(emitido a las 7.45 Hs.)
 
EMILIANO COTELO:
La comisión que promueve la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años presentó ayer en el Parlamento 369 cajas con 367.493 firmas con el objetivo de que tenga lugar un plebiscito de reforma constitucional.

Las adhesiones fueron entregadas al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, en una ceremonia que contó con la presencia de los líderes políticos que encabezaron esta campaña, y también con numerosos militantes que habían intervenido en la recolección de firmas.

"Nos parece que es un grito muy fuerte que está pegando la sociedad, esto fue presentado por 367.000 uruguayos", dijo en un momento del acto el senador colorado Pedro Bordaberry, uno de los impulsores iniciales de esta campaña.

Estamos en diálogo con el senador Bordaberry.

Usted dijo ayer a propósito de esto, del grito muy fuerte que está dando la sociedad uruguaya, "tanto el oficialismo como la gente de Alianza Nacional (AN) tienen que entender que acá hay un mensaje muy fuerte". Aludía a sectores políticos que no acompañaron esta campaña o que directamente se opusieron a ella. ¿Qué es lo que pretende, qué es lo que busca que ocurra, qué reacción espera de esos grupos?

PEDRO BORDABERRY:
En realidad no tanto por su oposición a la campaña, que se han opuesto, sino por el hecho de que los proyectos de ley fueron presentados hace ya dos años en el Parlamento y no son siquiera tratados en las comisiones. Una cosa es que el proyecto de ley lo hayamos presentado legisladores, diputados o senadores, y otra cosa bien distinta es que ahora cuente con el respaldo de 367.000 uruguayos. Quienes hoy están pidiendo que se traten estos proyectos de ley en el Parlamento –que, reitero, no es que no se aprueben, es que no se tratan– son 367.000 uruguayos. Creo que eso es algo que uno tiene que atender.

EC - Está aludiendo a proyectos de ley vinculados con el texto de la reforma constitucional que se promueve por este otro camino.

PB - Sí, así es. Creo que ya ha habido una reacción, leí que un legislador de AN está por lo menos planteando establecer mínimos y máximos en materia de minoridad delincuente. Y no solamente en materia de minoridad, hemos presentado quizás más proyectos en materia de mayores, adultos que delinquen, como la creación del Sistema Penitenciario Nacional o la sanción a quienes tienen antecedentes penales o están involucrados en procesos penales con armas en su poder. Es un tema que creo que tiene la urgencia que todos vemos tiene todos los días.

EC - En el Frente Amplio (FA) se observan reacciones como esta: el diputado del Partido Socialista Julio Bango entiende que hay elementos para hablar de "oportunismo político" de parte del senador Bordaberry y el senador Luis Alberto Lacalle. "Tenemos que desenmascarar una operación que tiene un alto contenido político, porque de las tres cuestiones que plantea el plebiscito, dos de ellas están resueltas y laudadas", dijo.

PB - No, parecería que el diputado este... ¿cómo me dijo que se llama, que no lo ubico?

EC - El diputado Julio Bango.

PB - El diputado este tiene un problema con la matemática; debe ser fruto de la situación en que está la educación hoy en el Uruguay. En realidad son cuatro propuestas, una es la baja de la edad de imputabilidad, otra es el mantenimiento de los antecedentes de los menores más allá de los 20 años, otra es la creación del Instituto de Rehabilitación del Menor fuera del INAU y otra es el agravamiento de las penas de los mayores que utilizan menores para delinquir.

Claramente la imputabilidad no está; los antecedentes de los menores hoy no se mantienen más allá de los 20 años, o sea que también es claro que tampoco está...

EC - Se votó un proyecto pero restringido en cuanto a cuánto tiempo deben permanecer esos antecedentes.

PB - Por eso, los mantienen hasta los 20 años, una medida rara. Nosotros no creemos que haya que estigmatizar a los menores manteniendo sus antecedentes, pero sí tenerlos por si vuelven a delinquir, para que el juez pueda tomar las medidas de seguridad para el resto de los ciudadanos. Esa era la segunda propuesta.

La tercera propuesta es el agravamiento de las penas a los mayores que utilizan menores para delinquir, que tampoco está. Y la última, que yo diría que está por la mitad, es el Instituto de Rehabilitación del Menor. La semana pasada se puso en funcionamiento el Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), ustedes dieron la noticia.

EC - El Sirpa es un escalón en ese proceso para terminar generando un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a internación y rehabilitación de menores infractores.

PB - En nuestra propuesta el Sirpa tiene que estar fuera del INAU. Es bueno señalar que cuando empezamos la campaña de recolección de firmas no existía el Sirpa. Se aprobó una ley con posterioridad a la campaña, pero dentro del INAU, y nosotros creemos que tiene que estar fuera. O sea que en realidad de los cuatro puntos que proponemos, tres y medio siguen sin respuesta. Por eso nuestro llamado a que se traten los proyectos de ley.

Lo increíble es que uno tenga que hacer toda una campaña, juntar firmas, etcétera, por algo que toda la población está pidiendo, para que el Parlamento trate los temas. Lo de ayer fue un mensaje grande, fuerte y además que ya no nos pertenece a los dirigentes políticos, porque cuando el ciudadano manifiesta su voluntad mediante la firma, ni aunque quisiéramos podríamos detener el proceso que ha iniciado.

EC - Hay otras reacciones en el FA, por ejemplo el diputado de la Vertiente Artiguista José Bayardi dice hoy en el diario El País: "La recolección de firmas es de cara a la acumulación electoral, trabajando sobre la sensibilidad y los miedos de la gente". Para Bayardi el tema pesará en la próxima elección si se entiende que la ciudadanía es llevable o manejable por sus miedos. "Si es así, de pronto les doy algún rédito; creo que la ciudadanía ha ido madurando para entender el problema de los menores infractores en su dimensión global", agregó.

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EC - Le preguntaba por la declaración del diputado Bayardi en torno a lo que también puede interpretarse hay detrás de la campaña, una operación "de cara a la acumulación electoral".

PB - No, yo creo que esa será la interpretación de este diputado. Hemos conversado más de una vez en su programa sobre este tema. Usted recordará que hace cuatro años le entregamos al entonces presidente Vázquez 50 propuestas sobre seguridad que pedíamos que se analizaran; entre esas 50 estaban estas cuatro que estamos proponiendo ahora. Después en la campaña electoral, justo es reconocerlo, el doctor Lacalle propuso la baja de la edad de imputabilidad, y nosotros, como candidatos que competíamos con él, coincidimos. Después recogimos esa propuesta del doctor Lacalle y la llevamos a un proyecto de ley que le pedimos al Parlamento que aprobara junto con las otras propuestas. El Parlamento se negó a tratarlo. Después que se negó a tratarlo, advertimos que si no lo trataban íbamos a ir por esta vía de recolectar firmas; no nos prestaron atención y finalmente llegamos a la recolección de firmas.

Creo que la propia sucesión de hechos habla por sí sola de nuestra voluntad. Quizás si en el año 2007, cuando les entregamos las propuestas al doctor Vázquez y a la entonces ministra Tourné, hubiéramos ido por este camino de juntar firmas, ya se habrían aprobado las normas con la elección de 2009. Lo que no queremos es llegar al 2014 esperando que traten los proyectos de ley y que no se aprueben. Entonces vamos por la vía constitucional.

Hemos dado muchísimas oportunidades para que reaccionen quienes tienen este concepto tan equivocado de la seguridad ciudadana y de la protección de los uruguayos honestos que hoy están sufriendo esta oleada de inseguridad. Hemos dado muchas oportunidades para que quienes están en el gobierno con esa concepción equivocada en materia de seguridad reaccionen, y no lo han hecho. Ellos obviamente ven todo desde el punto de vista electoral, tanto que teniendo las responsabilidades de gobierno que hoy tienen, que son enormes, en la mitad del período de gobierno están todos concentrados en las elecciones internas de su partido. Quizás es aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la tremenda viga que tienen en el ojo propio.

EC - Mientras tanto, mientras ocurren estos debates y ustedes reclaman que se aprueben las leyes que se han presentado y que tienen relación con las disposiciones de esta eventual reforma constitucional, está disparado el proceso de verificación de firmas que terminará conduciendo a la convocatoria a una consulta popular. Una consulta que en principio, según la Constitución, tiene que ser simultánea con las próximas elecciones nacionales. ¿Ustedes están pidiendo que en la medida de lo posible se adelante ese plebiscito?

PB - No, creo que es momento de trabajar y que en el Parlamento se traten las leyes. Si todos los estudios de opinión dicen que el 70% de los uruguayos está de acuerdo con la propuesta, lo normal sería que se apruebe por ley, que el FA y AN, que se han manifestado en contra, atiendan este reclamo de 370.000 uruguayos. A esta altura traer un elemento más de discusión durante un año para ver si adelantamos, para ver si lo hacemos el año que viene, que al final va a ser adelantarlo siete u ocho meses, nos parece inconducente. Y si no se animan, no quieren o no están convencidos, lo mejor sería estar a la voluntad de los uruguayos. Creo que la gente cuando vota siempre tiene razón, que los plebiscitos tienen que respetarse, y que quizás en estos temas en que nosotros como políticos somos incapaces de buscar puntos de acuerdo lo mejor es que falle la gente votando.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: archivo