(emitido a las 9.23 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La comisión para vivir en paz "Yo firmo" anunció ayer que alcanzó al menos 350.000 firmas (100.000 más de las necesarias) a fin de convocar a un plebiscito constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.

Esta reforma, que impulsan Vamos Uruguay (VU) en el Partido Colorado (PC) y Unidad Nacional (UN) en el Partido Nacional (PN), procura bajar la edad de imputabilidad penal de los adolescentes para los delitos más graves, mantener los antecedentes de los menores cuando llegan a los 18 años de edad y crear un instituto de rehabilitación por fuera del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El senador Luis Alberto Lacalle dijo, hablando con el diario El País, que "las 350.000 firmas son un golpe fuerte a la opinión pública. Muestran que la gente quiere que el sistema político trate el tema de la seguridad pública".

Por su lado, el senador Pedro Bordaberry indicó que "el Poder Ejecutivo y las mayorías que hay en el Parlamento tienen que ser sensibles a 350.000 voluntades y dictar las leyes" que están proponiendo. "Vamos a insistir que voten las leyes que estamos planteando y no que la gente se las imponga con sus votos en las urnas", agregó.

En línea está el diputado Gustavo Borsari, de UN.

¿La novedad, entonces, es que ya terminó el trabajo de esta comisión de recolección de firmas?

GUSTAVO BORSARI:
Prácticamente, aunque todavía se están recibiendo firmas de todo el país, porque la buena noticia es que va a haber plebiscito. El titular que dimos nosotros el sábado es que va a haber plebiscito en virtud de que hemos recabado, según todos los datos que tenemos de todos los puntos del país y de Montevideo, las 350.000 firmas, que como usted bien dijo son 100.000 más que las que exige la Constitución para convocar a plebiscito.

EC – En teoría, dentro de unos días ustedes deben recolectar todos esos paquetes de firmas y presentarlas a la Corte Electoral.

GB – Exacto.

EC – Viene el proceso de verificación.

GB – Presentarlas primero al vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General; eso indica el artículo 331 de la Constitución, que es el que recibe las firmas. Inmediatamente –siempre se ha hecho así–, el vicepresidente de la República actuante las remite por una resolución administrativa a la Corte Electoral a los efectos de que esta realice la verificación de las firmas. Así que la Corte, según contactos que hemos tenido, ya tiene todo preparado para hacerlo. Están formando 17 equipos dentro del organismo y pensamos que en tres o cuatro meses van a poder tener el veredicto que nosotros sabemos que va a ser positivo.

EC – El plebiscito se realizaría simultáneamente con las próximas elecciones nacionales, en el 2014.

GB – Sí, pero no por nuestra voluntad. Eso es lo que indica la Constitución de la República, y es el único camino que hemos podido recorrer al no querer tratar el Frente Amplio (FA) las leyes que contienen este proyecto de reforma constitucional. Obviamente, sabemos que sería mejor hacerlo por ley, pero no le han dejado al pueblo uruguayo, a la gente y a los legisladores de la oposición otro camino que este.

EC – En el fin de semana, tanto dirigentes del PN como del PC han hablado de que el Poder Ejecutivo y el oficialismo en el Parlamento deberían ser sensibles a estas 350.000 voluntades y avanzar con las leyes que se están promoviendo con la reforma constitucional. Mi pregunta es, ahora que el volumen de firmas llegó a ese número: ¿ustedes han entablado algún tipo de contacto para ver si cabe la posibilidad de que esas leyes salgan?

GB – Todavía no. Sí en los anteriores momentos en que ya habíamos superado las 250.000 firmas.

Es por eso que yo interpreto que Lacalle dijo –porque creo que hay un error del diario– que "es un gran golpe de la opinión pública" y no "es un gran golpe a la opinión pública". Es un golpe que da la opinión pública hacia el sistema político y hacia el Poder Ejecutivo. Y lo que dice Bordaberry respecto de que fueron proyectos de ley que no han querido ser tratados por el FA.

En aquella oportunidad se nos contestó que el FA, por parte del diputado Rico, y lo digo con toda claridad porque fue él que lo negó, no estaba dispuesto a dar los votos para consagrar ese tipo de leyes.

Lo que podemos decir públicamente es que podemos evitar el plebiscito mañana, la semana que viene, votando estos proyectos de ley que la gente va a ratificar, porque todos sabemos por todas las encuestas que hay en nuestro país que el 70, 75% de la población está de acuerdo con esto. Es una picardía que tengamos que esperar hasta 2014.

EC – Uno de los puntos previstos en la reforma, que de hecho ya es ley, es ley la creación del instituto de rehabilitación, aparte de la actividad del INAU con los niños que acoge y que deja bajo la tutela del Estado. Eso ya está en marcha.

GB – Dos cosas respecto a eso. Primero: sí es ley, sí tiene su presupuesto, el Gobierno tiene el dinero para hacerlo.

Segundo: no está en marcha. Esto lo votamos hace un año en el presupuesto. El dinero está. Lamentablemente, la no gestión del Gobierno en muchas partes del Estado hace que no se haya puesto un solo ladrillo para la construcción de este instituto que es clave, porque tanto la rebaja en la imputabilidad como la creación del instituto van de la mano, porque hay una situación que se ha dicho y no es verdad. El que lo diga en la radio está mintiendo. Nosotros proponemos que el muchacho que cometió un delito grave –homicidio, violación, secuestro, rapiña- no vaya a la cárcel, sino a este instituto. Por lo tanto, el Gobierno ha estado omiso en esto.

Tercero: nosotros pretendemos en este proyecto que el instituto de rehabilitación del menor infractor vaya fuera del INAU. El Gobierno votó la ley y nosotros acompañamos, salvo por ese inciso de que quede dentro del INAU, que creo que es un gravísimo error porque va a continuar con los errores que el INAU tiene en este aspecto.

EC – Por otro lado, en cuanto al mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores cuando llegan a los 18 años, se ha votado algo que va en esa dirección pero no es estrictamente lo que ustedes reclaman.

GB – Exactamente. Se ha votado un saludo a la bandera. Se ha votado que se conserven los antecedentes hasta dos años después de que cumpla los 18 años. Ese es un reverendo saludo a la bandera, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es lo que proponemos nosotros, que es que queden los antecedentes. Vamos a poner un ejemplo: un menor comete un homicidio y ese antecedente le va a quedar solo por dos años. Quizá ese menor no cometa nunca más un delito, y ojalá, pero puede cometer 10, 15, 20 delitos, y son 20 antecedentes. Si yo soy juez, tengo que saber con quién estoy tratando. Si es con uno que cometió un solo delito o uno que cometió 20 delitos. Esa es la razón por la cual estamos abogando, porque los antecedentes queden como a los mayores de edad. Si la persona no comete más un delito, eso ya no tiene mayor relevancia en su vida.

EC – Por último, el primer punto, y que de algún modo ha identificado esta campaña de recolección de firmas, la rebaja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años para determinados graves, no ha tenido ninguna aproximación por la vía legal hasta ahora.

GB – No, ese no lo hemos podido tratar, hace dos períodos legislativos que lo hemos presentado.

Si usted lee el texto, que es una rebaja de la imputabilidad selectiva o relativa, no es una rebaja en blanco y negro, porque se le da al juez la potestad de disponer si la persona que cometió el ilícito es capaz o actuó con discernimiento y voluntad, que son los componentes que definen a la culpa. Una vez que el juez pudo establecer si actuó con discernimiento y con voluntad de matar, por ejemplo, ahí lo hace imputable. Si el juez encuentra que hay motivos para no declararlo imputable, así lo hace. Creo que es importante que la gente conozca esos elementos.

El 16 o 17 de abril estamos entregando las firmas.

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