(emitido a las 10.12 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Parece el mundo al revés. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado.

Ya son moneda corriente los grandes descuentos que reciben los consumidores que compran determinado producto en determinado local y con determinada tarjeta de crédito. Sin embargo, ese mismo comercio tiene prohibido hacer descuentos especiales a aquel consumidor que paga al contado y en efectivo.

Más allá de este beneficio que puede obtener el consumidor, hay otro aspecto que preocupa a un sector importante del comercio y tiene que ver con las diferencias que las tarjetas hacen a favor de determinadas empresas a partir de acuerdos de exclusividad.

En este contexto un grupo de gremiales solicitó una reunión al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, a efectos de plantear la instrumentación de medidas que aseguren la libre competencia entre comercios y que eviten la competencia desleal cuando intervienen tarjetas. Además, el 28 de abril pasado un grupo de empresas presentó una denuncia en el Banco Central del Uruguay (BCU) y en la comisión de Defensa de la Competencia.

El diputado Daniel Peña, de Alianza Nacional (AN), Partido Nacional (PN) está elaborando un proyecto que tiene en cuenta estas situaciones y otros aspectos relacionados con el mercado de las tarjetas de crédito y débito.

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Diputado Peña, hemos mencionado que usted viene manejando este proyecto, pero asimismo se ha dicho que el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica también está interviniendo en la elaboración de este proyecto, y se ha mencionado que cámaras empresariales están aportando lo suyo para la conformación de este proyecto. En definitiva, ¿quiénes están detrás de esta iniciativa?

DANIEL PEÑA:
Sí, nosotros hemos ido elaborando esto con el diputado Gonzalo Mujica (Frente Amplio) y no solo buscando recoger iniciativas de las cámaras. El año pasado presentamos otro proyecto de ley específico sobre el tema de hotelería. Consultamos a todos los actores, inclusive a los dueños de las tarjetas, y hemos ido recopilando y recogiendo todo lo que hay de legislación en el tema.

El mismo proyecto de ley tiene las reglamentaciones del BCU. Incorpora lo que tiene que ver con las tarjetas de la ley de usura, lo que es la ley de la competencia, los reclamos de las cámaras empresariales, los reclamos de los usuarios y distintos temas que han existido en la dinámica jurídica. Por ejemplo, se incorpora también el efecto de las tarjetas adicionales. Ha habido problemas importantes y hoy todavía existen. También se ha incorporado la tarjeta de débito.

Con este proyecto de ley se intenta regular el sistema de tarjeta de crédito en su conjunto. No está dirigido específicamente a una situación sino que intenta abordar toda la situación de las tarjetas de crédito en Uruguay. Sobre todo, tener una reglamentación, porque va de la mano de un aumento en el uso de la tarjeta, que año a año va creciendo. Además, de la mano de un impulso que el Gobierno le va a dar en base a la bancarización y al incentivo de la tarjeta de crédito.

EMILIANO COTELO:
¿Cómo encaja este proyecto en ese sentido? ¿Este proyecto favorece o complica los planes de bancarización del Gobierno?

DP – Es un proyecto dirigido a ayudar. Y, sobre todo, a ayudar a clarificar el sistema, a dar cristalinidad, a dar seguridades a todos los actores y a ordenar en un lugar donde lamentablemente los más chicos son los que llevan el mayor peso, sobre todo a financiar este sistema. Generar reglas claras y que todos los actores se sientan con un sistema jurídico que respalde ese accionar va a llevar a que la gente tenga mayor confianza. Yo estoy absolutamente convencido de que esto va a ayudar al desarrollo de las tarjetas de crédito. Esto lo dijimos en las cámaras de tarjetas, cuando dijimos que íbamos a presentar una reglamentación.
 
Hay mucha gente que le tiene miedo a la tarjeta. En otros tiempos habían surgido casos de usura grave. En el correr de la historia de las tarjetas han surgido una serie de problemas que a lo largo del tiempo se han ido mejorando. Creemos que esto va a ir en la dirección de que, con las reglas claras, todos quienes tienen certeza en un sistema usarán ese sistema de mejor manera.

JAE – Vamos a ir repasando aspectos que están contenidos en este proyecto que todavía no se ha presentado y no está terminado. Usted dijo al pasar que aquí están interviniendo al menos dos. El diputado Mujica y usted como legislador. Diputado del Frente Amplio (FA) y diputado del Partido Nacional (PN). Esto parece romper los ojos. Estamos hablando de una iniciativa parlamentaria que por ahora tiene el respaldo y el aporte de dos legisladores de partidos diferentes.

DP – El martes a las 16.00 horas nos vamos a reunir con el ministro de Economía, con Fernando Lorenzo, le vamos a presentar el proyecto y buscaremos su opinión.

JAE – ¿Con qué objetivo?

DP – Este proyecto está presentado para que salga. No queremos hacer un proyecto de ley en el que Daniel Peña venga a hacer propaganda sobre una preocupación sino en una preocupación de los actores de un país. Si el Gobierno no incorpora sus aspectos fundamentales es difícil que llegue a buen puerto. Vamos a transitar por el camino de los consensos y de que es necesario una revolución, porque hoy la mayoría de los comercios y de la gente en el Uruguay está reclamando una reglamentación.

JAE – ¿Quién va a participar en esta reunión?

DP – El diputado Mujica, quien habla y el ministro.

EC – Ahora pasemos a aspectos concretos, a ver si el oyente comprende por qué lado va la inquietud de este proyecto en cuanto a regulación de este mercado.

JAE – El artículo 5, de acuerdo a como está este anteproyecto, señala que carecerá de efecto toda cláusula que impida al proveedor realizar promociones bajo la forma de pago contado o efectivo, cuando estas resulten más beneficiosas para el consumidor final. Se prohíbe esa cláusula que al comerciante no le permite dar un descuento a un consumidor cuando paga al contado. ¿Bajo qué fundamentos pretenden ustedes prohibir esta cláusula?

DP – Creo que para todos lo importante es el consumidor. Creo que no le podemos prohibir a nadie beneficios para la gente. Muy poca gente conoce que los comercios que tienen tarjetas de crédito tienen expresamente prohibido hacer ofertas al contado. Si lo hicieran inmediatamente, como hoy hay denuncias específicamente se le cancelan todas las tarjetas de crédito. Por lo cual, nosotros...

EC – ...Pero la base sobre la cual se impide ese tipo de promociones es que se supone que el precio al cual un cliente compra con la tarjeta tiene que ser el mismo que el que tiene aquel que compra en efectivo.

DP – Exactamente. Ahí ya vamos a entrar al otro tema, que es los que tienen tarjeta y compran más barato por tener tarjeta y no el que viene al contado...

EC – ...Después ha venido ocurriendo esto...

DP – ...Después pasa al revés. Por eso en este proyecto de ley se habilita que el comerciante haga una oferta al contado, pero también se limita a un período de tiempo. Se habla de una oferta al contado en el tiempo que no puede ir más de tres o cuatro días y sobre un tema específico.

Creo que en esto también tenemos que evitar las trampas de ambas partes. Este proyecto de ley intenta ponerse en el centro de la cancha, marcando reglas claras para quienes son proveedores y para quienes son los dueños de las tarjetas.

JAE – Claro, porque un emisor cobra una comisión al comercio. E, históricamente, hace algunos años el comercio tendía a recargar por el pago de tarjeta para sacarse el costo que tenía y trasladárselo al consumo.

DP – Exacto. Acá el problema es que el que siempre terminó pagando el peor costo fue el usuario. Nosotros tenemos que defender al usuario marcando reglas claras, con las cuales defendamos a la tarjeta de crédito de que el comerciante termine vendiendo más barato a contado que con tarjeta, y defendiendo también al comerciante. Si este puede hacer una promoción al contado para vender en fechas específicas las pueda hacer sin recibir el castigo de las tarjetas de crédito.

JAE – La otra pregunta que queda por hacer es por qué intervenir con una norma que en realidad tiene que ver con el vínculo entre privados, en este caso un comercio con un emisor de tarjeta. ¿Por qué hay necesidad de eso y no dejar que el libre mercado termine operando?

DP – Ese fue el primer ataque a una reglamentación. Esto es una cosa entre privados. Desde mi punto de vista, no es así. Cuando lo que la tarjeta de crédito hace es sustituir al dinero, la verdad es que pasa a ser un tema de interés general, no un tema entre privados.

Cuando desde el Gobierno se fomenta el uso de la tarjeta, se pide y se exige a las propias tarjetas y a la gente no solo la bancarización sino el uso de la tarjeta. Ha sido una herramienta interesante para la DGI; una herramienta de la que el Estado fomenta su uso hasta por seguridad. Creo que es bueno para todos. Necesita de una reglamentación. Con este proyecto de ley le damos amplias potestades al BCU. Cuando hablamos de la regulación de los contratos hacemos jugar a la principal autoridad financiera en base a reglamentaciones justas entre todos los actores.

EC – Pasemos al tema de las comisiones, que recién aparecía mencionado. En el artículo 7 se establece que en ningún caso los emisores de tarjeta de crédito podrán establecer aranceles por concepto de comisiones y otros cargos superiores al 3% sobre las liquidaciones presentadas por los proveedores o comercios adheridos. Asimismo, no podrán establecerse aranceles diferenciados en un mismo sector de actividad, etcétera. ¿De dónde salen estos números? ¿Por qué se ponen estos límites?

DP – Este es uno de los principales temas que tiene el proyecto y también va a ser un tema polémico. El 3% no solo sale de la legislación comparada. Es bueno que digamos que no estamos innovando en el Uruguay en cuanto a legislación en el tema de tarjeta de crédito. Argentina lo tiene regulado desde el año 99. Brasil lo tiene regulado, la Unión Europea la tiene regulada. Estados Unidos terminó de regular el porcentaje que cobran las tarjetas de crédito hace cuatro días.

El 3% obedece a algo que también viene atado de la pregunta anterior, que es igualdad en las reglas de juego y en donde no sean los que menos tienen los que terminen pagando el costo, que es lo que sucede hoy.

Sin ir contra nadie, las grandes empresas de Uruguay están pagando entre el 0 y el 1 y poco por ciento, cuando los pequeños comercios del Uruguay están pagando entre un 7 a un 10%.

Este 3% va al promedio de que si todo el mundo pagara lo mismo desde nuestro punto de vista, lo que debería pagar sería 3%, o es lo que está recaudando. Si hacemos la cantidad de operaciones que hay sobre lo que se cobra a todos los integrantes del sistema, nos da que un 3% es algo más que justo.

Tanto en Chile, en Estados Unidos como en la Unión Europea, el porcentaje anda en el entorno del 1,5% como máximo en la de crédito, y no llegando al 1% en la tarjeta de débito, que también incorporamos al sistema.

JAE – Aquí, el argumento del emisor puede ser que no tiene el mismo costo cuando opera con una gran cadena de supermercados, que cuando opera con un almacén de barrio. Por allí, el arancel puede estar recogiendo el costo que tiene en cuanto a intermediación. ¿Cómo se contempla eso tomando en cuenta un número frío en un proyecto de ley?

DP – Sin lugar a dudas. Por eso creemos que es necesaria la reglamentación, porque a nosotros nos importa el interés general. Por ejemplo, yo soy de Canelones. Vivo en la costa. Un supermercado muy grande en cualquier lugar de la costa paga hoy con tarjeta de crédito cerca del 1%. Cualquier supermercado de los chicos que hubo siempre en la costa está en el entorno del 10. Una ferretería dentro de un supermercado está pagando el 1%, y la ferretería de siempre está en el entorno del 12% más IVA.

La competencia ya no solo se está dando para el pequeño comerciante por el tema de las grandes superficies, sino que también a veces el margen de ganancia que tienen sobre un producto se lo termina llevando la tarjeta de crédito. La competencia real que necesita el mercado entre los comerciantes termina siendo separada del interés de cada comerciante por el costo que la tarjeta de crédito le pone. Entonces, un pequeño comerciante no solo se tiene que enfrentar a una gran superficie; se tiene que enfrentar a veces al costo o la ganancia reducida, porque tiene menor nivel de compra. Compra más caro. Encima, gana menos. Todavía hoy es casi obligatorio para la gente pagar con tarjeta de crédito, porque la realidad lo lleva a eso. La tarjeta de crédito se come ese margen de ganancia. Nos tiene que importar el interés general. La igualdad en reglas de juego en un mercado que necesita seguir creciendo y sobre todo marcar reglas claras que nos permitan seguir creciendo en el sistema de tarjetas de crédito, que lo considero que es bueno y necesario para el desarrollo del Uruguay.

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EC – Le preguntan desde la audiencia si usted sabe que hay costos a nivel de marcas internacionales de tarjetas que hay que cumplir, por ejemplo royalties, aranceles, etcétera, además del riesgo crediticio que se paga con el arancel que se cobra al comercio. ¿Qué contesta usted sobre esto?

DP – Está todo previsto dentro del cálculo. En Uruguay hoy existen cinco marcas internacionales y nueve marcas nacionales de tarjetas de crédito. En la gran mayoría de ellos, quienes tienen el 100% de las acciones son bancos.

Lo vimos en 2008, 2009, y seguramente se va a repetir en 2010 y 2011. El crecimiento que está teniendo el nivel de tarjeta de crédito sobre el PBI va a ser cada vez mayor. Sobre todo, el impulso del Gobierno va a adquirir lo que pasa en la gran mayoría de los países del mundo, que es el crecimiento de las tarjetas.

Si comparamos este 3% con lo que se cobra a nivel internacional, todavía es alto. Chile, Brasil, Estados Unidos, España, la Unión Europea están calculando la tarjeta de crédito en el entorno del 1%, 1,5% y entre el 0,25 y el 0,75% la tarjeta de débito.

De todos modos, para tranquilidad de muchos, vamos a estar incluyendo no una cláusula gatillo pero sí una cláusula que le permite al BCU, en la medida de que ese 3% no llegue por determinada circunstancias especiales a interferir en el mercado se le da facultades al BCU para intervenir sobre ese 3%.

JAE – Veamos otro aspecto que también está en este anteproyecto. El artículo 11 dice que "el emisor no podrá realizar acuerdos comerciales promocionales que excluyan a determinados proveedores en un mismo sector de actividad, o resulten perjudiciales para la libre competencia entre comercios adheridos al sistema". Pongo el ejemplo: una heladería ofrece un descuento del 30% con tal tarjeta y la heladería que está al lado no tiene ese acuerdo, o sea que no puede hacer el descuento que recién mencionaba.

EC – ¿Es a ese tipo de situaciones que apunta este artículo?

DP – Exactamente. Nosotros consideramos que tiene que haber igualdad de reglas de juego. Creo que son muy buenos los descuentos, pero si es para zapaterías que sea para todas las zapaterías.

El martes en la comisión de presupuesto asistieron las cámaras empresariales. Uno de los comerciantes dijo que eran dos zapaterías; una tenía descuento con una tarjeta y otra no tenía descuento. En esa semana, la zapatería que no tenía descuento con tarjeta no vendió un solo zapato. Entonces, no es la competencia entre los comerciantes la que manejó qué se vendía y qué no se vendía, sino que es la tarjeta de crédito y el descuento que se hace, por lo cual ordenar las promociones. Por eso le damos amplias potestades al BCU para esta regulación. Tiene que ser o tender a la igualdad de oportunidades.

JAE – ¿Aquí se está proponiendo prohibir directamente este tipo de promociones o las diferencias dentro de un mismo sector con promociones determinadas?

DP – Estamos haciendo diferencias dentro de un mismo sector. Estamos haciendo jugar al BCU en cuanto a la regulación. No estamos prohibiendo, todo lo contrario.

En el principio del proyecto dijimos que lo que nos lleva al proyecto es el interés general, y sobre todo que el usuario sea quien esté más beneficiado por el sistema. Que haya promociones más baratas siempre es bueno para la gente y eso nunca se puede prohibir.

JAE – Por ese lado no va a haber diferencias. Como ya quedó mencionado, también se aspira a evitar esa cláusula que hoy no permite al comerciante dar un descuento por pago contado.

Hay preguntas de los oyentes. En este caso, consumidores que van a otro aspecto que no hemos mencionado hasta ahora. Por ejemplo, este que dice que "estoy preocupado porque la mayoría de los que tienen tarjetas tienen un límite que, sumadas, superan varias veces los ingresos". Pregunta si el clearing no puede regular esto, si alguien no puede regular justamente este hecho, porque es cierto que siempre la vinculación de un tarjeta habiente con el emisor siempre es individual, no hay cruce de información con relación a los topes de otras tarjetas. Esto ocurre. ¿Qué dice usted?

DP – Yo creo que esas son decisiones de quien autoriza un tope en una tarjeta. Creo que eso no tiene por qué formar parte de la regulación. Lo que sí hay y existe en varias áreas entre las empresas es mucho intercambio de información. Al momento de que cualquier persona deja de pagar o entra al clearing inmediatamente en el resto de los lugares se enteran rápidamente. Esto forma parte de una política en la cual más que la regulación pasa a ser empresarial y no tanto en cuanto a la regulación a nivel legal.

JAE – Qué lugar le queda a la oficina de Defensa de la Competencia, en la medida que ya hay inquietudes de comercios que han señalado que en el actual sistema hay un perjuicio de algunos comercios en relación a otros. ¿Cómo queda la oficina del Ministerio de Economía?

DP – Yo creo que hay dos opiniones. Una es en cuanto a lo legal. Ahí, nosotros le damos muchas potestades. Otra es una opinión netamente personal. Consideramos que hoy le falta adquirir muchos recursos y mucha fuerza a la oficina. Creo que falta cantidad de personal capacitado, sobre todo en la posibilidad de atender realmente todas las situaciones que se están dando y que se van a seguir dando en el país. Creemos que se necesita una acción bastante más fuerte de esta oficina.

JAE – Este proyecto dice en su artículo 3 que todo contrato a ser suscrito entre el emisor de tarjeta y el proveedor o comercio adherido deberá contar con la aprobación de la comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

DP – Exacto.

JAE – Entonces, estamos hablando de miles de contratos. ¿Cómo debería quedar...

DP – ...No exactamente miles de contratos. Hay contratos tipo. Por ejemplo, se va a regular entre un comerciante y una tarjeta, esto después se repite entre los comerciantes y lo mismo entre los usuarios.

El tema es darle participación al BCU en cuanto a un contrato que tiene que ver entre dos partes y en el que tiene que haber un mediador. Hoy por hoy, la tarjeta de crédito define cuál es la forma de contrato, y no es cierto. Por eso la legislación de que estamos negociando entre iguales. Una ferretería del Pinar no negocia igual cuando va a enfrentarse a uno de los principales sellos de tarjeta de crédito del país. Obviamente que es una negociación en plena desventaja. Sobre todo, creo que ahí es donde el Estado tiene que regular en base a que las partes tengan las mismas oportunidades a la hora de negociar.

JAE – Para ir cerrando, hemos hablado de algunos aspectos que tiene este proyecto. Hablamos de la comisión, de esa eventual limitación de las promociones de las tarjetas y los descuentos. ¿Qué beneficios le traería para el actual usuario de tarjetas de crédito este proyecto en caso de aprobarse?

DP – Primero que nada, incorporamos al proyecto de ley muchos aspectos de lo que es la ley de usura. Acá hay algo que va a beneficiar a todos los actores. Para el que compra, más que nada, es claridad y una legislación a la cual referirse a la hora de tener problemas. Creo que ese es el primer beneficio. Tenemos una legislación que empieza a englobar a todos los actores del sistema de crédito.

La persona va a tener lo que la misma reglamentación le lleva. Si hoy tiene la posibilidad de las ofertas al contado, si se tiene la posibilidad de mayor acceso, si se tiene además la posibilidad de que los distintos comercios hoy pasen a pagar un interés más razonable, seguramente el beneficio termine siendo en los precios.

Hoy, si un comerciante en vez de pagar el 10 va a pagar el 1 o el 3, eso se va a trasladar a precios más baratos. En un sistema en el que la gente tiene claridad va a ser mucho más extendido el sistema de tarjetas y por ende creemos que todos vamos a tener muchos mejores beneficios todos.

EC – ¿Están previstos cambios en el contrato entre el cliente y la tarjeta?

DP – Sí, sin lugar a dudas. Llegamos a regular hasta el tamaño de la letra de los contratos. Creo que hay que eliminar la letra chica. Creo que la persona tiene que tener claramente todo lo que dice en el contrato y no puede ser, como ya es extendido decir: "No leíste la letra chica del contrato". Entonces, ponemos un tamaño de letra para todo el contrato. Quien firma un contrato tiene que tener claramente y al mismo tamaño de letra todo lo que allí se le pone.

JAE – Usted dice entonces que puede haber un beneficio para el consumidor en la medida que los precios pueden bajar porque disminuye el costo para el comercio cuando vende con tarjeta. Pero uno podría decir que al limitarse el arancel que cobran las tarjetas, por ese lado se reduce el ingreso de las tarjetas como empresa y como negocio y eventualmente podrían querer poner su ganancia por la vía del aumento de la tasa de interés, cobrándole más al usuario. Entonces, ¿cómo queda este asunto? Aquí estamos hablando de una norma que establece el tope para el ingreso en un negocio.

DP – Yo creo que da claridad al sistema y aumenta el mercado. A mí no me cabe ninguna duda de que esto va a oficiar para las tarjetas de crédito como un motor de crecimiento en un mercado al que todavía le queda mucho para crecer.

Hoy leíamos en uno de los principales semanarios del país un informe donde pasó desde el año pasado a este año, que era de un dígito, estaba en el entorno al 10% del mercado el mercado de tarjetas. Pasó hoy a más de un 20 y seguramente año a año vamos a estar en donde hoy cada uruguayo tiene una tarjeta de crédito.

Si todavía hay todavía para crecer en un mercado de tarjetas de crédito que teniendo las reglas claras, que hoy donde la gente genere esas reglas claras le genera más confianza no me cabe ninguna duda que la tarjeta de crédito al crecer en el mercado no sólo va a ganar más sino que además seguramente todos los actores cuando hay claridad en el sistema terminemos ganando más.

EC – Le preguntan si piensa sacar la retención de la DGI a los comercios por ventas con tarjeta.

DP – Eso no está regulado en este proyecto de ley.

EC – ¿Pero es un factor que puede ser tenido en cuenta? ¿Le asigna importancia a los efectos del funcionamiento de este mercado?

DP – No en el proyecto de ley específicamente. Creo que es un tema que parte a por qué la regulación. Yo creo que el Estado ha usado este sistema en base a beneficiar su sistema de recaudación. Por algo lo ha fomentado. Ese fomento, que por parte del Estado tiene la propia tarjeta de crédito hasta para poder cobrar de este tipo de manera termina exigiéndole al Parlamento que regulemos esto.

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JAE – Por último, estábamos hablando que quedaba el tema "adicionales", asunto que también preocupa. Brevemente, ¿qué contempla este proyecto vinculado a eso?

EC – Primero, aclaremos qué son las adicionales. La tarjeta la gestiona un titular, un cliente, pero a su vez después puede permitir a otras personas que utilicen esa misma cuenta.

DP – Sí, este es un problema que se está dando increíblemente y que hay que regularlo. Muchos padres que seguramente nos estén escuchando, las adicionales generalmente se le dan a los hijos o a su señora, pero hay muchos casos que un padre le dio el adicional de su tarjeta de crédito a su hijo. Su hijo cumple 18 años, su padre por determinada circunstancia o su madre se endeudó más de lo que podía con la tarjeta de crédito y empiezan un problema en donde el padre debe a la tarjeta de crédito una cifra importante.

Cuando el hijo cumple los 18 años, resulta que va a sacar su propia tarjeta de crédito. Hoy se le hace firmar un vale en blanco haciéndolo corresponsable de la deuda que el padre tiene de su propia tarjeta de crédito. Ese es un abuso importante. Por eso decidimos ingresar el sistema a este proyecto de ley, incorporar las adicionales y establecer claramente la responsabilidad de quien hizo mal uso de su tarjeta de crédito y no el adicional, que en su momento fue receptor de esa gracia.

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