De convertirse en ley terminaría, de este modo, con 50 años de la famosa guerra de las patentes.

Se le realizaron dos modificaciones en Senado, la comisión de Constitución y Códigos de Diputados lo aprobó con 5 votos en 9 (solo con votos del oficialismo) y este martes la palabra la tiene toda la Cámara Baja.

El diputado del MPP, Aníbal Pereyra, dijo a El Espectador que lo que ocurra en el pleno de Diputados podría terminar lo que llamó "un disparate" y sería "el principio del fin" de la mencionada guerra.

"Este martes seria la sanción definitiva del proyecto para comenzar a eliminar ese disparate, que mas que guerra de patentes, ha generado desigualdades, acciones y reacciones y genera lo que todos vivimos en estos años. Las soluciones no son automáticas, la ley es un marco que esperemos que ayude, luego viene todo el proceso", agregó Pereyra.
 
Según los plazos constitucionales, hay tiempo hasta el 15 de diciembre para votar este proyecto tras los cambios en el Senado. Si este martes no se aprobara, va a la Asamblea General con un nuevo plazo, pero se estima que no será necesario.

Pereyra dijo que la encrucijada que ahora tiene la oposición es si apoyar al Congreso de Intendentes y el apoyo que el texto tuvo en cada uno de los jefes departamentales, o hacerle caso a algunos dirigentes de la oposición que están en contra de este proyecto de ley.

El proyecto viene de la cámara alta con dos modificaciones planteadas por la oposición: que el ingreso al Sucive es "voluntario" de parte de cada intendencia municipal, y la otra es la de los plazos de contralor de las comunas para el reempadronamiento.

A pedido del senador blanco Heber Da Rosa, se aplazará en un año el contralor para los reempadronamientos (la fecha inicial era para 2012). Esto tendrá que ser considerado ahora en Diputados.

Este lunes el gran impulsor de este proyecto, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, dijo tras el Consejo de Ministros que el mismo tiene la unanimidad de todos los intendentes del país y reivindicó el argumento de que sea considerado "de urgente consideración":

"Cuando enviamos el proyecto tras acordar con el congreso de intendentes, ya votado en Diputados, en el Senado con las modificaciones que traía, es la única ley que hemos mandado con formato de urgente consideración porque sino es imposible que se inicie el proceso en 2012. Si estos problemas los encontramos hoy, más cerca de las elecciones va a ser imposible lograr los acuerdos por eso insistimos con esta iniciativa. Se ha hecho un gran esfuerzo, los intendentes además han comprendido el momento histórico que se vive para lograr estos cambios", declaró Cánepa.

El prosecretario de Presidencia se lamentó de que algunos actores políticos pongan obstáculos y señalen una eventual inconstitucionalidad del texto. Dijo que, en definitiva, lo definirá la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pero el Ejecutivo no dará marcha atrás en este tema:

"Lo llamativo es que el diagnostico es común pero siempre aparece gre gre para no decir Gregorio. Esta todo garantizado en este proyecto y el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Hay muchos que dicen que están de acuerdo pero que es inconstitucional y yo digo esto: en este país cuando los argumentos escasean, solo se plantea la inconstitucionalidad y quien la define es la SCJ. Si alguien entiende que esta siendo agraviado se lo debe plantear en la SCJ. No podemos de dejar de hacer y avanzar con un acuerdo histórico", agregó el jerarca.

El prosecretario de Presidencia dijo que el Gobierno hará una gran inversión para llegar al dilatado fin de la guerra de las patentes:

"Hablemos claro, para lograr esto se pone mucho dinero por parte del Gobierno nacional; para lograr una transición en donde ninguna intendencia pierda de su recaudación para lograr un sistema más equitativo para todos los uruguayos. Estamos convencidos y los intendentes nos han también ratificado su apoyo al proyecto de ley que se irá a votar", concluyó el prosecretario.