Actualmente la ley 18.850 concede algunas prestaciones como pensión y asignaciones familiares a hijos de personas fallecidas en los casos de violencia doméstica.

En ese sentido, se está solicitando al Gobierno que se extienda el alcance de dicha ley para que comprenda a las víctimas de aquellas situaciones en las que el homicidio se comete en un marco diferente al de la violencia doméstica.

La iniciativa es impulsada por el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Con él fue la entrevista de este domingo de Espectador al Día.

Abdala explicó que la iniciativa surge de la necesidad de que el Estado ampare a las víctimas de hechos de violencia en general, no solo de violencia doméstica".

"En el primer cuatrimestre del 2012 se cometieron 111 homicidios, una cifra que más que duplica a la que corresponde al mismo período del año pasado", explicó el diputado, que consideró además que en estos casos "los daños que se producen son inconmensurables, y hay familias que se ven particularmente afectadas por esta situación".

Se refirió particularmente al caso de familias que cuentan con hijos menores de edad "que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, se encuentran con la desgarradora circunstancia de que ya no cuentan con su padre o su madre, que es, en la generalidad de los casos, el sustento principal de los ingresos de esa familia".

El diputado aseguró que "hay una responsabilidad genérica del Estado" en estos casos. Según explicó, al tener este "a su cargo el cometido esencial de darle seguridad a la población" –una obligación que para el diputado "en los hechos no se cumple a cabalidad"– el mismo Estado debe "intentar compensar en algo esa situación, dándole apoyo a esas familias que se ven notoriamente afectadas por los hechos de violencia".

Abdala explicó que la ley 18.850 "consagra una serie de prestaciones, básicamente dos: una pensión servida por el Banco de Previsión Social (equivalente a la pensión por invalidez que hoy paga el BPS) y las asignaciones familiares que sirve el Ministerio de Desarrollo Social, asociadas a la concurrencia de los menores al sistema educativa".

"Lo que nosotros estamos proponiendo", señaló, "es simplemente la extensión de esos beneficios, el alcance de esa ley ya vigente, a todos los casos de fallecimientos producidos como consecuencias de la violencia, y no solo a los casos específicos de violencia doméstica".

El diputado nacionalista agregó que "esta solución no implica un impacto desde el punto de vista económico" ya que "111 homicidios es muchísimo desde el punto de vista de la seguridad pública, pero es poco o nada desde el punto de vista del financiamiento que una solución de estas características demanda".

Para Abdala, el planteo se puede complementar con otros ya existentes en distintos ámbitos, tanto del Gobierno como de las comisiones parlamentarias.