(emitido a las 10.10 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
¿Cuánto incide en la inseguridad el hecho de que más gente se está armando? ¿Cuánto podría ayudar a combatir la delincuencia de menores que las penas para los padres de esos chicos fueran mayores?

Son dos temas que quedaron arriba de la mesa luego de que el martes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareciera en el Parlamento a partir de un pedido de la oposición para que explicara la cantidad de homicidios que se vienen dando desde comienzos de este año.

En esa oportunidad, Bonomi anunció que su cartera trabaja en dos proyectos concretos. Por un lado, el combate al uso ilegal de armas, teniendo en cuenta que los uruguayos se están armando cada vez más, y, por otra parte, una iniciativa que apunta a incrementar las penas a los padres de menores que cometen delitos.

Además hay otros temas, el funcionamiento del 911, este sistema que se anunció que se ponía en marcha el 6 de enero. Vamos a conversar a partir de este momento con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Para empezar nos detenemos en este factor, la tenencia ilegal de armas. Hoy en día la posesión de un arma sin el permiso correspondiente es considerada solo como una falta, no como un delito. ¿De qué situación parten ustedes para proponer este proyecto de ley? ¿Cuántos actos delictivos entienden que ocurren o se agravan por el porte ilegal de armas?

EDUARDO BONOMI:
Los homicidios que se han producido en enero por robo o intento de robo fueron tres o cuatro hechos que produjeron cinco o seis muertes. El resto fueron casos de violencia interpersonal por distintos motivos. Algunos de ellos no se habrían evitado con el proyecto de ley. Por ejemplo, los ajustes de cuentas, hubo siete ajustes de cuentas; eso se produce entre gente que está en la ilegalidad, en el delito, y la prohibición de tener armas no los va a cambiar. Pero otros incidentes entre vecinos, entre feriantes, entre parientes que sí pueden disminuir con una ley de este tipo.

JAE - ¿De qué manera? ¿De qué estamos hablando?

EB - Estamos hablando de dos cosas. Usted se centró en la tenencia del arma de forma no autorizada, que es una falta, pero el proyecto que elaboramos, que en este momento está en estudio en Presidencia de la República en la Jurídica, no abarca solo la tenencia, abarca también la venta, el tráfico, y considera eso delito. Hoy se va a la feria y se compra un arma, es muy fácil, y se evaden todos los requisitos que actualmente hay que cumplir para poder tener un arma; la compra en la feria y se terminó. Eso es lo que queremos evitar. Se entiende que hay gente que tiene razones para tener un arma; en ese caso tiene que cumplir con determinados requisitos que son estrictos y capaz que se hacen más estrictos. Quien tiene esa necesidad la justificará y podrá tener un arma. Pero no con la facilidad que hay. Además se considerará una falta tener un arma arriba, portarla, llevarla con uno, porque eso facilita que se cometa determinado tipo de delitos. No tenemos una estadística que diga "tantos delitos van a bajar"; pensamos que van a bajar, pero no sabemos exactamente en qué cantidad.

JAE - ¿Qué cantidad de armas se estima que tiene hoy la población?

EB - Cientos de miles.

JAE - ¿Y qué proporción de esas armas no tienen la habilitación legal correspondiente?

EB - La mayoría. Insisto, uno va a la feria y puede comprar un arma. Y no solo la puede comprar sin que sea delito, sino que la venta no implica una responsabilidad muy grande, y tendría que implicarla. Además, abarca el tráfico de armas de otro tipo, mayor, que también tiene que ser estudiado y sancionado.

Hace pocos años, antes de las elecciones, cuando sucedió lo de Feldman, quedó en evidencia que tiempo atrás se había requisado un arsenal de armas modernas, se apeló ante el juez y el juez hizo devolver esas armas. Se podía tener un arsenal en la casa. Y no un arsenal de armas viejas, porque Feldman tenía de todo, tenía armas muy modernas y armas muy viejas. Las modernas que tenía eran muy importantes en cantidad, pero en el arsenal anterior eran cerca de 100 armas en condiciones de uso y muy modernas, y el juez procedió a devolverlas atendiendo la ley.

JAE - ¿Qué le dice al oyente que señala que va a aumentar el mercado negro de armas si van a ser más caras?

EB - Habrá que ver, porque en el mercado negro si existe ley que lo impida, también existen formas de controlarlo más fuertemente que hoy. Pero no es un argumento, porque hay una cantidad de cosas que están prohibidas por ley y que se hacen de forma ilegal. Legalizar lo ilegal para que no se viole la ley es absolutamente inconducente, es contraproducente. En este caso corresponde controlar mucho más el uso de armas.

JAE - El proyecto que está en Presidencia ¿qué tipo de penas prevé para quien porte armas en forma ilegal?

EB - Depende de las características del porte, pero se puede establecer pre-pena de prisión, según las características. Hay una agravación, entonces en este momento eso está siendo considerado por Jurídica de Presidencia.

JAE - En una nota que se publicó en El País se citaba al comisionado parlamentario de Cárceles, Álvaro Garcé, quien afirmaba que "la penalización del porte de armas es la antesala de un desastre mayor. La mayor penalización supone una mayor presión en un sistema que está en crisis, y un sistema en crisis no logra resolver adecuadamente muchos aspectos de su gestión. Creo que en esta situación la mayor penalización sería contraproducente". ¿Qué opina respecto de este planteo de Garcé?

EB - Yo he hecho valoraciones distintas de las que hace el comisionado. Creo que hay que regular por qué se tienen armas, y eso existe, pero no se sanciona la violación de las condiciones para tener un arma. Y además facilita enormemente la venta ilegal. Y eso todavía es peor, creo que sancionar la venta ilegal es absolutamente claro y necesario.

JAE - Otros preguntan por qué no se prohíbe directamente la tenencia de armas, ya no con permiso, sino directamente no permitirla, prohibirla.

EB - Porque puede haber gente que por su profesión, por portar valores, por una serie de razones puede tener necesidad. Si tiene la necesidad tiene que justificarla y si existe esa justificación es inconveniente prohibirle tener un arma.

JAE - Daniel nos manda un mail desde Orlando que dice: "Aquí en Orlando la policía hizo una campaña en la cual te compraba el arma sin preguntarte nada. Si es tuya, dónde la conseguiste, bien, nada de preguntas. Resultado: redujeron la cantidad de armas entre los civiles. Sería buena idea hacerlo en Uruguay".

EB - Sí, conocemos esas iniciativas más cercanas, incluso se hace en Brasil y en Argentina. Se pone un valor determinado y se compra por ese valor, no se pregunta de dónde salió. Pero eso hay que estudiarlo, porque también puede tener inconvenientes. Sabemos que se hace, nosotros hemos intercambiado con los ministros correspondientes de Argentina y Brasil y ellos valoran como un éxito cada vez que aumenta la entrega de armas a la policía o al poder que se encargue de requisarlas. Sabemos que los que van a entregar las armas no son los delincuentes, eso es obvio, pero quita la presión para algún tipo de delitos de violencia interpersonal. Por otra parte, Argentina y Brasil manejan otro concepto, que hay un tipo de delincuentes que se proveen de armas robando las armas legales que tienen los ciudadanos. Obviamente no entran en esto los grandes criminales, el crimen organizado, que tienen otras fuentes de acceso a las armas, pero el pequeño delincuente muchas veces se provee de esta manera, entonces tratan de evitarlo y así lo justifican. Sin ir tan lejos como en Orlando, sino a Brasil y Argentina.

Pero nosotros estuvimos en mayo del año pasado en Orlando y vimos algunas cosas que hace la policía, estuvimos en la jefatura de policía de Orlando con el jefe de policía, y él ponía el acento más que nada en el combate a todo tipo de delitos en la participación ciudadana. Pero no en la participación ciudadana sustituyendo a la policía, las tareas de la policía, sino en otras cosas como estar más atentos siempre en intercambiar con la policía, integrar organismos ciudadanos que prevean los delitos. Conocimos eso que dice el oyente.

JAE - ¿Qué diferencia hay con lo que hoy se quiere aplicar aquí?

EB - Esto lo hemos recogido de distintos lados: en Brasil, en Argentina, en Israel, en España, en Estados Unidos se apela a la participación ciudadana. Es claro que cada uno lo hace según sus características particulares. Nosotros estamos tratando de desarrollar con mucha fuerza la Policía Comunitaria. El debate doctrinario que ha habido sobre la Policía Comunitaria es la doctrina anglosajona o la doctrina española, y creemos que tenemos una vieja experiencia, la del viejo guardia civil, que tiene que ser la base de lo que tenga que hacer la Policía Comunitaria. Esa Policía Comunitaria tiene que actuar muy cercana a la gente y si pudiera encontrar lugares de intercambio con la gente, como las Mesas Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es lo que estamos promoviendo, sería muy bueno.

JAE - Pregunta Bernardo, porque usted dijo recién que en las ferias se compran armas: "¿Qué se puede hacer cuando se encuentra a alguien vendiendo armas en una feria?".

EB - Con una legislación clara se puede considerar delito y se puede proceder de acuerdo con lo que establezca la ley.

JAE - ¿Qué quiere decir eso?

EB - Quiere decir que si se establece que vender armas es un delito y está penado, el que esté vendiendo armas tendrá que responder por lo que la ley indica.

JAE - ¿Cómo es hoy?

EB - Hoy es algo más que una falta, pero no es una cosa demasiado grave. Es algo por lo que la gente cree que vale la pena correr el riesgo de que la encuentren.

JAE - ¿La policía ha encontrado gente vendiendo armas? ¿Qué se ha hecho al respecto?

EB - No se ha encontrado en el momento de la venta, y no es un tema por el que se trabaje fuertemente, porque no tiene legislación clara. Entonces entendemos que tiene que tenerla y entonces trabajarlo.

JAE - Pasemos al otro tema. Usted decía que otro proyecto tiene que ver con la responsabilidad de la patria potestad del padre en el caso de los menores que cometen delitos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

EB - Antes de responder a eso, permítame decir que son tres los aspectos que manejamos: el de las armas, el de la patria potestad y el de las faltas. Hay una comisión que se creó por ley para estudiar el Código Civil, presidida por el doctor Milton Cairoli, que prevé eliminar las faltas. Y nosotros creemos que eso no debe suceder; en todo caso habrá que eliminar algunas faltas, dejar otras y generar unas nuevas. Ese es un tercer tema.

JAE - Concretamente en el caso de la patria potestad, ¿qué se busca?

EB - En la legislación ya hay elementos que permiten tener en cuenta la patria potestad, y no se refiere solo al caso de menores que reinciden permanentemente, sino también al caso de mayores que reinciden permanentemente, salen de la cárcel, vuelven a robar y entran a la cárcel, y mantienen la patria potestad sobre sus hijos. Y esos hijos, niños, se crían en un ambiente en el que su vínculo con el Estado es a través de la policía que entra a sus casas a buscar a su padre, viviendo situaciones de violencia. Es la forma en que más se reproduce el delito. Entonces, como existe la posibilidad de retirar la patria potestad en esas condiciones y que el Estado se haga cargo de la crianza de esos niños, ponemos el tema arriba de la mesa, con la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con jueces, con legisladores, para ver cómo se puede atender este problema y fortalecer el uso de la medida. No tenemos un proyecto, tenemos la inquietud y nos parece que debería atacarse el problema teniendo en cuenta lo que ya existe. Si los legisladores consideran que lo que ya existe es insuficiente, bien, que legislativamente se mejore lo que hay.

 JAE - ¿Usted presume que con lo que está vigente se podría cambiar la situación si se aplicara la norma tal como está?

EB - No lo asumimos exactamente, pensamos que algo se puede hacer y hay que hacerlo. Y si es insuficiente, asumimos que puede ser insuficiente, pero para eso hay que estudiarlo. Lo planteamos, sobre todo a quien corresponda –a nosotros también nos corresponde y lo vamos a hacer–, tomar el tema, ponerlo arriba de la mesa, discutirlo y llegar a las conclusiones a que haya que llegar. En este caso no presentamos un proyecto, pusimos un tema arriba de la mesa. Nos parece importante debatirlo y en este ámbito tan conmocionado en los últimos tiempos parece que sería conveniente que los que están preocupados por el tema vean también la forma de abordarlo a partir de estos instrumentos que existen y se pueden fortalecer.

JAE - Vayamos al punto: el artículo 279 del Código Penal afirma que "el que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría". No obstante, hoy no es común que la justicia procese a los padres. De hecho, una nota de El País recordaba que el último caso en que se procesó a los padres fue en Paysandú en el año 2009.

EB - Sí, estamos planteando sin llegar al procesamiento –porque muchas veces se trata de padres que están procesados–, sino que se pierda la patria potestad y el Estado se encargue de la crianza. Ese artículo tiene que ver, pero hay otros aspectos que se pueden tener en cuenta también. Eso es lo que ponemos arriba de la mesa, insisto, no presentamos un proyecto de ley, presentamos la discusión de un tema.

JAE - Hay gente que pregunta, y capaz que va a uno de los puntos que están manejando, por qué no se presiona a los padres de los menores quitándoles la asignación familiar.

EB - Es una posibilidad. Hace un tiempo –lo hemos manejado públicamente– teníamos el caso de un menor, que además era un discapacitado, al que se agarró robando. No estaba solo, sino en una banda de menores, y el juez se lo devolvió a sus padres. A los pocos días otra vez estaba robando en silla de ruedas y nuevamente fue agarrado, se lo devolvió a sus padres. Y al poco tiempo otra vez estaba robando, había cambiado la modalidad, llevaba las armas en la silla de ruedas que distribuía antes del robo y luego recogía. Se lo volvió a agarrar, y nosotros teníamos la convicción de que los padres no eran ajenos a esto. Cuando se lo devolvía al padre ya por segunda o tercera vez, quizás no habría correspondido devolverlo la primera y la segunda vez, y menos en una tercera. Pero si los propios padres impulsaban esto tienen que tener alguna responsabilidad y están claramente contenidos dentro de ese artículo que usted leyó.

JAE - En este punto no hay ideas por ahora, sino la intención de poner esto en el centro del debate. ¿Para qué?, para que se defina y se procese la discusión ¿cómo?

EB - Usando el instrumento que hay por quien corresponda, y si hay que mejorarlo, también por quien corresponda, que es el ámbito legislativo. Nosotros no tenemos proyecto ahora, pero desde que lo ponemos arriba de la mesa nosotros mismos vamos a estudiarlo y quizás terminemos en un proyecto o alguna sugerencia.

JAE - Mi pregunta apuntaba a ver si en este punto la intención del Gobierno es convocar por ejemplo también a la oposición para que opine sobre el tema.

EB - Se lo planteamos a la oposición, se lo planteamos a todos los legisladores, no lo planteamos solamente a la fuerza política que gobierna. Lo estamos planteando en el Poder Judicial, no hacemos una cuestión de color político con esto. Es un tema a debatir por todos, y si se lo debate en la prensa también viene muy bien.

JAE - Usted mencionaba como tercer aspecto que están planteando lo de las faltas, revisar el escenario actual en materia legislativa. ¿Hacia dónde apunta la idea del Gobierno en este punto?

EB - Falta es todo aquello que no es delito pero que tampoco se ubica dentro de la vida normal. Y para nosotros es el dique de contención entre la normalidad y la carrera delictiva.

JAE - ¿Por ejemplo?

EB - Hay infinidad de faltas, beber en la calle, orinar en la calle, faltar el respeto. Es todo aquello que violenta la normalidad de la vida cotidiana, y no tiene pena de prisión, tiene multa, trabajo comunitario, ese tipo de sanción. Pero si cuando uno comete una falta luego tiene que enfrentar una responsabilidad es un muro que se pone a cierto tipo de desbordes. El problema que ha habido con esto es que hace años eliminaron los tribunales de faltas, y quedó en los jueces penales la responsabilidad de atender las faltas.

Creo que con ustedes hablamos de este tema cuando comentamos los operativos de saturación, cuando existió la crítica de que había una cantidad importante de detenidos que luego no era acompañada por la misma cantidad de procesados. Yo explicaba que en los operativos de saturación se iba a buscar a gente de la que se tenía elementos, se tenía orden de allanamiento del juez y que eran contadas, ocho, 10, 12 personas. Pero cuando empezaba el operativo había gente que agredía a la policía, que trataba de impedir que se hiciera el operativo, que se entrara a la casa para la que se tenía orden de allanamiento, y eso es una falta, entonces se detenía a la gente, y en vez de detener a ocho, 10, se detenía a 30, 40. Cuando se le informaba al juez la cantidad de detenidos que había, el juez preguntaba por qué estaban detenidos, entonces estaban los ocho o 10 que se había ido a buscar y los otros por faltas. La orden del juez era: liberen a todos los demás. A todos los que estaban detenidos por faltas, por agresión, pedreas a la policía para impedir que se realizara el operativo había que soltarlos.

Nosotros le planteamos esto a la SCJ, que nos decía que el hecho de que no existieran tribunales de faltas no quería decir que no se pudieran juzgar, que los tenían que juzgar los jueces penales. Los jueces penales a su vez nos decían que estaban tan atareados con las tareas propias de la responsabilidad penal de establecer penas que no podían atender las faltas. Como decía, hay una comisión que está estudiando el Código Penal y plantea eliminar las faltas. Nosotros hablamos con la SCJ y nos pusimos de acuerdo en que eso no puede ser. Habrá faltas que se puedan eliminar porque son obsoletas, hay otras que hay que dejar y quizás haya que incorporar nuevas. Y, a la vez, si se mantienen esas faltas, tiene que haber instrumentos para que se las tenga en cuenta cuando alguien viola...

JAE - ...¿El planteo podría ser volver a los tribunales de falta?

EB - O a los tribunales de falta o dar más elementos para que se pueda juzgar. Ahí tampoco tenemos un proyecto, ahí lo que tenemos claro ya lo tenemos con la SCJ y lo hemos planteado en comisiones parlamentarias. El otro día nos señalaban que nosotros tenemos que hacer cumplir las faltas, entonces explicamos esto, cuando se detiene a alguien por una falta, llega a la comisaría, se le informa al juez y el juez pide que lo liberen. No es un tema nuestro el hacer cumplir las faltas. Todos somos conscientes del problema, quizás sea un problema de recursos, pero hay que buscar el tema. Nosotros tenemos bien claro, lo hemos dicho e insistimos: es el dique de contención entre la vida normal y la carrera delictiva. Si se eliminan las faltas se pasa sin transición de la normalidad al delito.

JAE - ¿Qué pasa con la idea de tipificar tentativa de homicidio por el suministro de pasta base?

EB - Ese es otro elemento, no hemos dicho que haya que considerarlo homicidio, sí hemos planteado que hay que considerar el suministro de pasta base como algo distinto del resto del suministro de drogas, que es mucho más grave, que la legislación tiene que establecer la diferencia y tiene que agravar la pena en ese caso. No sabemos si es considerado homicidio, intento de homicidio u otra cosa, pero tiene que ser mucho más grave. Porque además cuando uno suministra pasta base, la droga, el clorhidrato de cocaína, está acompañado de solventes químicos que muchas veces son más graves que la propia droga que se consume. Hay que prepararse para eso, porque cuando el Instituto Técnico Forense examina lo que se ha decomisado, informa clorhidrato de cocaína, no informa cuáles son los solventes, y cuando alguien es tratado, es tratado porque consumió clorhidrato de cocaína, pero no es por los otros productos químicos que consume y que quizás necesiten otro tipo de tratamiento.

JAE - Su idea es ir por ese lado, establecer algún delito por ahí. ¿Cómo se va a avanzar en esa dirección?

EB - Estamos en lo mismo que decíamos con respecto a la patria potestad: por un lado debatir el tema, por otro lado vamos a estudiarlo y a hacer una propuesta.

JAE - Ayer durante la Tertulia cuando hablábamos de su comparecencia en el Parlamento, el exsenador Isaac Alfie decía lo siguiente:

(Audio Isaac Alfie.)

"IA - Desde mi punto de vista, acá lo que está pasando es algo bastante más grave y que se está incubando. Lo que se está incubando es que la sociedad ya está dispuesta a aceptar, y cada vez más está dispuesta a aceptar, medidas de represión que no son las razonables. Porque todo termina en que esto se exacerba y cuando se vaya a combatir, porque en algún momento se combate...

JAE - ¿En qué estás pensando, en qué tipo de medidas?

IA - Excesos. La policía va a terminar en excesos, necesariamente. Esto termina en que la policía necesariamente termina en excesos aceptados de buen grado por la población. Porque hay que escuchar lo que dice la gente para saber que eso va a terminar así, porque en todos lados del mundo terminó así, aceptando excesos".

(Fin.)

EB - Creo que tiene razón el senador Alfie en el sentido de que la situación empuja a eso, pero no tiene que terminar en exceso, tiene que terminar en el desarrollo de políticas que permitan evitarlo sin los excesos. Nos preocupa mucho todo esto porque se da en el momento en que está en marcha una profundísima reestructura de la policía que tiene que llevar a fortalecer los mecanismos de prevención policial. En la comparecencia del otro día hablábamos de dos tipos de prevención, la prevención social del delito y la prevención policial del delito. La prevención social no le corresponde al Ministerio del Interior, le corresponde al conjunto del Gobierno, es necesaria, pero tiene efectos 15 años después. La prevención policial es la que le corresponde al Ministerio del Interior, y la reestructura que se está haciendo es fortalecer el papel de las comisarías en el aspecto preventivo, que tengan un papel de información, de orden público, de atención al público, de Policía Comunitaria. Es decir, se potencia lo del viejo guardia civil que está con la gente.

Esto genera problemas en la propia policía, porque está acostumbrada a 60 años de funcionamiento y pone trabas a esto. Esas trabas se ven, se han roto vehículos que no tenían por qué romperse, luego se expresa "no tenemos vehículos", eso exacerba a la gente, la gente presiona y sucede lo que dice el senador Alfie en potencia. Hay que evitarlo. Nos preocupa porque todo esto también es una forma que lleva a evitar la reestructura, y si no hay reestructura, entonces sí en cualquier momento vamos a caer en situaciones muy complicadas.

JAE - ¿Usted dice que hay palos en la rueda de la reestructura? Usted planteó el otro día que una minoría de la policía está estropeando el esfuerzo colectivo, por ejemplo habló de la rotura de vehículos, de relojes biométricos que rigen el ingreso y la salida de los funcionarios porque no quieren ser controlados. ¿Efectivamente hay palos en la rueda, hay un grupo que presiona para que esto no se lleve adelante?

EB - Cuando asumí, el 2 de marzo de 2010, en el discurso en la Escuela de Policía dije que íbamos a llevar adelante un proceso muy profundo y que ese proceso iba a despertar resistencias y que las resistencias iban a terminar en procesar hechos que llevaran a la renuncia del ministro, y que nosotros no íbamos a renunciar, pero sí íbamos a trabajar en función de ese proceso. Ahora empezaron a aparecer esas cosas, el año pasado rompieron relojes biométricos y hubo duras sanciones; ahora han roto vehículos. ¿Qué es lo que molesta de la reestructura? En este caso molesta algo, nosotros el otro día explicamos a fondo, molestó a algunos legisladores de la oposición la tecnología que estamos incorporando. Esa tecnología y el sistema tetra de comunicaciones, tiene un sistema de georreferenciación. Hoy el que está al frente del comando unificado y todos los que están por debajo de él conocen la ubicación de cada vehículo de la policía. Y muchas veces había excesos cuando se cargaba combustible, y además los patrulleros no estaban donde tenían estar. Eso ahora se puede controlar, pero hay gente que no quiere que se controle, entonces lleva a esto, a que rompan vehículos, y todavía después le dicen a los vecinos "no podemos intervenir porque no tenemos vehículos", haciendo enojar a los vecinos para que reaccionen.

JAE - ¿Cuántos vehículos fueron rotos en este episodio que usted menciona?

EB - Entre 16 y 30. No solo los nuevos, a todos los que se les incorporó el sistema de georreferenciación. Los rotos son los que tienen sistema de georreferenciación.

JAE - Cuando habla de 16 a 30, ¿son patrulleros de Montevideo?

EB - En Montevideo.

JAE - ¿Cuál es la proporción con relación a la totalidad de los vehículos que tienen este sistema?

EB - Incorporamos 90 patrulleros a los 60 que había, son 150. No es una rotura que los saque definitivamente de circulación, hay que repararlos y se van a reparar, están en reparación. Además hemos ido a un acuerdo con el Centro de Talleristas, el Caima, que era el organismo interno que reparaba los vehículos, que lo hemos disminuido mucho y lo hemos dejado para urgencias. Pero tenemos un acuerdo con el Centro de Talleristas para reparar rápidamente las roturas, y creemos que se van a reparar mucho más rápido que antes. Esto también es una modificación, ir a un acuerdo con el sector privado para la reparación. A muchos no les gusta. Estamos haciendo muchas cosas que no gustan y que llevan a la resistencia. Por eso nos preocupa lo que está pasando.

JAE - Usted recordaba lo que decía en su asunción: "Voy a tomar medidas que en algún momento van a implicar que me pidan la renuncia". ¿Eso ya ha ocurrido?

EB - Internamente no, pero externamente sí, el otro día el senador Solari lo planteó.

JAE - Políticamente está claro que el Partido Colorado, sobre todo, está pidiendo su renuncia. Mi pregunta es si internamente, si la resistencia de algún sector de la policía lo está llevando a eso, a que renuncie a su cargo.

EB - No, a mí no me lo piden, pero generan situaciones. El equipo del ministerio, los mandos, los que fuimos a la convocatoria y varios mandos más están comprometidos con la reestructura, tienen claro que estamos ante una estructura que tiene 70 años. Es de la década de los 40 la estructura que tiene la policía, fue pensada para otra sociedad, otras condiciones, otro parque automotor, otra cantidad de población en Montevideo. No tiene nada que ver. Entonces no puede dar cuenta de lo que está pasando, o se reestructura o no puede dar cuenta de lo que está pasando. Pero hay gente que está cómoda con lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. Esto es humano, pasa en todos los órdenes de la vida, pasa en los trabajos, cuando un trabajo se reestructura hay gente que está a favor y gente que está en contra porque la incomoda lo que se viene, y además hay gente que se beneficiaba con lo que hacía en la vieja estructura.

JAE - Pero mientras esto ocurre, mientras esta pelea, esta pugna se da, hay 16 o 30 vehículos que por un tiempo no circulan como deberían y de repente se comete algún delito porque no se previene como corresponde.

EB - Sí, pero no va a ser así permanentemente, porque vamos a tomar medidas con las roturas de vehículos. No creo que se siga repitiendo, pasó, no sé cuánto va a pasar.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

Contenidos relacionados

Bonomi propuso "síntesis" entre el "modelo represivo" y el basado en políticas económicas y sociales

Ministerio del Interior comenzará a aplicar paquete de medidas de modernización tecnológica en enero de 2012

Jefe de Policía de Montevideo: la nueva estrategia tiene como objetivo "acercar la policía a la gente"