BID financiará la gestión de seguridad ciudadana
Son cinco millones de dólares los que el organismo destinará mediante este programa que ejecutará el Ministerio del Interior.
El financiamiento servirá para a desarrollar un modelo policial orientado a la solución de problemas y crear una red de prevención orientada a la juventud. Su ejecución comenzará en abril.
En el documento difundido por el BID se destaca que los objetivos del programa son abatir la cantidad de delitos y mejorar la sensación de seguridad ciudadana en Montevideo.
Las tareas de los ejecutores del programa estarán centradas en las herramientas de prevención y esclarecimiento de delitos en tres seccionales de Montevideo (la comisaría 16º, 17º y 19º, e incluye la nueva comisaría-escuela).
También contribuirá al incremento de la reinserción social de menores de edad con altos factores de riesgo asociados a conductas violentas en las áreas seleccionadas.
Para eso, el BID apoyará el diseño y aplicación de un código de ética para el personal policial, la puesta en marcha de comisarías modelo con fuerte apoyo tecnológico, y el desarrollo de un modelo de proximidad y de investigación del delito de base local.
En la zona seleccionada, se identificaron "altos niveles de vulnerabilidad social" en adolescentes y niños.
El informe consigna que en esa zona se producen el 25% de los crímenes y actos más violentos.
El documento del BID reconoce los esfuerzos del ministerio, como impulsar el acuerdo multipartidario en materia de seguridad, un nuevo marco jurídico para el Instituto del Niño y del Adolescente, la mejora presupuestaria y tecnológica de la Policía, y su reorganización administrativa, el fortalecimiento de las Mesas Locales de Convivencia, la reforma penitenciaria.
Finalmente, la presentación del proyecto, disponible en el sitio web del BID en Uruguay, señala su preocupación por la concentración etaria de las víctimas y victimarios de delitos, especialmente rapiñas, que son cometidos por personas cada vez más jóvenes.
En 2007, el 10% de los homicidios cometidos en el país habían sido perpetrados por menores de edad; en 2010, esa cifra aumentó al 26%, dice el documento.