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Imputabilidad: ya con las firmas emplazan al Gobierno

Imputabilidad: ya con las firmas emplazan al Gobierno

Los propulsores de la campaña para bajar la edad de imputabilidad instaron al Gobierno a reconocer el peso de las 350.000 firmas a favor de la iniciativa y lo desafiaron a aprobar en el Parlamento las propuestas sin esperar a un plebiscito.


La Comisión Nacional por la Seguridad llevó a cabo el tercer y ultimo "firmazo" nacional con el objetivo de convocar a una consulta popular para reformar la Constitución y rebajar la edad de imputabilidad a 16 años.

Además se propone la creación de un instituto de rehabilitación para menores infractores y el agravamiento de las penas para los adultos que utilicen menores para cometer delitos.

Según dijo a El Espectador uno de los coordinadores de la comisión, el diputado herrerista Gustavo Borsari,  la jornada de este sábado fue "tremendamente exitosa y la gente se acercó a firmar como el primer día":

"Eso redundo en un balance total que hicimos anoche con toda la Comision porque ya se puede decir que se ha superado las 350.000 firmas dado que en el anterior firmazo superamos las 250.000 que era el límite de la constitución. Con este paso dimos un aporte fundamental porque superamos las 100.000 voluntades y podemos anunciar que va a haber plebiscito".

La campaña comenzó en marzo de 2011 y encuestas realizadas desde esa fecha indicaron que el 70% de la población está de acuerdo con la propuesta.

Si bien está previsto que la misma se plebiscitada junto a las Elecciones de 2014, Borsari dijo que depende del gobierno reconocer la voluntad expresada por las firmas y aprobar las propuestas en el Parlamento.

"Nosotros lo que mantenemos es que si se quiere evitar la consulta popular es que los proyectos de ley los presentamos en el Parlamento, si se votan por la mayoría, que es lo que se ha impedido hasta ahora, con mucho gusto lo hacemos y no habrá plebiscito pero hasta ahora el Gobierno nos ha dicho que no".

La comisión, integrada por Vamos Uruguay, Unidad Nacional, comerciantes y familiares de víctimas de la violencia entregarán las papeletas a mediados de abril ante la Asamblea General, para que sean derivadas a la Corte Electoral.