(emitido a las 7.42 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Tras un largo debate que finalizó en la madrugada de hoy, los ministros de Industria, Roberto Kreimerman; de Vivienda y Medio Ambiente, Graciela Muslera; y de Turismo, Héctor Lescano, sortearon sin consecuencias la interpelación que encabezó el diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional (PN), sobre el proyecto de la minera Aratirí.

La Cámara de Representantes terminó votando de forma afirmativa por 52 en 79 la moción presentada por el oficialismo que señala que fueron satisfactorias las explicaciones brindadas en relación a la actuación del Poder Ejecutivo.

Además, esa declaración remarca que el desarrollo de la minería debe procesarse garantizando el cuidado del medio ambiente, la armonía de las diferentes actividades productivas y el progreso social.

En tanto, la moción de la oposición, que consideraba insatisfactorias las exposiciones de los secretarios de Estado, fue rechazada y obtuvo 36 en 86.

El diálogo es con el diputado José Carlos Cardoso, del Herrerismo, PN. En dos palabras: ¿con qué sensación sale después de esta discusión de la mañana, la tarde y la noche?

JOSÉ CARLOS CARDOSO:
Sigue habiendo poca información, pero desde el punto de vista del Gobierno la aplicación del proyecto parece inexorable.

EC – Lo estoy llamando porque escuchando la interpelación me llamó la atención un planteo que usted hizo. Como a las 11 de la noche, dijo: "Si solo hablamos de medio ambiente esto termina en un sí. Acá, lo único que tiene sentido discutir es el negocio", palabras más, palabras menos. Esto remite a una propuesta que usted ya hizo hace algunas semanas. Usted que pertenece al mismo PN en el que se encuentra el diputado interpelante, ¿cómo estaba plantado frente a esta interpelación?

JCC – Con la posición que he venido exponiendo públicamente respecto a que aquí hay un asunto muy fuerte que todavía no está en discusión. Cuesta instalar en la discusión qué es el negocio de Aratirí y el negocio del hierro en el Uruguay. Cómo se procesa ese negocio, cómo es que el país finalmente va a obtener recursos a partir de un yacimiento impresionante en volumen y recursos. Tal cual hoy está diseñado, su explotación va a generar una enorme riqueza para una empresa y una porción de dinero interesante pero que no tiene mucho efecto para el Gobierno y para los productores.

Este es un tema que tenemos que discutir. Si uno escucha el relato de legisladores de todos los partidos, finalmente la gente entiende que hay que rediscutir el tema del negocio.

EC – Sin embargo, cuando usted intervino anoche hizo notar que, hasta ese momento, sobre ese aspecto no se había discutido.

JCC – El planteo que venía haciendo el Gobierno está vinculado exclusivamente a los temas ambientales. Y el diseño y la mecánica que va a llevar este proyecto inexorablemente termina en un sí. Esto es un carro en una bajada: no lo para nadie. Porque el Gobierno le va a ir poniendo al proyecto determinadas condiciones (a partir de los estudios) que terminan siendo superadas, porque el negocio va a dar. Como el negocio es tan importante, el negocio da la posibilidad de resolver las mitigaciones que el Gobierno le proponga.

La exposición de la ministra era siempre afirmativa respecto al proyecto: "Vamos a estudiar", "vamos a poner las condiciones", "vamos a ver que no se dañe el ambiente", "vamos a buscar las mitigaciones". Hasta habló de cómo se cerraría la mina dentro de 40 años.

El camino por el que vamos termina inexorablemente diciéndole que sí a la empresa.

EC – Pero termina inexorablemente diciéndole que sí porque así lo establece la normativa vigente, no porque haya un capricho del Gobierno en ese sentido.

JCC – Esa son disposiciones de las que después el ministro Lescano se sorprendió un poco. No hay en Uruguay un mecanismo para impedirlo y tampoco hay una decisión del Gobierno. ¿Cuál es el mecanismo para decirle que no? ¿A través de qué mecanismo lo hacemos? En el Uruguay, lo único que está prohibido hacer es energía atómica.

De acuerdo a la ley de impacto ambiental, cuando un proyecto se califica C es el que tiene más daño ambiental. No dice que no se puede hacer; dice que se tienen que hacer las mitigaciones correspondientes de acuerdo a ese proyecto. Entonces, ¿cómo termina el proyecto Aratirí? Dentro de 18 meses dicen que sí a la empresa, después de que la empresa haya replanteado y atendido todos los planteos que la Dinama le vaya haciendo en el proceso. ¿Cuándo vamos a hablar del negocio?

EC – ¿Discutir el negocio quiere decir para usted discutir, por ejemplo, su sugerencia de ir a la nacionalización de los yacimientos de hierro?

JCC – A partir de la nacionalización, la forma en que se distribuye la enorme ganancia que el hierro va a generarle en este caso a la empresa, o le puede generar a la empresa y al país si discutimos bien el tema. Es tomado por todos los partidos. El Partido Independiente (PI) cree que es un asunto muy relevante. Hay legisladores del Frente Amplio (FA) que expresaron que les parece que este también es el tema a discutir...

EC – ...Sí, por ejemplo, después de que habló usted escuché unos minutos más tarde al diputado Gonzalo Muijca que señaló que lo que usted proponía era una discusión seria y pertinente.

JCC – Efectivamente. Cosa que yo agradezco mucho, porque finalmente vamos a empezar a entrar en el eje del verdadero tema que es el hierro en el Uruguay; cómo se distribuyen esas ganancias enormes que genera una explotación de estas características.

EC – ¿Cuál es la diferencia entre la nacionalización que usted está reclamando y el régimen legal vigente hoy?

JCC – Se lo expuse ayer al ministro en una explicación lo más sencilla posible para que la gente nos entienda. La nacionalización de los recursos, o lo que indica hoy el código minero, que dice que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado, es a los solos efectos de interrumpir la propiedad del dueño del suelo. Es para que el dueño del suelo no tenga derechos sobre el subsuelo. Luego, el dueño del subsuelo es la empresa que presenta una denuncia del yacimiento ante el Ministerio ...

EC – ...¿No es el Estado uruguayo, según su lectura?

JCC – No, porque el Estado es dueño solamente del petróleo, del gas, o del uranio si lo hubiera. Eso sí no lo puede explotar ningún privado. Ancap es la dueña. Lo dice el código.

Yo puse un ejemplo concreto del hierro. Si yo fuera una empresa, denuncio la existencia de un mineral en un campo y ese mineral me pertenece. Así lo establece el código minero. No dice que eso es del Estado. No lo es, es mío...

EC – ...Si usted si hace la denuncia de la existencia de ese mineral en ese campo va a tener que pagarle canon al Estado y al propietario del terreno.

JCC – Exactamente. Un canon al propietario del campo y un canon al Estado, que hoy totaliza menos del 10%. Más del 90% pertenece a la empresa. Como aquí estamos hablando en términos generales, ayer se habló mucho después de mi intervención de algunos de estos números. Que las empresas mineras ganan renta líquida entre el 40 y el 60%, estamos hablando que la renta final, pagando impuestos y pagando canon de la empresa, está en los 1.400-1.500 millones de dólares...

EC – ...En el caso de este proyecto en particular.

JCC – Claro, de acuerdo a los números que maneja el Gobierno y la empresa, 18 millones de toneladas...

EC – ...¿Cuántas toneladas de hierro se extraerían?

JCC – 18 millones de toneladas/año, el valor del hierro hoy...

EC – ...¿Y qué precio se tendría por eso?

JCC – 170 dólares la tonelada es el valor en el mercado internacional hoy.

EC – ¿Y por lo tanto el total?

JCC – Y por lo tanto el total son 3.000 millones de dólares. Pero como hay costos de producción, hay que pagar el canon a los productores, hay que pagar el canon al Estado, hay que amortizar la inversión, estamos hablando de una renta del orden de los 1.600 millones de dólares. ¿Cuánto recibe el Estado? Lo dice el Gobierno y la empresa: 300.

EC – 300 millones de dólares.

JCC – Ese número hay que discutirlo. Que una empresa extractiva se lleve el subsuelo sin ninguna producción... Aquí no hay instalación de ninguna industria. Lo que se instala es una picadora de piedra en Valentines, un caño que termina en un balneario de Rocha en un puerto de Rocha y un barco que espera la carga de un material sin ningún procesamiento. Es piedra picada, única y exclusivamente. Que la diferencia de ganancia entre la empresa y el país sean tan abismales merece un debate.

Yo estoy convencido de que esto va a caminar. Incluso he recibido planteos de algunos sectores del FA con los que me voy a reunir la semana que viene que están dispuestos a trabajar en esto con profundidad.

EC – Ahora se están discutiendo reformas a la ley de minería.

JCC – Sí, se modifica el canon de acuerdo al proyecto que se está discutiendo en el Senado. Es un poco más alto y cambia la forma de cálculo. Me parece que el cambio de la forma de cálculo que propuso el Gobierno es mejor que lo que está ahora.

EC – Pero para usted no es suficiente.

JCC – No, en el caso del hierro de ninguna manera. Una cosa es la forma en que se calcula el canon y otra cosa es la explotación de hierro en el Uruguay...

EC – ...Si se nacionalizara, si se fuera por el camino que usted propone. ¿Qué ocurriría entonces?

JCC – Lo que me terminó diciendo el ministro Kreimerman: "Si el diputado plantea, un fifty-fifty". Exacto. ¿Cómo terminamos discutiendo con la empresa? Fifty- fisti: la mitad para la empresa, la mitad para el Uruguay. Ahora, así como está no. 1.300-1.400 millones de dólares para la empresa y 300 para el Uruguay no. Ese número no es admisible. Eso es lo que el Gobierno tiene que discutir...

EC – ...Usted no está proponiendo que el Estado explote el hierro.

JCC – Para nada. Eso no pasa en ningún lugar. Nunca se me hubiera ocurrido. La explotación la hace la empresa minera privada, por supuesto.

EC – Usted se remite a la experiencia de Chile, por ejemplo.

JCC – Efectivamente. Es una experiencia efectiva que le permitió a Chile recuperar la propiedad del cobre. Quien explota el cobre en Chile es una empresa privada. Son mineros, incluso empresas norteamericanas. Algunas de las mismas que estaban antes de la nacionalización que no se fueron. Pero la nacionalización le permitió a Chile hacerse propietario del recurso efectivamente, no en la letra, y obtener una ganancia. En el caso del cobre es otra cosa: la tonelada vale 1.000 dólares. Es otro volumen.

Yo hablé siempre de que esto era un negocio. Estudiando este tema estos meses, encontré documentos en el Ministerio de Industria que la propia empresa Aratirí levantó del año 1968. El Uruguay estudió en el año 1968 y el Estado tiene los estudios del hierro que hay en Valentines. Seguro que en el 68 valía cinco dólares la tonelada. A nadie le interesaba explotar el hierro. Ahora vale 170 dólares. Ahora es negocio. Entonces, a por él, por supuesto. Esto es un negocio, y como negocio hay que discutirlo. Si el negocio da una ganancia extralimitada para una empresa privada que lo único que hace es llevarse el subsuelo, porque no hay industrialización, no vamos caminando hacia la industria del acero ni vamos a nada nuevo. Vamos, solamente, a un procedimiento extractivo de transporte de la extracción, y luego un barco que se la lleva. El país no puede permitir una extracción de esta manera.

EC – Desde la audiencia llegan varias preguntas, porque obviamente una iniciativa como la suya resulta removedora y genera debate. Pablo de Campana pregunta: "¿Su propuesta no implica cambiarle las reglas de juego a la empresa Aratirí y por lo tanto no implica consecuencias para el Estado uruguayo?".

JCC – Las consecuencias son obvias en cualquier proceso de nacionalización. Cuando el Uruguay nacionalizó el agua, con Uruguay le pagamos a la empresa. Pero lo hicimos no hace mucho, en 2004. Es una experiencia bien reciente. A Uragua, una empresa española en Maldonado, se le pagó porque había hecho una inversión que no podía seguir haciendo porque el Uruguay había nacionalizado el agua. La nacionalización implica obviamente algunos costos. El dinero que hay para ganar acá logra licuar todos esos costos. El procedimiento que hay que hacer es legal. El Gobierno tiene que fortalecer su posición para terminar discutiendo con la empresa cómo se distribuye esa ganancia. Así como está, no. Hay procedimientos perfectamente legales que no hacen al Uruguay incumplir nada. Ayer leía la resolución 1.803 de Naciones Unidas que habla de los derechos soberanos de los países sobre sus bienes naturales. El derecho del Estado sobre sus bienes naturales es inalienable, no se pierde porque haya una empresa privada trabajando. Y la empresa Aratirí seguramente seguirá trabajando, aún cambiando los números del negocio que tienen que ser más favorables para el país.

EC – ¿Usted dice que hay bastante ambiente en el Parlamento para ir por el lado que usted está sugiriendo?

JCC – Yo creo que sí.

EC – ¿Incluso su partido?

JCC – Sí, por supuesto.

EC – ¿Ha hablado con el presidente de la República?

JCC – Le pedí una entrevista pero no me fue concedida. Tendré que exigir a ver si puedo volver a hablar con él.

He recibido mensajes muy favorables y muy positivos del FA, con los que me voy a reunir la semana que viene. Quieren discutir el número y el procedimiento. Además, yo hice un estudio sobre el marco impositivo en el que Aratirí se va a desenvolver para saber cuánto van a pagar de impuestos, porque esa es una discusión que tiene que estar arriba de la mesa. Ese estudio lo voy a distribuir a aquellos que estén interesados. Y en el Partido Colorado (PC) encontré también voces favorables. Así que me parece que estamos en condiciones de discutir el negocio efectivamente, en un proceso que desde mi punto de vista la instalación de Aratirí es inexorable.

***