(emitido a las 8.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"Sin duda que estamos, desde hace varios años, ante la emergencia de la violencia como problema prioritario para la población. Una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión, y que se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas. Entre ellas destacamos:

•    La violencia en los espectáculos deportivos y la participación masiva de personas en grescas callejeras.
•    La violencia sistemática hacia los espacios públicos.
•    El fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos y asaltos.
•    La violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en escuelas y liceos.
•    La violencia silenciosa en el hogar.
•    Los accidentes de tránsito.
•    Los sucesos ocurridos, aunque aislados ellos, en el sistema de salud."

Estas son las primeras líneas del diagnóstico a partir del cual el Gobierno presentó ayer un documento titulado "Estrategia por la vida y la convivencia". En ese texto, que fue preparado por el Gabinete de Seguridad, se proponen 15 medidas que procuran atacar el problema de la violencia con un enfoque integral.

Sin duda, la medida que más llamó la atención fue la legalización de la marihuana con un "estricto control" del Estado en la comercialización y distribución, según anunció el ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Esto implica además que Uruguay se convertirá en un defensor de la legalización de la marihuana a nivel internacional, según se anunció en la propia conferencia de prensa.

Pero además se anunció otro tipo de medidas como la creación de mecanismos para compensar a víctimas del delito indemnizándolas; la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a menores infractores; la eliminación de la tipificación de una serie de conductas como "faltas" y el mantenimiento de aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana; la ampliación de las regulaciones a los medios de comunicación como por ejemplo el horario de protección al menor.

En fin, estas son solo algunas, y ni siquiera las he mencionado con sus características, porque de varias de ellas solo se dieron a conocer titulares.

Para entender más a propósito de los detalles de estas políticas que el Gobierno piensa impulsar y sus implicancias, en los próximos minutos vamos a conversar con el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia.

Este documento que presentó ayer el Poder Ejecutivo es muy insistente en cuanto a que la respuesta a los problemas de violencia que padece la sociedad uruguaya debe ser una respuesta "integral". ¿Por qué?

ALBERTO BRECCIA:
Porque el fenómeno de la violencia en la sociedad es un fenómeno multicausal, y como fenómeno multicausal entendemos que debe ser abordado con una respuesta integral. Esa es la razón.

EC - ¿Cuál es ese enfoque?

AB - De todas maneras, me permito hacer una mínima salvedad a lo que usted expresaba. Usted decía que la medida que más había llamado la atención era la regulación y el control del tema de la marihuana, y a mí, leyendo las portadas de los diarios, me da la impresión de que esa no sería la mayor inquietud, al menos a nivel de la población, porque en tres de los cuatro matutinos me encuentro con que "Las medidas de seguridad impulsan la regulación de los medios electrónicos", "Se proponen controlar las redes sociales" –cosa que no está en el documento, Últimas Noticias dice: "... en violación de la libertad de expresión al ponerse límites a los medios y a internet", e internet no está tocada en el documento–; El País titula "Aumento de penas y control de contenidos de los medios". Da la impresión de que al menos la prensa escrita, que es la que refleja o pretende reflejar con mayor precisión la opinión pública, está muy preocupada por el tema de los medios de comunicación, más que por el tema de la reparación a las víctimas de los delitos, el aumento de la eficacia policial, la creación de espacios públicos de convivencia, etcétera, que son otras medidas de abordaje integral.

EC - Dos o tres precisiones: yo decía que me daba la impresión de que la legalización de la marihuana había sido la medida que más llamaba la atención porque se viene hablando de ella desde anteayer, cuando circularon una serie de trascendidos. Eso repercutió mucho en las redes sociales, en medios de comunicación del exterior, ayer se notó en la conferencia de prensa por las preguntas de algunos de los periodistas presentes.

Por otro lado, en cuanto al tema medios de comunicación, usted mencionaba que hoy se están destacando algunos aspectos que no están contenidos en el documento. Allí aparece otro problema, y es que, de vuelta, buena parte de la discusión se dio a propósito de versiones, incluso ayer ocurrió que del documento de la conferencia de prensa circularon dos versiones, una que se publicó antes de ella, que por ejemplo dio a conocer el diario El País, en la que sí se hablaba del tema redes sociales, etcétera, y después hubo otro documento, luego de la rueda de prensa, que no incluye específicamente ese punto. ¿Qué pasó ahí?

AB - Obviamente alguno de los tantos borradores que se estuvieron manejando con estricta reserva entre la cantidad de gente que estuvo trabajando en este tema se filtró nuevamente a la prensa. Entonces a las 19.04, esto es, 40 minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa y aproximadamente una hora y 40 minutos antes de que el documento fuera oficialmente repartido a la prensa, el diario El País –por supuesto, en su lógico derecho de obtener una primicia informativa– publicó ese documento. Ese documento era un borrador del cual algunas cosas se incluyeron y otras se excluyeron. Son temas menores, que hablan también de la responsabilidad que todos tenemos en estos temas. Pero a veces por tener una primicia informativa pasan estas cosas.

EC - Está la otra cara del mismo asunto, que es que si el diario El País o Subrayado anteayer u otros medios publicaron trascendidos de por dónde venían las medidas, es porque alguien en el Gobierno les dio la información.

AB - No necesariamente alguien en el Gobierno, siempre estamos buscando responsabilidades en el Gobierno. No necesariamente alguien en el Gobierno. Los medios tienen cantidad de formas de obtener ese tipo de información.

EC - Sí, pero ¿cómo pueden obtener un borrador de un documento, por ejemplo?

AB - Los medios electrónicos de comunicación por los que nos comunicamos no son absolutamente seguros.

EC - ¿Usted tiene la impresión de que pueden estar obteniéndose algunos de los borradores de manera inconsulta, mediante una especie de espionaje?

AB - No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que cuando circula un documento entre una cantidad de gente puede haber descuidos y también puede haber intencionalidades en obtener ese documento de formas que no sean las oficiales. Cuando me refiero a eso, me refiero a que si vamos a trabajar seriamente en este tema, esperemos las versiones oficiales.

EC - Vayamos a ese enfoque integral que el Gobierno propone para el problema de la violencia en la sociedad uruguaya. ¿Cómo lo define en pocas palabras?

AB - Tengo temor de que aparezca como una ironía lo que le voy a contestar, y usted sabe que tengo el máximo respeto por usted. Pero es eso, es un enfoque integral, un enfoque que aborda desde medidas de trabajo estrictamente policial; medidas que tienen que ver con los efectos del delito, como por ejemplo las medidas de reparación a las víctimas del delito, que tienen que ver con la intervención de otros organismos, como por ejemplo el INAU y el propio Ministerio del Interior; medidas que tienen que ver con el abordaje de las causas sociales del delito, como por ejemplo la fractura social que se ha producido a partir de fenómenos de exclusión y marginalidad, que se abordan con un instrumento que entendemos que es muy positivo, que es la creación de plazas de convivencia ciudadana, espacios barriales donde la gente pueda compartir experiencias, donde se pueda recrear la atmósfera del barrio, de la cercanía de unos con otros. Esto es un enfoque integral, un enfoque desde lo social, desde lo preventivo y desde lo reflexivo.

EC - El texto presenta algunas ideas novedosas, pero por otro lado también hay muchas medidas que coinciden con planteos y sugerencias que han hecho en los últimos años los partidos de la oposición.

AB - Sí, correcto. Por eso ayer cuando terminé la exposición, lo que pedí, casi imploré, lo que rogué, fue que no se analizara este documento con liviandad, como dijo –y lo cité especialmente, porque me pareció una reacción particularmente inteligente– el diputado colorado Fernando Amado: "No tiremos al boleo, esperemos saber qué es lo que dice el Gobierno y analicémoslo en profundidad". Porque este tema no se resuelve solo con la acción del Gobierno, se resuelve –lo hemos dicho una y mil veces, y lo ha dicho también la oposición– con la colaboración de todos aquellos que estamos en el Gobierno, con la colaboración de todas las fuerzas políticas movilizadas, con la colaboración de la sociedad toda, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, con la colaboración de las iglesias, con la colaboración de los institutos de enseñanza. Esto es un problema muy grave que no puede resolver el Poder Ejecutivo solo.

EC - Vayamos a algunos de los capítulos, ahora sí mirando sobre todo el resumen final del documento donde se enumeran las 15 medidas. Ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa, la primera referencia del ministro Eduardo Bonomi fue a lo que se va a hacer para mejorar el tratamiento que da el Estado a las víctimas de la violencia. Concretamente, ¿cómo se va a trabajar en esa materia?

AB - Lo dice el documento, con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos. El propio ministro expresó que está previsto financiarlo mediante la imposición de un 1% a todos los seguros que se contratan en el país –obviamente, estas son medidas que requieren trámite parlamentario y en el trámite parlamentario todo esto que estoy planteando puede sufrir modificaciones–; de allí se pretende que un 75% vaya directamente para los causahabientes, las víctimas de delito, y otro 25% vaya para la constitución de un fondo para atender efectos sociales del delito.

EC - Se ataca de esta manera una vieja deuda, porque hace años que las víctimas mismas de la violencia, pero también distintos sectores políticos, dicen: ¿cómo es esto?, acá hay un absurdo en el funcionamiento de la sociedad uruguaya. ¿Por qué se opta por dar este paso ahora?

AB - Hemos dicho que es terrible cuando se produce un episodio de violencia y muere no solamente un padre de familia, sino también la cabeza económica de una familia. Por ejemplo, muere el encargado de un comercio, que no solamente es una persona con vínculos humanos profundos con la familia con la cual convive, sino que además es el sostén de esa familia. Entendemos que en esos casos el Estado debe contribuir a que esa familia, además del brutal dolor moral que sufre por la pérdida de un ser querido, no tenga que enfrentar además, al menos no en su totalidad, las consecuencias económicas que supone el abandono de las actividades comerciales a partir de la muerte de la persona, por ejemplo.

EC - El documento cuando fundamenta la necesidad de un enfoque integral plantea un rechazo a las políticas de mano dura. Sin embargo luego, cuando viene el detalle de las medidas, aparece la decisión de impulsar, por ejemplo, el agravamiento de las penas de algunos delitos. ¿Hay allí una contradicción, como señalaba más temprano el senador Bordaberry?

AB - Cando uno habla de "mano dura" habla de políticas generales de endurecimiento de las penas políticas, o, para expresarlo más claramente, de endurecimiento de las penas en general. En la década del 90 ya asistimos a la aprobación de leyes que endurecieron sensiblemente las penas para una cantidad de delitos. (Esto nada tiene que ver con el neoliberalismo, simplemente en un momento determinado la sociedad toda se puso de acuerdo, el sistema político todo se puso de acuerdo, con voces discordantes y todo lo demás, en la aprobación de esas leyes.) Ese endurecimiento de las penas ha demostrado, en este método de ensayo y error que constituye el mejor método de análisis en la política de cuál es el resultado de determinadas medidas, ser absolutamente ineficaz. Hemos aumentado la cantidad de presos, pero no hemos mejorado los índices de seguridad.

Entonces estamos en contra de un aumento generalizado de las penas, pero por supuesto que en algunos casos, como por ejemplo para sancionar ese terrible flagelo que significa la pasta base para nuestra sociedad, estamos de acuerdo en aumentar las penas sensiblemente para el tráfico de pasta base, no para el consumo. Y la corrupción policial, tanto a nivel del cuerpo policial en general como específicamente de aquellos cuerpos policiales que se dedican a la custodia de los detenidos en las cárceles, entendemos que es un delito particularmente grave, porque genera a su vez consecuencias muy nocivas. En esos casos estamos de acuerdo en agravar las penas.

EC - ¿Y el agravamiento de las penas en ese tipo de delitos producirá efectivamente un resultado, desalentará la comisión de esos delitos?

AB - Entendemos que el aumento de las penas por ejemplo para el delito de tráfico de pasta base tendría que producir el efecto de desalentar su comisión. Repito, en política –lo he dicho más de una vez– se trabaja con el método de ensayo y error; el saber científico, ese que dice que dos más dos son cuatro o que la materia no puede viajar a mayor velocidad que la de la luz, no es aplicable en política, no sé si lamentable o afortunadamente. Nosotros trabajamos con una materia mucho más maleable y mucho menos dúctil, que es el quehacer social, la vida en sociedad. Entonces obviamente se trabaja con el método de ensayo y error. Todos, los Gobiernos que ha habido y los Gobiernos que nos sucederán.

EC - En cuanto a medidas relativas al Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo para menores infractores, en los últimos días se ha hablado de que el Gobierno piensa aumentar las penas mínimas para ciertos delitos graves. Sin embargo, el documento que se divulgó ayer en la Torre Ejecutiva no entra en esos detalles, dice simplemente: "Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que se refiere a la normativa que rige para los menores infractores", punto. Es demasiado ambiguo eso, demasiado general.

AB - Sí, reconozco absolutamente el punto que usted me plantea. El tema se aclaró a partir de las preguntas que me formularon algunos representantes de la prensa ayer en la conferencia. Concretamente creo que fue Natalia Uval que me planteaba la posibilidad de que hubiera consenso en el tema de la fijación de mínimos y máximos en las penas para determinados delitos cometidos por menores infractores.

EC - Sí, la colega aludía a diferencias dentro del Frente Amplio (FA) en esta materia.

AB - Exactamente. Entonces yo le decía que había consenso en cuanto a la fijación de un mínimo de pena para determinados delitos gravísimos cometidos por menores, pero que todavía no teníamos consenso en cuanto al aumento de las penas máximas para esos delitos, por lo tanto esa era la razón de que en el documento no figurara con detalles ese aspecto. Pero les reitero a usted y a la audiencia que tenemos consenso en cuanto a la fijación de una pena mínima para delitos gravísimos cometidos por menores infractores.

En cuanto a las penas máximas, hay una solución planteada por el diputado Iván Posada en cuanto a no modificar las penas máximas establecidas en el momento actual en el Código de la Niñez y la Adolescencia para esos delitos, que son cinco años, pero establecer sí que los menores no pueden ser liberados antes del cumplimiento de los dos tercios de la pena. Y hay otra posición que establece llevar esa pena máxima de cinco a 10 años. Ese es un tema que todavía está en discusión dentro de la fuerza política, y hasta que no tengamos un consenso, que seguramente rápidamente vamos a alcanzar, no vamos a enviar ese proyecto de ley al Parlamento, por lo tanto estamos siendo mucho más cautos en la enumeración de este punto.

EC - De todos modos, usted dice que sí hay consenso en el establecimiento de penas mínimas; ¿puede explicar cuál es la importancia de ir por ese lado?

AB - La importancia de ir por ese lado es que en los casos de delitos gravísimos el juez de menores no tiene la posibilidad de liberar al menor que los haya cometido. Al establecerse una pena mínima usted no puede determinar la entrega del menor a sus familiares u otro tipo de medidas alternativas que no supongan la efectiva prisión del menor.

***

EC - Pasemos al capítulo vinculado al consumo de drogas, sobre todo de algunas de ellas. En los días previos a la conferencia de prensa de ayer trascendió que una de las medidas que se estudiaban era la internación compulsiva de los consumidores de pasta base. Sin embargo eso no figura en el documento divulgado por el Gobierno ayer. Leo, dice: "Abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, que implica la generación de una estrategia integral e interinstitucional para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas, en particular la pasta base de cocaína. La Rendición de Cuentas incluirá el financiamiento para esta estrategia de abordaje".

¿De qué se trata, entonces?

AB - En el documento está detallado ya ese abordaje integral de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas. Allí se establece que "se propone ampliar la instalación de dispositivos orientados a la reducción de los riesgos y daños de los ciudadanos afectados por el consumo de drogas". Y habla de equipos hospitalarios de respuesta inmediata en crisis adictivas, de dispositivos de proximidad, de centros de escucha y derivación, de consultorios u hospitales móviles para Montevideo y Canelones, del desarrollo de centros para el segundo y tercer niveles de atención, de centros de atención y tratamiento para personas privadas de libertad y de dispositivos de tratamiento ambulatorios.

Esto implica la cobertura total de alrededor de 1.970 personas, implica unas 520 intervenciones de proximidad, e implica la posibilidad de internación de entre 500 y 600 personas con consumo problemático de drogas mediante un programa que involucra la participación de diversos ministerios y que va a tener financiación o en la Rendición de Cuentas o en fondos extrapresupuestales. Tenemos que atender un verdadero flagelo que es el tema de la pasta base, flagelo para la persona en sí, primero que nada, y luego como fenómeno que amplifica enormemente la violencia de determinados delitos que provocan un altísimo grado de inseguridad en las personas.

EC - Lo que se dispone, lo que está resuelto es fortalecer la institucionalidad y los medios vinculados con el tratamiento de este tipo de adicciones.

AB - Exactamente.

EC - Pero entonces, ¿la posibilidad de introducir la internación compulsiva quedó descartada?

AB - Cuando uno habla de internación compulsiva piensa en una persona que aparece con síntomas de consumo de pasta base en la calle, se le hace un análisis rápido para saber cuál es la sustancia que ha estado consumiendo, se la agarra con la policía, se la lleva a un determinado lugar, se la interna y se la deja tirada para ver si en algún momento se le pasan los efectos. Esa internación compulsiva está absolutamente descartada. Estamos hablando de un tratamiento con un abordaje multidisciplinario, con equipos médicos, con equipos de asistencia social, con la intervención de varios ministerios y con lugares donde se pueda tratar debidamente a un adicto para evitar las consecuencias perjudiciales hacia sí, hacia su familia y hacia la sociedad.

EC - ¿Qué pasa si el adicto requiere internación y la rechaza? Es una situación que se da, y que muchas veces coloca a la familia en un brete, la familia muchas veces quiere que el joven sea internado, y el joven no lo autoriza, se evade. ¿Cómo se maneja esa situación?

AB - Se prevén los mecanismos necesarios para que ese joven sea internado aun contra su voluntad. Ahí sí estamos hablando de internación compulsiva, pero no de la internación compulsiva en el grotesco que yo le expresaba en mi primera respuesta. Estamos hablando, primero, de todo un diagnóstico que se realiza de esa persona, y luego de su internación y tratamiento. Cuando hablamos de internación compulsiva muchas veces nos olvidamos de que se trata de internación para el tratamiento y la recuperación de esa persona.

***

EC - En el resumen que aparece al final del documento con las distintas medidas, la letra g) corresponde a "Legalización regulada y controlada de la marihuana". Se dice muy poco a propósito de esta idea sobre la cual se especuló mucho en los días y horas previos. El ministro de Defensa, Fernández Huidobro, sí dio algunos detalles más en la conferencia de prensa. ¿Por qué se propone esta medida?

AB - Como usted bien lo expresa, se dice muy poco en este documento. Se habla de legalización regulada y controlada de la marihuana. Hemos pretendido ser muy cautos porque este es un tema que está a estudio del gabinete. El señor ministro de Defensa ha sido quien ha hecho aportes sustanciales y sumamente interesantes sobre este aspecto, y fue quien ayer en la conferencia contestó la mayoría de las preguntas relativas al punto.

Creemos que tenemos que atender una situación que se da casi por circunstancias del mercado. Estamos hablando de aproximadamente 300.000 consumidores en el Uruguay, de aproximadamente 150.000, 160.000 consumidores de marihuana y de un mercado –todas estas son cifras estimativas, lógicamente, porque al tratarse de un mercado no regulado ni controlado nos tenemos que basar en aproximaciones– de aproximadamente 75 millones de dólares que, como decía el ministro ayer, está dominado por unos 1.200 distribuidores, de los cuales tendremos cuatro, seis, ocho, diez de importancia.

Lo que se pretende atender, de acuerdo con las exhaustivas explicaciones que el señor ministro ha dado en el Gabinete de Seguridad, es fundamentalmente el fenómeno del narcotráfico, que ocasiona múltiples situaciones de violencia que se están empezando a dar dentro del país y que se traducen en los famosos ajustes de cuentas, que han empezado a tomar cierta relevancia. Entonces primero estamos atendiendo el tema del narcotráfico. Segundo, estamos atendiendo un problema que en el mundo entero, al menos en partes importantes del mundo, se ha interpretado como un fenómeno contra el cual no se puede actuar con medidas represivas, no se puede actuar con una especie de ley seca.

El ministro ayer en una conversación informal previa a la conferencia de prensa daba el ejemplo de la película "Los intocables", que termina con una escena realmente antológica, cuando Eliot Ness, después de haber puesto preso a Al Capone sale de su oficina, ya abandonada la lucha contra el gángster, y se encuentra con un titular enorme en los diarios que dice: "Legalizaron el consumo de alcohol". Entonces el niño le pregunta: "¿Y ahora, Ness, qué va a hacer usted, que no tiene contra quién pelear?", y él dice: "Bueno, ahora me voy a tomar un buen whisky". Es una metáfora tremenda de lo que fue la ley seca y la prohibición en Estados Unidos.

Acá estamos ante una posibilidad que distinguidas figuras del panorama político y científico mundial han planteado como una de las soluciones a esta situación.

EC - ¿Qué se supone que produce la legalización de la producción y comercialización de la marihuana?

AB - Produce que sea el Estado quien produzca la marihuana. No es que se la vamos a salir a comprar a los narcotraficantes, como livianamente afirmara el senador Luis Alberto Heber, sino que el Estado produzca la marihuana. Usted sabe que lo que se produce es una planta de la cual no solamente se deriva esa sustancia, sino también por ejemplo el cáñamo, que es una materia prima muy utilizada para múltiples aplicaciones. Entonces que el Estado produzca esa marihuana de muy buena calidad, absolutamente controlada, como ha hecho con otros monopolios, como por ejemplo el estanco del tabaco o el estanco del alcohol, que el Estado regule la comercialización de esa droga mediante un mecanismo totalmente reglamentado y por supuesto la distribución. De eso se trata. Por supuesto, le reitero, es una problemática compleja, no dejamos de reconocerlo, es una medida original, que supone también, como dijo ayer el propio ministro, relaciones con los países vecinos. En la medida en que mañana la legalización de la marihuana sea una realidad en toda América Latina ya no va a haber que tener ese tipo de control. El ministro habló contra el tema del autocultivo.

EC - ¿Por qué se rechaza el camino del autocultivo, la autorización del cultivo para consumo propio, que era una medida que se estaba estudiando en el Parlamento impulsada por el propio FA?

AB - No es que se rechace el camino del autocultivo, lo que se dice es que el autocultivo es imposible de controlar. ¿Cómo controla usted el autocultivo de marihuana? Porque a usted le dicen que va a tener la posibilidad de autocultivar 25 plantas, por ejemplo, ¿cómo se controla que sean 25 y no 50 o 100 o 1.000 o 2.000? ¿Cómo se controla esto que usted permite, el autocultivo?

EC - Es una medida que, usted mismo lo reconocía, resulta muy polémica. Por ejemplo, hay quienes se oponen a ella porque entienden que no va a producir necesariamente la reducción del consumo de pasta base. También se discute que la marihuana sea una droga inocua, por lo tanto no se entiende muy bien que el Estado se ponga a fabricarla y a venderla. ¿Qué dice sobre esas dos objeciones?

AB - Es una medida de legalización regulada y controlada de la marihuana, como lo dice el nombre que le dimos en el documento. Y "legalización" significa el pasaje por una ley, y el pasaje por una ley significa necesariamente el pasaje por el Parlamento. Quiere decir que oportunamente se planteará la solución con todos sus detalles, los señores miembros del Poder Ejecutivo la discutirán con todos sus detalles, argumentarán a favor y en contra y si hay una mayoría parlamentaria se votará y si no, no. Es una medida que propone el Poder Ejecutivo con esos fundamentos. O sea, no son –y eso habrá de reconocérsele al grupo que estuvo trabajando– fundamentos irracionales, son fundamentos que tienen un estudio atrás, un estudio profundo, que fundamentalmente ha sido realizado por el señor ministro de Defensa, pero que ha sido acompañado por los demás miembros del gabinete. Luego la medida terminará o no en una ley, y allí se verán los pros y los contras. De modo que todas esas objeciones van a ser planteadas debidamente en la oportunidad que corresponda en el trámite parlamentario.

EC - Pero las objeciones empiezan por el resultado que va a producir esta medida. ¿Efectivamente se logra con esto que el consumo de pasta base baje?

AB - El resultado que producirá es si se aprueba o no la medida. Aquí vuelvo a mi famosa alegación del trabajo político como un trabajo de ensayo y error, que, creo yo, no admite discusión; todo admite discusión, pero creo yo que esto no admite discusión, los políticos trabajamos sobre esa base. La medida producirá o no la reducción del consumo de pasta base, lo veremos en sus resultados prácticos. Sí entendemos que una parte importante del negocio del narcotráfico que produce consecuencias absolutamente devastadoras en el país va a quedar anulada.

EC - Una parte.

AB - Una parte, lo dije así, una parte del narcotráfico va a quedar sensiblemente disminuida por la legalización de una de las drogas que más se consumen.

EC - De la audiencia llegan quinientas preguntas, pero Antonio quiere saber: "¿Van a permitir que los menores compren de manera legal marihuana? Porque si no lo permiten, el mercado ilegal igual va a permanecer a efectos de proveer a los menores".

AB - Son todos temas que habrá que tratar en esa legislación. Nosotros entendemos que así como en el consumo del tabaco, que es una droga, así como en el consumo del alcohol, que es otra droga, la más difundida de las drogas sociales, así como en el consumo de medicamentos, que muchas veces no son controlados y entonces se generan fenómenos adictivos entre los menores que son indeseables, también habrá que propender a un control del consumo de la marihuana entre los menores. También habrá que propender a un control del consumo. El negocio de contrabando de alcohol no se ha generado, el negocio del alcohotráfico, y sin embargo vemos que muchas veces en expendios donde no está autorizada la venta a menores se vende el alcohol a menores. Son fenómenos marginales que hay que atender.

Por eso ayer cuando hablé me expresé casi con desesperación en cuanto a no banalizar el tema. No discutamos los aspectos laterales del asunto, vayamos al cerno de los problemas, tratemos de enfocar estos temas con seriedad. Por supuesto que los uruguayos, que somos 3.251.000 pero debemos de ser siete millones de técnicos de fútbol y siete millones de políticos que tenemos las soluciones más maravillosas para que el país sea el mejor del mundo, vamos a encontrar siempre en cada una de las medidas que plantee este Gobierno o cualquier otro la trampita, la salida, "ah, pero si ustedes no van a prever que por ejemplo tal cosa no pase...". Soluciones perfectas yo no conozco en la humanidad.

EC - Otra pregunta, ahora sobre las plazas de convivencia. Se propone en el literal m) generar nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana a través de plazas de convivencia con equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y equipamientos para actividades sociales y recreativas. Más temprano, cuando entrevistábamos al senador Pedro Bordaberry, decía: "Sí, me parece bien, este instrumento tiene más de 100 años, son las plazas de deportes que se impulsaron en la época de José Batlle y Ordóñez".

AB - Sí.

EC - ¿Qué dice usted?

AB - Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que muchas de las iniciativas que impulsó el primer Gobierno de Batlle fueron absolutamente positivas. Yo no conozco la instrumentación precisa de esta medida de las plazas de convivencia, el señor ministro de Desarrollo y el señor ministro de Educación y Cultura, que fueron quienes más estuvieron trabajando en este tema, tienen una especial expectativa positiva con respecto a la creación de esos espacios donde se pueda recrear el barrio. Incluso se habla de la creación de dos plazas de convivencia por año en distintos barrios de Montevideo y Canelones. Pero no me cabe la menor duda de que muy posiblemente tengan aspectos similares a las que se impulsaron en el Gobierno de Batlle y Ordóñez. Si producen el mismo efecto, que tuviéramos una sociedad integrada como tuvimos hace 100 años, con eso ya estaríamos más que satisfechos. No me molesta en absoluto que hayan sido medidas impulsadas por José Batlle y Ordóñez, me parece fantástico. Y si reiteramos cosas buenas está bárbaro también, está espectacular. No pretendemos haber inventado el agujero del mate.

EC - Lo último es el otro gran frente de debate que tiene que ver con los medios de comunicación. También hubo una serie de trascendidos, y finalmente el documento tiene dos líneas, dos literales, h) e i). Dice el i): "Creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de protección del menor estén excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos comprenda a toda la programación". Y el i): "Promover en diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a la seguridad y violencia, a la vez que su involucramiento en la promoción de valores y derechos para lograr una mejor convivencia".

¿Puede ser un poco más explícito en esto?

AB - Sí, cómo no, y además le agradezco mucho la pregunta, porque me sirve para marcar tres aspectos. En primer lugar, con respecto al tema de los informativos, hay un decreto del año 1988 que establece el horario de protección al menor y que excluye de ese horario el contenido de los programas informativos, periodístico-políticos y deportivos, lo cual entendemos que es absolutamente un absurdo, porque quiere decir que el menor en el horario de protección al menor no puede ver determinados contenidos, por ejemplo de violencia explícita o de crueldad innecesaria, pero sí le permitimos que lo vea en el horario central de los informativos. Entonces nos proponemos derogar la exclusión que realizó ese decreto, que no tiene fundamento racional alguno, y por lo tanto incluir los contenidos de los informativos entre aquellos contenidos amparados en el horario de protección al menor.

EC - Eso de hecho implica eliminar de los informativos determinado tipo de notas, determinado tipo de contenidos.

AB - Exactamente, implica, por ejemplo, poder decir que un funcionario de un determinado comercio fue ultimado de un disparo por una persona que aparentemente era un menor, pero no poder mostrar 42 veces en menos de 24 horas el video en el cual se ve la muerte de esa persona, como si esa persona muriera un día y renaciera a los pocos minutos.

EC - ¿Y eso no es censura? Así lo ven quienes cuestionan esta medida.

AB - Si nosotros pasamos eso fuera de los informativos y decimos "está amparado por el horario de protección al menor", que es una norma que tiene muchos años y que está debidamente controlada por los organismos del INAU, y por lo tanto censuramos el pasaje de esa noticia fuera del informativo, la excluimos de la posibilidad de ser trasmitida, no es censura, pero si lo hacemos de 20 a 21 horas es censura. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿esto es o no un absurdo? Desde mi punto de vista la respuesta va de suyo.

EC - Entonces hay información o imágenes en este caso que no se van a poder ver nunca en la televisión.

AB - Dentro del horario de protección al menor no. Si quieren pasar la muerte de una persona 42 veces fuera del horario de protección al menor, será responsabilidad de los canales hacerlo sin ningún tipo de sanción. Si lo quieren pasar dentro del horario de protección al menor no van a poder hacerlo; mejor dicho, van a poder hacerlo, pero se van a exponer a severas sanciones.

EC - Por otro lado, en cuanto a las redes sociales, ¿finalmente hay o no hay intención de influir en lo que se debate en algunos de esos ámbitos donde aparecen mensajes con exhortaciones a la violencia, etcétera?

AB - Ese era el segundo punto que le quería aclarar. Existió en un momento determinado en este documento elaborado, como fue efectivamente trasmitido por el diario El País, como hablábamos más temprano, esa situación de promover una regulación de los contenidos en las redes sociales.

Yo me hago responsable, yo personalmente, de la inclusión de esa medida. Le explico que, primero, partía de un error, porque decía redes sociales cuando en realidad lo que yo pretendía establecer eran las páginas web, las redes sociales son sitios cerrados donde yo no tengo por qué meterme. Pero creo que lo que ocurre en las páginas web donde por ejemplo a partir de una noticia que usted da en la radio un comentarista anónimo dice que Emiliano Cotelo es un corrupto es una forma de incitación a la violencia. Como he sufrido ese tipo de agravios, y como muchos de mis colegas políticos han sufrido ese tipo de agravio, y seguramente usted también lo ha sufrido, porque cualquiera escudado en el anonimato dice cualquier cosa, yo entiendo que, como sucede en otras legislaciones, se puede perfectamente establecer que ese tipo de comentarios incitan a la violencia. Porque si a mí me insultan anónimamente en un comentario de una noticia en una página web, yo que soy una persona culta, intelectualmente capacitada y serena en mis reacciones, muy posiblemente no tenga una reacción violenta, pero no puedo asegurar lo mismo de una cantidad de gente que no es como yo.

De todas maneras se entendió que era inconveniente y yo lo acepté. Por eso digo, era mi responsabilidad establecer ingresar en los contenidos de Internet. Es una materia sumamente compleja y podían aparecer una cantidad de dificultades para explicar la situación. Pero repito, era una medida que yo había incluido en ese tema, la había incluido erróneamente porque había hablado de redes sociales y quería referirme a páginas web. En algún momento seguiré planteando este tema como una inquietud personal en la cual he recibido el apoyo de una cantidad de gente. El otro día me encontré con Lincoln Maiztegui y me dijo que estaba absolutamente de acuerdo con eso, no puede ser que haya cualquier comentario canallesco escudado en el anonimato en las páginas web. Pero reconozco que es un fenómeno secundario en cuanto a la generación de inseguridad o violencia.

EC - Pero en definitiva, medidas concretas de incidencia en los contenidos de los medios de comunicación solo hay una, la de incluir en el decreto sobre horario de protección al menor los contenidos de los informativos. ¿Y eso se va a disponer por decreto?

AB - Es un decreto, quiere decir que la simple derogación de ese decreto implica que el horario de protección al menor abarca todos los contenidos sin excepciones. Veremos cuál es la mejor forma legal de hacerlo para que quede totalmente claro.

Pero hay un tercer aspecto respecto a este tema de la comunicación. Uno era la aclaración de ese contenido que en definitiva no terminó incluyéndose en el documento con respecto a los comentarios en las páginas web, otro era este tema de los informativos, y un tercer aspecto es lo que dice el literal i) del documento, que yo creo que es muy importante.

EC - Ahí se promueve un diálogo.

AB - Exactamente, promover un diálogo con los medios de comunicación –o sea con ustedes– y sus trabajadores –o sea con usted–, con las universidades y con la sociedad civil para la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de información referida a la inseguridad y la violencia. Esto es lo que reiteradamente hemos planteado: libertad absoluta implica responsabilidad en el otro plato de la balanza. Entonces somos optimistas –acá sí somos optimistas– en el hecho de que un diálogo del Gobierno con los medios de comunicación, con los operadores de los medios de comunicación, con ustedes los comunicadores, pueda llevarnos a encontrar en conjunto formas más responsables de trasmitir determinados fenómenos que contribuyen a la disminución de los fenómenos de violencia e inseguridad.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: Presidencia