Esto, en atención a que el propio Mujica transmitió a los ministros y a la bancada del Frente Amplio que no quiere imponer la reforma, sino que sea discutida.

Astori fue consultado sobre el tema durante los actos en Florida por la fecha patria y al respecto declaró que "ya he dicho lo que pensaba, no quiero seguir insistiendo en una discusión pública y a mí me corresponde acompañar la decisión del Presidente. Seguiremos la discusión en el Parlamento y estaremos a lo que se resuelva".

Por su parte el presidente Mujica, en su audición radial de los jueves, defendió el proyecto que remitió esta semana al Parlamento y destacó la importancia de obtener fondos para financiar obras de caminería rural.

"Creemos en todo lo posible que esta cifra respaldada por una ley debería, para hacer un fideicomiso y conseguir, a una tasa bien razonable, una cifra no menor a 400 millones que seria eso lo que habría que descargar en un esfuerzo con todas las intendencias y controles para gastarlo en esa caminería rural profunda", señaló Mujica.

Astori es partidario de llamarse a silencio para no complicar al presidente, pero mantiene su postura contraria al proyecto.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos que expuso en el debate interno para intentar frenar este proyecto? Astori las había expuesto el 9 de junio durante una entrevista en el programa En Perspectiva y allí uno de los argumentos era que un impuesto de este tipo complica la relación con los inversores por cambiar las reglas de juego.

"Se lanza una señal por pequeña que sea, y la verdad que cualquiera sea el camino que tomemos se puede sugerir que puede haber nuevos cambios de futuro y podría generar incertidumbre. Ésta no es buena compañera de las decisiones de inversión", decía el vicepresidente a El Espectador.

En aquella entrevista, Astori también dijo que estaba de acuerdo en conseguir recursos para financiar obras de caminería y que eso se debe hacer con esfuerzo tributario de sectores privados. Luego de establecer coincidencias, dijo que había puntos de desacuerdo:

"Se ha presentado una propuesta que grava a las propiedades de más de 2000 hectáreas índice Coneat 100. Esto nos parece que esta propuesta no sólo no es capaz de frenar la concentración sino que da riesgo de sugerir cambios en las reglas de juego que pueden sucederse y acentuarse en el futuro", señalaba Astori.

Criticó entonces la utilización del índice Coneat para establecer categorías de productores sujetos al nuevo impuesto:

"Es un impuesto que en relación al objetivo propuesto es limitado, no distingue las diferentes situaciones que hay en el agro, eso no se resuelve por el índice Coneat que se basa en la producción de carne y lana, basado en esa productividad y no toma en cuenta la diversidad de situaciones de la agricultura y que esa diversidad plantea situaciones distintas según sean los rubros de producción", señaló.

El vicepresidente dijo que existe experiencia que demuestra que el camino elegido por OPP ya demostró que no da el resultado que se dice buscar.

"Me queda un argumento adicional: Uruguay ya tuvo un relevante impuesto a la tierra que se llamaba Impuesto a la Productividad Mínima exigible en un Uruguay, en un Uruguay diferente al actual, en un país en el que este impuesto pudo haber tenido efectos para frenar la concentración y no lo hizo. Ya tenemos experiencias al respecto", declaró Astori.

Pero el presidente Mujica está convencido de que es un buen instrumento y que no perjudica al sector rural. Este jueves en su audición radial puso como ejemplo lo que debería pagar un productor rural que quedara en el primer escalón de la primera franja.

"Una persona que tenga 2.000 hectáreas sería la primera a pagar y pagaría alrededor de 16.000 dólares. Este buen empresario tendría como mínimo un capital en tierra de seis millones de dólares en valores actuales como mínimo y habría que poner encima el capital en animales, etc".

En la entrevista del 9 de junio en el programa En Perspectiva, el vicepresidente Astori había advertido sobre las complicaciones de esta forma de categorizar a los productores.

"Por ejemplo, un productor sojero que posee 1999 hectáreas con altísimos niveles de productividad no pagaría estos impuestos y un modesto ganadero con más de 2000 si lo haría y le podría llegar a doler mucho. Por esto es que yo veo que no solo el impuesto no va a frenar la concentración de la tierra sino que la puede agudizar y muchos productores van a tender a tomar decisiones que concentren aún más lo que ya tenían".

Polémica sobre Montes del Plata

En otro orden de cosas, el Gobierno ratificó que la empresa Montes del Plata -MDP- quedará gravada por el impuesto a la concentración de la tierra, en caso de que el proyecto de ley sea aprobado en el Parlamento y que las eventuales compensaciones que deba realizarse se verán en su momento.

El caso fue agitado esta semana con la crítica del senador colorado Pedro Bordaberry, quien dijo que el gobierno de José Mujica se propone gravar con impuestos a productores locales pero no a multinacionales como el consorcio sueco-finlandés-chileno.

El Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo que MDP no es la única empresa que tiene beneficios de este tipo. "Hay muchísimas empresas que cuentan con exoneraciones fiscales en el país, esto se enmarca en los mecanismos para traer inversiones", dijo.

Cánepa hizo referencia al texto del acuerdo que generó la polémica. El convenio firmado entre el Gobierno y la empresa establece que ambas partes acuerdan "que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectarán negativamente las condiciones económicas del proyecto de MDP durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de Inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios".

El primero en advertir riesgos del impuesto propuesto en el negocio de Montes del Plata había sido el vicepresidente Danilo Astori, quien hace dos semanas advirtió al presidente Mujica que Uruguay se exponía a una demanda de Montes del Plata, por cambiarle las condiciones económico-tributarias.

Este jueves en Florida, Astori fue consultado sobre el tema pero prefirió no opinar y dijo que el tema se discutirá en el trámite parlamentario.

La pregunta sobre ¿cuánto debería pagar Montes del Plata por este impuesto que impulsó Mujica?, es pertinente.

El máximo anual sería algo menor a cuatro millones de dólares según estimaciones del Gobierno de acuerdo a las extensiones de campo que tiene el consorcio formado por Stora-Enso y Arauco.

La directora de Comunicaciones de Montes del Plata, Carolina Moreira, dijo a El Espectador que prefería no hacer declaraciones sobre el tema pero accedió a transmitir algunas apreciaciones.

Sostuvo que la inversión del consorcio es de tal magnitud que precisa un marco de previsibilidad y que el contrato apunta a eso, a mantener condiciones de estabilidad.

Dijo, además, que la empresa contribuye con obras importantes que son a costo total de MDP como un tramo de ruta y un tendido de cables de energía eléctrica.

El 17 de junio, Montes del Plata y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmaron el convenio que define las condiciones en que se construirá la prolongación de la ruta 55, desde el empalme con la ruta 21 hasta la entrada de la Zona Franca Punta Pereira.

La obra supone la construcción de unos 15 kilómetros de ruta nacional diseñados para soportar el tránsito pesado hacia y desde Punta Pereira, y un intercambiador a nivel en la intersección con la ruta 21, de manera de evitar cualquier afectación al tránsito sobre esta vía turística.

Además, Montes del Plata firmó en junio un convenio con UTE para realizar las obras de conexión eléctrica del sitio donde se está construyendo la planta de celulosa, con la red nacional.
Esto permitirá que Montes del Plata vuelque a la red nacional la enorme cantidad de energía excedentaria que generará, de manera limpia y con fuentes renovables.

Su planta de energía generará alrededor de 160 MW de energía limpia y renovable, de los cuales aproximadamente  90 MW se utilizarán para autoabastecer las necesidades de la industria. El resto se volcará en la red nacional, lo equivale al consumo promedio de unos 200.000 hogares.