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Tacuarembó: audiencias por denuncias contra represores

Son 21 denuncias en total que fueron presentadas a la luz de la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley que declaró a los delitos cometidos durante la dictadura, como de lesa humanidad y por tanto no permitiendo que prescriban. También hay una cantidad similar que se sumarán ni bien culmine esta primera etapa que se está llevando adelante. Señalan responsabilidades por detenciones y torturas, entre otras aberraciones, de varios militares y policías que tuvieron un rol protagónico antes y durante la dictadura.


La dictadura en el interior del país fue dura. Los militares conocían a quienes perseguían, a sus familias, sus amigos, donde estudiaban sus hijos y con quienes se relacionaban.
 
Eso hacía que la presión fuera mucho más fuerte, según recuerdan algunos de los que la sufrieron.
 
Si bien el primer departamento del interior del país que presentó una denuncia por violaciones a los DDHH, fue Treinta y Tres,  hubo muchos involucrados que se trasladaron desde Montevideo a concretar la misma, armándose la estrategia en la capital.
 
En Tacuarembó el tema fue seguido con atención por el abogado Kley Espinosa y su señora, Inés Brunel, que es procuradora.
 
Ambos habían madurado la posibilidad de presentar una denuncia por los hechos ocurridos en ese departamento.
 
Fue así que se pusieron al hombro la causa y comenzaron a realizar entrevistas que le permitieron conformar la denuncia penal que fue presentada el pasado 29 de marzo en el juzgado  Penal de Primer Turno. El caso recayó en la jueza Virginia Ginares.
 
Tacuarembó se transformó así  en el primer departamento que organizó, desde el interior, una denuncia de estas características.
 
Privación ilegitima de libertad, torturas, robos, usurpaciones de domicilios, abuso de autoridad contra los detenidos, entre otros, forman parte del expediente.
 
Las torturas en Tacuarembó fueron, según recuerdan varios de los denunciantes, muy fuertes, a nivel de un campo de concentración nazi.
 
Las denuncias recaen, en su mayoría contra militares que estuvieron al frente del  Regimiento de Caballería número 5, y también de policías que actuaron como apoyo.
Abarca un período más amplio y toma como punto de partida la represión que se gestó en 1972 contra integrantes del MLN, llegando hasta 1978.
 
El Jefe del cuartel era Aurelio Abilleira. El capitán Juan Urcuhar dirigía la represión. Son dos de los principales señalados en todos los testimonios ante la jueza que lleva el caso. A ello se suman el oficial Chaines, alias "el chajá" otro oscuro personaje de la época.
 
Airel  Zapata, Carlos Pintos, Emilio Toribio, Elvira Gómez, Carmen Regufe, Juan Cabrera, Ramiro Alvez, Marina Ramos entre otros, forman parte de este primer grupo que suscribió esta denuncia.
 
Todos los denunciados  guardaron silencio durante muchos años. Por eso las audiencias ante la jueza, para ratificar las denuncias, y que tuvieron lugar durante toda la semana, demoraron varias horas
 
Luego de los testimonios la magistrada comenzará a diligenciar prueba, citará testigos, ubicará a los denunciados, la mayoría vivos y en otros departamentos, no descarta gestionar que el instituto técnico forense se instale un tiempo en Tacuarembó para ayudar con las denuncias y también evalúa hacerse presente en el lugar donde se produjeron las torturas según publicó la revista Caras y Caretas.
 
Fuente: Caras y Caretas