(emitido a las 7.40 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Cámara de Diputados aprobó ayer en general, con los votos del oficialismo, el proyecto de Rendición de Cuentas 2010. En este caso se introducen cambios en lo que refiere a compras estatales, por ejemplo, además de ajustes como una ampliación del gasto público en materia de educación, algo que ya se había anunciado. Hoy continúa el tratamiento de este proyecto que ahora será analizado artículo por artículo.

La sesión de ayer, que duró más de ocho horas, estuvo muy discutida. Tanto por el planteo general, lo que tiene que ver con el gasto público y el aumento del déficit fiscal que prevé el Gobierno para este año, como para otros cambios, como el de las compras estatales.

El miembro informante por el Partido Nacional (PN) fue el diputado Pablo Abdala, a quien recibimos en este momento.

El PN vota en contra en general, ¿cuántos artículos van a ser aprobados por el PN en forma particular?

PABLO ABDALA:
Si el análisis es cuantitativo, tal vez votemos más artículos a favor que los que votemos en contra. La rendición contiene decenas de artículos que son inocuos, porque implican simplemente ajustes de tipo operativo o modificaciones de carácter administrativo. Pero votamos en contra en general, y votamos en contra en particular de los que tienen mayor significación o los que implican reformas sustantivas. Por ejemplo el capítulo que usted menciona referido al nuevo sistema de compras, que son solo 47 artículos, y que, como se sabe, ha generado una gran polémica no solo entre el Gobierno y la oposición sino hacia la interna del propio partido de Gobierno.

JAE – Pero en términos generales, ¿por qué la oposición del PN?

PA – Hay dos conjuntos de razones. Por un lado, las que tienen que ver con la concepción general de carácter presupuestal. En un momento en que se supone debemos actuar con prudencia, donde el país esperaba una Rendición de Cuentas austera –el propio presidente de la República ha reclamado y ha exigido a sus ministros ser cautos a la hora del manejo del gasto público y en la administración de los recursos presupuestales– este proyecto de Rendición de Cuentas, que es una norma presupuestal, va por el camino inverso. Aquí no solo se confirma el diseño presupuestal aprobado en ocasión de la Ley de Presupuesto, que contó con nuestro rechazo porque aumentaba el gasto público en forma desmedida y llevaba el gasto al extremo de la recaudación y del propio crecimiento económico. No solo eso se confirma y no se ajusta –en el sentido de adaptarlo– a la nueva realidad, sino que es un modelo que se profundiza.

JAE – ¿En qué sentido se profundiza? Porque yo mencionaba recién que constitucionalmente hay que adaptar el gasto público a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) y en el presupuesto se había estimado un aumento del PBI para este año y para el año pasado que terminó siendo menor al estimado originalmente, por eso se introduce una ampliación del gasto público en materia de educación. Eso parece que no tiene vuelta atrás, está constitucionalmente establecido así. ¿Qué otro elemento entienden ustedes que va en sentido contrario a lo que decía el presidente Mujica?

PA – Yo creo que va en contra de lo que decía el presidente Mujica sobre que la Ley de Presupuesto prevé un incremento del gasto, independientemente de la inversión social o el gasto en educación, que tiene las características que usted menciona. La Ley de Presupuesto prevé más de 100 millones de dólares de gasto a lo largo de los cinco años, y eso no solo se confirma sino que se readecua, en la medida en que hay una reasignación de recursos que ahora se destinan a nuevas contrataciones discrecionales, a fondos que se conforman para nuevos contratos temporales de derecho público, a la financiación del ingreso de becarios y pasantes en la administración y a la creación de nuevos cargos de confianza. Nosotros denunciamos que en el presupuesto se creaban 61 cargos de confianza, que se agregaban a los ya existentes, y que eso representaba aproximadamente 3 millones de dólares por año. En esta Rendición de Cuentas, a esa realidad se le suman ocho cargos de confianza: seis en el Ministerio del Interior, uno en Salud Pública y la Dirección de Transporte Ferroviario. No nos parece que esto esté en línea con lo que se supone debiera ser una actitud de prudencia presupuestal, a la luz de una situación de cierta incertidumbre que existe en el horizonte –en función de la coyuntura que se vive a nivel internacional desde el punto de vista económico y financiero– y de algo bastante más inmediato, que son las propias señales que empieza a emitir la economía nacional y que el Gobierno reconoce en el informe económico-financiero que acompaña la rendición.

JAE – ¿Qué hubiera sido deseable entonces para el PN, una reducción del gasto lisa y llanamente?

PA – Sí, del gasto improductiva sin duda, y del gasto burocrático y del gasto político también. Aquí hay que saber separar ese componente que adquirió ribetes preocupantes y extremos –desde la concepción presupuestal del Frente Amplio y muy especialmente desde la Ley de Presupuesto de esta administración del año pasado– del otro gasto, que podríamos llamar inversión, en educación y en salud. Sin perjuicio de las diferencias en materia de salud y de educación entre la propuesta del Poder Ejecutivo y la concepción de las autoridades de los entes respectivos –de la enseñanza y de ASSE en particular–, algo que daría para un capítulo aparte.

JAE – Usted dijo ayer que la inclusión en la Rendición de Cuentas de las modificaciones al régimen de compras del Estado es abominable, ¿a qué se refiere con esto?

PA – Me refiero a la actitud de atropello que significa incluir una modificación a todo el régimen de la contratación administrativa –lo podríamos definir con un nuevo Tocaf– en ocasión de una ley de Rendición de Cuentas, sin que haya tiempo suficiente para poder analizar el alcance y el contenido de esas disposiciones. Y con el Tribunal de Cuentas en contra, que se supone que es la opinión institucionalmente más relevante que puede recabarse con relación a este asunto. El Tribunal, que fue el único asesoramiento que pudimos obtener en la discusión en la comisión, cuando compareció dijo que estaba en contra, que era una actitud imprudente la que asumía el Parlamento impulsando estas modificaciones. [Además, consideró] que había inconstitucionalidades porque las competencias del Tribunal de Cuentas son recortadas por estas modificaciones legales que se están impulsando, hay más flexibilidad para contratar, se amplía el límite de la compra directa y el límite de la licitación abreviada; o sea que el Gobierno va a tener más facultades para comprar sin licitación, pero el Tribunal de Cuentas va a controlar menos. Eso no lo dijo el PN, lo dijo el propio Tribunal de Cuentas, que como todos sabemos está conformado por una representación de todos los partidos políticos. Todos los ministros del Tribunal estuvieron presentes cuando el doctor Siegbert Rippe pronunció esto en el ámbito de la comisión.

JAE - Ahora, lo que dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, con motivo de la presentación del proyecto es que esto tiene que ver con la reforma del Estado, que es uno de los productos que se iba a presentar. Señaló que se sabía que el texto iba a contemplar el tema de las compras estatales y que de algún modo esto forma parte de los productos pensados que se habían planteado originalmente.

PA – Está bien, y seguramente –no tengo ningún empacho en reconocerlo– muchos de los aspectos sugeridos son interesantes y ameritarían un análisis sereno y reflexivo. Pero tiene que ser sereno y reflexivo, ¿por qué la urgencia de introducir esto en el corto lapso del análisis de una norma presupuestal cuando al mismo tiempo estamos estudiando todos los incisos de la administración central, los del 220 y todos los demás componentes de la ley presupuestal? El diputado Iván Posada, con buen criterio, sugirió que esto viniera por una ley aparte, con declaratoria de urgente consideración. Si el Gobierno quería tener la certeza de que estas modificaciones se aprobaran en un plazo razonable, equivalente al de la Rendición de Cuentas, tenía una vía constitucional, la ley de urgente consideración, que hubiera permitido un análisis responsable. El análisis no fue responsable, y me parece que esto pone en entredicho la transparencia. Lo digo francamente, porque evidentemente ahora vamos a tener más discrecionalidad de la administración, menos controles, y por lo tanto desde mi punto de vista corremos el riesgo de que haya menos transparencia.

JAE – De todas maneras, ahora se trata en el Senado, ahí pueden introducirse cambios.

PA – Lo veremos. De todas formas nosotros estamos en la Cámara de Diputados y al día de hoy creo que es imprudente aprobar estas modificaciones. Cómo será que hay sectores del propio oficialismo que piensan igual que nosotros, me parece que es una cuestión objetiva. Por ejemplo, cuando invitamos al doctor Cajarville, que es un reconocido experto en materia de derecho administrativo, a venir a la comisión mandó una nota –que está a la vista de quien la quiera ver– diciendo que en esas condiciones él no podía darle una opinión a la comisión y por tanto se excusaba de venir a conversar con nosotros del tema. Me parece que eso da la pauta y el estilo de cuál es la realidad con relación a esta propuesta gubernamental.

JAE – ¿Cuál va a ser la actitud del PN en el Senado? ¿Hay espacio para que el PN se involucre en una negociación con el objetivo de modificar el artículo?

PA – Eso lo veremos, pero creo que los tiempos son muy acotados y al Senado le va a pasar algo parecido. El Senado hoy está en otra cosa, la semana que viene recibirá la Rendición de Cuentas, allí se le dará ingreso y empezará a ser estudiada por la comisión de Presupuesto y Hacienda, el mismo trámite que se siguió en la Cámara de Diputados. Y me temo que los senadores se vean en una situación y en un condición similar, pero por supuesto es una instancia que todavía no se ha cumplido, veremos qué es lo que acontece, aunque yo veo poco margen. Pretender impulsar las modificaciones y las propuestas sobre la base del capricho y de la obstinación no es la mejor manera de construir consensos.


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Material relacionado:

Informe del PN en rechazo al proyecto de ley que propone la aprobación de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2010