No hay un solo negocio o proyecto que marche. En días pasados, los delegados de la CARP se retiraron de una reunión dando un portazo por la falta de avances por el dragado del canal Martín García.

En el mismo momento que los presidentes de Uruguay y Argentina posaban para la foto, re-inaugurando el tren binacional en Salto, la delegación Argentina en la CARU ponía más trabas para proyectos de inversión vitales para el Uruguay por más de 200 millones de dólares.

Los exportadores ven que el plan a de protección de la industria que el gobierno argentino impulsa les "pegará por todos lados", no dejan llegar la electricidad de Paraguay y también hay dificultades con la regasificadora.

Además, Argentina acusó a Uruguay de haber vuelto a violar el  Estatuto del Río Uruguay. Los empresarios e inversionistas advierten de esta situación y comenzarán a denunciarla.

Lo que está en su "mejor momento" es el diálogo entre ambos presidentes, pero, aparte de eso, la relación entre ambas naciones preocupa a muchos empresarios y políticos que, en silencio, esperan señales que  la administración de Mujica no está dando, según confiaron a El Espectador fuentes cercanas a esta problemática.

Fuentes de gobierno señalaron también que la situación "sigue siendo exactamente igual o peor".

Empresarios e inversores pusieron en conocimiento del presidente José Mujica y de varios de sus ministros, por diferentes vías, todos los problemas que sufren con Argentina. Pero no reciben respuesta.

Algunos le dieron una carta de crédito al mandatario, en lo que entienden es una estrategia trazada, "molestar lo menos posible a Cristina Fernández hasta las elecciones" previstas para el 23 de octubre.

Los empresarios consultados entienden que Mujica cree que todo se arreglará luego de esa fecha, pero dudan que los problemas que llevan años se solucionen de un día para el otro.

Algunos van a esperar y "no hacer olas" para darle esa "carta de crédito" al presidente, pero otros quieren denunciar lo que están viviendo y no dudan que lo harán en los próximos días.

La oposición también sabe del tema y delinea estrategias para denunciar la situación, ya que consideran que "Uruguay está en el peor momento de pérdida de soberanía frente a la República Argentina".

Según publicó, por otra parte, la revista Caras y Caretas este fin de semana, "salvo la buena onda de Pepe con Cristina, el resto está todo mal, todo trabado".

Aseguran que "nada ha cambiado" desde que comenzaron los "aprietes" por parte de Argentina a raíz del diferendo de la exBotnia. Agregan que los "mandos medios" del vecino país actúan como "compartimentos estancos", al mejor estilo de una "barra brava impresentable".

Ubican allí dificultades en licencias no automáticas de importación, trabas arancelarias, la planta regasificadora, problemas a nivel de navegación, dragados a paso de tortuga y hasta la electricidad que viene de Paraguay que Argentina no deja pasar al Uruguay a precios razonables.

Desde la Unión de Exportadores, la secretaria Ejecutiva, Teresa Aishemberg, admitió que estuvieron reunidos "hace algunos días en Buenos Aires con exportadores del Mercosur" y allí "fueron informados por el gobierno de Cristina Fernández" de que "el vecino país elaboró un programa a largo plazo, hasta el 2020, cuya piedra fundamental es un plan estratégico que hace hincapié en la sustitución de importaciones con el apoyo a ciertos sectores de la industria argentina", con lo que en breve "habrá problemas".
Dijo que si están hablando de "sustituir importaciones" eso "les pega" y si apoyan a sectores iguales "a los nuestros" entonces ellos "tendrán más beneficios que los nuestros", es decir que "nos pegan por todos lados", sostuvo.

Agregó que Argentina "trazó" ese plan y no se piensa apartar de él, con lo que van a tratar de "sustituir importaciones para mejorar la industria".

El tema ya fue informado al gobierno uruguayo para que lo tengan presente en las negociaciones con Argentina.

Desde el gobierno, el Director Nacional de Industrias, Sebastián Torres, admitió dificultades pero dijo que la apuesta es a "la negociación al máximo nivel".

El gobierno es consciente de todo lo que está pasando y recibió la preocupación de los industriales cuando se entrevistaron con el presidente José Mujica.

Torres dijo que ante esta situación con Argentina que "Uruguay no puede adoptar medidas espejo" porque sería "la peor estrategia".

Las licencias no automáticas son  parte del universo de la política industrial de argentina y la dirección que encabeza Torres hace un seguimiento semana a semana.

Si bien se reconocen dificultades, Torres pidió mirar más lejos y puso, con números, ejemplos de lo que le reporta Argentina al Uruguay.

En 2009 el número de exportaciones al vecino país fue de 346 millones de dólares. En 2010 la cifra trepó a 502 millones y en el primer semestre de 2011 los números se ubican en 334 millones de dólares, lo que hace pensar que se cerrará el año por encima de los 600 millones.

Pero es en temas como puertos y navegación donde se ven las mayores dificultades.

La paralización del dragado del canal Martín García, compartido entre Argentina y Uruguay, hace que los buques que quieran cargar más de 45.000 toneladas deban optar por utilizar el canal Mitre, en aguas territoriales argentinas, donde deben pagar peaje al gobierno vecino, recorrer una distancia mayor y contratar prácticos de ese país.

El tema había sido colocado en la agenda de Mujica y Cristina cuando se reunieron en agosto de este año, pero los avances, para el dragado del Martín García, "no solo son nulos, sino que se complicó" reveló una alta fuente de gobierno.

El pasado viernes 16, las delegaciones de la Comisión Administradora del Río de la Plata se reunieron en Argentina para avanzar en el tema, pero el vecino país comenzó con "dilatorias" y nuevos pedidos de información que irritaron de sobremanera a los delegados uruguayos, que dieron por terminada la reunión, se levantaron y se fueron.

El portazo dejó en evidencia que las cosas no están bien en esa materia y según supo Caras y Caretas, los delegados comunicaron al Canciller Uruguayo, Luis Almagro, la situación, algo que el jerarca transmitió al presidente José Mujica.

Edison Cuadro, gerente de Schandy, empresa de servicios marítimos, portuarios y logísticos, ya había denunciado que, aduciendo medidas de seguridad, Argentina ya no permitía el amarre a los árboles. Ahora se debe pagar por los amarraderos del lado argentino y además contratar los servicios de un remolcador de custodia de ese país, con una tarifa fija de tres días como mínimo.

También hay dificultades por el incremento de las exigencias aduaneras y de Migración en el tramo del río Paraná, administrado exclusivamente por Argentina.

La estrategia del vecino país, según denunciaron, pasa por no profundizar el canal Martín García que es compartido con Uruguay, de forma de limitar la capacidad de los puertos del litoral.

Consultado por El Espectador, Edison Cuadro, sostuvo que desde esas denuncias públicas realizadas a la fecha, la situación empeoró.

Afirmó que los presidentes aseguran que está "todo bien" pero son los "mandos medios, o los que firman las autorizaciones" los que complican la situación.

En cuanto a la navegación, sigue sin haber igualdad para los barcos de bandera Uruguaya que quieran navegar por el Paraná. Tienen que contratar "baquianos" Argentinos, con el correspondiente costo, lo que hace inviable el tráfico, cuando los barcos de bandera Argentina se mueven libremente por el Uruguay.

Sobre las obras en el Río Uruguay, Cuadro afirma que hasta "ahora no se hicieron grandes emprendimientos" dado que dependen siempre de la CARU.


Doscientos millones de dólares en "stand by"

Hay dos proyectos de gran desarrollo para el país que están literalmente frenados por la administración "K". Uno de ellos surgió en 2007 y es la construcción de una terminal portuaria impulsada por la empresa estadounidense ADM con la uruguaya Schandy, en Nueva Palmira, para manejar granos producidos en Paraguay y Bolivia.

El otro es del grupo Christophersen para construir un muelle para alojar  productos líquidos (agroquímicos, fertilizantes, combustibles).

En momentos en que los presidentes Fernández y Mujica re-inaguraban un tren que hacía 30 años no funcionaba entre Salto y Concordia, los delegados Argentinos en la CARU pedían más información para poder dar el visto bueno a estos proyectos el mismo día.

Empresarios y políticos uruguayos confiaron que las constantes "dilatorias" que Argentina realiza son una forma de evitar que los proyectos vean la luz. En el caso de la inversión de ADM y Schandy en Nueva Palmira, hace cuatro años que piden información complementaria.

Recientemente, el delgado uruguayo en la CARU y ex vicepresidente de la República Luis Hierro declaró que estos emprendimientos "están trancados bajo el argumento de que faltan inversiones técnicas", algo que, dijo, "no es correcto porque Uruguay ha dado todas las informaciones técnicas que se han requerido".

Dijo que en "cada ocasión que se presentan las informaciones hay otra solicitud de ampliación de informes que hace que lamentablemente transcurra el tiempo".

El permanente pedido de nuevas informaciones se transformó en una suerte de "veto" discreto a estos emprendimientos.


Regasificadora

La inversión de más de 1200 millones de dólares, que será una apuesta para diversificar la matriz energética y crear fuentes de trabajo, avanza a paso "extremadamente lento", según sostuvo una alta fuente de gobierno.

Afirmó que las últimas reuniones con el vecino país, "hubo algunas diferencias" que espera se puedan superar, donde lo más notorio es que Uruguay no resultará tan beneficiado como se pensaba.


Trabas para la electricidad de Paraguay

Las diferencias llegan a tal punto que Uruguay, gracias a medidas Argentinas, se ve privado de comprar electricidad a mejor precio, en este caso a Paraguay.

El vicepresidente de ese país,  Federico Franco, denunció días pasados que Argentina quiere cobrarle a Paraguay "precios altísimos por el traspaso de energía eléctrica por su territorio para venderle al Uruguay".

En declaraciones al diario paraguayo ABC Color dijo que Argentina prentende cobrarle una cifra cinco veces mayor de lo que le cobra al Brasil por una operación similar.

 "Digo con absoluta propiedad y absoluta responsabilidad: Paraguay le cobró a la Argentina U$S 3 por kW; Argentina le cobra hoy al Brasil entre U$S 8 y U$S 10 para que Brasil pueda transferir energía al Uruguay. A nosotros nos quieren cobrar U$S 14 por kW, más un plus de U$S 35, o sea, U$S 49; cinco veces más de lo que le cobra la Argentina al Brasil le quiere cobrar al Paraguay", dijo Franco.

A su criterio, la actitud de Argentina "es lamentable" y su intención "hace inviable cualquier negocio, cualquier comercio".

El tema será objeto de nuevas reuniones a nivel regional, pero al perjuicio de Paraguay, que no puede vender, se suma el de nuestro país, de no poder comprar a precios razonables


Diferencias latentes por UPM y conflicto no cerrado

Mientras la delegación Uruguaya en la CARU exigía a su par Argentina que autorizara a revelar los datos del primer informe sobre la planta de UPM, en la vecina orilla sostenían que había otros puntos más complejos a solucionar antes.

En esa dirección dispararon que "Uruguay violó nuevamente el estatuto del río Uruguay".

Argentina acusa a Uruguay de haber autorizado la elevación de la temperatura de los efluentes que vierten al agua de 30 a 37 grados.

El estatuto del río, según sostienen, es "muy claro al respecto porque no se puede hacer ninguna modificación que perjudique el ambiente del río, a lo ya aprobado"

Sustentan su posición en que luego del fallo de la Haya, la exBotnia quedó bajo el paraguas de la CARU en el monitoreo ambiental y toda modificación a su diseño industrial, como la modificación de los vertidos en el agua, debe pasar por consensos y no decidirse de manera unilateral.

Señalan como agravante que en Uruguay la elevación de 30 grados a 37 no es para todas las industrias sino que se hizo específicamente para UPM.

Para la CARU, los efluentes que se tiran al Río Uruguay no pueden ser superiores a las del agua, que en verano sería de 20 o 22 grados. Para Argentina, UPM está tirando efluentes a 31 grados.

Allí radica el punto de diferencia entre las dos delegaciones en la CARU y por ese motivo se encomendó a los Cancilleres que resuelvan sobre el punto.

Argentina sostiene que Uruguay tiene que dar marcha atrás con la resolución que tomó el Ministerio de Medio Ambiente y la misma se tomó 24 horas antes de que ingresaran los técnicos a UPM por primera vez.

Desde Uruguay, las fuentes consultadas aseguran que "este tipo de decisiones no tiene porqué pasar por el seno de la CARU"  y auguran que si ahí está dado el diferendo, la situación no va a terminar bien.

"Si ahí está el punto, vamos a terminar a los tortazos otra vez", confió una alta fuente de gobierno.


Por Twitter

El canciller argentino Héctor Timerman protagonizó durante toda la semana, tal como lo hizo durante buena parte del conflicto, intercambios vía Twitter para reafirmar su posición.

Dijo que no había negativa de su país en dar a conocer ningún informe porque no existía tal informe, algo contrario a lo que sostienen los científicos.

El lunes 19, a la salida del consejo de ministro, el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, sostuvo que Uruguay no confrontaría con Argentina por el tema de los informes sobre UPM, congelando los pedidos de la delegación Uruguaya en la CARU para que Argentina avalara la difusión de dichos informes sobre la exBotnia.

El tiempo se agota. Los empresarios están en pie de guerra, el sistema político empezará a mover sus piezas y nadie parece esperar a que la "buena relación" de Mujica con Cristina lo arregle todo, una vez que pasen las elecciones en ese país.

Foto: archivo