La gestión de Montano se llevó a cabo en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Dijo que el expresidente Álvarez, de 86 años, que cumple una condena de 25 años de cárcel por 37 homicidios, es objeto de una "detención ilegal y arbitraria" con un "claro espíritu de venganza".

El pedido de libertad fue presentado ante Claudia Gerez, oficial de Derechos Humanos en Uruguay.

En su escrito, el abogado afirma que la condena a 25 años equivale en su caso a cadena perpetua, por lo que aboga por su prisión domiciliaria.

Lo hace en el entendido de "una exigencia humanitaria".

Sostuvo que la prisión de Álvarez reviste, además de ser ilegal, la calidad de arbitraria y con sentido de venganza de quienes hoy integran los poderes del estado.

Álvarez fue procesado el 17 de diciembre de 2007 y condenado por el juez Luis Charles por "homicidio especialmente agravado de 37 personas en calidad de coautor".