Se trata de una demanda contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.(MVOTMA) presentada por Viana en 2005. El fiscal había solicitado la condena a este ministerio, ya que entendía que no había cumplido con la premisa de proteger el medio ambiente al habilitar la planta de celulosa.

El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, explicó que cuando no se da lugar es por que no se considera que exista una afectación real que se desprenda de dicha norma.

Por su parte, el fiscal civil Enrique Viana –conocido como "el fiscal verde" por su preocupación en causas medioambientales-, explicó que el argumento era demostrar que el Estado, al ser socio de Botnia, no estaba capacitado para controlar la planta. Viana dijo que le llamaban mucho la atención los argumentos esgrimidos por la Corte para no hacer lugar a su planteo por vías de excepción a la inconstitucionalidad de ese contrato.

Pero los ministros de la SCJ ofrecieron otros argumentos para rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad que hizo el fiscal Viana, como que es un hecho condicionado.

De esta forma fue desestimado este recurso de inconstitucionalidad por vías de excepción.

Viana, además, planteó una demanda de nulidad al contrato del Estado con Montes del Plata, por argumentos similares, de preocupación por el medio ambiente para la que se fijó una audiencia con la empresa prevista el 1º de diciembre en el marco de un juicio civil en la justicia ordinaria. Esta causa está actualmente en trámite.

Por otra parte, la fiscalía de Viana entiende que la ley de PPP es inconstitucional, porque legitima la conjunción del interés público con el privado. En breve Viana presentaría una acción de inconstitucionalidad directamente ante la SCJ.