(emitido a las 7.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Gobierno lanzó ayer la Estrategia Nacional 2012 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En ella se priorizan los controles en el sector inmobiliario y se mantiene una fuerte vigilancia sobre el sistema financiero, según está aclarado en el documento que dieron a conocer ayer autoridades del Poder Ejecutivo y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El texto que fue redactado considerando los riesgos existentes y es de vanguardia dada la condición mundial pionera de Uruguay en elaborar una estrategia al respecto. Según dice hoy el matutino La Diaria: "La labor antilavado conjunta entre instituciones locales y el FMI lleva más de siete años, aspecto que fue referido ayer en rueda de prensa por el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa. ‘Muchos de nosotros no nos imaginábamos agradeciendo al Fondo Monetario este tipo de actuación’", admitió Cánepa.

Pero para profundizar en esta noticia es que estamos en contacto con el titular de la Secretaría Ejecutiva Antilavado, Carlos Díaz, licenciado y master en dirección de empresas.

Cuéntenos en primer lugar qué es lo nuevo, por qué se hace el lanzamiento ahora de una estrategia nacional de antilavado de activos y lucha contra el terrorismo.

CARLOS DÍAZ:
Se hace ahora porque se entendió que era importante que fuera conocida por el país y divulgada por el entorno internacional.

Esta estrategia ha sido finalizada prácticamente a fines del año pasado. Perú anunció la suya, Paraguay también hizo lo propio con la suya –con bastante despliegue–, Bolivia está en eso, he sentido que Argentina también está en conversaciones... Y nosotros dijimos: "Si somos uno de los primeros que ya la tenemos, si somos el primer país con el diagnóstico, anunciémoslo".

EC - ¿Efectivamente Uruguay es pionero en esta materia?

CD – Sí. En materia de diagnóstico de riesgos ha sido el pionero y también en materia de confección de la estrategia, sobre todo con un plan de acción asociado, concreto, con metas, con responsables, con fechas.

EC – Se lo pregunto teniendo en cuenta que en realidad, por lo que sabemos, por lo que hemos informado, hace años que Uruguay trabaja en esta materia, de desarrollar acciones de combate al lavado de activos y lucha contra el terrorismo.

CD – Sí. Uruguay viene trabajando en estos temas con mucho ahínco a partir del año 2005, 2006. Sin perjuicio de eso, las normas que están rigiendo el sistema empiezan a generarse a partir de 1991, continuamente han salido normas en los gobiernos de todos los partidos.

EC – A eso iba, ¿podríamos remontarnos, dice usted, al año 90?

CD – Sí, podríamos remontarnos. Y lo bueno es que todas las normas han sido apoyadas desde el Parlamento con mayorías absolutas, y en casi todos los casos por unanimidad.

¿Qué es lo nuevo? Sobre todo lo nuevo es lo que pide el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Es decir que Uruguay se anticipó un poco, que el enfoque de la estrategia está basada en riesgos reales. Primero la génesis, el proceso, ha sido muy robusto. Se hizo una primera estrategia en el año 2007, que apuntaba a satisfacer las carencias que surgían del informe de evaluación del 2006, que había sido hecho por el FMI y recogido por Gafisud.

Posteriormente al 2007 se realiza un muy buen diagnóstico de riesgo, este sí pionero absoluto. Es un documento también robusto de unas 400 hojas. ¿Y cuál era la conclusión? Que si por un lado tenemos una estrategia y por otro lado tenemos nuevos riesgos, o un diagnóstico de riesgo, compatibilicemos. Esto no es más que la compatibilización de ambas cosas, es una nueva estrategia que apunta hacia los riesgos. ¿Qué implica esto? Economizar recursos dirigiendo los esfuerzos en materia de los tres componentes que hacen al lavado de activo: la prevención, la restricción y la represión, hacia aquellos sectores y/o lugares donde hay riesgos.

EC - ¿Y cuáles son esos sectores?

CD – El primer sector es el financiero. El problema de los sectores es que van cambiando permanentemente en función de los controles que tienen. En todo el mundo el sector financiero es el sector más riesgoso. En Uruguay, como también en gran parte del mundo, se le ponen controles fuertes. Es el sector más maduro, y eso hace que los controles se desplacen hacia otros sectores.

Yo sentía que hacían referencia al sector inmobiliario. El sector está empezando a tener controles, va lentamente madurando en la aplicación de estos y llegará el día en que deje de ser riesgoso a partir de los controles. O sea, aquel que lava trata de ir donde no tenga controles, o donde sean más débiles, donde sea más difícil detectarlo, o donde sea difícil detectarlo, o donde no se lo pueda detectar.

EC – Ya que estamos, ¿por qué no hacemos una definición rápida de "lavado de activos"? Podríamos hacerla basándonos justamente en el sector inmobiliario, ¿cómo sería una operación de lavado de activos en ese rubro?

CD – En Uruguay hemos tenido múltiples operaciones de lavado de activos en el sector inmobiliario. En general la más sencilla es comprar un inmueble por un valor y venderlo en un período muy corto por cuatro o cinco veces ese valor. Puede haber alguna transacción un poco más compleja, pero realmente la más sencilla es esa. Esa sería una operación típica de lavado.

EC – ¿Y por qué se está lavando, por qué en una operación así se produce lavado de dinero mal habido?

CD – Vamos un poquito más atrás, si usted me permite. El lavado no es nada complejo, es simplemente introducir en la economía formal a través de cualquier mecanismo activos producto de actividades delictivas, es darle un origen lícito a algo que tiene un origen ilícito. Si usted compra algo en diez y lo vende en cincuenta estaría dando origen lícito a cuarenta. Naturalmente, esta explicación es muy burda, pero es más o menos así como funcionaría el mecanismo de lavado.

EC – En el sector inmobiliario, ¿cuáles son básicamente los controles que hoy están previstos?

CD – En el sector inmobiliario se tienen que ejercer los controles de debida diligencia. Esto es, hacer una especie de ficha que recoge determinados datos, aquellos que intermedian en la operación, que serían las inmobiliarias, y posteriormente los escribanos. Esto implica que sobre una transacción estarían cayendo los dos controles, uno no exceptúa al otro.

Y no mucho más, porque en realidad las inmobiliarias están obligadas desde el año 2005, pero el decreto es del año 2010. Nosotros reputamos como sector maduro en este país casi exclusivamente a todo lo vinculado con el sistema financiero, y tenemos que ser conscientes de que los sectores que no tienen madurez necesitan ir creciendo conjuntamente con el Estado e ir incorporando esta problemática, que hoy por hoy aparece como para iniciados.

EC – Concretamente en el inmobiliario, ¿qué es lo que falta hoy? ¿Qué es lo que se está poniendo en marcha con más énfasis?

CD – Lo que pasó el año pasado nos sorprendió un poco, un sector que tuvo un incremento de actividad el año pasado resultó que no hizo ningún reporte.

EC – Ningún reporte.

CD – No. ¿Qué pasó allí? Aún no lo sabemos. Pero tampoco tenemos por qué tomar conclusiones apresuradas.

EC - Cuando usted dice que no hubo ningún reporte quiere decir que no hubo ninguna denuncia de un caso sospechoso.

CD – Exactamente, nos llamó la atención. Se decidió conjuntamente con la Auditoría Interna y con el Banco Central. En materia antilavado, si bien la secretaría es directamente dependiente del presidente de la República, tiene un excelente relacionamiento con todos los actores. Se hicieron una serie de evaluaciones y en este momento se está tratando de ver cómo está el sector y se están tratando de hablar con ellos, se está tratando de tener conversaciones, de dar alguna conferencia. Estamos seguros que se va a poder llegar a un control satisfactorio.

EC – ¿En qué casos se tiene que hacer la denuncia?

CD – La denuncia se hace cuando el escribano o el operador inmobiliario entiende que está frente a una operación sospechosa.

EC - ¿Hay parámetros que definen una operación sospechosa o depende de la experiencia, el olfato, del profesional?

CD – Sí, hay determinados elementos. Entre otras cosas hay listas, pero supongamos que usted tiene a alguien que le viene con todos los documentos pero ese alguien es Pablo Escobar, para usted va a ser una operación sospechosa. Por eso es tan importante que este control –que no es ni sobre los escribanos ni sobre los que intervienen en las operaciones inmobiliarias– lo hagamos juntos. Como ellos son los que le dan validez a las transacciones, también pretendemos que sean los ojos y que ellos sean quienes establezcan cuándo la operación es sospechosa o no.

EC – Ahora, ¿al presentar ese reporte el profesional, o sea el escribano o el operador inmobiliario, no se expone a su vez a represalias?

CD – En absoluto. Esa es una de las cosas que a mí me gusta, que es al contrario. Supongamos que no lo presenta, en ese caso queda expuesto a ser "cómplice" de una operación. Si lo presenta no va a pasar nada. Si lo presenta dentro de uno o dos años habrá alguna investigación, porque no olvide usted que para que exista lavado debe existir un delito precedente. Habrá que investigar mucho si esa persona, que es denunciada de realizar una operación sospechosa, está vinculada a un delito precedente y habrá que empezar a hacer inteligencia sobre el delito precedente.

EC – Pero mi pregunta era si el denunciante, un escribano por ejemplo, no puede verse luego sometido a amenazas o directamente a agresiones de parte de la persona que está haciendo esa operación.

CD – Va a ser muy difícil que la persona detecte que ha sido a través del escribano que fue detectado, porque primero hay que averiguar si el delito precedente realmente se produjo. Si no se produjo el delito precedente, por más operación sospechosa que haya el tema queda ahí.

Vamos a ver como funciona esto. El reporte de operación sospechosa va a la unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Esta lo recibe, lo evalúa, y recién en caso de que entienda que podría haber algo que mereciera investigación, lo pone en conocimiento del juez, todo en absoluta confidencialidad. Según los porcentajes que estamos teniendo, menos del 10% de los reportes de operaciones sospechosas son elevadas a la Justicia. Con respecto a aquellas que son elevadas a la justicia, ahí baja de vuelta. Estaremos en menos de la mitad, y eso implica que se empieza una investigación –a través de inteligencia, intercambio, lo que fuere– que generalmente dura uno o dos años. O sea que no se vincula, no va a declarar, por lo que no habría ese riesgo. Lo razonamos del otro lado: si el profesional no lo hace, no lo presenta, y es detectado el "delincuente", naturalmente que el operador estaría incurriendo en una figura. Yo no soy penalista pero me parece que se le complicaría más la vida.

Siempre hemos tenido una muy buena relación con ellos cuando charlamos, la mala suerte es que les toque el timbre una persona que sea un delincuente con esa característica. En ese caso, la mejor forma de resolverlo es reportando, no hay otra. Una vez que le tocaron el timbre, si usted no lo reporta y le hace la operación queda más de rehén. Si se trata de una organización criminal más o menos fuerte, una vez que la hizo tiene que hacer todas las que siguen, porque no tiene salida, no lo dejan salir.

EC – También van a poner énfasis en las ONG y en instituciones deportivas.

CD – Sí. Uno de los mecanismos permanentes (y esto no pasa exclusivamente por esta estrategia, está en todas) es estar muy atento a las tipologías que se van produciendo en el mundo en materia de lavado.

EC – Los pases de jugadores de fútbol han sido muchas veces mencionados como operaciones en las que cada tanto, con frecuencia, se esconden operaciones de lavado.

CD – Sí, no estamos viendo en este momento una gran cantidad de pases que hagan que la atención se vaya hacia ese lado. Pero ahí está cómo controlarlos en el supuesto caso de que estuviéramos viendo un problema: controlando a aquellos que reciben el dinero.

Es allí donde nosotros veíamos a las ONG, ¿por qué? Porque las ONG están exoneradas de impuestos en general. Al estar exoneradas de impuestos, no tienen el control primario de la administración tributaria. La lógica del control de lavado de activos es que si usted en determinado sector tiene un control más o menos robusto de aquel organismo del Estado al que le corresponde controlarlo, residualmente a usted le queda poco que controlar. O sea, se puede lavar en la economía formal pero usted ya tiene potencialmente los ojos de un organismo entrenado para detectar situaciones irregulares. Eso es lo que es la administración tributaria: un organismo con funcionarios especializados en eso.

Pero si usted está en una organización en la cual está exonerado de todo y no tiene ningún tipo de controles, es por lo menos tentador para que usted pueda por allí beatificar activos de origen ilícito.

EC - ¿Y cómo se va a controlar en ese tipo de organizaciones?

CD – En general la estrategia pasa por el concepto de la complementariedad y de la colaboración institucional permanente. Ahí, en ese objetivo, hay tres o cuatro vetas que fundamentalmente arrancan con la constitución de un grupo de trabajo interinstitucional, que vería cuál de los organismos que estamos allí en la vuelta sería quien haga los controles.

Yo quiero dejar claro una cosa, cuando hablamos de las tipologías de lavado en las ONG lo hacemos fundamentalmente porque tanto en la región como fuera de esta se están viendo situaciones de lavado bastante importantes en organizaciones de ese tipo.

EC – Cuando usted habla de ONG incluye por ejemplo a algunas iglesias.

CD – Sí, claro, a todas. Aquí son controladas por el Ministerio de Educación y Cultura, pero no podemos desconocer que el Ministerio por hoy tiene otras prioridades. Tendríamos que replantearnos eso. Tenemos una excelente relación, y tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el Ministerio de Economía integran la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos.

Yo no puedo olvidarme –porque me olvidé en el acto y me rezongaron mucho– del aporte fundamental que significa para nosotros el estar permanentemente en contacto con el Parlamento a través de la Comisión Especial de legislación en materia de Crimen Organizado de Lavado de Activos, que nos ayuda muchísimo, nos asesora y nos aconseja. Si nosotros vemos que es necesaria alguna norma legal, descontamos que va a caminar porque así planteamos los temas: los tiramos arriba de la mesa, y los problemas que tenemos para resolver se resuelven. Por suerte tenemos una excelente relacionamiento con los tres poderes del Estado.

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Foto: presidencia.gub.uy