(emitido a las 8.44 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Partido Independiente (PI) presentó un proyecto de ley en el que se propone eliminar los representantes sociales en el directorio de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado). Esto alude a los cargos que hoy ocupan Alfredo Silva, por los funcionarios, y Wilfredo López, por los usuarios del sistema estatal de salud.

Según el presidente del PI, Pablo Mieres, "no tiene sentido que el directorio de ASSE esté integrado por representantes sindicales ya que los dirigentes gremiales tienen otras funciones vinculadas a la defensa de los funcionarios [...] La conducción de la salud la debe tener el poder político. Ni hablar de la representación de los usuarios, que en este caso es un grupo de gente muy pequeño que no tiene por qué estar en estos ámbitos de discusión".

Estamos con el exdiputado Pablo Mieres, presidente del PI.

¿Por qué un planteo de estas características, en este momento y con esos argumentos tan terminantes en contra de la presencia de representantes sociales en el directorio de ASSE?

PABLO MIERES:
En primer lugar, esta es una iniciativa que está impulsando el diputado Daniel Radío, que es nuestro representante por Canelones y que además integra la comisión de Salud Pública. Siempre creímos que no era una buena cosa generar conducciones en las políticas públicas que incluyan la participación [de grupos] que tienen una función obviamente muy necesaria y legítima en su papel como actores sociales, reivindicando y demandando los derechos. Por ejemplo Aduss, una asociación de usuarios de hace muchos años, ha jugado un papel en su rol de representación de usuarios ante situaciones de mala praxis, etcétera; o la Asociación de Funcionarios de Salud Pública en su rol sindical.

El problema es cuando eso se traslada a representaciones en la conducción de la política, que es la política de salud que debe llevar adelante un Gobierno a través de los representantes electos por el pueblo. Lo que estamos viendo hoy en el funcionamiento de ASSE es una demostración bastante cabal. A tal punto que un diputado del partido de gobierno sugirió y planteó –no sé si finalmente lo presentará como proyecto de ley– ampliar el número de representantes políticos en ASSE. [Se propone eso] en vez de optar por lo sano, que es la propuesta nuestra, que volvamos las cosas a su cauce, que en la conducción de ASSE en vez de ser cinco sean tres –o sea que además ahorremos–, electos de acuerdo a los criterios establecidos desde el punto de vista de la representación política, y que los representantes de los usuarios y los representantes de los funcionarios pasen a estar en el consejo honorario asesor, jugando el papel que pueden jugar, el papel de opinar, recomendar, hacer llegar los planteos. Pero esto se está corporativizando.

Estamos trabajando también en un proyecto similar, modificativo de la ley de educación de 2008, para que en ANEP, en el Codicen y en los consejos desconcentrados desaparezca esta situación que tenemos hoy en donde hay dos representantes de los gremios docentes en Codicen y uno en cada consejo desconcentrado.

El planteo es que la conducción de las políticas públicas –salud, vivienda, educación, política económica, política fiscal, etcétera- tiene que estar en manos de los representantes electos directamente por el pueblo y no de corporaciones sectoriales. Porque, en definitiva, estos representantes llamados sociales en realidad representan grupos específicos de intereses, que está bien, que además me parece vital para la democracia que esos grupos existan y que estén organizados. Pero deben cumplir el papel que les corresponde y no un lugar exacerbado, en donde lo que termina ocurriendo es que muchas veces predomina el interés corporativo o, peor aún, hay una mirada demasiado particularista, cuando en realidad la conducción de las políticas debe hacerse en función de intereses generales.

EC – Estos dos planteos que está preparando el PI se disparan a partir de lo que ha ocurrido en este período de gobierno en esos dos tipos de organismos que usted menciona: ASSE por un lado y los consejos de la enseñanza por otro. ¿De cuáles características del funcionamiento de esos órganos de gobierno es que ustedes hacen una evaluación crítica?

PM – En los dos ámbitos, tanto en ASSE como en ANEP, es público y notorio que hay dificultades de gestión, que hay bloqueos, que hay situaciones de conflictos generadas a partir de la presencia de esos representantes. [También] hay gente que está haciendo un esfuerzo por tratar de asumir una representación más general y eso lo quiero destacar. Por ejemplo en algún caso de la ANEP, en el Codicen. Pero en términos generales la tentación es muy grande y las denuncias que ha habido en ASSE referidas a un manejo corporativo y donde en definitiva la carrera sindical se convierte en mérito prevalente para ocupar cargos de gestión en los hospitales, etcétera, me parece algo gravísimo. Decía ayer el diputado Radío que estamos corriendo el riesgo de que se nos "peronicen" los sindicatos uruguayos.

Y después hay una razón conceptual, de fondo, no solo de gestión, que es la prueba del nueve de nuestra concepción de principios: que los papeles de los actores sociales son distintos a los de la conducción política...

EC - ...Dos preguntas a propósito de lo que usted venía diciendo. La primera: esos problemas de gestión que se han ido dando, ¿se deben a que en esos consejos hay representantes sociales –por ejemplo en ASSE dos en cinco–, o al hecho de que esos directorios están mal diseñados? Porque el inconveniente que no hemos mencionado hasta ahora es que en el caso del directorio de ASSE, y también en el del Codicen, lo que ocurre es que, a diferencia de lo que ocurrió en el período de gobierno pasado, en este período de gobierno se le ha dado participación a la oposición. Entonces, de los tres representantes que vienen con designación política hay uno que pertenece a la oposición. Por lo tanto, al oficialismo solo pertenecen dos lo que implica que en principio ese sector, la representación del Gobierno, no tiene mayoría tanto en ASSE como en el Codicen. Entonces el problema no es el diseño de los directorios, la cantidad de miembros, teniendo en cuenta que corresponde y es saludable que esté presente la oposición, ¿no?

PM – El problema está dado, en gran medida... Por ejemplo, en los consejos desconcentrados no hay representación de la oposición y el problema está planteado por los bloqueos que existen en algunos casos incluso por una conducción equivocada. Pero en términos del funcionamiento de ASSE lo que nosotros estamos planteando es reducir el tamaño del directorio, eliminar los directores representantes de funcionarios y de usuarios y llevarlos a un consejo honorario asesor. Entonces dejamos una conducción de tres en vez de cinco y achicamos la conducción de ASSE. Puede haber una representación de la oposición. Además, en los casos que estamos analizando, los bloqueos no han provenido de una alianza entre representantes de la oposición y los representantes de los sectores sociales. Al contrario, los representantes de la oposición en estos casos concretos no han jugado de palo en la rueda sino que han ayudado a evitar que el bloqueo fuera mayor. En el caso de ASSE lo que hay es un conflicto entre una conducción política desde el Ministerio de Salud Pública y una conducción en ASSE que no responde concretamente a esa lógica.

EC – La otra pregunta viene a propósito del otro argumento que usted manejaba que era de fondo, conceptual, a propósito de si corresponde o no que representantes sociales integren los directorios de organismos públicos. Con estos proyectos que preparan ahora, ustedes están corrigiendo dos incorporaciones de representantes sociales que se aprobaron en el período de gobierno anterior, uno con la reforma de la salud y otro con la ley de educación. Pero en realidad ya tenemos antecedentes de ese tipo de participación. Me refiero, por ejemplo, al directorio del Banco de Previsión Social (BPS) donde estamos hablando de una reforma constitucional que se implementó en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Entonces ¿qué dice usted sobre ese otro caso que quedaría?

PM – El otro caso es de carácter constitucional, como usted bien dice, por lo tanto no puede ser modificado por ley. La integración del BPS está prevista en la Constitución de la República. Nosotros también tenemos una opinión crítica, no hemos hecho una discusión interna sobre este punto por la diferencia de carácter normativo que existe, en la medida que no podemos tomar una iniciativa al respecto. Pero consideramos que en el BPS hay que controlar el uso de recursos que luego van a ser utilizados por todos. Y desde el punto de vista de fondo, conceptual, la idea que nosotros tenemos es que el peso corporativo en la conducción de las políticas públicas tiene que tener su lugar concreto y adecuado, y es distinto y separable de la conducción política. La conducción política se somete después al voto popular, periódicamente, por la vía de las elecciones, y la gente modificará o ratificará lo actuado. [En cambio,] estas corporaciones tienen otras lógicas distintas, responden a intereses particulares. Y, lógicamente, la razón de ser de un sindicato es defender sus intereses, no hacerse cargo del conjunto, nadie le pide eso y si lo hiciera estaría desnaturalizando su función. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que se sienten a discutir desde una perspectiva general cuando su rol es un rol de defensa del interés particular?

Y además, yendo al tema de ANEP, en el caso de los docentes existen las asambleas técnico docentes donde efectivamente hay un papel de asesoría fuerte, técnico, de parte del cuerpo docente. En la medida que funcionan adecuadamente son un papel relevante y de alguna manera potencian la voz de los docentes en el sistema. Pero no hay razón por la que además deban estar sentados en los consejos como directores de la educación.


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