(emitido a las 8.51 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En el Gobierno "hay una línea clara en telecomunicaciones, que apuesta a un Uruguay líder en la región en tecnología y que ya nos ha puesto en los primeros puestos de la región. Y vamos a más, con fundamentos. Compartibles o no, pero con fundamentos".

Este es un fragmento de la carta que difundió este martes el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, a raíz del debate sobre si se justifica o no el monopolio de Antel en el servicio de internet por tierra.

Ortuño respondía así a un comunicado de la empresa Nuevo Siglo, uno de los operadores de televisión por cable que aspiran a comercializar también servicios de internet aprovechando la red que ya tienen tendida y añadiendo nuevas inversiones. El Gobierno rechaza esa posibilidad, y tampoco acepta que las empresas privadas de telefonía celular ofrezcan internet por fibra óptica.

Esta discusión llegó la semana pasada al Parlamento, por ejemplo el lunes, cuando la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado recibió a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), convocadas por el senador José Amorín, del Partido Colorado.

Este martes conversamos aquí en En Perspectiva con Amorín y conocimos sus argumentos a favor de la libre competencia en esta materia.

Ahora vamos a profundizar en el punto de vista del oficialismo, y para eso recibimos al subsecretario de Industria, Energía y Minería, profesor Edgardo Ortuño, docente de historia egresados del Instituto de Profesores Artigas, y diputado entre 2005 y 2010, electo por la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.

Comencemos por uno de los aspectos de este debate, porque tiene varios. Hoy en Uruguay existe la posibilidad de contratar servicios de internet inalámbrica con varias empresas (Antel y también empresas privadas), pero si vamos a internet alámbrica, o internet por tierra, allí no hay competencia. Ese servicio, según el Gobierno, solo lo puede brindar Antel. ¿Por qué?

EDGARDO ORTUÑO:
Te agradezco a ti, y también a los parlamentarios que, como tú decías, nos convocaron la semana pasada, no solo el senador Amorín Batlle, también nos convocaron el senador Bordaberry y la Cámara de Diputados, estuvimos varias veces en el Parlamento. El tema se está discutiendo, efectivamente, lo que por un lado demuestra que estamos haciendo cosas, naturalmente hay diversas opiniones y el tema es importante.

Lo primero que tenemos que consignar es que este es uno de los temas claves no solo para el presente, sino también para el futuro del país y de los ciudadanos. Y en realidad de lo que hemos estado hablando, y de lo que estamos hablando cuando discutimos estos temas, desde nuestro punto de vista, debe ser cuáles son las políticas y la estrategia nacional de telecomunicaciones que tenemos que tener para el Uruguay. Un Uruguay que está creciendo, un país que se mueve, y que por lo tanto creo que va a cumplir 10 años de crecimiento continuo. En ese marco debemos plantearnos estrategias y proyectos ambiciosos.

EC - En ese contexto, ¿por qué el Gobierno entiende que el servicio de internet por tierra solo puede ser ofrecido por Antel?

EO - En ese contexto entendemos que tenemos que desarrollar una estrategia de telecomunicaciones y un modelo que ha demostrado ser exitoso en el país, que es un modelo mixto en el que por un lado claramente el diseño y la elaboración de políticas de telecomunicaciones es llevado adelante por el Poder Ejecutivo, en este caso por nosotros en el MIEM, y por otro lado a nivel de operadores existe un modelo mixto, hay operadores del sector privado... Tú lo decías y es bueno aclararlo, porque en el Senado se confundió y se llegó a hablar de que había un monopolio de internet en Uruguay. Tú lo planteas muy bien, hay un modelo mixto donde hay operación de servicios de internet inalámbricos de diversas empresas privadas que están en el mercado, que la gente las conoce y puede acceder a ellas, y hay una participación y una operación de la empresa pública, de Antel, liderando en materia de innovación, de desarrollo tecnológico y, algo fundamental para nosotros, ocupándose de garantizar el acceso a estas tecnologías para toda la población. Y también hay una regulación que hace la Ursec. Por eso digo que Uruguay ha logrado un buen modelo que ya es referencia en la región. Seguramente nos vamos a centrar en este tema que tú planteas, porque está planteado como una discusión legal en torno al monopolio.

EC - Pero antes de lo legal, desde el punto de vista conceptual, ¿por qué se da esta posición el Gobierno?

EO - A nivel conceptual debemos plantearnos dónde estamos, hacia dónde vamos y por qué el Gobierno está haciendo esta definición de roles en este esquema en que hay una participación plural. En materia de telecomunicaciones con este esquema definido y con este esquema funcionando, estamos primeros en América Latina en el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 2011; estamos primeros en América Latina en el Índice de Usuarios de Internet cada 100 habitantes; primeros en América Latina en la provisión de servicios de banda ancha fija cada 100 habitantes; primeros en América Latina en la distribución de servicios de banda ancha fija entre los distintos quintiles de ingresos –esto habla de la distribución y de la equidad y el acceso a estas nuevas tecnologías–; primeros en el índice de Cepal –los últimos eran de Cepal también– de distribución de servicios de banda fija en el sector urbano y rural; primeros en América Latina en el índice de precios, un tema que también se ha discutido mucho; primeros en el Mercosur y segundos en América Latina según el Índice del Foro Económico Mundial que mide quiénes están prontos en la red; primeros en el Mercosur y segundos en América Latina en materia de precios; segundos en América Latina en telefonía móvil, con 140% de penetración; segundos en telefonía fija. Y así podríamos seguir nombrando distintos indicadores. Entonces el modelo que viene llevando adelante el Gobierno sin lugar a dudas está demostrando ser exitoso con ese esquema.

EC - Le propongo que vayamos a la pregunta que yo le formulaba, porque tenemos varias preguntas para charlar y si no, el tiempo no nos va a alcanzar.

EO - Perfecto, el tema clave es hacia dónde vamos. Y la definición de hacia dónde vamos parte por no conformarnos con estos indicadores muy positivos para Uruguay, que nos colocan a la vanguardia de la región, sino tratar de compararnos con el mundo e ir a continuar avanzando por ejemplo en temas de velocidad, en que claramente la evolución tecnológica internacional nos lleva a la opción por la fibra óptica, y en el Estado nos lleva al compromiso y a la indicación a Antel de llevar adelante inversiones importantes que garanticen para el país y para los ciudadanos establecer una carretera de comunicaciones sobre la cual en este modelo mixto que tenemos podrán desarrollarse servicios públicos y también privados. Se trata de una estrategia de desarrollo, de una estrategia que busca a la vez inclusión de nuevas tecnologías y garantizar el acceso de toda la población a las telecomunicaciones. Este es un rol clave de la empresa pública y es un rol clave de las empresas públicas en el mundo.

EC - Está claro que Antel está desarrollando esa inversión en la instalación de fibra óptica en todo el país, está claro que el Gobierno considera esa tecnología como la más auspiciosa, la más prometedora en este momento. Pero la pregunta es: ¿por qué no hay un margen de todos modos para la competencia? El martes cuando lo entrevistábamos aquí en En Perspectiva, el senador José Amorín decía lo siguiente en esta materia:

(Audio José Amorín.)

"La competencia mejora la calidad de los servicios y baja los precios, sin duda. Así que nosotros pretendemos que, en un área que es esencial para que se desenvuelva un país, para que crezca un país, para que se conecte un país con el resto del mundo, haya competencia, para que haya mejores servicios y precios más bajos".

(Fin.)

EC - ¿Por qué, además del tendido de fibra óptica de Antel, no puede existir otra u otras infraestructuras de cable o de fibra óptica para brindar el servicio desde el sector privado?

EO - Creo que lo que tiene que hacer el Uruguay es generar un proyecto que en primer lugar permita una ecuación económica y un proyecto de desarrollo que garanticen estos dos elementos que estamos planteando, no solo la introducción en tiempos breves de la fibra óptica para que todos podamos tener internet de alta velocidad, sino también que tengamos capacidad de rentabilizar y de sustentar económicamente que esos servicios lleguen a toda la sociedad, que esos servicios lleguen a toda la población, y que la provisión de servicios de última tecnología no se transforme en un área de comercio de empresas que no permitan por un lado un uso eficiente de los distintos tendidos de redes que tiene el país –y Antel sin duda tiene las posibilidades y las capacidades de tener la red con mayor penetración en el país–, pero fundamentalmente que nos permita garantizar el acceso de toda la población y por lo tanto que no se desarrolle la fibra óptica de internet mediante modelos de negocio que segmenten el mercado –de esto hablábamos en el Parlamento–, rentabilicen la llegada con fibra óptica y alta velocidad de internet a los sectores sociales con mayores capacidades de ingreso y no haya posibilidades luego de financiar y de garantizar el acceso a todos los ciudadanos.

EC - Usted habla de la importancia del acceso a determinados servicios de calidad en navegación en internet para la población, pero ocurre que hoy mismo hay inversiones ya hechas, de cable módem y de fibra óptica, de privados que podrían estar usándose hoy para ofrecer acceso a internet, y sin embargo se desaprovechan, mientras Antel lleva adelante la inversión, que le va a llevar un tiempo completar, de la fibra óptica en todo el país.

EO - Dos respuestas a eso, porque seguramente a partir de lo que planteó el senador Amorín, que cometió diversas inexactitudes y equivocaciones, seguramente por estar mal asesorado, se plantea justamente eso, por qué si hay empresas por ejemplo de cable que tienen la misma tecnología no se las deja usarla. Esto no es así, las tecnologías disponibles para las empresas de cable, las redes, no han sido diseñadas ni tienen las condiciones para brindar trasmisión de datos, son unidireccionales, para dar canal de retorno hay que hacer inversiones, esto lo han admitido los propios operadores.

EC - Pero las empresas están dispuestas a invertir.

EO - Pero lo que es más importante –si me permite y no me corta, yo entiendo lo del tiempo de la radio–, y por eso planteamos los objetivos de política, y el primero es introducir y desarrollar en el país las tecnologías de última generación, es que además de no estar preparadas esas redes que equivocadamente se dice que están en iguales condiciones que las del Estado mediante el desarrollo de fibra óptica –me refiero al cable módem–, el cable módem es una tecnología superada, que ha dado todo lo que tiene que dar. Yo he dicho en esa nota que usted leía que me llama poderosamente la atención que se nos critique como Gobierno cuando estamos impulsando para el país y para los ciudadanos algo que es 10 veces mejor que el cable módem, como la fibra óptica. Y en esto hay argumentos técnicos, no hay una definición o una opción caprichosa, arbitraria o ideológica, porque yo siento que a veces hay mucho de ideología en esto y molestia porque Antel lleva adelante cosas que están garantizando al país un desarrollo de vanguardia en la región.

En ese tema categóricamente le digo que no es así, es equivocado, no hay operadores privados en igualdad de condiciones técnicas para llevar adelante internet de velocidad, y para ser exactos –también lo decimos en esa nota–, queremos compartir con la audiencia que mientras la fibra óptica FTTH permite una velocidad promedio de 78 megabits e incluso más, como acabamos de ver en la inauguración de la Casa de Internet de América Latina y el Caribe, que no por casualidad está en Uruguay, está en Uruguay porque estamos en la vanguardia en estos temas, y tienen 100 megabits. Frente a estas velocidades impresionantes, el cable módem permite velocidades de 3 a 10 megabits de bajada dependiendo del diseño de la red, y el diseño de la red disponible en Uruguay no es de los mejores. Entonces es nuestra obligación no solo garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, sino impulsar la introducción y el despliegue en el país de las tecnologías de última generación con mayor capacidad que recién empiezan y tienen mucho para dar, y no las que están agotando sus posibilidades tecnológicas. Por eso es tan importante definir la estrategia.

EC - ¿Me permite plantearle alguna pregunta?

EO - Cómo no.

EC - El tema es que estas empresas sostienen que están dispuestas a invertir en el desarrollo y el avance de lo que hoy es el cable módem. Por ejemplo, el comunicado de Nuevo Siglo dice: "El ministro comete un grave error al considerar obsoleta la tecnología que están ofreciendo estas firmas. La tecnología a disposición de nuestra empresa es de primer nivel y comparable con los estándares más exigentes que se utilizan en la región y en los países desarrollados". Y como muestra señala que "mediante este tipo de redes millones de usuarios acceden a internet de alta velocidad en países de todo el mundo, en particular en los más exigentes y desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Finlandia, y otros de nuestra región, como Chile, Brasil, Argentina o México". Y agrega que "en todos estos países los servicios masivos con mayor velocidad disponible son justamente los que usan cable módem como tecnología".

No nos quedamos con el comunicado de Nuevo Siglo, hicimos nuestras averiguaciones y vimos por ejemplo que en Buenos Aires el principal proveedor de internet es Fibertel, de una empresa de televisión por cable, Cable Visión; en Chile el principal proveedor de internet es VTR, también una empresa de televisión por cable, y en Estados Unidos el principal proveedor de internet hoy es ComCast, que además es –dicen los que conocen el tema– un ejemplo en innovación tecnológica.

Entonces la pregunta sigue siendo por qué no se permite que estas empresas desarrollen sus propias inversiones y las ofrezcan al mercado junto con la que ofrece por otro lado Antel para que el cliente, el usuario, sea quien resuelva cuál contrata o cuál no.

EO - Creo que hay en esas referencias primero una equivocación. Lo que el ministro y yo mismo referimos en el Parlamento y queremos trasmitirles a los ciudadanos no es una calificación de ninguna empresa en particular –veo que se han sentido aludidas–, lo que decimos categóricamente es que tecnológicamente en el mundo, y no me comparo en este caso con Argentina o con algunos países de la región a los que usted hacía referencia, porque se ha demostrado que Uruguay está por encima de esos países en materia de tecnologías de comunicación, sino que me comparo con Japón, con Corea, donde tuve la suerte de ver que esos países que son los primeros en telecomunicaciones en el mundo hace tiempo ya que han avanzado hacia la fibra óptica por las capacidades de velocidad y porque son los soportes tecnológicos que van a permitir desarrollar lo que ya en el mundo es una realidad, que son los servicios convergentes en materia de tecnología, esto es, la combinación de internet, servicios de video y servicios de telefonía.

EC - Pero la pregunta es si en esos países existe monopolio. Evidentemente la fibra óptica es una posibilidad de gran potencial en esta materia, pero la pregunta es si en esos países existe monopolio, porque la información disponible dice que no, que en el caso concreto de América Latina, por ejemplo, solo hay un país con monopolio, que es Cuba, y hay varios países que recientemente han revisado esa decisión, por ejemplo, el último, Bolivia, hace muy poco tiempo.

EO - Le agradezco la referencia a Cuba, porque entre las distintas inexactitudes o planteos excesivamente ideologizados y carentes de una estrategia-país de desarrollo en el tema que se han escuchado aquí y en otros programas en este contexto se ha dicho que nosotros estamos mirando como referencia a Cuba, se ha nombrado a China, que avanzamos en esa dirección retrógrada, cuando quienes plantean esto están muy atrasados en lo que tiene que ver con la discusión en el mundo sobre las políticas de desarrollo de telecomunicaciones.

Yo mismo tengo aquí el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura 2011 de Nueva Zelanda, un documento del Gobierno –y creo que nadie puede sospechar a Nueva Zelanda de comunismo, que es lo que le preocupa al senador Amorín, que todavía a veces se mueve con esquemas previos a la guerra fría–, que justamente plantea el tema clave que está en discusión en el mundo y que nosotros tenemos que asumir como país de primera que queremos ser, y es cuál debe ser la estrategia de administración de las redes de telecomunicación, cuál debe ser el modelo de gestión de las redes y cuáles son las cosas que debe garantizar el Estado, en este caso la empresa pública que afortunadamente los uruguayos todos defendimos cuando ideologías extremas, extraliberales, como las que plantea el senador Amorín, nos intentaron convencer de que lo mejor era esa libre competencia extrema, sin regulación y participación del Estado, que hoy estamos viendo llevó a la crisis a los países que antes estas mismas personas miraban como referencia –me estoy refiriendo a Estados Unidos y Europa, crisis justamente por ausencia de Estado regulador y promotor–. Pero lo que dice el plan estratégico de Nueva Zelanda, y estoy seguro le va a interesar, es lo siguiente; aquí es donde la ciudadanía va a entender cuál es la estrategia por la cual se entiende que la mejor administración de redes es garantizar que el Estado sea el que desarrolle esta tecnología...

EC - Pero la pregunta es competencia o monopolio.

EO - ... y justamente dice que está claro que el mercado no ha estado dispuesto –insisto: esto no es Cuba, no es China, no son países comunistas, no son países de la década del 60, es Nueva Zelanda, que muchas veces tomamos como referencia– o no tiene los incentivos adecuados para construir las infraestructuras necesarias para entregar fibra óptica a la escala, o sea, al nivel de distribución general y masivo y rápidamente. Y especialmente hace referencia a lo siguiente –que es un fundamento muy importante de la segunda línea estratégica del Gobierno, que es garantizar el acceso de todos independientemente de su poder económico–, dice especialmente: "A aquellos usuarios que no proporcionen ganancias de productividad, como por ejemplo la provisión de escuelas, hospitales, ya que no siempre pueden ser los objetivos más comercialmente atractivos para la inversión privada. Por esto último existe una brecha muy importante entre la disponibilidad de banda ancha y servicios con rapidez y calidad entre las zonas urbanas y rurales".

Entonces, un modelo que ya se ha planteado en el país, en que el sector privado es el que hace las inversiones en las áreas más rentables y en los segmentos de mercado, lo que se llama el descreme del mercado, y se deja al sector público llevar al resto de la población, que es la mayoría, con menor poder adquisitivo, y a los lugares más remotos del país, porque hay que llegar con las nuevas tecnologías a todo el país, es un modelo que fracasó, que nosotros no admitimos, creo que los uruguayos no admitieron cuando defendieron Antel, y por lo tanto creemos que es un esquema que está dando estos resultados que nos colocan a la vanguardia y que nos van a permitir que...

EC - Pero no me contestó la pregunta a propósito de monopolio o competencia. ¿En Nueva Zelanda se establece monopolio del Estado en el servicio de internet por fibra óptica?

EO - Le estoy comentando cuál es la decisión estratégica de diversos países...

EC - Pero ¿implica monopolio?

EO - ... que además de garantizar el acceso, para garantizar el acceso y para ser una administración eficiente de las redes, porque se plantea también la ecuación económica y no es racional tender distintas redes en paralelo cuando hay una red ya avanzada como es la de Antel, optan por garantizar esa distribución en todo el territorio, cuidando también la ecuación económica...

EC - Pero, profesor Ortuño...

EO - Usted quizás no me entienda el razonamiento, porque lo que me plantea es: abramos a la competencia y permitamos que desarrollen sin autorizaciones que no están, porque ahora vamos a hablar del marco legal, que fue otra de las áreas donde hubo mucha discusión y muchos errores.

EC - Yo lamento que estemos en esta tirantez en la conversación...

EO - No, yo no tengo tirantez ninguna.

EC - ... porque yo planteé hace 15 minutos una pregunta y usted no me la contesta. La pregunta es: ¿qué países del mundo que son referencia en telecomunicaciones funcionan con monopolio del servicio de internet por tierra?

EO - Y yo le digo, el Uruguay, que tiene un modelo particular...

EC - Pero la pregunta es esa.

EO - Y la respuesta es esta: Uruguay afortunadamente es un país que tiene un modelo que es mixto, se ha querido decir que tiene monopolio de internet y no lo tiene –hay muchas empresas en el mercado–, y que le ha dado a la empresa estatal el rol de desarrollar y garantizar las carreteras de información, y que en la nueva ley, porque ahora vamos a pasar a la interpretación legal, porque también se ha afirmado que estamos haciendo esto sin marco legal...

EC - Vamos a quedar con muy poco tiempo para eso, porque seguimos trancados en un punto, que es: ¿qué países de referencia maneja Uruguay donde exista monopolio en la prestación del servicio de internet por tierra?

EO - Uruguay maneja como referencia su política, su marco legal, que establece determinados marcos de monopolio y determinadas áreas de participación en el sector de las telecomunicaciones, y con esa estrategia está garantizando no solo el despliegue de las nuevas tecnologías de última generación en el país, sino el acceso de todos los ciudadanos.

EC - Pero ¿cómo se entiende, si comparamos con el mercado de telefonía celular, por ejemplo? Allí Antel está en competencia con dos empresas privadas, y eso no le ha impedido ser la líder y ha beneficiado a los clientes, a los usuarios, con mejoras permanentes de la tecnología y con caídas permanentes de los precios. ¿Qué muestra ese mercado de telefonía celular? ¿Por qué no es una experiencia a aplicar en este otro mercado que estamos comentando ahora?

EO - Lo primero que muestra es que, efectivamente, como yo planteo, en Uruguay no hay un monopolio absoluto en las telecomunicaciones. Lo que hay sí en esta etapa es la definición histórica –que deberíamos estar celebrando todos– de que la empresa estatal está liderando las inversiones absolutamente estratégicas en un sector absolutamente clave. Pero vamos a algo que se ha soslayado, que es el marco legal que nos establece, porque a usted le importa mucho la ley y me parece que al senador Amorín le interesa también, el marco legal donde debemos desarrollar esta...

EC - Pero en una entrevista se supone que uno hace preguntas y el entrevistado contesta...

EO - Cómo no.

EC - Y yo le hice una pregunta recién...

EO - Y yo le contesté: estamos avanzando en el marco legal que tiene el Uruguay en una estrategia de desarrollo de las telecomunicaciones que es un esquema mixto en el cual el Estado, aparte de regular, desarrolla...

EC - No me deja hablar; está bien, entonces haremos un monólogo.

EO - Hable usted, lo que pasa es que usted repregunta y, francamente, quizás porque no comparta o yo no me sé explicar...

EC - No, estoy tratando en este tema de que el oyente tenga información, y para tener información tengo una lista de preguntas que quería formularle, y no podemos avanzar en esas preguntas, lo que está ocurriendo es que no podemos avanzar en esas preguntas, porque ha habido una que usted no ha contestado...

EO - Yo la he contestado largamente.

EC - ... y ahora cuando le planteo por qué no se toma como referencia el mercado de la telefonía celular, donde hay competencia, tampoco hay una respuesta.

EO - Sí, hay una respuesta: el modelo que nosotros tenemos para el desarrollo de las telecomunicaciones es un modelo mixto donde hay áreas de competencia que se abrieron en competencia –dicho sea de paso, en etapas anteriores del país– y hay áreas que consideramos estratégicas donde hemos definido que en esta etapa la prioridad es que el Estado garantice el desarrollo de infraestructuras, en este caso desarrollo de fibra óptica, a nivel de todo el país, que garanticen el acceso de todos los sectores sociales, en un contexto de rentabilidad de esas inversiones. Entonces cuando yo le digo que no compartimos un modelo, como no lo compartimos en el pasado y como no lo compartieron los uruguayos cuando más del 70% se negó a la privatización de Antel, un modelo que dice "dejemos al sector privado que haga inversiones" como usted dice en determinados sectores, entre en competencia con la empresa estatal y por lo tanto debilite sus posibilidades de garantizar el acceso al conjunto de la población, decimos no, en esta etapa creemos que tenemos que avanzar en un diseño y por eso estamos planificando una nueva ley, que permita seguir en este camino que ha dado resultados. Pero aparte, porque el marco legal...

EC - Del marco legal también quiero preguntarle, pero un poco más adelante.

***

EC - Está el tema del sustento legal del monopolio que el Gobierno, según su estrategia en materia de telecomunicaciones, entiende lo más conveniente en los servicios de internet por cable o por fibra óptica. El senador Amorín, cuando lo entrevistamos el martes, decía que al proceder de esta manera el Poder Ejecutivo está violando la Constitución, concretamente el artículo 85, literal 17, que dice: "A la Asamblea General compete conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos departamentales, se requerirá mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara". Señala que para ir en la dirección que está formulando el Poder Ejecutivo se necesita una ley aprobada con este tipo de mayorías.

EO - En la primera parte de la entrevista tratamos de colocar el tema en cuáles son la estrategia y las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones que el país debe adoptar y que nosotros estamos avanzando: nuevas tecnologías, acceso e inclusión digital para todos y garantía de derechos básicos, como los de la libertad y la igualdad, que efectivamente en esquemas de monopolio total, como señalaba el senador Amorín, puede opinarse que se vulneran, y que también se vulnera –y la historia está también– con monopolios u oligopolios privados, que es lo que nosotros no queremos para el país, y mucho menos en los escenarios de Estado ausente que también han generado problemas.

En el Uruguay, como este tema ha sido tan importante, hay una legislación que no solo se ha sancionado, como pide o preocupa al senador Amorín, en el Parlamento –porque existen marcos legales que voy a demostrar–, sino que también, y afortunadamente, ha sido ratificada por la ciudadanía, que se ha ocupado de estos temas por entender, con la madurez que tiene la ciudadanía uruguaya, la importancia estratégica que tiene para el país y los derechos de sus ciudadanos desarrollar servicios de telecomunicación garantizados por una empresa pública.

La ley 14.235 en su artículo 4 establece claramente cuáles son las competencias de Antel: prestar servicios de telecomunicaciones, dice en su inciso 1, y su inciso 6 –polémico pero existe y tiene rango legal, como pide el senador–, dice que la Administración de Telecomunicaciones tendrá el monopolio de los servicios cuya prestación le asigna a esta ley, como decía, la de telecomunicaciones. Se ha discutido mucho sobre el alcance de esa definición, pero la ley 16.211 ha definido el concepto de telecomunicaciones, estableciendo en su artículo 12 que "a todos los efectos previstos en esta ley, los decretos 14.235 –decreto ley que acabo de leer, que es el que da las competencias a Antel– y 15.671, se entenderá por telecomunicaciones toda trasmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radio, electricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos".

Sobrevino en el país una discusión legal, naturalmente imbuida de ideologías extraliberales que sostenían estas teorías del libre mercado que yo creo que extemporáneamente sostiene el senador Amorín, y se aprobó la ley 16.211, que se conoció como de empresas públicas, que derogaba estos elementos de monopolio, pero fue derogada por un plebiscito con una amplia votación popular. Se derogaron los artículos 1, 2, 3, 10 y el 32, que específicamente establecía la derogación del monopolio de Antel al que yo hacía referencia.

Pero sucede que con esta manifestación tan significativa, estudiada en toda América Latina, de más del 70% de la población defendiendo a Antel y su actividad monopólica en determinadas áreas, se llegó al impulso, incluso del propio Poder Ejecutivo –que no era por cierto del Frente Amplio–, a la aprobación de la ley 17.296, que intentó derogar por segunda vez los artículos vinculados al monopolio, en particular el artículo 6, con aquellos artículos muy famosos, porque fueron muy debatidos, 612 y 613, que luego también fueron derogados por la ley 17.524. Ley 17.524 que derogó el segundo intento por terminar con el monopolio de Antel que, no lo voy a aburrir con las actas pero que en los fundamentos de voto de los legisladores tiene la respuesta a la discusión que estamos dando. Decía el legislador señor Molinelli –y se lo cito porque el que viene a continuación es el señor legislador Amorín Batlle–: "Señor presidente, quiero dejar en claro que hemos votado este proyecto con la misma intención que lo han hecho los otros señores diputados, que han fundado su voto considerando que con la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley 17.296 quedan en plena vigencia los artículos de la Carta Orgánica de Antel que fueron sustituidos por la norma que hoy derogamos". Esto fue seguido por el señor presidente diciendo: "Queda sancionado el proyecto de ley", y por un señor legislador Amorín Batlle, el mismo que hoy plantea estas cosas, que enfáticamente plantea que se comunique de inmediato esta resolución.

Pero además, nuestro Gobierno, en esta administración, consciente de las diferencias que hay en la interpretación de los alcances de estas normas, que sabemos que las hay, y conscientes de que el país debe darse una legislación más moderna que nos permita perfectamente seguir avanzando en esta incorporación de tecnologías con inclusión social, estableció –y esto se votó en esta legislatura– una ley que es meridianamente clara, que es la 18.719 –y quizás sea esto lo que incomode a algunos legisladores que no comparten, y están en su derecho de no compartir, nuestras orientaciones–, que claramente en su artículo 147 dice que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través del MIEM, la fijación de políticas nacionales de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, y entre otras de distintas enumeraciones de sus competencias habla de otorgar las autorizaciones y asignaciones de frecuencias y demás para proveer servicios de telecomunicación. Y lo que sucede, que es lo que quizás no está claro, es que hoy, más allá del debate sobre monopolio sí, monopolio no, que es en lo que se quiere colocar la discusión, es que la única empresa que tiene autorizaciones para prestar servicios de internet por tecnología alámbrica –no inalámbrica, que lo hacen muchas empresas– es Antel, es la única empresa.

Entonces, tanto por razones de estrategia, que en esta etapa creemos que debe ser Antel quien lidere y garantice la inversión y el tendido de fibra óptica en el país para llevar internet a todos y a todas independientemente de sus posibilidades económicas, como, respetando y actuando en este marco legal actual, estamos procediendo en la línea que venimos y desde esa perspectiva es que planteamos al senador Amorín y a todos los senadores en la comisión en la que participamos que, no obstante eso, al entender la importancia estratégica –desde nuestro punto de vista de carácter nacional y que debe ser objeto de una estrategia nacional de Estado, de política de Estado, por la importancia para el desarrollo del país de las telecomunicaciones–, estamos elaborando una nueva ley de telecomunicaciones en la que podamos echar luz sobre algunas de estas cosas y, lo fundamental, abrir espacio y adelantarnos a las nuevas tecnologías e impulsarlas en el Uruguay.

EC - ¿Usted dice que va a haber una ley en la que se va a establecer en particular el monopolio de Antel en el servicio de internet por tierra, y entonces va a quedar dilucidada la constitucionalidad o no de esa decisión del Gobierno en esta materia?

EO - Yo digo que estamos trabajando en un proyecto de ley integral, porque, además de todas estas leyes que nombré, lamentablemente ha habido una dispersión muy grande de decretos tratando de interpretar y reinterpretar estas leyes, seguramente por las diferencias filosóficas que hay en torno a esto, y que creemos que en el Parlamento –ojalá todos los partidos– tenemos que darnos una ley integral que salde efectivamente estas cuestiones y consagre ese modelo a la uruguaya mixto, que no es para nada el cubano y otras referencias que se hacen, donde hay participación del sector privado en algunas áreas y hay participación y liderazgo del sector público, en este caso de la empresa Antel, que tendrá la responsabilidad, sin duda exclusiva, de garantizar el tendido de las carreteras de la comunicación sobre las cuales se desarrollan servicios privados.

EC - ¿No ha faltado discutir públicamente este tema, explicarlo a tiempo? Mi sensación es que esta estrategia de la que usted está hablando ahora, que es la que justificaría el monopolio de Antel en el servicio de internet por tierra, se está conociendo a raíz de estos debates de estos días. ¿En qué momento fue explicitada públicamente? ¿No habría sido conveniente debatirla con todos los partidos políticos, eventualmente, como se han discutido otros asuntos estratégicos en el país?

EO - Nosotros estamos actuando en el marco de la legislación y por tanto lo que hemos estado haciendo es administrar las solicitudes de operación y sobre todo fiscalizar y establecer con claridad –de eso hablaba un decreto que se manejó por allí, que se malinterpretó como un decreto de monopolio– que se respeten los permisos. Naturalmente, por eso lo planteamos en el Parlamento y lo planteamos aquí, se abrirá un espacio de debate y de intercambio para conformar y aprobar esa ley nacional de telecomunicaciones, que sin duda tendrá aquí uno de sus capítulos importantes.

EC - Mi pregunta es si esa estrategia que usted ha expuesto y que el ministro ha expuesto estos días en comisiones en el Parlamento estaba suficientemente difundida hasta ahora.

EO - Estaba difundida en el programa del Frente Amplio, que es el que votó la mayoría de la ciudadanía, entre otras cosas para mandatarnos a hacer estas cosas que afortunadamente están dando sus resultados y están permitiendo la inclusión digital de los uruguayos, como por ejemplo con el desarrollo del Plan Ceibal. Pero además de eso creemos, porque este es un Gobierno esencialmente democrático, que tenemos que seguir debatiendo abiertamente estos temas, porque estos temas deben discutirse sin corsés ideológicos y sin comparaciones a las que estábamos acostumbrados en los años 60, con Cuba y demás, sino pensando qué es lo mejor para el país y cuál es la mejor estrategia para su desarrollo. Y en ese contexto dictar las normas que se alineen y que impulsen esas estrategias país. En esa línea nos van a encontrar como Gobierno y en ese marco vamos a seguir debatiendo sobre estos temas. Pero créame que esta es una estrategia fundamentada, meditada, está dando los resultados que le mostraba con indicadores absolutamente objetivos, que nos colocan a la vanguardia, y creo que las inversiones que está haciendo Antel en fibra óptica nos van a permitir estar ya no en los primeros puestos en América Latina, sino a la par de los primeros países a nivel global en materia de algo tan importante para el desarrollo como son las tecnologías de la información y la comunicación.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

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