(Emitido a las 09.06)

EMILIANO COTELO:
El tema vuelve a ser el futuro de pasantes, becarios y otros eventuales contratados en oficinas públicas. ¿Qué hacer con ellos? Es la polémica que se ha instalado a partir de un proyecto de ley que ya fue votado por el Senado de la República y que ahora se encuentra a consideración de la Cámara de Representantes.

Ayer teníamos puntos de vista provenientes del gobierno, hablamos con el economista Pedro Aramendía, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (Cepre), y con el vicepresidente de la República, Luis Hierro López.

Hoy nos interesa ver el mismo debate, pero del lado de los involucrados. Para eso vamos a conversar con el doctor Gonzalo Aguirre, a quien los oyentes conocen por su trayectoria política, por su pasado como senador, por su actividad docente, se trata de un catedrático de Derecho Constitucional, pero que aquí ha intervenido como asesor de becarios y pasantes. ¿Es verdad?

GONZALO AGUIRRE:
Exactamente, he intervenido en función profesional, primeramente cuando la rendición de cuentas de 2001 intentó regularizar la situación, pero no para hacer justicia sino para hacer injusticia, es decir dejar a toda esta gente que hace años que trabaja en el Estado en condición de contratada precaria que podía ser cesada en cualquier momento; ahora igualmente podría ser cesada, pero era una especie de regularización de esa facultad discrecional. Los legisladores no estuvieron de acuerdo, les dieron la opción a los becarios de seguir en la misma situación y la inmensa mayoría se acogió a la misma.

En ese momento me consultaron pero informalmente; yo di mi opinión como especialista en Derecho Público, contraria a ese proyecto de ley o a esas normas que se incluían en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Pero posteriormente vinieron a mi estudio becarios o representantes de los gremios de OSE, UTE, Antel y creo que de Ancap y me pidieron asistencia profesional en eso, que consistió en hacer un proyecto de ley, darle una exposición de motivos; ellos lo llevaron al Senado, algunos legisladores lo firmaron, luego tuvo el trámite parlamentario y llegó a la mitad. Yo únicamente intervine un día, hace dos o tres meses, en que nos dio audiencia la Comisión de Hacienda del Senado, a la que fuimos y expusimos como abogados y los representantes de los becarios expusieron su situación de hecho, la angustia que viven por no tener la mínima seguridad jurídica a pesar de que trabajan en los organismos desde hace cinco, seis, ocho y hasta diez años, aparte de que tienen congelado su salario. No es que ahora se les vaya a aumentar, pero no pueden tener ninguna modificación desde el día en que ingresaron en función de un contrato de beca o de adjudicación de una pasantía que tenía plazo de un año, que expiró hace muchísimos años pero, como esas personas son necesarias en los organismos porque son jóvenes, tienen estudios terciarios, algunas de ellas tienen títulos universitarios, se adaptan a las nuevas tecnologías de trabajo, nadie ha pensado jamás en sacarlas. Más aun, yo conozco jerarcas de organismos públicos que dicen que si les sacan los becarios no saben qué hacer. Quiere decir que son funcionarios muy necesarios. Esa es la génesis del asunto y de mi intervención en ella.

EC - Un proyecto que ha ido cambiando en el trámite parlamentario.

GA - Voy a agregar algo. Yo soy abogado del Seguro de Salud de OSE, que es una persona pública no estatal que financia, por determinados arbitrios creados por una ley de presupuesto de 1963 o 1964, la asistencia médica de todos los funcionarios de OSE. Lo fui durante la dictadura, dejé de serlo y volví a serlo hace cuatro o cinco años. Allí se planteó este problema, yo hice una consulta y sostuve que después de tantos años los becarios son funcionarios públicos. Vamos a entendernos: nadie duda de que trabajan en los organismos, van todos los días, marcan tarjeta, si faltan les hacen descuentos, están sometidos a régimen disciplinario, tienen licencia, cobran aguinaldo, se les descuenta el montepío para el Banco de Previsión Social, de modo tal que no hay duda.

Si usted es trabajador hay dos posibilidades: o es trabajador privado, tiene un contrato de trabajo con una empresa privada, no hay duda de que esa situación no existe en este caso; la otra posibilidad es que usted sea funcionario público. No hay una categoría intermedia, entonces no tiene sentido esta ficción de decir que no son funcionarios públicos. Lo son de hecho y lo único que corresponde es que el derecho reconozca el hecho.

EC - Ahora...

GA - Yo he dicho lo siguiente. Si usted ve un animal y le preguntan si es un perro o un pato y usted ve que tiene forma de caballo, color de caballo, pelo de caballo, crin, cola de caballo, relincha y corre como caballo, es ridículo que diga que es perro. Esto es la misma ridiculez: los señores van todos los días, todos los días trabajan con los demás funcionarios, están sometidos a jerarquía, cumplen tareas más o menos importantes y se dice: "No son funcionarios públicos". ¿Entonces qué son? ¿Benefactores que van allí a ocupar sus horas sin ser trabajadores? Son trabajadores y son funcionarios públicos, hay que reconocerlo. Se trata de algo tan simple como eso.

EC - Justamente, el proyecto ha tenido cuestionamientos para empezar jurídicos. Según el propio ministro de Economía el proyecto es doblemente inconstitucional...

GA - Mire, yo aprecio y respeto mucho al ministro de Economía...

EC - ¿Me permite mencionar cuáles son los cuestionamientos?

GA - Sí, sí, se los digo yo...

EC - Primero, que está prohibido el ingreso a la administración durante un año electoral...

GA - No ingresa nadie, ya están en la administración desde hace años. ¿Va a decir el ministro Alfie que no están en la administración si todos los meses firma las planillas por las cuales se les pagan los sueldos? ¿Es cierto o no es cierto que el ministro firma las planillas por las cuales se pagan los sueldos, como ordenador de gastos? Los propios becarios que tendrá el Ministerio de Economía, los que hay en el Ministerio de Educación y Cultura, donde hay 500. ¿Entonces cómo va a decir que no son funcionarios? Son funcionarios y todos los meses les pagan el sueldo con su autorización, con la del ministro anterior y con la del que lo antecedió. ¿Entonces qué me vienen a decir que ingresan funcionarios? No ingresa ningún funcionario.

EC - Ingresan desde el punto de vista de que pasan a quedar en la categoría de funcionarios cuando hasta ahora no lo eran, pasan a formar parte de las planillas.

GA - Lo eran, lo que no son es becarios y pasantes, porque becarios y pasantes lo eran en función de un contrato que tenía un año de duración, y ese contrato venció hace nueve o diez años. ¿Entonces qué hubo? Hubo un consentimiento tácito, un acuerdo de voluntades que es un contrato entre las jerarquías de la administración para que estas personas trabajaran y se les pagara una retribución mensual, y ellos en seguir trabajando en esas condiciones. Porque no todo contrato tiene que ser solemne y escrito, todo acuerdo de voluntades, aunque sea verbal, es un contrato, eso es lo que dicen dos distinguidas profesoras de Derecho Administrativo, las profesoras Susana Lorenzo -que si no estoy equivocado es la jefa de la Jurídica del Ministerio de Transporte o una de las asesores principales- y María Sara Payssée, en un trabajo sobre las modificaciones de la ley de presupuesto al régimen jurídico de pasantes y becarios, una obra colectiva que se publicó hace poco que se llama "Aspectos administrativos en las leyes de urgencia y de presupuesto". En este trabajo ambas profesoras dicen así:

"Entendemos que en la situación de extensión ilegítima o antirreglamentaria de la relación contractual del becario o pasante con la administración éste pierde la calidad de tal para adquirir la calidad de trabajador en general y funcionario en particular. Finalizado el contrato de pasantía o de beca y continuada la vinculación del ex becario o ex pasante con la administración se produce una desnaturalización de la relación establecida, adquiriendo quien continúa desarrollando las actividades la calidad de funcionario público y por ende los derechos y obligaciones que como tal le corresponden. Dado que el legislador no arbitró en la ley presupuestal soluciones para los ex pasantes y becarios deberán arbitrarse en un futuro texto legal soluciones que permitan relevar el obstáculo de la limitación al ingreso a efectos de incorporar a la función pública a todos aquellos que encuadran dentro de tal concepto".

No lo inventamos nosotros; lo dicen dos profesoras de Derecho Administrativo que no son legisladoras, que no actúan en función política, sino que estudian y realizan trabajos académicos.

EC - El otro cuestionamiento que se ha hecho desde el Ministerio de Economía a la constitucionalidad del proyecto es que las iniciativas que significan un aumento de gastos para el Estado son privativas del Poder Ejecutivo.

GA - Sí, señor, no hay ninguna duda, pero ésta no determina ningún aumento de gasto porque les van a seguir pagando exactamente lo mismo, ni un vintén más.

EC - ¿Ningún aumento de gasto...?

GA - Ningún aumento, ni uno solo, no se les va a pagar nada más que lo que ya cobran desde hace años. Eso no lo dice el proyecto, por lo tanto no es fundada esa objeción.

EC - Por otro lado cuatro leyes, la 16.127 la primera, y la última la 17.756, prohíben contratar funcionarios hasta el año 2015.

GA - Ya están contratados desde hace no sé cuántos años, están trabajando allí. ¿En qué calidad están trabajando si no están contratados? Además eso es lo que genera el problema, me voy a despachar ahora contra esa absurda prohibición. Ese invento de que se van a resolver los problemas del país por no tener más funcionarios públicos, ¿a qué lleva? Los funcionarios lógicamente van envejeciendo, si yo hubiera entrado a la administración cuando tenía 20 años -la única vez en que fui funcionario público fue cuando fui senador y cuando fui vicepresidente de la República después- ahora sería un funcionario con 44 años de antigüedad, pero me querrían retener porque no habría cómo sustituirme, ni a mí ni a nadie. El promedio etario en el Banco de la República actualmente es de 48 años. Entonces los becarios y los pasantes han sido un arbitrio que la administración, los entes autónomos, los servicios descentralizados han utilizado para tener algunos funcionarios jóvenes, con preparación, con idoneidad para manejar las computadoras, los PC, para ser programadores, porque una persona que tiene mi edad o diez años menos no tiene la mentalidad necesaria para adaptarse a esas situaciones.

Tenemos un funcionariado público cada vez más envejecido por esa prohibición que, como toda cosa extrema, que reconozca un fundamento... Porque estoy de acuerdo en que no se puede seguir, como hace 30 o 40 años, ingresando cientos y miles de funcionarios todos los años a la administración, pero entre eso y el extremo de que no pueda ingresar nadie por 15 años estamos cayendo en el ridículo. Y ese ridículo, esa exageración que viene de ciertos ámbitos tecnocráticos de la administración, que son los que preparan las leyes presupuestales, es lo que ha llevado a esta situación tremendamente injusta de gente competente, capaz, joven, que no se quiere ir del país, que quiere trabajar para el Estado, a la que le dicen, aunque hace 10 años que está trabajando: "Usted no es un funcionario público, le puedo dar un tinguiñazo y echarlo cuando quiero".

No hay ninguna violación de la Constitución porque no se crea ningún cargo, no se aumentan los jornales de contrataciones, no se aumenta el gasto, lo único que se hace es adecuar el derecho a la realidad. La gente trabaja, cobra sueldos chicos, va a seguir trabajando, va a seguir cobrando sueldos chicos, pero por lo menos se le va a decir: "Ustedes no están en el limbo jurídico, les reconocemos lo que de hecho son: funcionarios contratados por la administración pública".

***

EC - Ayer entrevistábamos al economista Pedro Aramendía, secretario ejecutivo del Cepre quien, entre otras cosas, sostenía: "En algunos organismos se han implementado planes de retiro incentivado -que le han costado mucho dinero a la sociedad uruguaya, que en algunos casos incluso se financiaron con préstamos internacionales- y para muchos de esos puestos después se contrató a becarios y pasantes que ahora vamos a terminar convirtiendo en funcionarios públicos". ¿Para qué pagamos aquellos incentivos?

GA - Primera cosa, los incentivos se pagaron porque son una inversión, luego son un ahorro, por eso se dice: ahora disponemos de una cantidad de dinero, pero dentro de dos años ya la habremos compensado porque no pagamos más los sueldos. Así que ese argumento no es válido más que para el cortísimo plazo.

En segundo lugar, esas personas cobraban un sueldo, supongamos 20, y a los becarios se les paga 5 y les van a seguir pagando 5. ¿Para qué despedimos a esa gente e hicimos esa inversión? Para ahorrar en el gasto público, no para que no haya funcionarios que cumplan las funciones, porque generalmente aquellos a quienes se incentiva son los jerarcas, los funcionarios más expedientes, los que tienen sueldos más altos, que son los que se quiere ahorrar. Entonces no hay más alternativa, como las funciones se tienen que cumplir (porque si usted incentiva al gerente general del Banco de la República a que se retire y se retira), que tener otro gerente general, de eso no hay ninguna duda. Entonces suben una serie de funcionarios en el escalafón y para el último lugar, donde queda un vacío, se toma un becario. Además los becarios pueden cumplir ciertas funciones especializadas para las que los funcionarios de mayor edad no están capacitados porque se formaron en otra época de la vida del país y de la vida del mundo entero.

EC - El economista Aramendía destacaba que se ha invertido más de 100 millones de dólares en esos incentivos de retiro y ahora ve con preocupación que con este proyecto de ley al barrer aparentemente se incorporen a la plantilla miles de funcionarios que no necesariamente son imprescindibles.

GA - Perdóneme, seguimos en la ficción. Que se incorporan, no se incorporan: ya están todos en los organismos. Hace tres años también se quiso eliminar becarios o dejarlos en situación de echarlos en cualquier momento y entonces ministro de Educación y Cultura, Mercader, fue al Parlamento y dijo en la comisión: "Tengo 500 becarios que son de los mejores funcionarios del Ministerio y no se puede prescindir de uno solo de ellos". Que se hable con la gente que tiene experiencia.

EC - ¿Pero sabemos que todos son imprescindibles, ...

GA - No, no todos son...

EC - ...no es más lógico analizar caso por caso?

GA - Sí, pero hace diez años que estos señores están esperando que se analice caso por caso y nadie los analiza. El año que viene tendremos la ley de presupuesto, entonces en esa ley podemos establecer las discriminaciones que corresponda, se tendrá que hacer. Esa es la manera racional de tratar estos temas, no inventar que va a aumentar el gasto público, porque no va a aumentar nada, nada.

EC - Pero...

GA - Salga o no salga el proyecto, el señor ministro de Economía -a quien considero como economista, por la gestión que está cumpliendo, muy correcto como ministro, a quien aprecio y respeto en su carácter de tal, pero que no es jurista- va a seguir pagando los sueldos y firmando las planillas, que es lo que viene ocurriendo desde hace años.

EC - Claro, pero quizás si se hiciera un estudio cuidadoso de esos becarios y pasantes algunos podrían salir de las oficinas del Estado. Acá quedan todos incorporados automáticamente.

GA - Perfecto, quizás si se hiciera un estudio cuidadoso. ¿Pero qué ocurre? Que los burócratas que manejan estos temas, los tecnócratas o como se les quiera llamar, los especialistas, los académicos que hay en algunos lugares del Edificio Libertad, nunca se tomaron el trabajo de analizar con seriedad y espíritu de justicia este tema. Lo único que dicen es: no son funcionarios públicos, los podemos echar cuando queremos. Naturalmente, no los tienen a su servicio, porque si los tuvieran sabrían que para muchos organismos son imprescindibles.

EC - Por otro lado se desvirtúa por completo el instrumento de la beca y la pasantía, que se supone fueron creados para que alguien con cierta formación adquiera determinada experiencia laboral y después de un determinado plazo ceda el lugar a otra persona a los mismos efectos.

GA - Por supuesto que es así, claro que se desvirtúa, pero no por el proyecto: se desvirtuó hace años, cuando el plazo de la beca o la pasantía venció y los jerarcas de los organismos, en lugar de decir "Váyase para su casa", como se dieron cuenta de que eran buenos funcionarios, servían y tenían conocimientos, los dejaron. Esa es la realidad.

No hay ninguna duda de que se desvirtuó pero, como lo dicen las profesoras Lorenzo y Payssée en su estudio, al haberse desnaturalizado la relación jurídica de hecho hay un vínculo contractual que se ha venido renovando tácitamente todos los años.

EC - ¿Cómo ingresaron estos becarios y pasantes?

GA - Por un contrato de beca o por una pasantía que no sé en qué figura jurídica encaja.

EC - No, la pregunta era cómo fueron seleccionados.

GA - Creo que tenían que acreditar determinadas condiciones de estudio en la Universidad de la República y algunos ingresaban porque los proveía lo que hoy se llama el Consejo de Capacitación Técnico-Profesional, ex UTU.

EC - Ese detalle es importante, porque suponiendo que haya habido llamados a estos efectos, que creo que no los hubo en todos los casos, sino que más bien se funcionó en base a recomendaciones o formas de clientelismo, suponiendo que hubiera habido un llamado...

GA - No creo que con becarios y pasantes haya habido clientelismo. Vienen de los ámbitos de la enseñanza en general; pudo haber alguna excepción.

EC - Claro, pero imagine esta situación...

GA - Emiliano, Emiliano...

EC - ¿Puedo hacerle una pregunta?

GA - Le voy a pedir disculpas: son las 9.31 minutos; cuando me llamaron ayer de su programa avisé que a las 10 de la mañana tenía que estar en una consulta médica. Le pido disculpas porque además puse demasiado calor en la exposición...

EC - Sí, yo tenía algunas preguntas más para hacerle y la verdad es que no hubo demasiado tiempo.

GA - Le pido disculpas, pero no tengo otra alternativa porque no puedo faltar al médico.

EC - Déjeme consultarlo por este aspecto. Cuando estas personas ingresaron, supongamos que hubo un llamado, Fulano dijo: "Me voy a presentar porque es un llamado para becario o para pasante" y Perengano dijo: "No, como es para becario o pasante no, no me interesa, no me presento". Quizás Perengano, de haber sabido que después este hombre iba a quedar como funcionario, se hubiera presentado. ¿Entiende lo que estoy diciendo?

GA - Sí, entiendo perfectamente, pero estamos entrando en un terreno de cierto grado de suposición porque no sabemos bien cómo pasaron las cosas en cada organismo.

EC - Pero se está atentando contra la igualdad de oportunidades.

GA - Yo tengo la impresión -la impresión no es una certidumbre- de que los llamados se hicieron para personas que acreditaran ciertas credenciales curriculares y de estudio. Usted dice que de todas maneras ahora terminan siendo funcionarios permanentes de la administración en calidad de contratados. Muy bien, pero eso es culpa de quienes cuando terminó el plazo de la beca o la pasantía no la hicieron cesar; o del legislador, del poder político que pretende insistir con la ficción, y agravarla, de un país que tiene no sé cuántos ministerios, no sé cuántos entes autónomos, servicios descentralizados y dice que no puede tener más funcionarios. Con ese criterio llegará un día en que tendrá cero funcionarios, porque los viejos se van a ir jubilando, se morirán y como no se puede nombrar ni contratar a nadie se acabarán los funcionarios públicos. Todas las cosas llevadas al extremo conducen a estas situaciones absurdas.

EC - Sé que está en el límite de su tiempo, pero le hago dos preguntas que tienen que ver con esto para redondear. Los jerarcas que operaron violando las leyes vigentes, prolongando las pasantías o los períodos de los becarios más allá de lo que la ley prevé, ¿no tienen que recibir ningún tipo de sanción, hay que aceptar tan pacíficamente eso?

GA - Puede ser, pero lo cierto es que los que iniciaron esa práctica ya hace tiempo que no están, porque eso ocurrió en los años 1997, 1998, 1999, ya no son los mismos y los otros recibieron una situación heredada. Yo conozco al jefe de la Jurídica de OSE, que me dice: "Si me sacan los becarios cierro la oficina, porque son los mejores funcionarios que tengo".

EC - Y lo otro, muy relacionado con esto: el precedente que se sienta. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta que viene de un jerarca del Banco Central: "Ahora, al ingresar al Banco Central en régimen de contrato, ¿hay que suponer perfectamente posible que esa persona en un par de años termine siendo funcionaria pública?".

GA - Si es contratado es funcionario público. Yo le digo a ese señor del Banco Central, con todo respeto: si no es funcionario público, ¿qué es? ¿Trabaja y no es funcionario público ni trabajador privado? ¿Dónde se vio eso?

EC - Pero ingresa por un contrato acotado.

GA - Es un desconocimiento del derecho que tienen todos los trabajadores de acuerdo a los artículos 53 y 54 de la Constitución. Pretenden que trabajen, que vayan todos los días, les dan órdenes, les pagan sueldo y dicen: usted no puede ser funcionario público. Y ya lo es de hecho. ¿Qué hace en el Banco Central si va todos los días a trabajar?

EC - Pero ingresa con un contrato acotado por un determinado tiempo.

GA - ¿Es funcionario de la Coca-Cola, es funcionario de las Naciones Unidas, es funcionario del gobierno de Zimbabwe? No, es funcionario del gobierno de la República Oriental del Uruguay, en el Banco Central, aunque este señor, jerarca del Banco Central, diga que no es funcionario porque quiere desconocer la realidad.

EC - El problema es que el proyecto empezó hablando de becarios y pasantes y terminó extendiéndose a prácticamente cualquier tipo de contrato.

GA - Ese es otro problema, hay una casuística infernal y parece que querían poner esto, lo otro, entonces dijeron: "Esto no se puede hacer así". Además el proyecto dice que es susceptible de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, si no recuerdo mal.

Y ahora sí le pido que me deje ir porque voy a perder la consulta.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón