(emitido a las 8.41 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Son muy conocidas las diferencias que existen entre el líder de Alianza Nacional (AN), Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, y los dirigentes del sector de Unidad Nacional (UNA) sobre el tipo de oposición que debe hacerse y el grado de colaboración que puede tenerse con el Gobierno del presidente José Mujica.

Larrañaga ha elegido un camino que denomina de "oposición responsable", en lugar de una oposición crítica y cuestionadora. Ese estilo lo ha llevado a desmarcarse de algunas iniciativas que han surgido dentro de su propio partido en coordinación con figuras del Partido Colorado (PC).

Y, por lo visto, mal no le ha ido en la opinión pública con esa actitud. Según una encuesta realizada por Factum y conocida en estos días, entre los precandidatos presidenciales del PN, Larrañaga es quien recoge las mayores preferencias, tanto entre los simpatizantes nacionalistas como entre los colorados y también los frenteamplistas.

De estos temas, pero además de algunas propuestas que hizo públicas en las últimas semanas, vamos a conversar con el senador Jorge Larrañaga.

El estudio de Factum analiza la preferencia de la opinión pública con relación a las cinco figuras que compiten con mayor certeza por la candidatura única del PN a la Presidencia de la República. Esta encuesta fue difundida por AN este domingo. ¿Había sido contratada por AN?

JORGE LARRAÑAGA:
Sí, efectivamente, fue contratada. También le quiero expresar que no voy a hacer comentarios sobre ninguna encuesta, me lo he fijado como propósito y pienso cumplirlo. Esta es la contestación que le quiero dar.

EC - Yo quería recordar algunos de los números. Dos o tres precisiones. Factum aclara que es un estudio de preferencia y no de intención de voto, lo cual hace que lo uno y lo otro puedan tener alta correlación, pero no necesariamente total. Y la consulta se hizo entre cinco figuras de primer nivel: Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber y Ana Lía Piñeyrúa de UNA, Jorge Larrañaga de AN y Jorge Saravia de Concertación Republicana Nacional.

Entre quienes se inclinan a votar al PN en las próximas elecciones, el 49% elige a Larrañaga, le sigue la diputada Piñeyrúa con 15% de preferencias, el senador Heber con 11%, el senador Jorge Saravia con 9%, y luego Francisco Gallinal con 8%.

¿Estos números han sido analizados en AN?

JL - Se ha repartido la encuesta y seguramente los compañeros la analizarán. Ayer tuvimos reunión de agrupación parlamentaria de nuestro sector, pero hablamos de otros temas, no específicamente de esto.

EC - Usted insiste en que no quiere comentar estos números, pero ¿al menos podemos saber por qué se encargó este trabajo?

JL - Es un insumo para ver cómo estamos haciendo las cosas, cómo puede verlo la ciudadanía. Estamos muy lejos de una instancia electoral como para establecer con una encuesta cuál es la intención de voto de la ciudadanía. Esto lo dice el propio trabajo y lo sabe todo el mundo. Pero nos parece que este tipo de instancias son insumos que los políticos y los sectores políticos tienen, todos tienen, y que marcan por dónde se orienta la opinión pública. No es que trabajemos en función de encuestas, pero queremos al menos saber cómo aprecia la ciudadanía el trabajo y el camino que estamos recorriendo.

EC - Me llama la atención que también consulten a quienes se inclinan a votar por el Frente Amplio (FA) y por el PC. En esos dos grupos también aparece Jorge Larrañaga como el candidato o el precandidato nacionalista preferido. ¿Por qué se hizo esta otra parte de la encuesta?

JL - La verdad es que no sé, no estoy en el detalle. Seguramente para determinar el grado de aceptación que se puede tener en distintos partidos, porque evidentemente cualquier formulación política atraviesa al partido que uno integra pero también a las otras colectividades político-partidarias.

EC - No voy a seguir insistiendo con este tema. Simplemente para los oyentes consigno la información: entre quienes se inclinan a votar al FA, Larrañaga es elegido por el 32% y Ana Lía Piñeyrúa por el 22%, y entre los que se inclinan a votar al PC también el 32% elige a Larrañaga, pero luego aparecen con 15% cada uno Gallinal y Heber.

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EC - Usted fue el impulsor, o uno de los más fuertes impulsores, del acuerdo multipartidario por la educación que finalmente se firmó a fines de febrero. Antes de Semana de Turismo usted se quejó de que las concreciones demoraban, y en respuesta el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para darle doble voto al presidente del Codicen. Pero no parece haber avances en otros aspectos como la mayor autonomía de los centros de estudio o la implementación de una universidad en el interior, y mientras tanto se ha dado todo este desorden con las obras pendientes en escuelas y liceos, y las protestas y paros de los sindicatos de maestros y profesores de secundaria.

¿Cómo evalúa lo que está pasando en esta materia?

JL - Aquí capaz que corresponda expresar que la utopía es una realidad futura, como decía Sábato. Nosotros impulsamos un pacto educativo que es un instrumento para el Gobierno. El acuerdo es de fondo, es de conducción de la educación y de la visión de matriz. La infraestructura no es el acuerdo. El sistema político no se reunió para arreglar los liceos que se llueven o poner los inodoros que faltan en los baños. Para eso está el Gobierno. Lamentablemente, tenemos un Poder Ejecutivo que no tiene gestión, que no tiene respuestas, y eso es lo que se está viendo.

El 11 de octubre pasado convocamos al ministro en régimen de comisión general dando el puntapié a todo el proceso que dio marco al acuerdo educativo. Pusimos como plazo que las obras de reparación edilicia estuvieran prontas para el comienzo de este año. Sin recursos la educación se estancó, pero con recursos –los mayores de la historia– el estancamiento persiste; esto nos preocupa.

Dentro del acuerdo, es cierto que estuvimos haciendo gestiones hace unos 15 días para que el Gobierno enviara al Parlamento –el presidente de la Asamblea General lo derivó al Senado– el proyecto sobre el doble voto del presidente del Codicen. Tenemos entendido que se ha integrado el Instituto de Evaluación Educativa, segundo punto del acuerdo. Tenemos entendido que, a pesar de lo que se ha expresado, ha habido avances importantes en el fortalecimiento de los centros educativos, pese a la oposición feroz de algunos sectores sindicales corporativizados que lamentablemente no quieren nada y están trancando todo. Por otro lado tenemos problemas edilicios, de reparación, de refacción, de construcción de locales educativos nuevos, que están generando este desorden. Pero esto es responsabilidad prevalente y absoluta del Poder Ejecutivo, no está en el acuerdo.

EC - ¿Piensa tomar algún tipo de actitud en esta materia, algún tipo de medida?

JL - Ya la tomamos en la Cámara de Diputados. El diputado por Río Negro Daniel Mañana hace un mes convocó a la Comisión de Educación de esa cámara al Codicen para tratar todo este tema. Esta reunión se va a hacer el próximo miércoles 18, según se me adelantara. Y estamos trabajando legislativamente para urgir todo esto. Estamos en contacto permanente con el profesor Daniel Corbo, integrante del Codicen, que nos mantiene informados.
    
Lamentablemente, ha habido una falta de previsión que desemboca en todos estos problemas, que por otra parte no son nuevos para el sistema político, porque el 23, 24 de febrero, cuando nos reunimos, y antes, en enero, cuando todos los partidos políticos y el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, también nos reunimos con el presidente de la República, se nos alertó de que había 200 centros educativos en reparación o construcción, muchos de los cuales iban a estar inconclusos al momento de comenzar este año. Y es lo que se está dando. No tuvieron en cuenta la licencia de la construcción, después el tema del feriado de Semana Santa, las dificultades seguramente legales en la determinación de los procesos licitatorios. Todo esto debió haberse previsto.

Nosotros dimos una herramienta al Poder Ejecutivo y al país, como es el acuerdo educativo, pero no podemos hacer que los baños funcionen, que los techos no se lluevan, que las paredes estén revocadas, que los centros educativos estén arreglados. Esa es una función indelegable del Poder Ejecutivo y hace a su gestión, pero pese a los recursos que se tienen (2.000 millones de dólares se van a destinar a la educación este año 2012), tenemos estas dificultades junto con un internismo gremial que complejiza el accionar del Gobierno, que dificulta las respuestas del Gobierno en materia educativa y pone de rehén a estudiantes, padres, familias de los estudiantes, y no se avanza en términos de calidad educativa.

EC - Usted mencionaba acciones que ha promovido su sector político en este caso en la Cámara de Representantes. Ahora se anuncia que el PC promueve un llamado a sala del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, en régimen de comisión general en la Cámara Alta. ¿Ustedes van a apoyar ese camino?

JL - Nosotros no vamos a bloquear instancias parlamentarias que habiliten la comparecencia de ministros al Parlamento. Bueno sería, integrando la oposición. En todo caso no se hace más que reafirmar la línea que en la Cámara de Representantes nosotros ya habíamos comenzado a transitar hace un mes con el diputado Mañana y los compañeros de nuestro sector, AN. Si se presenta ese pedido, vamos a considerarlo y vamos a apoyar. Bienvenido todo lo que conduzca a buscar respuestas. Si una convocatoria hace que los baños se terminen y que los liceos estén prontos, quizás sea una herramienta; utilicémosla.

Pero me parece que hay una responsabilidad clara que debe preocuparnos a todos porque hay improvisación en la gestión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedir renuncias, pedir cabezas? No sé si se soluciona el problema con eso. Lo que hay que hacer es solucionar las dificultades que hoy tenemos. Como parlamentarios, como padres, pedimos explicaciones, y después veremos las responsabilidades. Es preocupante que se esté dando todo esto, que es fruto de lo que alertamos el 11 de octubre pasado cuando argumentamos que el país necesitaba un acuerdo nacional en educación que involucrara a todos. Pero si hay sectores gremiales que están desacatando a todo el sistema político en lo que hace a la conducción de la política educativa nacional, y se acepta y se tolera eso, estamos en dificultades, estamos tirando de distintos lados del carro, entonces el carro queda trancado, parado.

EC - ¿Qué debería hacer el Poder Ejecutivo o qué deberían hacer los organismos de la enseñanza en la relación con los sindicatos que han estado tomando estas medidas?

JL - Conversar con los sindicatos, dialogar con los sindicatos todo lo que se pueda. Yo no estoy en contra de los gremialismos, estoy en contra de los corporativismos. Pero lo que aprobó el sistema político debe cumplirse inexorablemente. Llevarse por delante los acuerdos del sistema político es inaceptable. Entonces, quiero que se apruebe urgentemente el doble voto del presidente del Codicen.

EC - ¿Cómo está ese trámite?
    
JL - Está en el Senado, el proyecto ya fue presentado por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la modificación de un artículo de la ley de Educación del Gobierno del doctor Vázquez. Tendremos que votarlo rápidamente en el Parlamento, esa es la prueba del nueve, me parecería un error entrar a dar vueltas y a discutir sobre este tema.

El Instituto de Evaluación Educativa es otro tema central, fundamental, que creo que ya está en funcionamiento; que se ponga a trabajar. Se debe acelerar el proyecto Promejora de fortalecimiento de los centros educativos, que habla de la autonomía de los centros y que sustituye una matriz educativa vetusta, arcaica, centenaria, que debe cambiarse para que la educación mejore; no se debe aceptar que se le pongan palos en la rueda a este proyecto. Y el Gobierno debe avanzar en consagrar la universidad técnico-tecnológica en el interior, que se firmó en el acuerdo y cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición –el PC se pronunció a favor, el PN también, el Partido Independiente tenía sus dudas pero en términos generales apoyó–. Estos son temas centrales.

Hay que solucionar rápidamente, por el mecanismo de urgencia, por el mecanismo que sea, lo que hace referencia al tema de los centros educativos. Habíamos propuesto que para las reparaciones y el mantenimiento de estos centros se pudieran formalizar acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las intendencias. Ahí hay una descentralización en la ejecución que va a ayudar al Codicen. Habrá que acudir a mecanismos de urgencia, si fuera necesario, para las licitaciones en las zonas más complejas. Pero pasa el tiempo y se agudizan las dificultades.

Está pasando algo increíble: por el accionar corporativo de algunos sectores gremiales se está impulsando la privatización de la enseñanza. La gente desesperada que manda sus hijos a la educación pública está haciendo esfuerzos extraordinarios por llevarlos a la educación privada, ante el fracaso que se está registrando en la educación pública. Eso es inaceptable, porque tenemos una calidad enorme en nuestros maestros, en nuestros profesores como para tener éxitos en la formación de nuestros muchachos con un modelo educativo eficaz.

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EC - En los próximos días se va a presentar al Parlamento el paquete con las firmas que procuran someter a plebiscito una reforma de la Constitución para introducir, entre otras medidas, la baja de la edad de imputabilidad. En esa campaña estuvieron dirigentes de distintos sectores del PC y también de UNA, del PN. ¿Cómo ve este paso que se está concretando? Se lo pregunto porque usted y su sector no adhirieron a la campaña.

JL - Sí, nosotros no estamos de acuerdo con esa formulación. Respetamos, por supuesto, no puede ser de otra manera, todo lo que tiene que ver con el instrumento, entendemos que la gente firme, incluso como señal de disconformidad. Dentro de las reglas democráticas la expresión popular debe ser atendida, escuchada. Yo respeto a los que juntaron firmas, y sobre todo respeto a las personas que firmaron, pero no comparto el fondo del asunto, y en caso de que se alcance el objetivo de ir a un plebiscito...

EC - ¿Cuál va a ser la actitud?

JL - ... voy a votar en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Ya lo he expresado claramente en documentos, en comparecencias públicas. Me parece que no es la solución. El Parlamento aprobó hace siete u ocho meses el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), pero lamentablemente todavía no se ha resuelto dónde se va a ubicar la cárcel de adolescentes que ponga coto a las fugas de adolescentes. Se dice ahora que en el 9º de Caballería, de General Flores; creo que fue en el año 2008 que propusimos que ese cuartel fuera destinado a cárcel, y se nos dijo golpistas. Ahora aparentemente el Ministerio de Defensa Nacional lo ha cedido para el Sirpa, en estas horas se va a hacer la integración de este instituto, y lo concreto es que no tenemos todavía la cárcel de adolescentes que se dijo que iba a estar pronta rápidamente en función de los recursos económicos de que se disponía.

EC - Usted dice: yo no comparto la recolección de firmas, no comparto la idea de resolver por la vía de una reforma constitucional los problemas de inseguridad vinculados con menores infractores, estoy por el camino de la negociación de los acuerdos que hemos logrado en el Parlamento, pero por lo visto no está muy conforme tampoco.

JL - No, tampoco, porque en este plano también se demuestra mala gestión. Yo no estoy de acuerdo en constitucionalizar la baja de la edad de imputabilidad. Me parece que incorporar a la Constitución la baja de la edad de imputabilidad es un error, cuando ya está en el Código de la Niñez y la Adolescencia a partir de los 13 años. No estoy de acuerdo en que en esa reforma se le otorgue al juez discrecionalidad para medir el discernimiento o la madurez suficiente para bajar la edad de imputabilidad, me parece un error. No estoy de acuerdo en que por 400, 500 adolescentes infractores culpabilicemos a 160.000, 180.000 jóvenes en esa franja etaria, lo que además supone un corrimiento de la frontera del delito, porque si la edad de imputabilidad está en 18 años, los adolescentes infractores están situados en los 15, 16, 17 años, pero si usted la baja a 16, los adolescentes infractores estarán en los 13, 14, 15 años. Eso es lo que ha pasado en otras partes del mundo.

Repito, respeto el instrumento, respeto a los ciudadanos que firman, respeto el esfuerzo que se pretende llevar adelante, pero no lo comparto, es una posición de principios que he sostenido siempre y voy a seguir sosteniendo. Creo que hay otros instrumentos, como los que impulsamos, como la creación del instituto de responsabilidad penal adolescente, que está en esa reforma constitucional y sin embargo ya está creado por ley, falta la ejecutoria en lo que tiene que ver con el recinto donde por mandato judicial se van a alojar los menores que cometan delitos, que me parece central. También la responsabilidad de los padres me parece un tema central. Y todo lo que refiere al registro de antecedentes, que no se ha implementado todavía y sin embargo ya hay legislación al respecto. Logramos que se penara la figura de tentativa del delito de hurto. Pedíamos la duplicación de las penas porque el máximo del Código de la Niñez y la Adolescencia para los adolescentes que cometen delitos está en cinco años, proyectábamos duplicarlo a 10, y pensábamos también que tiene que haber mínimos y máximos para que los jueces no tengan la discrecionalidad que tienen hoy de aplicar benignamente lo que hace referencia a figuras delictuales.

Me parece que ese es el camino, junto con el tema de la educación y el combate directo y frontal a las drogas, al tráfico de drogas, por lo que proyectamos agravar la pena para el tráfico de estupefacientes. Nos parece que hay que elevar las penas, acercarlas a las del delito de homicidio, porque el que trafica con pasta base con destino a menores que no tienen discernimiento los está condenando en el corto plazo a un camino que conduce a la muerte.

EC - ¿Va a presentar un proyecto de ley con ese tema, con un cambio en la pena para los delitos de narcotráfico?

JL - Estamos analizando modificaciones en ese sentido con un equipo de profesionales, cuidando la arquitectura del Código Penal ordinario para no entrar en un desfasaje, como dicen los especialistas, en lo que hace al sistema de gradación de las penas.

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EC - Hay otro tema estos días en la agenda política: cómo encarar la próxima elección para intendente de Montevideo. Es un asunto en el que han surgido algunas propuestas coloradas y blancas que plantean, de una forma u otra, que los dos partidos tradicionales voten juntos para desplazar al FA del Gobierno en la capital. Está la iniciativa de Vamos Uruguay de realizar una reforma constitucional para introducir la oportunidad de segunda vuelta electoral a nivel de las intendencias. Y el senador de UNA Gustavo Penadés comenzó una ronda de contactos con los partidos de la oposición buscando convencerlos de la necesidad de crear un lema accidental con un candidato común a la Intendencia. ¿Usted discrepa con los dos caminos?

JL - Discrepo con los dos caminos, porque creo que todo lo que se hace en contra de está destinado al fracaso.

EC - ¿Por qué sostiene esto?

JL - Porque sí, porque en un sistema político bipolar el que represente la porción conservadora de la sociedad siempre va a ser minoría. En política dos y dos no necesariamente tiene que ser cuatro, puede ser 10 o puede ser uno, hay sumas que pueden terminar siendo una resta. No me parece correcto ese camino de modificar la arquitectura constitucional electoral en función de necesidades políticas. Como también me parece un tremendo error el anuncio de convocar a una constituyente, que solamente obedece a razones vinculadas a la interna política. No estoy de acuerdo con las afinidades, con las familias ideológicas. Tenemos diferencias históricas con el PC, tenemos diferencias ideológicas con el FA.

EC - Cuando lo entrevistamos aquí en En Perspectiva, el senador Penadés decía: "La praxis me indica que tengo que buscar acuerdos con gente que piensa como yo para tratar de sacar a gente que está haciendo las cosas mal. Y de eso es simplemente de lo que se trata".

JL - Con todo respeto por mi estimado amigo y compañero, los procesos electorales, incluso en las intendencias, han demostrado que la polarización se da sola en función del menú de candidatos.

EC - ¿Y cuál es su visión sobre las chances y el camino que tiene que hacer el PN para disputarle con chance la Intendencia al FA?

JL - Tener candidaturas en el departamento que tengan sustento, que tengan apoyo, que polaricen con los candidatos del Frente. Y seguramente, después de 25 años de ineficientes Gobiernos del FA en Montevideo, convencer a la gente de que es necesario cambiar Montevideo. Esa es mi fórmula, no creo en otras, porque, repito, en una visión dicotómica de la realidad, de progresistas y conservadores, si quedamos del lado de los conservadores vamos a terminar perdiendo nuevamente. Yo no he visto ningún político que se autoproclame de derecha, que diga "yo soy de derecha, acompáñenme", no lo he visto en Uruguay, como sucede en otras partes del mundo. No creo en esas afinidades basadas en la necesidad de juntarse contra otro partido político para ganarle. Por el contrario, creo en un esquema de nuestra propia colectividad política con candidatos, con programas, con credibilidad, con confianza, que alerte a la gente y la convoque a ganarle el Gobierno al FA, que ya tuvo 25 años de oportunidades, cinco Gobiernos. Esta es la realidad y me parece que es el camino.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: archivo