(emitido a las 7.36 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Vamos a referirnos a una denuncia relacionada con la ley 18.651 que establece la protección integral de las personas con discapacidad. La norma señala que "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes".

¿El Estado cumple con esta ley? ¿Está empleando a discapacitados en función de este mandato legal? Ayer, la representante por el Partido Nacional Verónica Alonso advirtió que no.

La diputada Alonso está con nosotros en este momento.

Hay datos que indican que en 2010 solamente ingresaron 16 personas con discapacidad. ¿Cuántos debieron haber ingresado en función de los datos que usted recogió?

VERÓNICA ALONSO:
El año pasado nosotros ya habíamos presentado varios pedidos de informes a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Recién este año, a partir de la Rendición de Cuentas, la ONSC hizo un informe que en realidad debería haber hecho de manera cuatrimestral. En él presenta cómo se cumple el tema de la ley 18.651. En el informe se muestra que hay un incumplimiento del Gobierno: en el año 2010 solo 16 personas con discapacidad entraron a la administración pública, cuando deberían haber ingresado 159. Es decir que hay un claro incumplimiento del artículo 49, que establece que el Gobierno tiene la obligación de completar por lo menos un mínimo de un 4% de las vacantes con personas que reúnan las condiciones pero que tengan discapacidad. Entonces al Gobierno le pedimos dos cosas. En primer lugar, que cumpla con esta ley porque este es un tema de derechos y de igualdad de oportunidades, sobre todo para neutralizar las desventajas que tienen las personas con discapacidad. Segundo, lamentablemente hubo ingresos de todos colores, hubo 14.673 ingresos y contrataciones y se han olvidado de lo que la ley establece en este caso...

JAE – ...Pero el 4% que usted menciona ¿a qué cargos se refiere? Se habla de 3.972 vacantes.

VA – De esos que tú mencionás, tendrían que haber cumplido con ese porcentaje de vacantes todos los incisos, desde el 01 al 98, incluidos los gobiernos departamentales. Si uno analiza el informe en cada uno de los organismos debería haberse cumplido, sin embargo prácticamente en ninguno han entrado personas con discapacidad. El porcentaje de personas con discapacidad que entró en el año 2010 es 0,4% cuando el porcentaje debería haber sido ese mínimo de 4%. En tanto, las vacantes cubiertas con personas sin discapacidad alcanzó más del 85%.

JAE – ¿Está previsto que haya algún tipo de sanción frente a este incumplimiento?

VA – Primero nosotros planteamos que el Gobierno cumpla, y en segundo lugar establecemos que se tomen medidas al respecto. La ley 18.651 prevé, en caso de omisión o incumplimiento, sanciones a las propias autoridades, que pueden incluso llegar hasta la propia cesantía de las mismas. Nosotros pedimos que se cumpla con lo que corresponde y que en los casos de omisión se apliquen las sanciones correspondientes.

Pero lo principal es que la denuncia no es simplemente por la crítica. La denuncia es para que esta ley no sea letra muerta, para que pueda ser cumplida, sobre todo para resguardar y defender los derechos de las personas con discapacidad que hoy no se están cumpliendo.

Y especialmente también queremos pedirle al Gobierno que actúe con austeridad. El ingreso que ha habido, por medio de contratos y de vínculos con el Estado, muestra claramente que de austeridad no ha tenido nada y que se sigue engrosando un Estado ineficiente y burocrático que no ayuda en nada.

JAE – Tengo preguntas desde la audiencia. Por ejemplo, ¿cómo se llega a este 4%? Alguien pregunta si hay tantos discapacitados para cubrir esos cupos.

VA – Por suerte este año se va a incorporar en el censo un capítulo de discapacidad, porque no teníamos datos cuantitativos concretos salvo la encuesta del año 2004. De acuerdo a ese estudio, en el país existen cerca de un 10% de personas con discapacidad. Por supuesto que no todas las personas con discapacidad están aptas, justamente la ley establece que tienen que tener la idoneidad y la capacidad para desempeñar el cargo. Creo que muchas veces acá también hay una falta –y me parece importante mencionarla– de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Discapacidad. La comisión debería tener un registro mucho más actualizado, una bolsa de trabajo donde las personas con discapacidad puedan registrarse y anotarse. Esa comisión también debería difundir, porque no todas las personas con discapacidad se enteran de estos concursos que hace la administración pública. Me parece que debería haber un canal mucho más fluido.

Eso que tú mencionaste también me lo planteaban ayer, me decían que a veces las personas con discapacidad no se presentan al concurso. Yo no creo que sea así. En primer lugar quizás pasa por este tema de desinformación. Pero si estamos hablando de lo que pasó en el año 2010, cuando 159 personas... es un número que tampoco excede ese porcentaje y parece raro que no se hayan enterado o que no hayan podido, me cuesta creerlo.

Otra cosa que pasa muchas veces, y que me lo han trasmitido las distintas organizaciones y las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar que se han presentado a distintos concursos en el Estado, es que las pruebas muchas veces actúan de filtro. Estamos planteando que esto es para que entren personas con discapacidad, las pruebas tienen que tener en consideración a las personas que van a tomarla. Creo que también ahí hay una falta y deberían estudiarse mejor las pruebas que se realizan para el ingreso de estas personas.

JAE – Juan, de la Unión, que es médico en ASSE, opina que en realidad hay un subregistro: "Algunos discapacitados, como yo, entramos por capacidad y no por cupo", dice. Alejandro, de Pocitos, sostiene que "el sistema es perverso en sí" y añade que las personas con declaratoria de incapacidad no votan. Jorge dice que el paso fundamental lo dio Vázquez en su intendencia en el año 90.

VA – Es verdad, una de las cosas que nosotros siempre mencionamos es que la Intendencia Municipal de Montevideo es uno de los pocos gobiernos departamentales que cumple con este cupo. Y esto viene desde hace muchos años, por supuesto, con el programa de discapacidad de la propia intendencia que ha venido trabajando muy bien.

Insisto, la denuncia no es simplemente para quedarnos en una crítica. A mí lo que me interesa es que las autoridades cumplan con la ley, con eso me quedaría satisfecha. Todos hemos sido omisos de alguna manera, y no voy a un color político en particular. Creo que en el tema discapacidad todos tenemos un debe y me parece que ese tiene que ser el compromiso independientemente del color político que uno tenga.

JAE – Por último, ahora que tiene los datos del 2010 ¿qué piensa hacer?

VA – En primer lugar volver a insistir, quizás con las herramientas que tenemos desde el Parlamento, a través de pedidos de informes, a través de los espacios que tenemos en la cámara para poder denunciar, sin una connotación negativa. Y volver a plantear a las autoridades correspondientes el cumplimiento de esta ley. Quizás hagamos un llamado a las comisiones correspondientes, a las autoridades que entendamos que menos están cumpliendo con este requisito, para ver cómo podemos entre todos hacer que se cumpla. Y reclamar las sanciones.


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JAE – ¿Quiénes son los que no cumplen con la ley? ¿Quiénes se aproximan más a esta cuota?

Según los datos que la Oficina Nacional de Servicio Civil envió al Parlamento, en el Poder Legislativo se produjeron 36 vacantes que no se llenaron ni con discapacitados ni con personas sin discapacidad. En el Poder Ejecutivo, el año pasado hubo 545 vacantes de las que se llenaron 170, y de estas solo tres con discapacitados. En los organismos del artículo 220 –ANEP, Udelar, INAU, Poder Judicial, Corte Electoral– hubo 675 vacantes de las cuales 573 fueron provistas, ninguna de ellas con personas que sufran discapacidad. En los organismos del artículo 221 –ASSE, BPS, Ancap, UTE, AFE, Pluna, etc– se produjeron 1.171 vacantes, de las que se proveyeron 822, solo dos ocupadas por discapacitados.

En los gobiernos departamentales se proveyeron 1.601 cargos en 2010, con solo 11 lugares para personas discapacitadas. En este caso, según el informe, se destaca la participación de la Intendencia de Colonia que contrató como pasantes a 13 discapacitados. Además, OSE extendió un contrato como eventual a una persona en esta condición, pero esa categoría no está prevista en la ley vigente.


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