(emitido a las 7.38 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El consejo de ministros evaluó como positivo el resultado de la triple interpelación por Aratirí y analizó la posibilidad de construir un acuerdo político nacional acerca de este emprendimiento, según comunicó el ministro de Turismo, Héctor Lescano.

"El presidente Mujica recordó que esa fue su intención y acción en ocasión de tener conocimiento del proyecto", añadió Lescano hablando con los periodistas.

"Este proyecto de Aratirí puede tener en su final del proceso un concepto similar al que tuvo la ex Botnia, nuestra planta de celulosa, que finalmente terminó siendo una causa nacional que contó con un muy amplio respaldo", resaltó Lescano.

Según participantes de la sesión del consejo de ministros consultados en el fin de semana por el diario El País, hubo coincidencia en que es posible alcanzar un acuerdo con la oposición. En principio, sería el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, quien efectuaría los primeros contactos.

Estamos en diálogo con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente (PI).

Una primera puntualización es a propósito de cómo jugaron ustedes en el llamado a sala. La moción que finalmente resultó aprobada y que consideró satisfactorias las explicaciones de los tres secretarios de Estado obtuvo 52 votos. Eso significa que recogió el respaldo de la bancada del Frente Amplio (FA) más el de los dos votos de la bancada del PI. ¿Por qué?

IVÁN POSADA:
Porque consideramos que las explicaciones dadas por los ministros fueron adecuadas a la situación actual. Este tema ingresó en el estudio de parte del Gobierno. Ya hay un pronunciamiento de la Dinama en el sentido de rechazar un primer estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. A esta altura de los acontecimientos, parece un hecho que lo realizado por parte del Gobierno es adecuado. En esa moción se incluyen otros aspectos en los cuales nosotros insistimos particularmente. Uno de ellos es que nuestro país requiera un asesoramiento internacional en este tema, fundamentalmente en el impacto medioambiental y su mitigación; el asesoramiento en materia de legislación minera, de la legislación laboral específica; y un aspecto en el cual insistimos mucho que es el tema de la valuación y justipreciación de los costos y beneficios que tiene asociado un emprendimiento de esta naturaleza.

EC – ¿Se debe entender que esa apelación a una consultoría internacional fue pactada con el oficialismo para que ustedes dieran los votos?

IP – Fue incorporada como una referencia expresa en la declaración que aprobó la Cámara de Diputados.

EC – ¿Pero la solicitaron ustedes?

IP – Sí.

EC – ¿De qué forma sería ese asesoramiento?

IP – Creo que en el mundo hay experiencias de esta naturaleza. Las tienen países con los mejores estándares en materia de protección ambiental como Alemania o Finlandia. Creer que el Estado tiene las capacidades para evaluar una cuestión estratégica de la vital importancia que tiene esta sería un error.

EC – Ustedes están pensando en que se llame a un consultor. ¿Cómo sería el procedimiento?

IP – La instrumentación habría que requerirla a nivel de Estado. Esos contactos se podrían realizar a través de nuestras embajadas a nivel internacional, sobre todo de Alemania, Finlandia y Australia, que es el otro gran país que tiene experiencia en materia minera. Y, sobre todo, tratar de incorporar esa experiencia acumulada que Uruguay no tiene.

EC – Yendo ahora al punto que yo planteaba al comienzo de este espacio, la idea que se manejó el viernes en el consejo de ministros de construir un acuerdo político amplio en torno al proyecto de Aratirí: ustedes lo ven positivamente y ya se han pronunciado.

IP – Sí. En la interpelación decíamos que esta era una cuestión de Estado. Realmente se requería un acuerdo amplio para encarar una decisión. No solo sobre los aspectos que tienen que ver con la eventual decisión de aceptar un emprendimiento de esta naturaleza, sino también a las características del mismo. Realmente nos parece que un planteo que debe estar en el menú de opciones es el que ha realizado el diputado José Carlos Cardoso, en el sentido de la eventualidad de que esta explotación sea nacionalizada por el Estado. Esto no quiere decir que sea el Estado el que explote directamente, pero sí que esa posibilidad sea evaluada y comparada con la otra eventualidad: las modificaciones que se están introduciendo al código de minería en el sentido de establecer nuevos cánones para este tipo de actividad minera metálica.

EC – Entonces, ¿qué puntos incluiría ese acuerdo político amplio?

IP – A nuestro juicio, el asesoramiento adecuado necesario en un tema en que Uruguay no tiene experiencia para tomar la mejor decisión. Si tomamos los antecedentes del tema Botnia, está claro que en el momento en que el país tomó la decisión, hubo otros aspectos que en un principio fueron desechados y que indudablemente estuvieron después y generaron problemas con la República Argentina. Por tanto, tuvo por ciertos costos asociados muy importantes para nuestro país. Justipreciar los costos y beneficios es un aspecto clave en cualquier decisión de esta naturaleza. Hay otro aspecto que me parece muy importante y que tiene que ver con recursos extraordinarios que obtendría el Estado uruguayo. Si la decisión es favorable después de que se realicen todos los estudios y evaluaciones necesarias, hay que tener en cuenta el tema de la equidad intergeneracional. Son recursos que pertenecen a varias generaciones. Por tanto, su producido debiera ser aplicado a superar restricciones de infraestructura que tiene nuestro país, de tal forma que realmente se esté consolidando el desarrollo económico y social de varias generaciones. Tener en cuenta el aspecto intergeneracional que es clave en un emprendimiento de esta naturaleza, cuando se trata de un recurso extraordinario que el país va a obtener durante un período de tiempo pero que después se va a agotar.

EC – Usted está manifestando la coincidencia con la idea de un acuerdo multipartidario y una especie de política de Estado para manejar el proyecto de Aratirí...

IP – ...Manejarlo como una cuestión de Estado.

EC – Ahí está. Pero el PI tiene dos legisladores en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un partido pequeño. Mi pregunta apunta a saber qué viabilidad le encuentra usted a la idea en general, teniendo en cuenta algunas reacciones que se han conocido en el fin de semana. Ayer domingo en El País veía al senador y presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Heber, que decía que no lo ve viable. "Nosotros estamos planteando que la megaminería no puede convivir con el concepto de país natural. La agroproducción y el turismo necesitan otro tipo de ambiente. Es un tema de definición de país", sostuvo Heber. Por otro lado, el senador colorado Pedro Bordaberry, que ha presentado un proyecto que busca prohibir la explotación minera a cielo abierto, le reclama al Gobierno y a la empresa que brinden toda la información sobre el emprendimiento. "Si no nos dan toda la información, van a una interpelación y además no dan las respuestas, es muy difícil llegar a un acuerdo", dijo Bordaberry.

IP – Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. En el caso del PN, más allá de algunas expresiones que se conocieron en la interpelación, varios legisladores –inclusive el miembro interpelante– manifestaron su disposición a que este tema fuera estudiado. Las puertas en ese sentido no están cerradas. Es más...

EC – ...¿Su sensación en la interpelación fue de que este tipo de acuerdo era posible?

IP – No en la referencia de acuerdo, pero sí en la referencia de que no tenía una oposición al proyecto. Diferente es, notoriamente, la posición asumida por el diputado Lacalle Pou. En todo caso, en el propio PN –y conozco expresiones en tal sentido– hay actitudes favorables a analizar un emprendimiento de esta naturaleza con todos los condicionamientos que el mismo requiere, y de que una vez que sea tomada la decisión, sea con un amplio apoyo político. De hecho, el mismo sector del senador Heber es el diputado José Carlos Cardoso, y él ha hecho un planteo que todos conocemos.

EC – ¿Ha hablado con el Gobierno sobre cómo se procederá?

IP – No hemos hablado más allá del intercambio que se realizó en el ámbito de la Cámara de Diputados durante la interpelación. Estamos en el inicio del tiempo de decisión de este tema. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, adelantó que en la consideración de este tema se demorará, por lo menos, 18 meses. Creo que eso ha dado un amplio espacio de tiempo como para tratar de avanzar en acuerdos y que este tema sea una verdadera cuestión de Estado.

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