(Emitido a las 09.08)

EMILIANO COTELO:
Un proyecto de ley que se aprobó casi por unanimidad en el Senado de la República en este mes de julio, y que tanta controversia generó luego, en principio se creía que beneficiaba a cerca de 3.800 pasantes y becarios, convirtiéndolos en empleados públicos. Ya por eso había desatado polémica porque, según la Constitución, en año electoral no se puede hacer contrataciones en el Estado. Pero ahora han venido a agregarse otras consideraciones.

Ayer, por ejemplo, el diario El Observador destacaba que el proyecto que ahora está a consideración de los diputados, el que se aprobó en comisión de la Cámara Alta y que tuvo mayoría en ese cuerpo, en realidad comprende a por lo menos 8.600 personas que, sin ser funcionarios públicos, brindan servicios en el Estado y ahora quedarán con todos los derechos de trabajadores estatales.

El proyecto presentado originalmente por los senadores Manuel Núñez, del Encuentro Progresista - Frente Amplio (EP-FA), Julio Herrera, del Partido Colorado (PC) y Jorge Larrañaga, del Partido Nacional (PN), llegó a comisión del Senado con un título que refería solamente a la situación de pasantes y becarios, pero terminó extendiéndose también a contratados eventuales, zafrales, pagados por régimen de cachet o bajo cualquier otra forma jurídica.

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Estuvimos discutiendo este asunto en La Tertulia la semana pasada y nos interesa en estos días, antes de que se dilucide en Diputados, volver sobre el tema por la vía de las entrevistas. Hoy vamos a hacerlo con el punto de vista del Poder Ejecutivo. Empezamos hablando con el economista Pedro Aramendía, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (Cepre).

¿Ustedes han logrado determinar ya el alcance exacto del proyecto con su redacción final, la que salió de la Cámara Alta?

PEDRO ARAMENDÍA:
No completamente, estamos estudiando el tema desde el punto de vista jurídico. Es un proyecto un poco complejo y, como usted dice, va mucho más allá del alcance que tenía en términos originales. Aquí no solamente hay términos legales, si es constitucional o no, usted ya ha visto esa discusión, sino temas de conveniencia.

EC - A ver, ¿cuáles son?

PA - Nosotros hacemos énfasis en temas de conveniencia porque el Estado viene haciendo un esfuerzo muy importante de reducir la cantidad de funcionarios públicos desde hace muchos años; recordemos que hace prácticamente diez años se redujeron alrededor de 9.000 con un costo de más de 100 millones de dólares y después en este gobierno se continuó en ese esfuerzo con sistemas de incentivos para que los funcionarios se retiraran. Esos sistemas de incentivos también tienen un costo para el Estado, y lo que buscan es reducir el número de funcionarios públicos, que son muchos y es un número excesivo para las necesidades de la administración y de las empresas públicas.

Estamos viendo con preocupación que esta norma al barrer aparentemente -lo estamos por confirmar desde el punto de vista jurídico- incorpora a la plantilla a miles de funcionarios que no necesariamente son imprescindibles para el funcionamiento del Estado.

EC - Se ha argumentado, justamente por parte de quienes defienden esta iniciativa, que sí, que varios organismos, en varias instituciones estos contratados por estas diversas vías terminan desarrollando tareas esenciales, al punto de que justamente han permanecido en esos cargos mucho más allá de lo que la ley en principio preveía.

PA - Sí, no dudo de que en algunos casos, quizás en varios, la situación sea esa; pero tampoco dudo de que en muchos otros la situación sea la contraria: que los funcionarios hayan permanecido en tareas que de repente no son imprescindibles para la administración. El argumento aquí es que este tema no puede ser tratado en forma ligera y decir al barrer "Todo el mundo que estaba se queda, tenga capacidades o no, simplemente por haber estado o porque los organismos donde estaban hayan violado las reglas y normas y los hayan dejado durante ocho años". Esto también debe ser tomado en cuenta.

EC - ¿Cómo lo observa el Cepre desde el punto de vista de lo que implica como convalidación de la actuación de los jerarcas que incumplieron con las leyes?

PA - Ese es otro tema muy importante. Con esta norma usted les dice a los organismos públicos que violaron las normas durante años, y además impidieron, en el caso de los becarios, que muchos estudiantes pudieran entrar a hacer su primera experiencia porque los que estaban no se iban: "No se preocupe, nosotros le arreglamos lo que hizo mal". Y a la gente que se portó bien, a los organismos públicos que actuaron con responsabilidad y dentro de las normas, les está diciendo: "Tendría que haber hecho lo mismo que los demás, violar las normas, porque después de alguna manera se arregla". Ese es otro problema, un problema que va a los incentivos y a cómo deben darse las cosas hacia adelante.

EC - En principio un becario no puede quedar en su "cargo" más de dos años.

PA - Claro, y muchos organismos públicos cumplen con la norma, la vienen cumpliendo desde hace años. Hoy se dice: esa persona hace ocho años que está, es imprescindible para la función; pero es imprescindible porque las normas fueron violadas durante diez años. Hay que recordar que esa persona que hoy puede ser imprescindible les quitó el lugar a ocho o nueve becarios que podrían haber hecho su primera experiencia laboral y no la hicieron porque el organismo violó las normas.

EC - Algo hay que hacer de todos modos con este problema, porque está claro que el instrumento se ha desvirtuado, que el conjunto de becarios, pasantes y otro tipo de relaciones de ese estilo termina siendo una bolsa absolutamente sin forma, de características distintas según los organismos, con manejo completamente arbitrario de la herramienta. Es necesario tomar este toro por las astas.

PA - Efectivamente, nosotros no estamos diciendo que no haya que hacer algo: hay que hacer algo, pero en forma seria, responsable y estudiando caso por caso. Si los funcionarios son demasiados y hay pocos capacitados y muchos de baja calificación, hay que estudiar a todos estos funcionarios que están contratados en forma irregular, ver qué habilidades tienen, hacer una selección, estudiar caso por caso, ver cuáles son imprescindibles y recién después solucionar el tema; pero no lo hagamos al barrer, con todo tipo de funcionarios, becarios, pasantes, contratados, ilegales, irregulares, etcétera, "todos para adentro, a partir de hoy todos funcionarios públicos contratados en forma permanente".

EC - Por último, con respecto a los jerarcas que incumplieron las leyes y mantuvieron a estos becarios, por ejemplo, bastante más allá del tiempo límite prescrito, ¿no hay medidas a tomar?

PA - No me corresponde a mí hablar de medidas. Hubo claramente una irregularidad durante todo este tiempo; cada jerarca deberá tomar las medidas que corresponda.

EC - ¿Usted es partidario de que el Poder Ejecutivo vete esta ley en caso de que salga del Parlamento?

PA - Es muy temprano para hablar de vetar. Nosotros sostenemos que hay tiempo para corregir esta norma, que tiene media sanción; se votó en forma un poco apresurada, pero tenemos toda la voluntad de que se vote con la responsabilidad y el cuidado que hay que tener para la contratación de funcionarios públicos.

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EMILIANO COTELO:
Continuamos ocupándonos de este proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y que convierte en funcionarios públicos a becarios, pasantes, contratados o eventuales que no debieron permanecer en esa situación más de dos años.

Hoy lo estamos examinando desde el lado del gobierno. Recién teníamos un primer punto de vista, el del Cepre; vamos ahora a un análisis más político en diálogo con el vicepresidente de la República, Luis Hierro.

El suyo fue uno de los únicos dos votos negativos que tuvo el proyecto en la Cámara Alta.

LUIS HIERRO LÓPEZ:
Sí, así es.

EC - El otro fue el del senador Juan Adolfo Singer.

LHL - Así es.

EC - Uno del Foro y otro de la Lista 15. ¿Cómo se explica eso, que sólo dos senadores colorados se hayan opuesto, y que por otro lado haya habido colorados entre los impulsores?

LHL - No hubo instancias previas de consulta en la bancada. El proyecto estaba en la comisión, en una reunión de coordinadores se me informó que iba a ser traído a sala, yo observé que me parecía que podía tener vicios jurídicos importantes, que había que estudiarlo más.

Digamos que por una cantidad de razones de calendario parlamentario se apresuró su traída al plenario y como no habíamos tenido oportunidad de analizarlo en la bancada voté según mi propia conciencia. Yo procuro en todos los casos organizar en forma previa la actuación de la bancada del Partido Colorado (PC); en esta instancia no tuve esa oportunidad y por eso fue que personalmente voté en contra y en el momento de proclamar la votación vi que el senador Singer hacía lo propio.

EC - Hay algo curioso en el trámite que tuvo este proyecto de ley. Estamos hablando, sin duda, de un tema importante -hay un lío con los becarios y pasantes-, pero se lo termina encarando con un proyecto que se discute a las apuradas, que en comisión aparentemente sólo tuvo 35-40 minutos de análisis...

LHL - ...y que se amplía en la comisión mucho más allá de su intención original.

EC - Exactamente. ¿Cómo fue eso?

LHL - Eso fue alguna cuestión que ocurrió en la comisión, sobre lo cual confieso que no tuve tiempo de operar y se procuró una solución general. El problema existe.

EC - Se procuró una solución general pero, según las transcripciones que veíamos de las intervenciones en comisión que publicó ayer el diario El Observador, quienes estaban sacando adelante el proyecto manifestaban dudas, reconocían sus dudas con respecto al alcance que la norma terminaba teniendo y sin embargo siguieron adelante, pese a que la única consulta jurídica que hicieron fue con el doctor Gonzalo Aguirre, que sin duda es un destacado constitucionalista, pero es abogado de los becarios y pasantes.

LHL - Sí; yo creo que la comisión debió haber hecho más consultas desde el punto de vista jurídico, es uno de los motivos por los cuales voté en contra. No dudo de la intención y dedicación de los senadores (a veces las crónicas de prensa resumen demasiado el asunto)...

EC - Da la sensación de que este año en el Parlamento se está trabajando de una manera un poco desorganizada, insatisfactoria. Recuerdo el antecedente hace poco del proyecto de ley sobre límites a la responsabilidad de los médicos por mala praxis, también allí se hicieron pocas consultas a especialistas.

LHL - No; en ese caso hubo varias consultas a especialistas.

EC - La información que circuló fue que se había consultado solamente...

LHL - Está bien, pero así como le reconozco que en este caso pudo haber habido pocas consultas, le digo que en el otro hubo varias. Me permito señalar, en beneficio de la actuación del Senado, que la misma ha sido de enorme eficacia en todo este tiempo, ha aprobado todos los proyectos de ley sobre los cuales hubo acuerdo político y los enviados por el Poder Ejecutivo. El único proyecto de ley grande que nos queda -le anuncio y es una primicia que va a haber acuerdo- es el Código del Niño y el Adolescente, que será aprobado en la primera quincena de agosto. Por lo tanto que se ha trabajado mal es un asunto que en lo que se refiere al Senado no admito pacíficamente y señalo que hemos trabajado bien.

Permítame volver al tema anterior.

EC - Sí. ¿Cómo explica que se haya procedido con tanta premura en este asunto?

LHL - Uno: es notorio que el Estado y el Poder Ejecutivo durante todos estos períodos han hecho esfuerzos por bajar el número de funcionarios públicos, esfuerzos que han sido deliberados y eficaces. Estos esfuerzos han contado con apoyo del Parlamento, que ha votado una serie de leyes que han permitido, a través de incentivos y otros mecanismos, seguir bajando el número de funcionarios públicos. Me parece interesante señalar este dato.

Dos, creamos el mecanismo de los becarios, los pasantes, para habilitar ciertas prestaciones de personas jóvenes en la administración en forma transitoria, y creo que es una buena idea.

Tres, esta buena idea se ha aplicado mal, porque, por motivos diversos en sectores de la administración se ha habilitado la permanencia cuando el núcleo principal del asunto es la transitoriedad, es el concepto de pasante o becario.

Cuarto, creo que la mayoría del Senado no resolvió el problema porque, más allá de que sea justo reconocer los derechos de estas personas becarias, pasantes o contratadas por la administración por otras vías, se desvirtúa el principio del asunto, que es la prestación transitoria, porque al reconocerles todos los derechos que tiene el resto de los funcionarios lo que está haciendo el proyecto de ley es claramente asimilarlos al resto de los funcionarios públicos y por lo tanto tender a consagrar su inamovilidad, cuando notoriamente el principio del becario y del pasante es que presten funciones en el Estado por un año, por razones transitorias, y luego deje de serlo y se dedique a la actividad privada.

EC - Sí, deje de serlo, entre otras cosas, para darle oportunidad a otro a que haga su experiencia.

LHL - Entre otras cosas para darle oportunidad a otro. Por lo tanto creo que la solución que apuró el Senado no ha sido la más conveniente, creo que tiene vicios jurídicos fuertes que darían mérito a su veto en caso de que la ley se apruebe...

EC - A ver, ¿cuáles menciona usted?

LHL - Por lo pronto estas cuestiones son típicamente materia presupuestal, se hacen en los presupuestos; es esa la instancia constitucional, parlamentaria y política para analizar estos asuntos. La verdad es que ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento tenemos noticia clara, por ahora -la vamos a tener más adelante-, de cuántas personas son las que están involucradas en la ley. Usted mismo mencionaba que la prensa del fin de semana aumentó la apuesta, serían 4.000 pero ahora se nos dice que podrían ser cerca de 8.000. El Parlamento hoy no tiene noticia clara de cómo funcionan las contrataciones en el Ministerio de Salud Pública, cuántas hay, cuántas no hay, en qué régimen, si son contratos a término o no, si son pasantes o becarios... Hoy no disponemos de esa información; quizás disponga de ella la Oficina del Servicio Civil, pero el Parlamento no. Por lo tanto creo que claramente es una materia presupuestal que debió administrarse con el tranco de análisis, de información, de veracidad que tienen los presupuestos.

Segundo, es muy discutible -no puedo dar una opinión definitiva, por eso mismo me hubiera gustado tener opiniones más elocuentes- si estamos rozando o no el artículo 229 de la Constitución, que impide hacer designaciones.

EC - Hacer designaciones en año electoral.

LHL - Exacto, es discutible el tema.

Tercero, se podrá decir que una ley cambia otra ley, pero hemos votado por ley la prohibición de hacer designaciones hasta el año 2005, la votamos en aquel presupuesto de 1995.

Cuarto, creo que hay cuestiones de conveniencia. No tengo dudas de los derechos de los becarios, reconozco ese asunto.

EC - ¿Qué quiere decir con eso?

LHL - El becario cuando es recontratado por dos, tres, cuatro, cinco, seis circunstancias va generando un derecho, en esto es que la administración cometió un error, un vicio, al dejarse llevar por esa cuestión de que "Es necesario, Es necesario, Es necesario"... Entonces el becario dice: "Si ya llevo cuatro o cinco años acá, ¿por qué no tengo el derecho que tiene el funcionario que está estabilizado en su función?".

EC - Ese es uno de los argumentos que esgrimen quienes defienden la ley, que esta gente está cumpliendo en muchos casos funciones esenciales y lo está haciendo en condiciones irregulares, no tiene los beneficios que tiene un funcionario público común y corriente.

LHL - Exactamente. Eso fue lo que llevó a muchos legisladores a promover la iniciativa. Ese espíritu de justicia es un activo, un valor que hay que cuidar mucho en la administración, pero viendo el asunto en su conjunto creo que se puede generar un antecedente muy inconveniente para el futuro del país, porque así empezó un día la historia de las famosas leyes de refinanciación de las deudas: "Vamos a refinanciar esta deuda, pero esta es la última vez, no sé cuánto y no sé cuánto"... pero se estaba dando la señal a la sociedad, a los actores económicos, a las personas, a las empresas, de que se puede dejar de pagar una deuda. Es una tentación cultural que tiene el país y que debe superar.

En materia de funcionarios públicos, con los contratos, también hay un modo cultural que el país debe superar definitivamente. Hemos mejorado muchísimo en estos tiempos, el Estado da señales muy importantes, pero en este caso lamentablemente se dio una señal contradictoria.

EC - La señal tiene dos aspectos cuestionables, por un lado lo que el Senado votó, el proyecto que ahora tiene media sanción, pero por otro está todo lo hecho en la administración pública en estos años. Por ejemplo un oyente, Santiago, lo plantea en estos términos: "Parece que el vicepresidente de la República fuera del Partido Verde. Quienes autorizaban y prorrogaban a los pasantes eran correligionarios suyos, del PC". ¿Cómo se toleró esto?

LHL - Sí, pero no, no... Está bien, pero permítame una cosa. No es el tema si eran correligionarios míos o no, porque no sé si el jerarca intermedio, que es el que habilita esta cuestión, el que debe evaluar directamente si tal pasante efectivamente es imprescindible o no, no sé si es correligionario mío o del oyente que llamó, no tengo la mínima idea de eso. Partidizar esta cuestión o tratar de sacarle provecho electoral no tiene sentido.

EC - Bien, supongamos que dejamos ese ángulo, pero la pregunta sigue vigente en cuanto a cómo fue posible esto y si no tienen que ser sancionados los jerarcas que procedieron violando la ley.

LHL - Si claramente hubo una violación de la ley yo diría que habrá las sanciones que corresponda.

EC - ¿Está previsto actuar de esa manera?

LHL - No tengo noticia, le estoy hablando en mi condición de presidente del Senado. Cuando voté en contra del proyecto no hablé con nadie del Poder Ejecutivo y desde entonces para acá tampoco porque no tuve la instancia, la oportunidad. Es un proyecto que va a la Cámara de Diputados, vamos a ver qué resultado tiene. Usted sabe que estamos a término del período legislativo, yo tengo mucha duda de que el proyecto se apruebe, etcétera, por lo tanto no estoy hablando en nombre del Poder Ejecutivo -lo que no me corresponde-, estoy hablando en nombre de mis propias opiniones, tratando además de dar algunas informaciones y alguna claridad a un tema que puede ser confuso.

EC - En definitiva, lo conversábamos recién con el secretario ejecutivo del Comité para la Reforma del Estado, el problema existe, estamos ante un problema, la cuestión es cómo encararlo. Parecería que el proyecto que salió de la Cámara Alta está bastante desviado. ¿Qué se puede corregir en la Cámara de Diputados?

LHL - Creo que el proyecto no es la solución, que va en la dirección contraria de la que debe seguir el Estado, que seguir en todo caso racionalizando sus servicios, el número de sus funcionarios y dando siempre señales de que se va en ese camino.

Pero hay otro problema, que creo que se da masivamente sobre todo en Salud Pública: la sociedad, los presupuestos, los partidos políticos y las leyes reclaman que los servicios públicos presten ciertas cuestiones y atiendan tales servicios; hay una emergencia social, entonces el Inda tiene que hacer tal cosa, Salud Pública tiene que hacer tal otra... Muchas veces la estructura clásica presupuestal de los funcionarios públicos impide que las oficinas respondan con rapidez y eficacia ante esas situaciones. Ahí el tema de los contratos, las prestaciones, las becas, etcétera, se da; por ejemplo, puedo asegurarle que hay en el Estado oficinas que hemos creado por ley y todavía no tienen los funcionarios imprescindibles para las funciones mínimas. Usted me dirá que es un error de la administración porque hay mecanismos de pases en comisión o de redistribución de funciones... Lo es, pero el dato es que muchas veces hay oficinas que no están en condiciones de cumplir y recurren a estos mecanismos.

Entonces, no creo que sea solamente decir: "Ah, ¿quién tiene la culpa?"; busquemos la solución. Por eso digo que vamos a poder analizar el tema de fondo con racionalidad y con criterio en el presupuesto nacional, y no en una ley separada.

EC - De todos modos ahora en Diputados, ¿qué se supone que viene, cómo va a ser el abordaje? ¿Ustedes están coordinando?

LHL - Diputados va a tener que estudiar muy a fondo el tema. Por eso le digo, el período vence el 15 de setiembre, Diputados tendrá dos o tres sesiones más durante agosto por razones de campaña electoral. No sería una buena señal -la Cámara de Diputados naturalmente es totalmente independiente para hacer como le parezca y yo respetaré lo que haga- que apruebe el proyecto sin un estudio previo.

EC - ¿Está previsto recibir al Cepre, por ejemplo, en esta instancia?

LHL - No lo sé, pero estoy seguro de que los diputados van a tener esa instancia de recibir al Cepre y de ver el tema jurídico - constitucional con cuatro ojos en vez de dos, lo que siempre ayuda. Esta es una de las razones por las cuales la gente dice que el sistema bicameral es adecuado, porque permite tamizar cuestiones que vienen un poco apuradas de alguna de las cámaras.

EC - ¿Usted confirma la posibilidad del veto por parte del Poder Ejecutivo que se deslizó durante el fin de semana en distintas versiones de prensa?

LHL - No: ni la confirmo ni la dejo de confirmarla porque no hablé con el presidente ni con el secretario de la Presidencia de este tema -he hablado de otros-. No sé, habrá que ver cómo surge el proyecto, cómo termina. Así como está hoy planteado, a mí, que no soy constitucionalista pero que amo el respeto por las formas que la Constitución establece, el proyecto me ofrece dudas tan grandes como para hacerme pensar que sería vetado. Pero es un tema que habrá que ver posteriormente.

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EC - Una puntualización: en la entrevista con el vicepresidente de la República yo le mencionaba el antecedente del proyecto que limita la responsabilidad de los médicos en caso de mala praxis, pero Hierro señalaba que en ese caso el Senado contó con varios asesoramientos. La información con la que cuento es que la Comisión efectuó sólo dos consultas: al catedrático de Derecho Civil, Jorge Gamarra, y a la Asociación de Magistrados del Uruguay. Así fue señalado en su momento como algo que llamaba la atención. Por otra parte las dos opiniones fueron contrarias al proyecto, pese a lo cual la Comisión siguió adelante con él. Vamos a intentar confirmar esa información, en cuyo caso haremos las aclaraciones correspondientes, pero esa fue la información que circuló en su momento.
 
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón