(emitido a las 10.11 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Era seguramente el hecho político que más atención concitaba en el día de ayer: la Cámara de Diputados aprobó la ley de participación público-privada.

El diputado comunista Hugo Dávila no concurrió a la sesión, en su lugar ingresó Elsa Hernández, de Compromiso Frenteamplista –un sector aliado del Movimiento de Participación Popular–, quien votó afirmativamente el proyecto. De esa forma el oficialismo tuvo los 50 votos de su bancada para esta iniciativa, lo que se logró convenciendo a Elsa Hernández de que concurriera a esa sesión, ya que es diputada suplente, vive en Artigas y tenía algunas dificultades a estos efectos. Esa fue la fórmula que encontró el Partido Comunista (PCU) para no repetir en la Cámara de Representantes lo que había ocurrido en la Cámara alta: cuando el proyecto llegó a esa instancia, y pese a que había un mandato del Frente Amplio (FA) para que todos sus legisladores lo acompañaran, el senador Eduardo Lorier se retiró de sala.

Ayer el proyecto de ley de participación público-privada de todos modos salía, porque, al igual que en el Senado, la oposición también lo votaba. De hecho, así, con esta solución que se encontró dentro del Frente, el proyecto recogió unanimidad.

¿Se afloja entonces la tensión que se había planteado en la interna del oficialismo en estos días?

Vamos a conversar en primer lugar con el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista (VA), FA.

Lo consulto porque fueron ustedes, la VA, quienes hace muy pocas semanas propusieron en el Plenario Nacional del FA la sanción que finalmente recibió el PCU por no haber votado en el año 2008 la Ley General de Educación del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. La fórmula de sanción que ustedes sugirieron era que quedara suspendido por 30 días a los efectos de la toma de decisiones en los organismos del FA.

Entonces, ¿cómo examinan el escenario cuando en medio de esos 30 días, cuando todavía no se había cumplido ese plazo, el PCU da otro paso de "desobediencia" a un mandato?

ENRIQUE RUBIO:
Eso en principio provocó un nivel de tensión y de crisis muy importante, porque se ponía en juego el respaldo político al Gobierno en un proyecto clave que fue elaborado y modificado con la participación de todo el mundo de una manera muy significativa durante seis meses. Entonces la gobernabilidad, el respaldo estaba en juego. Eso provocó sorpresa, en primer lugar, porque los planteos no aparecían como justificados, en la medida en que el proyecto es nítido y los reclamos estaban a texto expreso en los artículos 3 y 4.

EC - El PCU pretendía que quedara escrito en el propio texto de la ley que no cabía la posibilidad de enajenación del patrimonio del Estado.

ER - Eso no aparece en ningún lado como posibilidad en el proyecto de ley, que tiene grandes ventajas frente al pasado. No se forman empresas mixtas, que es otro formato, con el cual hemos tenido experiencias muy malas, como la de Pluna, o incluso la terminal de contenedores del puerto, en las que el Estado de repente invierte pero es minoría, no tiene la gestión y por lo tanto la ve pasar. Lo que se está haciendo son contratos limpios y transparentes entre el Estado y el sector privado bajo determinadas reglas de juego. Y están excluidas determinadas áreas, las llamadas áreas exclusivas del Estado y los monopolios, y también están excluidos los servicios que se brindarían en algunas de esas infraestructuras que construiría el sector privado, como por ejemplo el control de las cárceles o los servicios educativos o los servicios de salud. Y al mismo tiempo, al final de estos contratos, que pueden tener duración variable, aunque son en general de largo plazo, la infraestructura construida por el sector privado retorna y se integra al patrimonio público. Esto no tiene nada que ver con procesos ni de privatización ni de estatización.

EC - Lo cierto que estando el PCU "en capilla", en ese período de 30 días de sanción, plantea de nuevo una situación incómoda, muy incómoda, para la bancada del oficialismo. ¿Qué lectura hace usted a partir de lo que fue aquella sanción, que muchos consideraron que era prácticamente simbólica, que era como un saludo a la bandera, fue cuestionada hasta por eso?

ER - Yo interpreto que acá tenemos que ir a una discusión más de fondo. El episodio comenzó muy mal y terminó de una manera adecuada; si el PCU no quería votar es una cosa, otra cosa es que le quitara la gobernabilidad o el respaldo político al Gobierno, y eso por la vía del ingreso de una suplente de otro sector político se mantuvo, que era lo que nos importaba.

EC - Se logró que estuvieran los 50 votos de los diputados del FA, pero no estuvo el voto del PCU, el PCU se mantuvo en su posición de no acompañar el proyecto.

ER - Sí, entendía que era un problema prácticamente de principios. Creo que es un razonamiento equivocado de los compañeros, pero una cosa es que uno tenga opiniones y otra cosa es que deje al Gobierno sin respaldo. Lo que nos resultaba intolerable era que el Gobierno quedara sin respaldo, porque en la Cámara de Senadores estuvo en una situación de fragilidad en algunos artículos claves del proyecto, en la medida en que el senador del PCU no participó en la discusión, no estuvo presente. Eso fue lo que ocasionó los niveles de tensión tan importantes. Se resolvió en Diputados por esta vía, pero queda pendiente una discusión que es mucho más de fondo, que hemos llamado una discusión sobre los alcances del compromiso político de 1972.

EC - Sí, se habla, lo ha propuesto más de un sector, por ejemplo el MPP y ustedes también, de rediscutir el acuerdo político fundacional del FA. ¿Qué significa? ¿De qué están hablando?

ER - Estamos hablando de que a juicio de muchos de nosotros las reglas de juego que se fijaron en el 72 están perfectamente vigentes, los sectores políticos tienen derecho a emitir opinión, la que fuere, sobre los temas, pero luego se resuelve por mayoría. La minoría puede pedir libertad de acción y la mayoría puede otorgarla o no, y si no la otorga la regla es que se actúa como conjunto, salvo en temas que sean considerados de conciencia, como el tema de la salud sexual y reproductiva y otras cuestiones; tiene que ver con temas más bien éticos y no con problemas programáticos o enfoques del país.

Puede haber otros sectores que entiendan que esto no es así. Entonces queremos verificar si se mantiene tal cual, porque lo ratificamos en el 40º aniversario del Frente en el Palacio Legislativo, cuando suscribimos el documento. Ese es un tema, los alcances del compromiso. Porque el Uruguay es una democracia de partidos, los partidos son asociaciones voluntarias y asumen programas y reglas de juego. Si hay crisis, hay que discutirlas.

Segundo, puede que haya temas programáticos o ideológicos o medio emparentados que haya que discutir.

EC - El PCU responde que la actitud que ha tenido en estos temas se debe a que reclama un apego irrestricto al programa del FA. Así que entonces, ante los hechos que se han dado, proponen volver a discutir todo lo que está en el programa del Frente, las viejas banderas históricas, por ejemplo la defensa de las empresas públicas, y las cosas nuevas, como la explotación de hierro que propone la minera Aratirí. Eso dice Daniel Marsiglia, secretario de Unidad Política del PCU, en declaraciones que publica hoy el diario El Observador.

ER - Pero temas de programa y situaciones nuevas hay todos los días. El programa fue aprobado en sus lineamientos en los congresos, fue expuesto en la campaña y ha sido traducido en políticas públicas en el gobierno de Tabaré Vázquez y ahora en este gobierno. Surgen cuestiones nuevas y hay que discutir las nuevas fronteras. Tenemos situaciones nuevas en la transformación estructural que se está produciendo en el sector agropecuario, ahí surgieron el tema de la tierra, los problemas de la concentración o de eventual extranjerización. Surge la diversificación del sector agropecuario porque ahora tenemos la posibilidad, que no habíamos anticipado, de que haya una explotación minera que se convierta en el primer rubro de exportación en una lógica que según estudios de la CEPAL tiene posibilidades de precios muy altos por 30 o 40 años. Son discusiones muy de fondo sobre el modelo de desarrollo.

EC - ¿Hay que discutir el programa?

ER - Eso no es discutir el programa, es discutir políticas públicas frente a temas nuevos. Me parece que hay reflejos distintos en cuanto a la relación entre lo público y lo privado, hay que profundizar ese tema, porque nos guiamos a veces por consignas o por ideas muy generales. La relación entre el sector público, la sociedad civil y sus emprendimientos y el sector privado, tanto nacional como extranjero, es un punto de sensibilidad muy importante para la izquierda y hay distintas maneras de enfocarlo, entonces discutamos en profundidad este tema.

EC - ¿En qué están pensando concretamente?, ¿en qué tipo de discusión sobre los dos asuntos que mencionaba, el acuerdo fundacional de 1972 y este tipo de cuestiones ideológicas?

ER - Este segundo lo incorporo yo porque surgió en estos días, a propósito por ejemplo de este proyecto de participación público-privada. No está en la agenda, pero debería incorporarse en la agenda junto con otras cuestiones. Sería afinar un poco la puntería en nuestras definiciones para que no nos sorprendan los problemas. Hay que discutir más a fondo los temas nuevos como las cuestiones ambientales, por ejemplo, que van a estar presentes en toda esta inversión minera o en otras inversiones, como estuvieron con las papeleras y otras cuestiones.

No es una discusión sobre la disciplina, en todo caso comienza con una discusión sobre el compromiso político y las reglas de lealtad dentro de la coalición y de la fuerza política, y después pasa a algún aspecto de programa y de estrategia. Se desechó aprobar documentos de estrategia que delinean una especie de largo plazo muy vago y que después no tienen apoyo en materia de compromisos de ejecutar esas políticas públicas en forma unida.

EC - ¿A qué documentos alude?

ER - La comisión que se formó a partir del Plenario Nacional sobre la estrategia política del FA para los próximos años había aprobado un documento de consenso. Lo íbamos a llevar al Plenario Nacional que se iba a hacer el fin de semana pasado, pero resolvimos suspender eso, porque dijimos: un documento de estrategia política que mira el desarrollo del Uruguay y que tiene como anclaje fundamental la acción cohesionada del FA no es creíble si en el mismo momento en que se está aprobando tenemos crisis, no tenemos cohesión para resolver temas y no hay respaldo parlamentario al Gobierno.

EC - Estamos a 500 días de la asunción del presidente José Mujica. ¿En qué tiempos, en qué plazos puede darse ese tipo de discusiones que está proponiendo?

ER - Ahora, de inmediato. A nuestro juicio, esto es parte del proceso de renovación del FA, el FA debe  ser renovado en sus estructuras, en sus reglas de juego en ciertos aspectos; en estos temas nuevos su programa tiene que ser actualizado, hay que darle espacios de inclusión a la gente que está generando pensamiento en el Uruguay, mucha de la cual es frentista o de izquierda –otra no, pero mucha es y está en áreas académicas o ONG o en otros lugares–, porque eso permite dar profundidad a la mirada sobre el país en un mundo absolutamente cambiante. Y la estructura política no ha tenido capacidad de inclusión, ese es un problema muy importante, no ha tenido la capacidad de vínculo flexible con la sociedad, entonces no trasmite los logros del Gobierno ni tampoco trasmite la opinión de la sociedad sobre los temas de mala gestión o de debilidad que pueda tener el Gobierno en alguna área.

EC - Lo que usted está proponiendo para el debate es un paquete enorme de asuntos.

ER - Sí. Y el vínculo entre la fuerza política y el Gobierno, para que no pasen estas cosas. Es una reflexión que tenemos que hacer en conjunto.

EC - Usted decía que hay que empezarla ya, y terminarla ¿cuándo?, ¿también van a fijar plazos?

ER - Creo que tenemos que terminar todo esto este año.

EC - Este mismo año.

ER - Sí, tenemos que hacer el proceso. Eso está relativamente avanzado también, hay muchos documentos y propuestas que están en camino. También hay que hacer muchas consultas a los frenteamplistas, o terminar un proceso de consultas amplias. Todo esto tiene que airearse, adquirir otro tipo de frescura, porque el mundo ha cambiado mucho, el Uruguay está cambiando de una manera impresionante en su economía, en su sociedad, en su cultura, tenemos temas nuevos en todas las áreas, en la comunicación y otras. Esto genera una demanda, y si esta demanda no se asume en talleres, en seminarios, en otro tipo de formato, después llega una iniciativa del Poder Ejecutivo al Parlamento y muchos parlamentarios no la entienden en sus alcances y sus fundamentos, entonces se debate mal y se genera una crisis a la hora de votar.

EC - ¿También hay que discutir una nueva sanción al PCU por el comportamiento en este tema de la ley de participación público-privada?

ER - A esta altura estoy convencido de que los temas son mucho más políticos que disciplinarios. Una cosa es haber dado una señal hacia un partido porque el tema había subido un escalón, no se trataba de la actitud individual de un legislador que decía "yo no voto nada", sino de un partido que en determinado momento había resuelto mandatar a sus representantes y no votar. Eso exigía un orden de señal.

Pero todos hemos realizado estos días un aprendizaje, esta situación que tuvo niveles de tensión tan importantes termina resolviéndose adecuadamente y nos deja una enseñanza, que también es un precedente, no se va a reiterar con facilidad, porque se vio que estaba todo en juego, que estaba en juego el respaldo al Gobierno, pero que estaban en juego el proyecto de izquierda y la continuidad de la izquierda en su propuesta progresista en el país. Porque una situación en la que la izquierda no tiene capacidad de darse gobernabilidad deja al Gobierno prisionero de buscar alianzas fuera, por tanto tiene que ceder en las áreas programáticas y en otras cosas, entonces la viabilidad del proyecto de izquierda o del proyecto progresista en Uruguay estaba en cuestión.


EC - ¿No es saludable, por otro lado, que el Gobierno negocie con la oposición y trate de obtener leyes con el más amplio consenso posible...

ER - ...Eso es absolutamente saludable...

EC - ... y que a su vez lo independicen de posiciones más extremas que puedan darse dentro del oficialismo?

ER - Tenemos un eje en el interior del Gobierno que permite la definición de políticas públicas adecuadas, no tenemos el riesgo de caer ni en radicalismos ni en tecnocratismos; debemos continuar con las políticas que definimos hace bastantes años. Eso no quiere decir que no busquemos una base más amplia de acuerdos, como se buscó por ejemplo en este proyecto que recogió muchas cosas que plantea la oposición, e integrándola al sistema público y estatal de una manera que no tiene precedentes. Las dos cosas son necesarias, el Gobierno tiene que tener márgenes de autonomía y al mismo tiempo buscar los acuerdos, pero no estar en la cuerda floja de no tener los votos y entonces tener que realizar cualquier acuerdo para lograr dar viabilidad a sus proyectos.

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Transcripción: María Lila Ltaif