sus competencias si las desarchivan o no".

El canciller Luis Almagro tenía previsto reunirse este viernes con delegados del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) para discutir cómo se cumplirá con el fallo de la CIDH por el caso Gelman. La entrevista fue pedida por el diputado de este sector, Carlos Coutinho, para "intentar una consonancia, luego del triste desenlace de la votación en Diputados", según Coutinho dijo a Montevideo Portal.

"Le vamos a pedir al canciller que nos explique cuál es el programa de cumplimiento del PE", dijo el legislador, quien adelantó que le preguntaría sobre cómo evitar la fecha de prescripción de los casos, que –según se ha dicho- sería el 1 de noviembre de este año.

Para Coutinho, evitar la prescripción y la "cosa juzgada" forma parte de las obligaciones del Estado tras el fallo de la CIDH.

Algunos legisladores oficialistas, asimismo, han salido a hablar. Este jueves Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, dijo que después del "papelón" (sic) que hizo el FA tras la votación de la ley interpretativa de la Caducidad hay que estudiar minuciosamente los pasos a seguir con este tema. También habló Constanza Moreira, del Movimiento de Participación Popular (MPP), quien dijo que entiende que el pueblo está un poco cansado de este tema.

A propósito de esto, es muy ilustrativa la encuesta que divulgó este jueves la encuestadora Cifra en canal 12: la mayoría absoluta de la población (52%) entendió que el Parlamento actuó bien al no derogar la Ley de Caducidad mientras que el 31% entendió que debía anularla.

El Espectador consultó a Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, quien dijo que la Corte todavía no ha recibido ninguna notificación de la firma de ese nuevo decreto revocatorio del PE. "Realmente no tengo confirmación de que eso sea así, efectivamente que el PE haya ya enviado algún oficio o nota o algo por el estilo a la Corte o a los jueces a través de la corte, y sinceramente desconozco cuál va a ser el modo en que lo van a hacer. Pero en concreto lo importante es si efectivamente hay que poner en conocimiento, no a la Corte, y sí a los jueces, porque acá los competentes son los jueces que tienen en sus respectivos juzgados archivados los expedientes por los cuáles determinadas resoluciones, en este caso unas 80, y no permitieron seguir con las investigaciones. El modo en que llega la comunicación a los jueces eso habrá de determinarlo la corte una vez que reciba la notificación del Ejecutivo de la existencia del decreto. La Corte hasta ahora desconoce hasta ahora cuál es el contenido del decreto", comentó.

Oxandabarat dijo que cada juez, una vez que es notificado de que un caso en su órbita (que estaba incluido en la ley de Caducidad y ya no), debía avisar a las partes. Así lo explicó: "El fiscal interviene en todos los procesos penales por lo tanto esa es una parte que va a estar siempre, la otra parte son los indagados de determinados crímenes. Hay que ver qué grado de avance tiene cada expediente: en algunos casos sí hay gente indagada y en otros no. En aquellos expedientes en que no hay gente indagada la única parte va a ser el fiscal, y el juez va a tener que escuchar además al fiscal sobre esto. Y en otros expedientes que puedan tener mayor avance las partes serán el fiscal y las personas indagadas a través de sus respectivos defensores. El juez en esos casos tendrá que escuchar al fiscal y a las defensas. Recién después de eso tendrá que resolver cuál es el efecto que produce la existencia de este decreto, en relación al expediente y a su archivo. El efecto será de continuar las indagatorias, o en su caso, si el juez lo entiende adecuado a la norma, puede definitivamente entender que el expediente debe continuar archivado".

Consultado sobre qué pasaba con la fecha de prescripción de estos hechos, motivo de preocupación para organizaciones de DDHH y para el oficialismo también Oxandabarat dijo que con esto pasa algo parecido a lo anterior: queda a criterio de cada juez.

"Es cierto que en algún momento hubo algún pronunciamiento en relación a la prescripción pero los jueces tienen en cada caso concreto que realizar sus propios pronunciamientos. Para que cada juez resuelva este tema de la prescripción primero alguien tiene que invocarla, por lo tanto en este caso el juez tiene que esperar que algunas de las personas indagadas a través de sus defensas invoque la prescripción. Volvemos al mismo sistema: habrá que escuchar al fiscal, habrá que escuchar a la defensa de la persona indagada, y recién después el juez tendrá que resolver. Por lo tanto en este momento no hay forma de adelantar en ningún sentido los criterios que van a resultar de cada caso concreto", dijo.

Puede pasar, entonces, que un juez interprete que el delito prescribió y otros no. Por dos cosas: porque cada juez es independiente en el marco de su competencia y la segunda, porque no hay jurisprudencia obligatoria. O sea, los jueces no están obligados a seguir una jurisprudencia, aunque hubiesen antecedentes en este sentido.