La idea es que el secretario de Estado explique el alcance del contrato con la empresa Montes del Plata, por considerar que en un acuerdo secreto, el Gobierno dio una preferencia impositiva que lo deja liberado de ser alcanzado por el nuevo tributo a las extensiones de tierras.

Bordaberry dijo a El Espectador que en aplicación de la Ley de Habeas Data obtuvo una copia del contrato firmado por el Gobierno uruguayo con esta compañía de capitales suecos, finlandeses y chilenos, y sostiene que existe una cláusula por la que esa empresa no pagará el nuevo impuesto al agro.

El líder de Vamos Uruguay criticó al Gobierno por querer aplicar un nuevo impuesto a productores uruguayos y quedar comprometido con una multinacional extranjera para compensarle la carga tributaria.

Jorge Larrañaga, conductor de Alianza Nacional, preside la Comisión de Ganadería y el herrerista Chiruchi integra ese grupo de trabajo en el Senado. Bordaberry dijo a El Espectador que conversó con ellos en esta jornada para instrumentar el llamado a comisión del ministro del MGAP.

El legislador dijo que el contrato entre el Gobierno y Montes del Plata tiene carácter de "secreto y confidencial", y opinó que un acuerdo de estas características no debería tener esa condición.

"El contrato tiene varias cosas que llaman la atención, no tiene porque ser secreto y confidencial. Dicho sea de paso, si un contrato que afecta al país es secreto y confidencial llama la atención. Y la llama porque hay algunas cláusulas que son ilegales y otras inconvenientes", dijo Bordaberry quien ejemplificó diciendo que "el Gobierno se comprometió a que cuando Montes del Plata ingrese al Instituto de Colonización lo afectará porque no podrá hacer uso de la opción que le permite comprar la mismo precio. Afectar a un ente autónomo esta mal, el Gobierno no se puede meter".

El senador colorado ironizó sobre el contenido del contrato y la actitud de la militancia del Movimiento de Participación Popular (MPP): "llama la atención que mientras los militantes del MPP y el Frente Amplio pintaban los muros contra el latifundio, el Gobierno suscribió un documento por el cual a la empresa que es propietaria de 250.000 hectáreas se le estaba dejando fuera del impuesto que le ponen a los productores locales", dijo Bordaberry.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, dijo este lunes, durante la presentación del proyecto de ley, que la empresa Montes del Plata estaría gravada por el nuevo impuesto. Pero Bordaberry acusó a Frugoni de mentir en ese caso y dijo que el contrato tiene una cláusula expresa que deja a la compañía fuera del alcance de nuevo tributo.

"La cláusula 3.5.10 dice que si se afecta por impuestos la realidad económica del negocio el Estado se sentará a revisar esto con la empresa para que se la compense como es debido. Se establece una compensación en caso de que se establezcan impuestos como este en el futuro", explicó el líder colorado.

El Espectador consultó a la OPP sobre este caso pero por ahora no se obtuvo respuesta en el despacho del economista Frugoni, si éste iba a responder a Bordaberry y aclarar el alcance del acuerdo entre el Gobierno y Montes del Plata.

Vale recordar que esta compañía fue la que compró todo el negocio forestal y el proyecto de planta de celulosa a la española Ence que se retiró de la plaza.

Demanda

Por su parte, en medio de las denuncias del senador colorado, el fiscal Enrique Viana anunció que la semana que viene presentará una demanda de nulidad del contrato de inversión entre el Gobierno y Montes del Plata.

La noticia apareció en medio de un momento difícil para el Gobierno, en el que el senador Pedro Bordaberry denunció que el contrato en discusión prevé compensaciones en caso de modificaciones tributarias.

La fiscalía entiende que el contrato supone condicionamientos a los tres poderes del Estado, es de por si, una renuncia de soberanía y una afectación de la Republica. Supone condicionamientos al poder administrativo y Ejecutivo al conceder una serie de permisos y licencias que cumplen con el principio de congelamiento del Derecho", o sea, "que  a este contrato no se le va a poder aplicar un derecho que suponga perjuicios para el emprendimiento. Por ejemplo el derecho tributario, ambiental, etc que lo pueda afectar a los intereses de la empresa", sentenció el fiscal en diálogo con El Espectador.