Posteriormente pasará al Senado en trámite urgente.

Se trata de un proyecto de Presidencia de la República acompañado por el oficialismo que fue enviado el 22 de setiembre al Parlamento por el Poder Ejecutivo después de un histórico acuerdo de todos los jefes comunales en el Congreso de Intendentes.

El proyecto preveía la creación del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucinve) y establece que las intendencias deberán transferir de forma inmediata los ingresos que reciban y que correspondan a otro gobierno municipal.

De esta forma, las intendencias tienen la garantía de que no perderán ingresos por concepto de patente, porque en esos casos (los que perderían con este proyecto) el Gobierno les destinará un monto similar a las recaudaciones obtenidas por este concepto en 2010.

Además instrumenta un mecanismo que implica que este tributo disminuya considerablemente. También dispone el incremento de las tasas máximas de IMESI.

Esto se hace en el entendido que de ser necesario las tasas vigentes puedan aumentarse para financiar el dinero perdido como resultante de esta ley.

Vale la pena recordar que en su momento, cuando fue aprobado por todas las intendencias en el Congreso, con la presencia de José Mujica, el presidente dijo que era un proyecto que debía tener un gran consenso legislativo de todos los partidos.

Al parecer, esto no ocurrirá. En el Partido Nacional hay serias discrepancias. Unidad Nacional, por ejemplo, no votará el proyecto por entender que es una norma inconstitucional.

Consultado por El Espectador el diputado Gustavo Borsari, declaró que esta norma es inconveniente e inconstitucional, entre otras cosas porque no le da cabida de contralor a las juntas departamentales.

"Creemos que este proyecto contiene varias normas inconstitucionales e inconvenientes. Las inconstitucionales por ejemplo están en que tienen que intervenir las juntas departamentales de todo el país, esta es una atribución que tiene las juntas y los gobiernos departamentales que son indelegables. La inconveniencia es que no estamos dispuestos a votar más impuestos. Los automóviles con este nuevo sistema van a aumentar todos desde el cero kilómetro hasta los que cuestan 3000 dólares", declaró Borsari.

Mientras que la UNA decidió no acompañar este proyecto, Alianza Nacional tiene sus matices con el proyecto del Ejecutivo.

Pablo Iturralde, legislador de este sector dijo a El Espectador que en general acompañarían el proyecto como un todo, pero no alzarían la mano para aprobar varios de sus artículos. Además Iturralde señaló que esperan que en el Senado haya varias modificaciones.

Iturralde explicó por qué él acompaña el proyecto en general: "lo apoyo porque es un tema que debe terminar, no se justifica por el tamaño de este país seguir con este sistema. La gente no puede ser rehén de los departamentos que quieran recaudar mucho de los impuestos. La unificación va a hacer bajar la patente y entendemos que tiene que haber una solución, aunque sabemos que no apoyamos todos los artículos si la votamos en general esperando poder mejorar el proyecto en el resto del trámite parlamentario cuidándolo de normas que puedan ser inconstitucionales y sumándole aditivos, como los que el Partido Nacional ha propuesto, por ejemplo en el tema de los contralores".

Algunas de las discrepancias y propuestas de Alianza Nacional con respecto al proyecto original son: que en una comisión que estudia el tema en vez de 3 representantes del Congreso de Intendentes haya 5; que el promedio que se toma como referencia para asignar los recursos a cada departamento sea el de 2011 y no el de 2010 como está previsto; que deba ser aprobado por cada Junta Departamental y que se terminen los controles de cada departamento con autos empadronados en otros.

Consultado por dónde pueden encontrarse inconstitucionalidades, Iturralde informó que "fundamentalmente por el pasaje por la Junta, por la asignación de recursos y criterios, y por lo referente en definitiva a las competencias de cada institución que es donde estará el meollo para solucionar las inconstitucionalidades".

En tanto en el Partido Colorado no se fijó una postura única sino que se dejó en libertad de acción a sus legisladores. El diputado Fitzgerald Cantero, que integra la comisión de Constitución y Códigos, no logró imponer su visión en el seno de la comisión y por eso decidió no votar el proyecto de ley.

"En lo personal propuse la modificación de artículos para mayores garantías al proyecto desde el punto de vista constitucional, no puede ser que se desconozcan las juntas departamentales, por ejemplo. Propusimos que las juntas deben resolver y aprobar por dos tercios, etc. El FA no las acompañó y nos vemos en la situación de no votar ese tipo de aspectos", dijo.

El artículo 2 del proyecto de ley que se está discutiendo dice que "se dará cuenta" a las juntas departamentales, cuando blancos y colorados pretenden que las juntas den su aval ante cada asignación de recursos.

Hay que recordar que uno de los artículos de este proyecto habla de un incremento sustantivo en el subsidio del Gobierno Nacional a las intendencias por concepto de alumbrado público.

En una ley de la administración Vázquez era de 130 millones de pesos a cada intendencia; en este proyecto ese subsidio llegará a ser de 500 millones de pesos al final del mandato de Mujica, para pagar deudas con UTE y para alumbrado público.

Este es uno de los puntos que valoró positivamente Fitzgerald Cantero (artículo que sí acompañará) y todo el oficialismo.

En lo que refiere al FA, El Espectador consultó al miembro informante del oficialismo, el diputado José Bayardi, a quien le recordamos el pedido de un 75% de apoyo parlamentario que pedía el presidente Mujica cuando solicitaba un gran consenso de todos los partidos.

Bayardi recordó que los 19 intendentes votaron el acuerdo y agrego: "el presidente tenia una sana expectativa de que el proyecto fuera acompañado por amplia mayoría. Estamos ante un hecho histórico: superar guerra de patentes y abordar el tema del alumbrado publico nacional con transferencias del Gobierno central a los departamentales y hemos trabajado para que el proyecto tuviera respaldo. Si otros sectores deciden posicionarse en contra para hacer política no es responsabilidad del Gobierno".

Consultado sobre si la guerra de patentes terminó, Bayardi respondió: "la guerra terminó, están dadas las condiciones. En este caso los gobiernos departamentales ganan por donde se sea: se aseguran la recaudación de patentes y el alumbrado público", sentenció.