(emitido a las 7.47 Hs.)

EMILIANO COTELO:

Mientras se espera cuáles son los componentes de ese paquete integral del que hablaba ayer el vicepresidente Danilo Astori, que se está elaborando a nivel del Poder Ejecutivo, han ido surgiendo comentarios a propósito de proyectos de ley ya presentados por partidos de la oposición hace meses, o incluso años. Y no solamente eso, también iniciativas nuevas, proyectos recientes, proyectos que ahora llegan al Parlamento.

Uno de ellos está dando pie a una discusión, a una controversia entre quienes lo formulan y legisladores del Frente Amplio (FA). "La propuesta de los legisladores nacionalistas Luis Alberto Heber y Gustavo Borsari de restablecer a la Policía la potestad para pedir documentos identificatorios a los ciudadanos, incluyendo la posibilidad de detener a quien se niegue a pasar por esa identificación, no parece tener mucho apoyo en la bancada del FA, al menos ya tiene dos opositores", dice el matutino La Diaria esta mañana.

"El proyecto de ley fue presentado el martes al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien, según Heber y Borsari, se habría mostrado de acuerdo. Pero ya muy pronto fue cuestionado por la extitular de esa cartera y ahora diputada del Partido Socialista, Daisy Tourné, y por el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico, que pertenece a Asamblea Uruguay".

Estamos con el diputado Gustavo Borsari, del Herrerismo, Unidad Nacional.

Ayer, cuando discutíamos estos temas en la tertulia, repasábamos rápidamente en qué consiste el proyecto, leíamos su contenido. ¿Por qué lo presenta usted en este momento?

GUSTAVO BORSARI:
Lo presento en este momento porque el ministro del Interior y el propio Jefe de Policía de Montevideo expresaron hace unos días la necesidad que tiene la Policía de estas medidas para prevenir el delito, en el marco de declaciones que establecían que la Policía estaba siendo exitosa en la resolución de los delitos. Sin embargo, decir esto implica que el delito se cometió, pero que hay gran falta de prevención del mismo, es decir, que no se podía actuar antes del delito.

Esto es una idea ya vieja, nosotros presentamos este proyecto la semana pasada recién con el pie ese que nos ha dado el ministerio, pero esto viene de la derogación del decreto 690 que estableció el gobierno de Tabaré Vázquez con el ministro Díaz. Yo creo que eso fue un grave error. No es que haya sido un grave error derogar el decreto que venía de la dictadura, sino que fue un error no sustituirlo por una solución legislativa.

A mí me parece que en el marco de un Estado democrático nadie puede tener temor de un agente policial que le solicite la cédula de identidad o cualquier otro documento idóneo, como establece el proyecto, y presentarla y seguir su camino. La persona no va a tener ningún inconveniente. Ahora, el que sí va a tener inconveniente es el que anda en una posición dudosa, el que está con un arma blanca, con un arma de fuego, el que está en la preetapa delictuosa.

EC – Cuando usted presenta el proyecto, destaca que la legislación vigente, la Ley de Procedimiento Policial, sólo permite solicitar la identificación en aquellos casos en que la persona esté requerida por la justicia competente, o fugada.

GB – Exactamente, eso es lo que no se da cuenta la exministra Tourné, que creo que vive en el limbo jurídico. Creo que ha fracasado rotundamente en el ejercicio del Ministerio del Interior y ahora viene a oponerse a un instrumento que está solicitando su propio Ministerio.

EC – El proyecto que usted ha presentado tiene tres artículos. El más corto dice: "La Policía podrá solicitar la identificación de las personas en el marco de averiguaciones de delitos, a tales efectos podrá requerir la presentación de documentos identificatorios tales como cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la identidad". Luego agrega que "Cuando la persona se negare a la presentación de la identificación correspondiente, o presentare documentos sobre los cuales la Policía tenga dudas de su validez, deberá ser conducida a la dependencia policial". Y en el artículo tercero se aclara que "la autoridad policial dará cuenta de inmediato al juez competente". ¿Puede explicar un poco mejor esta forma de proceder?

GB – Se dan todas las garantías durante los tres artículos al ciudadano para que no tenga ningún problema en la calle. Fíjese que en el artículo primero se da la amplitud total de tener cédula, credencial, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo, y se culmina con que se dará cuenta en forma inmediata al juez competente, pasando por el artículo segundo, en el cual se establece que si la Policía tuviera una razonable duda de la validez de ese documento, puede conducirlo a la seccional correspondiente. Así que para mí están dados todos los derechos.

Y yo le hago una reflexión que le hice al propio ministro del Interior: estamos ante una Policía democrática. Este no es mi ministro del Interior, yo he tenido y tendré grandes discrepancias con este ministro, pero en este caso específico hemos encontrado un espacio de coincidencia. Entonces, ¿por qué no arrimarle al Estado una solución legislativa que para nosotros va a actuar en gran forma para prevenir el delito, para actuar antes del delito?

EC – La diputada Tourné dice, por su lado, que un proyecto como este "no adelanta nada en materia de seguridad. Hay gente que añora el decreto 690 de la dictadura, que básicamente le decía al policía: ‘hace lo que te parezca’".

GB – Lo que quiere Tourné es decirle al policía "no hagas nada". Y yo creo que ese es un grave error, en el cual ella incurrió como ministra y fue un fracaso rotundo su gestión, tanto fue así que el presidente de la República la tuvo que sacar. De manera tal que yo estoy en la posición absolutamente contraria. Yo le diría a usted, pregúntele a la gente honesta que anda por la calle si prefiere que la pare un policía y le pida la cédula o prefiere que a la vuelta de la esquina la pare un rapiñero y no solamente le pida los documentos sino todo lo que lleva encima.

Yo creo que en este estado de emergencia en que estamos, que lo reconoce hasta el propio presidente de la República, esto es necesario e imprescindible. Yo le quería contar que en el marco de la reunión que tuvimos con el ministro reflexionábamos que hay que acostumbrarse a que esto no es la dictadura. Yo fui preso en la dictadura, como tantos otros, pero tenemos que acostumbrarnos que esta es una Policía democrática, que este es un Estado de derecho en el cual vivimos, en el cual tenemos que confiar en nuestras instituciones. Si no empezamos por confiar en la Policía que tenemos en la calle, pues entonces estamos en un grave problema. Todos los países democráticos del mundo, todos, tienen esta disposición.

Y le diría más: según los derechos constitucionales que están establecidos en el artículo 168, creo que quizá hasta no haría falta una norma legal, puesto que le establece al Estado el deber de conservar la seguridad pública. Dentro de ese deber que le establece al Estado, está este que nosotros estamos reglamentando hoy por ley. Estamos proponiendo esto al Parlamento para darle más claridad.

EC - ¿Tiene algún trámite previsto el proyecto?

GB – Sí, ya está presentado, lo presentamos el viernes pasado. Yo voy a hablar ahora, después de haber hablado con el ministro, con todas las bancadas parlamentarias a ver si obtenemos el apoyo imprescindible para aprobarlo rápidamente.

***