El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, dijo a El Espectador que su sector ha distribuido en la bancada de la coalición de izquierda un texto de borrador sobre este tema, pero no ha tenido respuesta formal aún.

La Suprema Corte de Justicia ha rechazado los argumentos de delitos de desaparición forzada o de lesa humanidad para casos de la dictadura, por entender que no se puede aplicar un delito que no existía en esa época, y por lo tanto la mayoría de los ministros considera que no se puede juzgar a involucrados con criterio de imprescriptibles.

De todas formas la fiscal Mirta Guianze ha sostenido que insistirá con sus argumentos y mantendrá abiertas sus investigaciones más allá de noviembre. Hay magistrados que mantienen esa opinión, mientras que los abogados de militares y policías acusados por familiares de víctimas, sostienen que cada caso quedará detenido cuando llegue a la Suprema Corte.

Dentro del Frente Amplio hay legisladores que impulsan la idea de votar una ley para cambiar la fecha de prescripción, aunque a nivel judicial existen dudas sobre la efectividad de una medida de ese tipo.

Este martes, en toda América Latina, se conmemoró el "Día del Detenido Desaparecido" con actos y movilizaciones.

En Montevideo, la convocatoria fue en la Plaza Libertad con una concentración, la proyección de fotos de los desaparecidos sobre la fachada de la sede de la Suprema Corte de Justicia y la actuación de grupos musicales, así como la lectura de poemas.

El diputado Puig (PVP) señaló a El Espectador que el acto de este martes se dio luego de que hubiera avances en el esclarecimiento de casos de la dictadura, pero también retrocesos.

"Uruguay tiene una condena de la Comisión Interamericana de DDHH que dice que Uruguay debe remover obstáculos, la marcha se dio en el marco de una lucha de muchos años por verdad y justicia con avances y retrocesos", dijo Puig.

Sobre las tratativas políticas en el Poder Legislativo, el diputado Puig (PVP) considera que todos los partidos quieren cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que en febrero falló contra Uruguay por el caso Gelman.

"En primer lugar hay que establecer que todos los partidos dijeron en su momento que hay que cumplir con la sentencia de la Corte Internacional. Salvo los abogados de los terroristas de Estado, seriamente nadie ha planteado que no se cumpla el dictamen de la corte", declaró el diputado.

Por ahora no se ha logrado acuerdo interno en la bancada del Frente Amplio. Puig expresó que de momento "nos mantenemos en nuestra postura y creemos que debe elaborarse un proyecto de ley que debiera transcribir lo que dice la Corte. Como PVP estamos dispuestos a buscar un proyecto de ley que contenga esto pero que se cree entre todos. De momento estamos intercambiando con compañeros".

En tanto, mientras que el 30 de junio el presidente José Mujica emitió un decreto para excluir de la Ley de Caducidad unos 80 casos que antes habían sido amparados en esta norma, por ahora no hay avances en la Justicia por investigaciones de esos expedientes.

Con esta resolución del mandatario se revocó "por razones de ilegitimidad" los actos administrativos dictados por gobiernos anteriores que incluyeron episodios de presuntas violaciones a los DDHH en la Ley de Caducidad, lo que impidió el avance de investigaciones judiciales.

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