(emitido a las 7.43 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Fue un episodio muy grave el que ocurrió el viernes en el Penal de Libertad. El saldo de ese tiroteo: un recluso muerto y un guardia policial en estado grave, por no decir crítico.

En el tiroteo el preso murió, pero antes baleó en la cabeza a uno de los guardias e hirió a otro en una pierna. Sucedió sobre la hora 10 de la mañana del viernes, cuando tres policías fueron a buscar a su celda a Eduardo Brasil Sastre para conducirlo a una reunión con su abogada. El recluso, que utilizaba muletas desde que intentó escaparse del Comcar y le dispararon en la pierna, simuló la caída de una de ellas al piso para distraer la atención de los uniformados.

En esas circunstancias, extrajo un arma 9 milímetros, con la que disparó en la cabeza de uno de los guardias e hirió en la tibia al otro. El primero de los policías sufrió pérdida de masa encefálica y, según informaciones de esta madrugada, permanecía en estado crítico en el Hospital Policial. Los efectivos respondieron con balas de goma, una de las cuales hirió de muerte a Brasil Sastre. El recluso estaba preso por copamiento y por haber asesinado a un agente de policía durante una rapiña a una remesa en el año 2007. Según el diario El Observador, el juez de la ciudad de Libertad, Pablo Misa, quien investiga los hechos, dijo que los policías se encontraban en inferioridad de condiciones.

A raíz de este hecho, que se suma a otros vinculados con el sistema carcelario, el diputado Aníbal Gloodtdofsky, de Vamos Uruguay, Partido Colorado (PC), va a interrogar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando este concurra el jueves al Parlamento.

Diputado Gloodtdofsky, estamos hablando de una comparecencia del ministro Bonomi que ya estaba pactada de antemano por otros motivos.

ANÍBAL GLOODTDOFSKY:
Efectivamente, pero me parece bueno aprovechar la concurrencia del ministro para escuchar, más allá de lo que diga la Justicia, cuáles son las responsabilidades, las investigaciones, los detalles de este desgraciado episodio que no es nuevo. Es uno más de un collar de perlas que parece no tener fin, es un día una noticia y otro día otra. Tenemos un ministerio que ha tenido la suerte que de toda la oposición y todo el Parlamento le haya dicho, una vez que asumió: "Ministro, ¿qué precisa?".

El presidente pidió una ley de emergencia carcelaria. Se le solicitó a un diputado de cada partido que participara en una minicomisión colaborando con el Poder Ejecutivo para la redacción de esa ley. A nosotros nos tocó estar en ese grupo. Esa ley de inmediato le dio al ministro una enorme cantidad de recursos y posibilidades para no tener que esperar al presupuesto. Se le dispuso una cantidad de recursos y de posibilidades extraordinaria. Y después en el presupuesto esto se le ratificó. Es decir, ha habido una voluntad de brindarle al Ministerio la mayor cantidad de posibilidades, incluso de carácter legal.

Estamos hablando ahora de un episodio que involucra el ingreso por ejemplo de armas de fuego. Uno se empieza a preguntar cómo es posible que permanentemente haya armas de fuego en el Penal, que permanentemente haya drogas, que haya celulares y con ellos se dirijan negocios desde el interior de los establecimientos penitenciarios, como buena parte del narcotráfico, tal como lo reconocen los involucrados.

¿Cómo es posible que permanentemente estén ingresando? Alguien dice que lo que sucede es que no se hace bien la revisación al ingresar las visitas; es cierto, a la larga el personal de las cárceles termina siendo amigo de la visita y entonces empiezan a pasar cosas. Otros dicen que es la misma guardia; es claro que indicios de corrupción sobran. Pero el Ministerio tiene una ley que aprobamos el 24 de diciembre de 2010 en la Asamblea General cuyo artículo 2 dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación".

EC - ¿Su pregunta va a ser por qué no se ha reglamentado y puesto en práctica esa ley?

AG - Ni que hablar, ahí tiene un instrumento. Una ley que además dice que el personal policial no queda exento de ese control. Por lo cual trataremos encapsular lo que haga a la aplicación de esta ley. Repito: plata no le falta, instrumentos legales no le faltan.

EC - Ayer en el diario El País se informaba a propósito de los recursos tecnológicos para llevar adelante el control, por ejemplo, de armas. Una de las preguntas que mucha gente se hizo después de los hechos del viernes es qué está pasando con la instalación de los escáneres. Desde hace años se habla de la posibilidad de instalar escáneres a los efectos de detectar elementos metálicos en los visitantes y eventualmente en los propios funcionarios policiales. El Ministerio del Interior (MI) espera tener operativo en tres meses el sistema de escáneres que compró a una firma italiana para controlar el ingreso de armas al Penal de Libertad y el Comcar, según dijo a El País el director general de secretaría del Ministerio, Charles Carrera. El jerarca agregó que el Ministerio ya adjudicó a una empresa la construcción de las revisorías, o sea, las instalaciones físicas donde van a operar estos escáneres. Y además indicó que a ese sistema de control se sumarán militares encargados de la inspección de la entrada y la salida de las cárceles.

AG - Tenemos esta ley desde el 24 de diciembre del 2010 y ahora resulta que tenemos que esperar tres meses. Esto me suena parecido a aquello del 911, hace tres años –o más– que pagamos 12 millones de dólares por compra directa de estos equipamientos y todavía estamos viendo si acomodamos el software y si termina de funcionar y los patrulleros por fin llegan en hora cuando la gente necesita. No es posible que tengan que ocurrir estas cosas, que ocurren todas las semanas, y el día que tenemos un funcionario en estado crítico se nos diga que estamos esperando y faltan tres meses.

Repito: no faltó nunca un peso. "Lo que quiera, ministro", fue la pregunta, y se le votó todo. Quiere decir que desde que se votó el presupuesto, desde el inicio de la legislatura con la ley de emergencia, todo esto podía haber sido subsanado. Creo que hay problemas claros de gestión, cuando se inició la legislatura nosotros presentamos un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), porque entendíamos que las cárceles no podían estar más en el MI.

EC - ¿Cómo relaciona una cosa con la otra? Usted estaba haciendo un cuestionamiento a la capacidad de gestión del MI, que nota que no es buena. ¿Qué tiene que ver ese otro proyecto de ley que usted presentó en su momento?

AG - En el año 71, provisoriamente –en virtud de los hechos de aquellos días– pasaron del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al MI. "Provisoriamente", y llevamos más de 30 años.

EC - Si eso fue en el 71, hace 40 años.

AG - Sí. Imagínese que por algo estaban donde estaban, y aquellos días fueron excepcionales. La policía no ha tenido nunca una buena gestión en la administración de los establecimientos carcelarios. No es posible estar en la tarea preventiva y represiva en la calle y al mismo tiempo manejar las cárceles. El MI debe dedicarse a trabajar y mejorar la seguridad ciudadana directamente, y debe dejar, para que se pueda cumplir con lo que dice la Constitución, las tareas de recuperación y rehabilitación de los hombres a otros organismos. El MI, evidentemente, no es el más calificado ni para administrar las cárceles, a la luz de todo lo que hace años que venimos viviendo, ni mucho menos para rehabilitar.

EC - Ese es un viejo debate, dónde tienen que ir las cárceles desde el punto de vista institucional. Pero ¿el retorno al ámbito del MEC permitiría solucionar esos problemas de gestión que a usted le preocupan hoy?

AG - Al menos, mejoraríamos. Repito, en la tarea de recuperación el MI no tiene posibilidad ninguna, y en la tarea de gestión hay que empezar de cero. Entonces, la creación de un nuevo instituto con otras posibilidades –como por ejemplo, la generación de una verdadera escuela de guardiacárceles con el objeto de rehabilitar a los reclusos– al menos sería un comienzo. Que la rehabilitación sea el objetivo. Acá ni los rehabilitamos ni los mantenemos dentro de un establecimiento, porque no voy a hablar como del INAU que se nos escapan, pero tenemos prácticamente un estado de crisis todos los días. Sin ir más lejos, no hace más de 48 horas tuvimos también problemas en la cárcel de mujeres. Daría la impresión de que el MI no es el lugar; nosotros habíamos propuesto que volvieran al MEC.

EC - ¿Hay ambiente en el Parlamento para considerar una iniciativa como la suya?

AG - Creo que no hay ambiente más bien en el MI.

EC - ¿Qué pasa, por ejemplo, en el conjunto del PC y en el Partido Nacional, por lo menos? ¿Se apoya ese camino?

AG - Nosotros creamos una comisión de seguimiento y otra en la que se fijaban acuerdos interpartidarios. Estaba claro que por lo menos debía ser un instituto que se vinculara al Poder Ejecutivo por medio del MI pero que tuviera plena autonomía. Insisto, hasta ahí llegamos y la política es el arte de lo posible. Yo sigo teniendo la convicción de que debería retornar al MEC, porque el MI no tiene ninguna posibilidad de participar en las tareas de rehabilitación y además tiene notorios problemas de gestión. Ya ve, hace ya demasiado tiempo que estamos con esto y no hemos podido ni siquiera montar los escáneres, por decir alguna cosa.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: perfil de Facebook de Aníbal Gloodtdofsky