(emitido a las 7.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En el Partido Nacional (PN) preparan un llamado de la Junta Nacional de Drogas a la Comisión de Adicciones del Parlamento para consultar sobre las políticas que se están llevando adelante a efectos de combatir la pasta base y el alcohol. Se pretende conocer, además, cuáles serán las prioridades de la Junta para este año 2012.

La diputada de Unidad Nacional Verónica Alonso y el diputado Gerardo Amarilla, ambos integrantes de la Comisión de Adicciones, propondrán que esa convocatoria a las autoridades de la Junta Nacional de Drogas sea el hecho que inicie las reuniones de la Comisión correspondientes a este año.

Estamos con la diputada Verónica Alonso.

¿Por qué el llamado se produce en este momento, qué elementos se han acumulado para propiciar esta medida?

VERÓNICA ALONSO:
En primer lugar, se inicia un nuevo año en la legislatura. La Comisión de Adicciones trabajó durante todo el año pasado elaborando informes desde los distintos partidos políticos y realmente no hemos tenido esa conexión entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que me parece más que necesaria. El trabajo del año pasado fue un trabajo bien interesante de la Comisión de Adicciones de la cámara, a donde vinieron los principales actores involucrados en el tema adicciones, especialmente en el tema pasta base y el tema alcohol.

Estas propuestas se presentaron hace un año. Desde el PN presentamos propuestas concretas, propuestas viables, posibles. Ha pasado el tiempo y no hemos tenido referencia de cuales serán las prioridades de este año.

EC - Pero ustedes han agregado además algo que me llamó la atención. En el comunicado de prensa enviado por el Partido Nacional hay una frase suya que dice: "sinceramente lo que siento es que el Gobierno tiende a normalizar y banalizar el consumo de drogas y sus consecuencias. Y la consigna parece ser que aquello que no tenemos fuerza para cambiar lo empezamos a legalizar". Estos son datos relativamente nuevos. ¿A qué alude con esta afirmación?

VA – Esa es una preocupación que yo tengo especialmente a partir de declaraciones del secretario de la Junta, Julio Calzada, quien hace pocas semanas planteó que, frente al fracaso de las políticas prohibicionistas del consumo de drogas en el mundo, desde la Junta están dispuestos a analizar la regulación e incluso la legalización, refiriéndose especialmente a la cocaína. Y eso me preocupa enormemente.

EC – No habló de una medida que se vaya a tomar en Uruguay, habló de debatir esto a nivel internacional.

VA – Además de los debates mundiales que él planteó, proyectó también una postura desde lo nacional. Calzada está frente a la Junta Nacional de Drogas, y por lo tanto su postura no es muy contraria al planteo que hizo acerca de la regularización y legislación, más allá de que esto sea un debate mundial. Se habla de "volver a debatir", y a mí el tema de volver sobre el debate de un tema que ya lleva unas cuantas décadas siendo hablado me hace acodar a ese chiste de los bomberos que discuten sobre las causas de los incendios forestales mientras arden los bosques alrededor. Esto me suena parecido, en el sentido de que quizá se enfrasquen en una discusión sobre el consumo de cocaína, incluso a nivel mundial, mientras que en el país el consumo de pasta base y el consumo problemático de alcohol son problemas realmente alarmantes, sobre todo entre los jóvenes.

EC – Pero usted dice que además se banaliza o se tiende a banalizar el consumo de drogas y sus consecuencias, ¿por qué tiene esa impresión?

VA – Tengo esa impresión porque desde la Junta Nacional de Drogas se plantea que el consumo de cocaína en el país no es tan alto, mientras que el informe de Naciones Unidas informa que somos los terceros en la región después de Chile y Argentina. Además, cuando se dice – y lo ha dicho el sociólogo Calzada hace pocas horas en un informe de El País del día de ayer – que en nuestro país son apenas 7.000 los consumidores de pasta base y que ese no es el principal problema que tenemos creo que no estamos analizando la dimensión real que tiene ese problema. Lo estamos empezando a normalizar y a banalizar. Por supuesto, yo creo que no hay que alarmar, pero uno tiene que tener la suficiente responsabilidad para hablar de esto con seriedad y con compromiso, y no dejarlo como si fuera algo menor.

EC - En ese mismo informe del diario El País el número de 7.000 ya aparece rebatido. Por ejemplo, el padre Gustavo Larrique, director del Centro de Rehabilitación Proyecto Renacer, dice que "en este país esa cifra no se la cree nadie, hasta que los uruguayos no salgamos de la mentira no vamos a superar esto". También se cita a Pablo Stratta, secretario de Madres de la Plaza, que dice "7.000 adictos se encuentran sólo en Ciudad Vieja y barrio Sur".

VA – Emiliano, yo quisiera preguntarle a quienes están escuchando si realmente creen que son 7.000 los consumidores de pasta base. El problema de la pasta base es, junto con la inseguridad, los dos problemas que más preocupan a la gente. Y con razón, porque hay una relación directa entre droga-delito y porque además lo vemos permanentemente en la calle. En el año 2006 según un informe del Observatorio Nacional de Drogas habían 26.700 consumidores de pasta base en el país. En el 2001 eran tres veces menos los consumidores. Yo les preguntaría: desde 2006 al 2012, ¿creen que bajó a 7.000? El informe de la Junta Nacional de Drogas que afirma que serían 7.000 los consumidores parece realmente subestimar a la gente.

Pero además aún si fueran 7.000 deberían estar preocupadísimos y sobre todo ocupadísimos en analizar cómo contrarrestan el problema de la pasta base, porque esto genera no solamente un daño para la persona consumidora, sino también efectos nocivos para la sociedad en general, por los grados de violencia que genera el consumo.

EC – ¿Usted tiene una visión crítica de lo que se está haciendo con respecto a los adictos a pasta base? ¿En qué sentido?

VA – Yo tengo una visión crítica porque creo que no se está atacando realmente. La  consigna de la Junta Nacional de Drogas se enfoca especialmente en la reducción de daños, y en un segundo plano atacar sobre todo a la oferta, en particular en lo que tiene que ver con el gran narcotráfico y el lavado de activos. Pero no se han puesto las mismas energías en reducir la demanda, en primer lugar, y en rehabilitar, en segundo. No se apuesta a tener una política activa en esas cuestiones. Todas las instituciones que funcionan desde la órbita pública han dejado mucho que desear. La rehabilitación son apenas quince días y ese muchacho entra nuevamente al ámbito en el que estaba quince días antes. O sea, no hay políticas efectivas en este caso y para darse cuenta de ello basta ver el día a día y la realidad.

EC – Para terminar y en síntesis, ¿qué tipo de políticas entienden ustedes que habría que implementar a la luz de la discusión que se ha dado en esa Comisión de la que usted hablaba?

VA – En primer lugar que además de la reducción de daños se aplique la reducción de la demanda. Es decir, que además de atacar la oferta también se ataque la demanda, que creo que eso es un debe que tiene la Junta Nacional de Drogas. Pero además creo que es importante que se trabaje mucho más coordinadamente con las organizaciones de la sociedad civil, que hace mucho tiempo que vienen trabajando y conocen del tema. No hay un relacionamiento fluido en ese caso.

Las comunidades terapéuticas, por ejemplo, se deberían aplicar como dispositivo de primera consulta, debido  que hoy, como todos sabemos, la demanda supera altamente la oferta existente. Esto estaba establecido en el Sistema Nacional Integrado de Salud y sin embargo no se está cumpliendo. Fredy Da Silva, jefe de Salud Mental de La Española, decía ayer en este informe de El País que tú mencionabas que esto funciona muy bien en España y en Inglaterra, donde el Estado le da a quienes conocen además tercerizando esos servicios. Eso hoy no existe, estas organizaciones, si bien vienen haciendo muy bien su trabajo, sufren de una falta de presupuesto.

Y por supuesto, tiene que trabajarse mucho más en la relación interinstitucional de la que tanto se habla pero que poco se hace entre el Mides, el INAU, el Ministerio de Salud Pública y todos los organismos que están involucrados en esto. Ahora parece que cada uno hace su tarea por separado, divorciado del otro.

Yo lo que planteo es que tendríamos que estar mucho más preocupados y alarmados con lo que ocasiona el consumo de pasta base. Sobre todo lo que le vamos a exigir al Gobierno cuando venga a la Comisión es que establezca plazos, planes concretos, que establezca cuáles son las prioridades, pero sobre todo que aplique políticas sensatas en un tema que preocupa a todos.

EC - ¿Ya se sabe cuándo será esta sesión?

VA – Nosotros planteamos que se inicien cuanto antes las sesiones de la Comisión, esperemos que sea esta semana. Tenemos que esperar la respuesta de los demás compañeros.

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