(emitido a las 10.08 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Uruguay está decidido a permitir el desarrollo de la minería a gran escala? ¿Qué se podría hacer con los impuestos que deberían pagar las empresas como Aratirí?

En la discusión que se está procesando en la multipartidaria convocada por el Gobierno, el Partido Colorado (PC) movió las fichas y presentó un documento con las condiciones que deberían regir la minería a gran escala.

Allí se establece un régimen impositivo especial, similar al 50 y 50 sugerido por el presidente José Mujica. Se propone que con esa recaudación el Estado cree un fondo especial y se autoriza que las ganancias de ese fondo se usen para financiar becas al exterior para que los mejores alumnos realicen maestrías y doctorados, proyectos universitarios en el interior del país, obras de infraestructura y planes que provean capital de riesgo a las empresas.

Además, entre otras cosas, se prevé que por cada inversión minera de gran porte haya una comisión de seguimiento, en la cual participarían incluso técnicos de la oposición parlamentaria.

Para conocer más de esta iniciativa, vamos a dialogar con el diputado por el departamento de Paysandú de Vamos Uruguay (VU), Walter Verri.

¿Cómo llegó el PC a elaborar esta propuesta?

WALTER VERRI:
El PC se posicionó primero desde la oposición. Comenzamos a alertar en la Comisión de Industrias de la Cámara, cuando tuvimos participación también en la interpelación que llevó adelante el diputado Amarilla, mediante pedidos de informes, que el proyecto Aratirí –porque comenzó con nombre y apellido– así como venía planteado iba a generar enormes inconvenientes al país y no teníamos certezas de que el Gobierno estuviera manejando aspectos tan importantes como el tema ambiental en ese emprendimiento.

Creo que el Gobierno se dio cuenta, corrigió el rumbo, y desde que constituyó esta comisión especial multipartidaria para tratar de establecer una política de Estado en materia de minería se ha avanzado mucho con respecto a cuando los vecinos comenzaron a manifestarse; creo que fueron ellos los que detonaron el tema.

En ese contexto, desde que el partido decidió sentarse a la mesa, como lo hemos hecho en todas las mesas de negociación con este Gobierno y con el anterior, lo hicimos con el espíritu de colaborar, de no desprendernos de nuestra raíz, que es ser un partido de gobierno. Yo digo a veces que cuando analizamos este tema de la megaminería, como hemos analizado otros (la seguridad, la educación), le hemos hecho propuestas concretas al Gobierno. Nunca nos hemos quedado con las propuestas porque no estamos en el Gobierno, esperando poder hacerlas nosotros en algún momento. No es nuestra forma de pensar. Y en esto de la minería no es distinto.

JAE - ¿Qué experiencias internacionales recogieron para hacer sus propuestas en este caso?

WV - Primero que nada trabajó un equipo técnico, porque esto no es un tema político, es un tema netamente técnico. Los políticos podemos tomar la decisión si sí o si no, de acuerdo con lo que los técnicos nos indiquen.

JAE - ¿En qué espejo se miraron los técnicos?
    
WV - Se miraron en el espejo de los países que tienen un desarrollo minero muy acentuado, fundamentalmente Australia, países que ya han llevado adelante este tipo de emprendimientos o que han sufrido los problemas de la minería de gran porte, la minería a cielo abierto, y que tienen legislaciones de avanzada en esta materia. Este documento recoge mucho de esas experiencias internacionales que se han ido produciendo sobre la base de la práctica que esos países tienen en el tema. Nosotros no somos técnicos en la materia, somos políticos, hemos sido asesorados por ellos y fueron ellos los que fundamentalmente redactaron este documento y nos posicionaron en la visión de cómo procederíamos si fuéramos gobierno ante un emprendimiento que puede generar muchas riquezas al país, pero también muchos problemas.

JAE - ¿En este proceso se han reunido con productores que están en contra del proyecto de Aratirí?

WV - Sí, nos hemos reunido varias veces.

JAE - ¿Y qué recogieron de sus planteos?

WV - Particularmente yo he visitado la zona y me consta que otros diputados también. El senador Bordaberry, junto con otros senadores, también lo ha hecho; técnicos de nuestro partido también lo han hecho. No es una cosa que está disociada de lo que los productores piden. Hay de todo, como en todas las cosas. Los productores rurales de la zona afectada por los distritos mineros que se van a instalar tienen legítimas dudas, preocupaciones con respecto a algo que les va a cambiar la forma de producir, que les va a transformar el hábitat natural. Ellos están acostumbrados a vivir en una situación de tranquilidad, cultivando o criando ganado, era otra cultura, no están acostumbrados a la cultura minera, y obviamente tienen los temores de cuánto los va a afectar esto. Temores que tenemos todos, por otra parte. Por eso lo que se busca es: está bien, no nos opongamos a la minería de gran porte a cielo abierto en la medida que se respeten ciertos parámetros de cuidado del ambiente que hagan que la convivencia en el entorno sea posible.

JAE - El PC está aceptando, entonces, las condiciones establecidas, la minería a cielo abierto. A su vez, en junio el senador Pedro Bordaberry había presentado un proyecto que prohibía la minería a cielo abierto a gran escala, aunque establecía la facultad del Poder Ejecutivo de aprobar excepciones en los casos en que el inversor mostrara cumplimiento estricto de las normas de seguridad ambiental.

WV - Es eso.

JAE - Pero el gran enunciado era no permitir la acción de mineras a cielo abierto. ¿No hay una contradicción entre lo que se propuso en junio y lo que se propone hoy?

WV - No, al revés. El proyecto del senador Bordaberry ponía como condición para la minería a cielo abierto el cumplimiento de estrictas normas ambientales. Si usted mira ese documento presentado por Bordaberry en el Senado y mira el documento del partido, va a encontrar que muchas de esas condiciones –o todas– están en el documento final que hemos presentado ahora. Es decir, no estamos en contra de la minería a cielo abierto, estamos en contra si no se cumplen determinadas normas ambientales que preservan este país natural que tanto queremos. Esa es la definición.

Le voy a dar una definición que está en el documento. Se la voy a leer textual para no olvidarme de nada: "Como definición general nuestra propuesta es decirle sí a la minería de gran porte, siempre que se cumplan condiciones ambientales estrictas, que todos los actores involucrados (se nombran: Estado, empresas, trabajadores, superficiarios) resulten beneficiados en forma apropiada, que exista una gran transparencia en la información económica y ambiental del emprendimiento, con un adecuado control social de la comunidad, que se diseñe un esquema tributario que permita dividir el beneficio entre la empresa y el país, y que lo producido se invierta en parte para satisfacer las necesidades de la actual generación, pero que el grueso de lo producido se invierta en beneficios a las generaciones futuras".

JAE - Antes de ir a casos particulares, una apreciación general: esta comisión multipartidaria está avanzando, los partidos políticos se están definiendo, presentando proyectos. Ayer mismo el Frente Amplio (FA) presentó sus propuestas con aspectos tributarios que difieren en algo con lo que plantea el PC. ¿Efectivamente los partidos políticos aceptan la incursión de una minera a gran escala como Aratirí, con minas a cielo abierto?

WV - Por lo recogido en la comisión, hay unanimidad en cuanto a avanzar en ese sentido: aceptemos la minería a cielo abierto en gran escala; el tema es en qué condiciones y cómo. A nuestro juicio en eso tenemos que ser muy estrictos, de lo contrario no la aceptamos.

JAE - ¿La propuesta del diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional (PN), de nacionalizar los yacimientos de hierro?

WV - No, esa propuesta no está siendo tenida en cuenta, al menos por nuestro partido, y creo que en el ambiente de la comisión tampoco. Es más, creo que ya ni el propio diputado Cardoso defiende esa propuesta.

JAE - ¿La propuesta del FA de que el Estado participe directamente en la actividad minera?

WV - Tampoco. Lo que está planteado hoy sobre la mesa es la participación del Estado por medio de la tributación. Ojo, el documento del Gobierno dice que no se descartan en un futuro otras modalidades, pero la modalidad elegida es la tributación.

JAE - Ustedes descartan la participación del Estado en el negocio minero, pero mencionan en el documento que hay que recordar la asociación Pluna-Ledgate. ¿Por qué ponen este ejemplo?

WV - Fue una asociación desastrosa, muy mala para el país, y no queremos que eso se repita. Cuando el Estado hace este tipo de negocios casi nunca los hace bien, sobran ejemplos. También hay ejemplos de Ancap. En esto no hago cuestiones políticas del tema, simplemente se pone como un ejemplo. Vi que en una parte del documento eso quedó establecido, pero no es más que un ejemplo de lo que no queremos; no queremos asociarnos con la empresa, nacionalizar el recurso.

JAE - Pasando a la propuesta que ustedes plantean, en el primer punto determinan qué entienden por minería de gran porte, y marcan siete puntos que deben cumplirse para que el proyecto quede comprendido como tal. Se habla de inversiones, producción total, afectación territorial.

WV - Totalmente.

JAE - ¿Por qué se propone una norma específica para la megaminería?

WV - Justamente por eso, porque es megaminería, porque tiene una afectación ambiental muy severa, porque si no se cumplen determinadas normas puede terminar siendo un desastre ecológico para el país, porque las ganancias que tiene esta megaminería son distintas de las de cualquier otro emprendimiento de inversión que pueda venir al país. Hay una serie de factores que hacen que las condiciones de la megaminería sean totalmente diferentes.

El Gobierno nos proponía una definición netamente económica –que no está mal, nosotros dijimos que estábamos de acuerdo– para definir qué era minería de gran porte. Nosotros entendemos que hay que agregar otros factores que también se pueden dar y que con que se cumpla uno solo alcanzaría para que fuera minería de gran porte. Es un problema de definición. Lo que queremos es quedar a cubierto, que no se nos escape ningún detalle para que algún proyecto que por allí no cumpla algún requisito pueda escapar a la definición de minería de gran porte y quedar fuera de las exigencias ambientales que esta actividad va a tener.

JAE - Por ejemplo, Aratirí entra dentro de esto.

WV - Sí, entra Aratirí y entra la minera de oro que hoy está funcionando.

JAE - ¿Entra Orosur?

WV - Claro.

JAE - ¿Ese no es un cambio de reglas de juego con respecto al panorama actual?

WV - Esas son las cosas que tenemos que estudiar. Primero esto requiere ponernos de acuerdo. En la medida en que vayamos poniéndonos de acuerdo vamos a ir avanzando en el tema. Obviamente implica un cambio de reglas. Va a haber que pensar muy bien cuál va a ser la afectación de los emprendimientos que hoy están; habrá que pensar en la solución al tema. Pero son documentos bases, los mismos documentos bases, más extensos, menos extensos, más detallados, menos detallados, que nos ha presentado el Gobierno para ponernos de acuerdo. Es cierto que afecta a Orosur, que ya está funcionando, y que puede significar un cambio de reglas que puede tener consecuencias incluso para el Estado. No decimos que no sea así.

***

EC - Ustedes establecen parámetros para definir si una determinada explotación minera es de gran escala o no, e introducen siete criterios. Lo curioso es que esos siete criterios no tienen por qué darse juntos, basta con que uno se dé para que estemos ante minería de gran porte.

WV - Correcto. Esto demuestra la preocupación por el tema y el reaseguro que eso tiene. No se tienen que dar tres condiciones. Con que se dé una ya consideramos que es minería de gran porte y que debe respetar las condiciones que supuestamente esta va a tener en el caso de que haya acuerdo en la multipartidaria.

EC - Por ejemplo, uno de los parámetros es inversión de más de 100 millones de dólares. Con 100 millones de dólares es suficiente.

WV - Sí; que es una cifra muy baja, por cierto, para este tipo de emprendimiento.

EC - Exactamente. Por otro lado, producción de más de 50 millones de dólares por año, afectación territorial de más de 400 hectáreas, remoción de más de cinco millones de toneladas de material por año, empleos locales permanentes de más de 500 trabajadores y, por supuesto, un impacto ambiental alto.

WV - Sí. El Gobierno –lo dije al principio– había propuesto que solamente con más de 100 millones de dólares la minería se podía considerar de gran porte. Es un criterio; 100 millones de dólares es un piso muy bajo. Cualquier proyecto minero mediano invierte más de 100 millones de dólares, por lo tanto entendíamos que estaba bien, que podían quedar comprendidas todas las mineras que nos podían llegar a preocupar, que son estas grandes, pero nuestros técnicos entienden que de cualquier manera hay que tener reaseguros, que hay que agregar algunos otros elementos a la definición de minería de gran porte y que basta con que cumpla uno de ellos para que sea considerada en esas condiciones y por lo tanto objeto de este régimen especial que se está tratando de acordar como una política de Estado.

JAE - Que implica, entre otras cosas, un impuesto adicional para el margen operativo. O sea, ingresos menos gastos operativos e inversiones. La idea es determinar una participación del Estado en la renta neta que podría acercarse al 50%. ¿Cómo llegan a esta cifra? ¿Qué lejos está de lo que sugirió el presidente Mujica en algún momento cuando habló de fifty y fifty?

WV - Tal vez no tan lejos. Tal vez estemos bastante cerca. La propuesta del Gobierno hoy en la multipartidaria es diferente. ¿Cómo llegamos a esto? En primer lugar digamos que esto tampoco ha estado ajeno a las discusiones. Lo que hemos hecho es presentar una propuesta formal: el PC piensa esto sobre el tema, el Gobierno piensa distinto, por ejemplo. Acá hay una definición importante de parte del Gobierno, que creo que fue producto de todo lo que convulsionó el tema de la instalación de Aratirí en el país, que es no aplicarle la Ley de Inversiones. Por lo tanto va a tributar todos los impuestos que le corresponden a cualquier empresa. Esa es una definición importante.

Partiendo de esa base, le corresponden el impuesto a la renta de la actividad empresarial (IRAE), el 7% de la tasa de distribución de utilidades y además el 5% del canon minero, que se distribuye 2% para el superficiario y 3% para el Estado; de ese 3%, un 1% va para las intendencias, lo que fue una innovación en el Código de Minería aprobado recientemente.

JAE - O sea, ustedes no proponen un cambio en el canon, proponen una tasa adicional sobre la actividad de la renta empresarial de 7% lineal. El Gobierno plantea una tasa progresiva.

WV - Hay otra diferencia: el Gobierno propone eliminar el canon minero, que no es un tema menor. El Gobierno propone que el canon que le corresponde al superficiario no sea pagado y sea sustituido por un resarcimiento por lucro cesante. A nosotros nos parece injusto. Le estamos cambiando las reglas al más afectado, y encima se las estamos cambiando para perjudicarlo. Nosotros mantenemos el canon minero. Creemos que es necesario mantener las reglas de juego que históricamente ha tenido el país. Por lo tanto no estamos de acuerdo en eliminar el canon minero y mucho menos el que beneficia al superficiario.

El otro aspecto en el que tenemos diferencias es la tasa adicional. Dicho lo primero, le aplicamos el IRAE y la tasa a la distribución de utilidades. Uruguay todavía queda lejos de la imposición a la minería de gran porte que hoy se está aplicando en el mundo. Por ejemplo, Australia va a aplicar el año próximo una tasa extra porque es un negocio que tiene superganancias y que requiere que el Estado participe en mayor medida.

Esto es similar. Todos coincidimos en que hay que aplicarle un adicional al IRAE, por llamarlo de alguna manera. Nosotros creemos que esa tasa debe ser lineal y el Gobierno entiende que debe ser progresiva, que debe ser similar a las franjas del impuesto a la renta.

JAE - Vamos al punto de qué hacer con la plata. Ustedes plantean que se cree un fondo que administre el Banco Central del Uruguay (BCU) con un criterio similar a aquel con que se administran las reservas. ¿Por qué el BCU?
    
WV - Entendemos que el BCU es una institución del Estado que da garantías a todo lo que es la actividad financiera del país, a todo lo que es la regulación de los bancos. Tiene el prestigio suficiente y la seriedad suficiente como para administrar estos fondos. Aparte, su directorio está compuesto por actores políticos con representación política. Se dan una serie de condiciones como para que el BCU sea el instituto que administre estos recursos, que requieren una administración especial, porque si bien nos pertenecen a nosotros, que somos los que hoy vivimos en el país y estamos extrayendo, se van a agotar y no les vamos a dejar nada a las próximas generaciones. Entonces es bueno que esto esté bien administrado para crear un fondo especial que genere desarrollo.

JAE - ¿El fondo especial se conforma con el adicional?

WV - No, el fondo se compone de todas las ganancias que genere el negocio minero, con todo lo que le ingrese al Estado por recaudación tributaria de la minería.

EC - Es el 50% de la renta.

WV - Exactamente.

EC - El 50% de la renta va derecho a este fondo.

WV - Derecho a ese fondo, con determinadas condiciones sobre cómo administrarlo, cómo gastarlo y qué y en qué se puede gastar.

JAE - O sea que el impuesto a la renta empresarial común que pagaría una empresa de este tipo también iría a ese fondo.

WV - Exacto.

JAE - ¿De qué estamos hablando? Porque en el caso de Aratirí se habla, por ejemplo, en materia de exportación, de que en Uruguay podría representar entre el 30 y el 40% del total exportado. Según las cifras que manejan, ¿de cuánto estaríamos hablando en el caso de Aratirí?, ¿cuánto podría recaudar el Estado en este escenario?

WV - Mucho dinero. Obviamente, no va a ser desde el primer momento, porque están las inversiones, que se van a descontar; es sobre las utilidades. La cifra de exportaciones estimada –no tenemos cifras finales, el Gobierno tampoco, eso será producto del comienzo de la producción– es de entre 1.200 millones de dólares anuales en un escenario pesimista y 1.800. Es mucho dinero para el Estado uruguayo que va a venir extra, que no está previsto. Si tenemos en cuenta que Uruguay exporta aproximadamente 8.000 millones de dólares, es una cifra que va a generar un impacto grande en la economía uruguaya.

EC - Con el dinero que reciba el Estado por la actividad minera se constituye un fondo. Y ese fondo, por lo que estuve leyendo en el documento, tiene dos partes, una que no se va a tocar, que se procura que mantenga su valor con el correr del tiempo, y otra, que serían las ganancias que se obtengan después de mantener el valor del fondo, serían lo que allí se denomina "recursos libres" para los cuales ustedes proponen una serie de destinos posibles.

WV - Es así. Se detalla una batería de cosas en las cuales se pueden gastar esas utilidades que dé el fondo, que van desde obra de infraestructura física del sector público, becas, nuevos emprendimientos universitarios en el interior del país, fortalecimiento de sectores como la Dinama y la Dinamige, por ejemplo, que están directamente vinculados a este tema. Hay una serie de medidas –que podrán ser enriquecidas por el aporte de otros– en las cuales se podrán gastar estas utilidades que genere el fondo.

El fondo se podrá utilizar también para comprar títulos de deuda pública uruguaya, no de emisiones recientes pero sí de emisiones de por lo menos tres años de antigüedad.

EC - Eso con respecto al fondo en sí. Pero la parte que no se tocaría, que iría quedando depositada, mantenida en su valor en moneda constante, pero depositada en el BCU, ¿a qué efectos?, ¿en qué momento, cuándo en la evolución del país podría eventualmente usarse ese dinero? En el documento de ustedes no está definido.

WV - No está definido. Una de las propuestas es que pueda ser utilizado, por ejemplo, con políticas anticíclicas, que es algo que tiene Chile. Chile tiene un fondo del cobre que utiliza para evitar afectaciones severas a su economía cuando hay crisis internacionales, lo que se llama políticas anticíclicas, según los técnicos. Esa es una de las posibilidades, pero la idea es que el capital sea preservado para futuras generaciones y que sean otros gobernantes los que definan cómo lo van a utilizar. Algunos lo comparan con la administración de las AFAP, que es un recurso que no les pertenece a las AFAP sino que nos pertenece a los trabajadores, a los que aportamos, y que en algún momento nos tendrán que devolver. La mentalidad es un poco esa, habrá que afinar un poco más el documento final cuando lleguemos al momento en que esto, si hay acuerdo, pueda ser ley. Esas cosas se van a tener que definir.

***

EC - Hablemos de lo que se prevé para el control del impacto ambiental.

JAE - ¿Qué se prevé en caso de un impacto ambiental irreversible?

WV - Esperemos que ese impacto ambiental irreversible no se dé, porque si se diera no estamos dispuestos a llevar adelante la minería de gran porte.

JAE - Se lo pregunto porque en algunos países se establece una especie de seguro ante esa posibilidad, de modo que la sociedad en su conjunto quede al resguardo.

WV - Lo que hay es la obligación de tener un seguro de una empresa internacional, que vaya siendo gradual y progresivo, que le asegure al gobierno uruguayo que ante cualquier contingencia siempre van a estar esos recursos para resarcir el daño que se pueda haber ocasionado por un accidente o por un cierre anticipado de la mina, si a la empresa minera no le sirve más el negocio y decide irse del país antes de terminar la explotación.

JAE - Que también es una posibilidad.

WV - Es una posibilidad, y se ha dado en muchas partes del mundo. Lamentablemente, la experiencia a cielo abierto en el mundo en muchos casos no ha sido buena, por eso está sospechada por todos lados. Eso lo sabemos todos, al menos los que hemos tenido que meternos en este tema y analizarlo. Hay es una exigencia de aseguradoras internacionales que garanticen al país tener siempre un fondo que permita resarcir, en caso de que la empresa no lo haga, los daños que la actividad pueda tener por ejemplo a raíz de un accidente, financiar planes de contingencia. Y obviamente el cierre de la mina en cualquier momento de la etapa de explotación, porque si hay un aspecto que es medular en esto es el cierre de la mina.

EC - Cierre preservando o devolviendo las características paisajísticas al lugar, etcétera.

WV - Sí, el documento es bastante claro, lo dice, el cierre de la mina tiene que ser respetando las características paisajísticas del lugar en la medida de lo posible. Se busca que cuando se cierre la mina se vuelvan a tener casi las mismas condiciones que se tenían antes. Obviamente, muchos ambientalistas dirán que eso no es posible; no es posible en un 100%, pero hay formas de modificar eso, de corregir algunas cosas que no se pueden volver al estado original.

JAE - Sí, porque estamos hablando por ejemplo de cerros que van a desaparecer, al menos para sacar el hierro en una primera instancia, y va a quedar el agujero. Ustedes plantean algún atenuante para que la cosa no quede así.

WV - El plan de cierre debe estar incluido en los estudios de impacto ambiental. Si el plan de cierre no es adecuado, el estudio de impacto ambiental no debería ser aprobado por el Estado. Pero es medular tener un plan de cierre en el estudio de impacto ambiental. Cada empresa elaborará su cierre de una manera determinada. El Estado tendrá siempre la potestad de decir: "Este plan de cierre no me sirve. Lo tiene que cambiar".

EC - Me llamó la atención que ustedes propongan que para cada proyecto de minería en gran escala se cree una comisión de seguimiento. Y, a su vez, que en esa comisión incluso estén representados técnicos de los partidos de la oposición parlamentaria.

WV - Sí, en algún momento se conversó en la comisión que era bueno que tuvieran una comisión de seguimiento, en el entendido de que daría más garantías aún a la sociedad de que el proyecto se va a encauzar dentro de lo que va a ser la regulación de la minería de gran porte. No es más que una comisión que avale lo que está haciendo el Estado aplicando la normativa que supuestamente podría surgir de este acuerdo.

EC - Se propone que esa comisión de seguimiento esté integrada por organismos competentes de la Administración Nacional y Departamental, técnicos de la oposición parlamentaria, representantes de los productores afectados, de las organizaciones ambientales más reconocidas, de la propia empresa... ¿En esto están de acuerdo todos los partidos o es una idea solo del PC?

WV - Algunas cosas son idea solo del PC. Muchas de estas cosas han surgido de las reuniones que hemos tenido, de los documentos que el Gobierno nos ha entregado y de lo que nosotros entendemos como partido que son condiciones necesarias para que la minería de gran porte pueda desarrollarse en el país. Habrá otras propuestas de los otros partidos en el correr de las horas y de los días. Creo que el jueves vamos a tener una reunión importante en la Torre Ejecutiva en la que se va a analizar el documento, y me imagino que también van a estar sobre la mesa los documentos del Gobierno. Sé que el PN está definiendo lo mismo. Lo que está aquí plasma la forma de pensar de nuestro partido, que, repito, no pretende tener la verdad en las manos; tenemos una forma clara de pensar, estamos de acuerdo con este tipo de inversiones que dan desarrollo al país, pero no a cualquier precio.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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