(emitido a las 9.05 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le señaló a una delegación uruguaya que nuestro país deberá corregir algunas "deficiencias" en cuanto a la transparencia en el intercambio de información tributaria.

Esta semana se supo que, en el marco de la revisión de pares que lleva adelante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, una delegación uruguaya recibió en París un primer análisis, realizado por el grupo de revisión de pares, sobre cómo está nuestra legislación en esta materia.

Después de escuchar los comentarios de los representantes uruguayos, el grupo elaboró un informe que ahora quedó a estudio de la OCDE, que en un plazo de tres semanas decidirá si Uruguay cumple con las condiciones para pasar a la siguiente fase de la revisión de pares.

Pero mientras se espera esa resolución, funcionarios de la OCDE ya adelantaron que si otro socio del organismo quiere un acuerdo con Uruguay, nuestro país deberá negociarlo y firmarlo, especialmente si se trata de un socio comercial importante, como es el caso de Argentina.

Según informó el diario El País, la OCDE también cuestionó la existencia en Uruguay del régimen de sociedades anónimas al portador que "no asegura la disponibilidad de la información" tributaria si otro país que tiene un acuerdo de intercambio de datos con Uruguay la exige.

¿Cómo se debe parar Uruguay ante estos cuestionamientos? ¿Qué alternativas tiene para cumplir con lo que marca la OCDE? ¿La única es un acuerdo con Argentina para darle datos de cuentas bancarias que ciudadanos de ese país tengan en Uruguay? ¿O hay otros caminos?

Estos temas van a guiar nuestra conversación con el doctor Leonardo Costa, profesor de Fiscalidad Internacional del Posgrado de Especialización Tributaria en la Universidad Católica.

En primer lugar vamos a aclarar algunos términos: ¿qué es el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE?

LEONARDO COSTA:
Todo este tema de la transparencia en materia de fiscalidad, el intercambio de información, empieza a importarles a los países integrantes de la OCDE, y especialmente impulsado por el G-7, a partir de los años noventa, cuando hubo un primer estudio sobre la competencia fiscal nociva, esto es, la perforación de bases tributarias entre países que se compiten por atraer inversiones, especialmente rentas pasivas. Es decir, intereses, dividendos y otras rentas de ese tipo.

En 1996 y 1998 aparecen los primeros estudios, y en el año 2000 se crea el Foro Global, que es un lugar donde expertos de cada uno de los países discuten cuál debería ser el estándar tomando como base dos temas: tratar de llegar a un modelo de acuerdo para intercambio de información tributaria, y establecer los estándares internacionales que deben existir en materia de competencia fiscal a los efectos de evitar la competencia abusiva. De alguna manera, [esto implica] que al preguntarse ¿por qué me voy a instalar en el país A en vez de en el país B?, la decisión de una u otra inversión no sea realizada en función de competencias que puedan ser abusivas: no dar información al otro país, tratar de dar alícuotas más bajas, etcétera.

En esos primeros estudios se hacía mucho hincapié en cuál era la tasa efectiva del impuesto; más que nada se trataba de buscar si el país, por ejemplo Panamá, tenía una tasa efectiva de impuesto muy baja respecto a Estados Unidos, podía calificar como paraíso fiscal y eventualmente tener herramientas que fueran consideradas abusivas a los efectos de la competencia.

Con el correr de los años, ya a partir de 2004 y 2005, cuando se establece un estándar de intercambio de información, el Foro Global empieza a girar su foco hacia las posibilidades efectivas de intercambio de información, deja lo que originalmente era la mira, que era cuál era la tasa efectiva del impuesto, y pregunta: ¿este país intercambia información si otro país le pide? Porque al final del día lo que importa es salvaguardar la base tributaria del país del cual el inversor se ha escapado, pudiendo pedirle al lugar adonde el inversor ha llegado la información relevante a los efectos de determinar el impuesto del país originario o de la residencia del cual el inversor ha huido. Eso era lo que importaba.

EC - Es un foro que no integran solo los países de la OCDE, sino también Argentina, por ejemplo...

LC - Porque integra el G-20.

EC - ... y también lo integra Brasil. Esos son detalles bastante significativos a los efectos de lo que estamos conversando.

LC - Exactamente. Argentina y Brasil se incorporan al Foro Global. Originalmente el Foro Global les permitió a los países participar en ese evento. De hecho yo personalmente en el año 2002 fui por Uruguay al Foro Global a escuchar. En el 2002, cuando ya se empezaba a mirar la legislación uruguaya, Uruguay recibió la visita de un representante de la OCDE, y decidimos participar como observadores.

EC - Estás hablando del período en el que tú eras prosecretario de la Presidencia.

LC - En ese momento, junto con el profesor José Luis Shaw y el contador David Eibe, que en ese momento ocupaba la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, fuimos a ver en qué tónica se discutía. Naturalmente, el tema principal eran las tasas efectivas de impuestos, pero ya se empezaba a vislumbrar que el tema del intercambio de información iba a ser relevante.

Tanto es así, que vimos una cosa que nos llamó la atención. Malta decía: "En el 2014 vamos a estar preparados para empezar a intercambiar información". En el 2002 ya estaban proyectando que en el 2014 iban a poder acceder a los estándares que la Unión Europea les marcaba en cuanto a intercambio de información y transparencia.

EC - Y ahora, ¿cómo es que Uruguay está en este proceso de revisión entre pares?

LC - En el año 2009, y previamente en el año 2005, la OCDE dio una nueva redacción al artículo 26 del modelo de tratado para evitar la doble imposición, que es el artículo que establece cómo debe ser el intercambio de información, y una de las cosas que dice es que el artículo no debe prohibir el intercambio de información bancaria. Es decir, los países no pueden oponerse, a los efectos de intercambiar información, los secretos bancarios o de otro tipo que puedan tener en su legislación.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Mina el secreto bancario.

LC - Exactamente. Posteriormente, en el año 2009, aparece por abril una primera lista de países que adherían o no adherían a los estándares internacionales.

EC - Y Uruguay fue colocado en la "lista gris" de la OCDE, que es la lista de países que se habían comprometido con el estándar de intercambio de información tributaria de la OCDE pero aún no lo habían implementado sustancialmente.

LC - Correcto. Eso fue en abril de 2009; en setiembre la OCDE estableció un régimen de peer review (revisión de pares) que tiene dos etapas. La primera es básicamente una revisión del marco legal (Uruguay está en la primera etapa hoy), y una segunda que es ver cuál es el cumplimiento efectivo de las normas. Por tanto, esa primera etapa proponía estudiar tres temas de la legislación: disponibilidad de la información, acceso de la información y cuáles son las bases de intercambio de información que tiene un país.

Disponibilidad de la información es: ¿hay alguna norma interna que le prohíba dar información o que haga imposible que otro país acceda a esa información? Ahí se ubican las acciones al portador.

Acceso a la información: ¿los registros son confiables?, ¿la información que cada uno de los contribuyentes brinda es accesible? Ahí creo que Uruguay no tiene dificultades.

Bases de intercambio: ¿Uruguay intercambia información? Pero no únicamente con 12 países, como se decía en abril de 2009, sino también con contrapartes relevantes. Esta es la palabra clave. Contrapartes relevantes son no únicamente aquellos con quienes yo elijo firmar el tratado, sino también aquel otro país que entienda que yo tengo información relevante para la determinación de sus impuestos, que puede pedirme firmar un tratado. Acá se ubica Argentina.

EC - Para salir de la lista gris, que tanto nos preocupó en aquel momento (2009, plena campaña electoral), Uruguay necesita tener firmados 12 acuerdos de intercambio de datos fiscales, algo que estamos a punto de lograr, se ha ido avanzando en esas negociaciones. Pero ahora la OCDE puntualiza que salir de la lista gris y pasar a la blanca –que parecía ser nuestro objetivo hace dos años– ya es algo secundario, porque lo que ahora importa es esto que se está analizando en el proceso de revisión.

LC - Exactamente. ¿Qué es lo esperable de este proceso de revisión? Que a Uruguay se le diga: usted tiene salvedades a corregir, probablemente todavía no tiene 12 tratados firmados, está en camino de tenerlos, algunos están siendo aprobados, otros están siendo discutidos en el Parlamento, otros están siendo negociados; cuando tenga 12 tratados podrá considerarse aprobado, pero con algunas salvedades. Eso es lo que estimo yo. Las dos salvedades que por lo pronto salieron el otro día en la nota del diario El País y que todos los que vamos siguiendo estos temas conocíamos.

EC - Era obvio que esas dos salvedades iban a aparecer.

LC - Era obvio. De hecho, el contador David Eibe hizo una excelente exposición a fines de agosto en el marco de las Jornadas Rioplatenses de Tributación. Mucho más cercano a alguna información por seguir mucho estos temas, Eibe ya le había dicho a toda la audiencia: miren que estos son dos temas. Todos los que estamos en temas tributarios veíamos que este podía ser un resultado.

EC - La necesidad de firmar un acuerdo con Argentina, si Argentina lo pide, y el problema del régimen de acciones al portador.

Una puntualización antes de entrar en el meollo de esos dos puntos. ¿Qué pasó entonces? ¿Uruguay se puso a negociar los 12 acuerdos buscando salir de la lista gris, y en el camino nos cambiaron las reglas? Ahora vamos a tener los 12 acuerdos, pero nos dicen: "Con eso no alcanza".

LC - La impresión que uno tiene –y esto debe formar parte de alguna información de los que están directamente en la trinchera– es que de abril a setiembre de 2009 las reglas fueron cambiando un poco, y ya no son 12 tratados. Uruguay tiene tratados de tributación en diferentes estados con España, México, Suiza, Alemania, Liechtenstein, India, Corea, Finlandia, Francia, Ecuador, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca y Australia. La política de tratados de Uruguay fue: veamos algunas economías relevantes, veamos lo más lejano posible de la región –salvo Ecuador– y tratemos de evitar los problemas cercanos. Y la OCDE le dice: usted está firmando tratados, lo cual está bien, pero la lógica de un tratado de información es que se haga con quien la requiere, y la economía relevante es la que la requiere. Hubo un cambio, sin duda, de abril a setiembre.

***

EC - La OCDE entiende que Uruguay deberá corregir algunas deficiencias en cuanto a la transparencia en el intercambio de información tributaria, y entre ellas menciona que nuestro país no puede negarse a firmar un acuerdo de intercambio de datos tributarios con Argentina, que lo viene exigiendo desde hace tiempo. ¿Qué debe hacer Uruguay? ¿No hay escapatoria?

LC - Sí, todo depende de si uno quiere salir o no de la lista gris y las consecuencias de estar en la lista gris y de la premura de salir de esa lista. Mirando la generalidad uno debería decir: ¿qué países integrarán la futura lista gris? En función de quiénes integren esa lista puedo saber si quiero estar o no. Ahí hay toda una definición de política del país, con independencia de lo que opinen las actuales autoridades, yo lo miro desde el punto de vista de lo que debería ser una política de Estado, tratando de ver eso. Quiero ver quiénes son mis compañeros de clase; si son economías relevantes, como Suiza, Luxemburgo, Austria y algún otro país de la Unión Europea, trataré de quedar lo más posible en esa lista y ver qué van haciendo los otros países.

El contador Eibe decía: "¿Quiero ser parte del pelotón o quiero ser el malla oro?". En estos temas a mí me gustaría ser parte del pelotón, no ser el primero en adelantarme, porque como esto es tan dinámico y tan cambiante, no sé si mañana no cambia. Ya pasó en el año 2002, cuando cambió la Presidencia de Estados Unidos toda la presión que había sobre la OCDE cayó, después cuando volvieron los demócratas subió. Hay que tener mucho cuidado, no apurarse demasiado en saber cuál es la solución. Lo primero que tengo que saber es quiénes son mis compañeros, y a partir de eso ver cuáles son las alternativas que tengo si quiero salir de la lista gris.

EC - O de la nueva lista gris. Porque ahora parece que vamos a pasar a la lista blanca, pero ese blanco ya no vale lo que valía antes, en cualquier momento le van a cambiar el color, le van a poner "lista marrón", y el problema será estar en la lista marrón.

LC - Justamente, cuando pasemos al segundo plano, porque seguramente saldremos como aprobados con salvedades, cuando pasemos a la segunda parte del estudio, ahí podremos tener problemas. Entonces Uruguay debe decir: ¿qué debería hacer? Quedarme quieto es una posibilidad. El doctor Varela decía el otro día en el diario El País: "Para mí una solución es quedarme como estoy". Es muy legítimo, estoy parcialmente de acuerdo con él, creo que primero deberíamos quedarnos quietos para saber qué hace todo el mundo, y enseguida ver las alternativas. Una alternativa es empezar a dialogar con Argentina, empezar a conversar cuáles son los intereses de Argentina y cuáles son los nuestros.

JAE - Porque detrás de todas estas calificaciones que surgen de la OCDE aparece como argumento para avanzar en este tipo de medidas el riesgo de quedar fuera del mundo de las inversiones y que países poderosos inhabiliten a Uruguay como país receptor de inversiones de empresas de esos países desarrollados. ¿Lo ves así?

LC - No, no lo veo así. Lo que veo, porque está pasando en algunas partes del mundo con los países que se encuentran en la lista gris, es que los costos transaccionales son mayores. Por ejemplo, Argentina les prohíbe a sus bancos mandar dinero directamente a Uruguay. Tienen que dar toda una vuelta. Hay una resolución del Banco Central de Argentina. Eso pasa en otros países; las economías tratan de restringirles los flujos financieros a sus regulados, y por tanto les complican las transacciones, sobre todo las financieras y de financiamiento a inversiones activas. Lo que puede pasar es que se complique todo el tema financiero y de financiamiento.

Eso es un dato real. Puede pasar y está pasando en muchos países del mundo. Ahí la consecuencia viene de la mano con quiénes son mis pares y cuánta fuerza tengo yo para acercarme a las mismas posibilidades de presión que tienen ellos.

EC - Una sugerencia que tú mismo has hecho es que busquemos como par a Suiza, que observemos cómo ha reaccionado, ya que está embretado de manera similar a como hoy está embretado Uruguay con Argentina. Suiza tuvo el mismo problema con Alemania y con otros países de Europa, y lo solucionó de una manera peculiar: no firmó un acuerdo de intercambio de datos, sino otro tipo de acuerdo por el cual el gobierno suizo les cobra el impuesto a los alemanes que tienen cuentas en bancos suizos y luego vuelca esa recaudación a Alemania sin pasarle los datos de quiénes son esas personas.

LC - Exacto.

EC - ¿Podemos explicar cómo es esa fórmula?

LC - Cuando nos pasó con el tema del lavado de activos yo dije: veamos qué dice la ley suiza y apliquemos lo mismo. Y así fue: se reformó la ley de lavado en Uruguay, que ahora permite el intercambio de información entre unidades de intermediación financiera de los bancos centrales en las mismas condiciones que la ley suiza. No hubo ningún problema. El sistema financiero no cayó por eso. No se fue un solo depósito por eso. Creo que Suiza es un referente.

Suiza viene siendo muy presionada –recordemos el lío entre UBS, Estados Unidos y Suiza–. Inglaterra y Alemania le han dicho: usted tiene información relevante que es importante para mí a los efectos de terminar mi base tributaria, por tanto yo quiero su información. Suiza negoció un tratado muy especial: yo te cobro el impuesto y a cambio de eso les ofrezco a los depositantes ingleses (y alemanes) en Suiza la protección del anonimato.

EC - Le cobra al depositante inglés en bancos suizos el impuesto que Inglaterra quiere...

LC - Exactamente, aplica la misma alícuota del impuesto que aplicaría el gobierno inglés en caso de que ese mismo inglés tuviera el dinero en Inglaterra. Es decir: yo aplico la misma tasa de impuesto, te aplico tu impuesto.

EC - Cobro, te mando la plata, pero no te digo quién es esa persona.

LC - A menos que el contribuyente que tiene depositado el dinero en Suiza quiera hacerlo, en cuyo caso le mando el dinero. Vamos a mirar la lógica del depositante inglés. Puede decir: "Yo quiero tener el dinero en Inglaterra, voy a pagar impuestos, sé que no existe más ese mundo en el cual puedo escaparme de pagar impuestos, pero quiero mantener mi anonimato por muchas razones. Primero porque no quiero que se me consolide el impuesto en Inglaterra; segundo porque no quiero que el gobierno inglés de pronto eche mano a mayores impuestos a los activos localizados en el exterior; y tercero porque no le tengo confianza al gobierno inglés". Lo estoy mirando en la lógica, de pronto, de algún depositante argentino.

EC - Siempre está el temor a una estatización de depósitos y ese tipo de cosas.

LC - Exacto. En ese caso le digo al gobierno suizo: "Está bien, cóbreme, mándeme el dinero, pero no diga de quién es. Pero si yo no tengo problema doy la información, en cuyo caso, si soy el inglés voy a tener beneficios, porque voy a entrar al régimen tributario general de Inglaterra y podré obtener deducciones. Claramente esto es una especie de opción a favor del contribuyente, en la que por un lado se protege el secreto bancario suizo y por otro se protege la base tributaria inglesa.

EC - Eso implica una confianza absoluta entre la DGI inglesa y la DGI suiza. La DGI inglesa le tiene que creer a la DGI suiza que se hicieron bien los deberes, que se tomaron las cuentas correspondientes, se aplicaron las tasas a los montos que había que aplicarlas, etcétera.

LC - Exactamente. Es una confianza superior a la que implican los tratados de intercambio de información, porque acá el que hace de agente recaudador es el gobierno suizo, los bancos suizos que le dan información al servicio de impuestos suizo. Por tanto es un grado de confianza mayor.

¿Qué es lo bueno de esta solución? Protege al inversor que decidió llevar su dinero al exterior; protege el sistema de secreto bancario suizo; le protege la base tributaria a Inglaterra y a su vez le da una opción al contribuyente. Y, por último, a los efectos de la OCDE este tratado se considera como un tratado de intercambio de información. El acuerdo lo dice expresamente.

EC - Si vamos al caso concreto de Uruguay y Argentina, ¿te parece que a Argentina le serviría un acuerdo de este tipo? ¿Lo aceptaría?

LC - Lo primero sería sentarse con el gobierno argentino y decir: estamos dispuestos a discutir todas las opciones. Yo no soy diplomático, pero lo poco que aprendí en cinco años es que la peor opción es decir "no estoy dispuesto a discutir nada", porque si digo eso el otro va por el más. Mi impresión es que a Argentina le interesa empezar este proceso de discusión, aunque sea algo firmado. Por razones tributarias pero también por razones políticas. No hay que olvidar que el actual titular de la AFIP ha hecho de este un tema central en su actividad profesional. Por tanto, no sé si esto es suficiente pero está claro que no nos estamos negando a firmar un tratado.

EC - Y está claro que hay antecedentes de países en situación parecida a la nuestra que han ido por ese camino y han tenido el beneplácito, por ejemplo, de Alemania, porque Suiza ha firmado con Alemania, con Inglaterra.

LC - Liechtenstein ha estado en la misma lógica. Nadie nos puede decir que esto no forma parte de un estándar.

***

JAE - Teniendo en cuenta que Uruguay ya firmó otros acuerdos de otro tenor en los que "se sacrifica" el secreto bancario, ¿puede hacer una cosa tan diferente con Argentina?

LC - Sí, puede. No hay nada en la OCDE que diga que no puede. Quien está presionando por el tratado es Argentina, que va a ser el primero en decir "empecé a caminar". La pregunta es muy buena, porque cada vez que yo firmo un tratado fijo una política de tratados.

JAE - O un piso, si se quiere.

LC – O un piso. Entonces Argentina puede decir: "Yo quiero lo mismo que le diste a Francia, que fue mucho".

JAE - ¿Qué es?

LC – Básicamente, un tratado de intercambio de información absoluta en el que ni siquiera se puede oponer el secreto profesional, el secreto de los profesionales, y que además da la posibilidad de que inspectores franceses vengan a Uruguay a colaborar con los inspectores de la DGI en un proceso de determinación tributaria de un residente francés en Uruguay. Es mucho lo que le dio. Por eso decía que hay que ir despacio y saber qué van a hacer los pares. Lo primero que tengo que hacer en estos procesos es no apurarme. Creo que Uruguay se apuró en el 2009 y firmó cosas que, a mi juicio, fueron en exceso. Esta es una opinión académica, no política. Por eso me parece que Uruguay debería tomar este proceso con mucha más mesura.

EC - Una parte de la fortaleza que Uruguay tiene en la región y que no se quiere perder viene por el lado de la captación de depósitos de ahorristas argentinos. Pero la otra viene por el lado de la actividad empresarial en dos sentidos: la creación o la participación en empresas en Uruguay, o la utilización de empresas uruguayas para enmascarar determinadas propiedades. Ahí vamos a otro de los cambios que la OCDE le está exigiendo a nuestro país: el régimen vigente de acciones al portador, que según la OCDE no permite acceder a los datos de una empresa si lo solicita un país con el cual tiene un acuerdo. ¿Qué puede hacer Uruguay en esta materia?

LC - Hay dos o tres opciones. El otro día el doctor Loiza decía en El País que una opción es ir al régimen alemán, en el cual tengo que tener una especie de agente registrado y saber quién está detrás de la sociedad anónima.

EC - Tú, el profesional que asesora a una sociedad anónima, tienes que saber y tener registrado quiénes son los propietarios reales.

LC - Exactamente. Otra alternativa es ir a los regímenes que aplicaron todos los países del Caribe, que acuciados por los temas de prevención de lavado de activos dijeron: usted no puede tener más acciones al portador, por tanto establezca un nuevo régimen. Y establecieron acciones nominativas con agentes registrados, hay un agente registrado en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, en Caimán, en Barbados o en Bahamas, que dice: yo soy Leonardo Costa, soy el agente registrado y sé quién está detrás de esto; si usted me lo pide se lo voy a dar, pero no se lo voy a dar a cualquiera. Se lo voy a dar a usted como autoridad tributaria o como Banco Central –si es el Banco Central el que lo pide–.

Esta alternativa también les da certezas a los particulares. De hecho, muchos de los no residentes en Uruguay que compran propiedades lo hacen por medio de sociedades panameñas con agentes registrados en Panamá. Por tanto para mí el tema de las acciones al portador –lo vengo diciendo desde el año 2000–, con muy poca prédica y bastante poco convencimiento, no es un tema esencial. Sinceramente, creo que Uruguay no debería hacer de este tema un tema de Estado. El otro sí, el anterior me parece mucho más relevante, pero en cuanto a las acciones al portador hay en el mundo un montón de regímenes serios, confiables, para que los inversores adopten.

JAE - ¿Y como el uruguayo hay, con ese extendido?

LC - Sí, Estados Unidos es un ejemplo. Hay infinidad de jurisdicciones que permiten las acciones al portador. Son las contradicciones de este mundo.

JAE - ¿Y el caso de Panamá, que de algún modo lleva a que las acciones al portador puedan estar por ejemplo en estudios jurídicos?

LC - Panamá está procesando ese cambio siguiendo la línea de lo que hicieron las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Barbados, Bermudas. Nadie lo ha cuestionado.

EC - Se va a un sistema en el que no se obliga a que las empresas tengan sus acciones nominativas.

LC - Tienen que tener acciones nominativas, pero no necesariamente decir en forma pública quiénes son.

EC - A eso iba: se sale del sistema de acciones al portador, las acciones de una empresa tienen que tener nombre y apellido, pero esa información no es pública. La conocen algunas personas o instituciones en el camino. Hay un intermediario en el manejo de esa información.

LC - Pero los fiscos pueden acceder a ella.

EC - Solo los fiscos.

LC - Los fiscos o las unidades de información de análisis financiero en los temas de prevención de lavado de activos, y la justicia, ni que decir.

EC - Pero por ejemplo, ¿la prensa puede preguntarle a una de esas unidades que están autorizadas para tener la información quiénes son los socios propietarios de la empresa tal? ¿Un periodista puede ir y consultar quiénes son esas personas?

LC - No.

EC - En ese régimen no.

LC - No. Es un régimen bastante equilibrado, porque acá la intimidad cuenta. Si yo no quiero saber por alguna razón familiar, comercial o lo que fuera quiénes son los accionistas, tengo el derecho a utilizar esa herramienta. Por tanto Uruguay tiene caminos para hacer antes de salir a la disparada a buscar un acuerdo. Creo que tiene que sentarse con serenidad, tiene los profesionales adecuados en el Ministerio de Economía y en Cancillería, por lo que me parece que el peor consejero en estos casos es "estamos en una lista gris, hay que salir a hacer algo ya". Hay que sentarse, reflexionar... O quedarnos en la tesis de Alberto Varela, que es muy legítima de decir: "No me importa, veo quién está conmigo". Hay que estudiarla seriamente. O ir a un camino en el cual uno pueda pensar: vamos de a poco, estableciendo márgenes, en el año tal voy a tener tal régimen. Esto último lo hicieron casi todos los países que no formaban parte del estándar de la Unión Europea y fue aceptado internacionalmente. De alguna manera vamos saliendo y vamos siendo una economía blanca desde el punto de vista de la OCDE.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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