El Gobierno calificó de "juicio sumario" el proceso que culminó con la destitución del presidente  Fernando Lugo. Hizo  retornar al embajador en Asunción y en un comunicado ambiguo cuestionó la legitimidad democrática del nuevo Gobierno guaraní, pero no afirma que no lo vaya a reconocer.

El expresidente consideró "triste" la situación paraguaya, en donde un presidente electo por el pueblo como Lugo no termina su mandato.

De todas formas, consultado por El Espectador, aclaró que el episodio no configura un golpe militar, ni policial, sino un episodio cívico institucional. Sanguinetti dijo que quien acusa y define son las cámaras de diputados y senadores, que están electas por el pueblo.  Sostuvo que lo que los países de la Unasur están haciendo es un acto de "intervencionismo" contrario a todas las tradiciones y normas de Latinoamérica en la vida interna de un país que actuó dentro de sus códigos.

Sanguinetti afirmó que si las formalidades son o no las adecuadas, lo  tendrán que juzgar las instituciones paraguayas o la Corte Internacional de Justicia, pero no el Gobierno argentino, brasileño o uruguayo.

"¿Con qué derecho están haciendo eso desconociendo una situación o proponiendo que se haga también inconstitucionalmente una elección inmediata? Es un peligrosísimo precedente. Nuestros gobiernos que no actúan en episodios mucho más aberrantes desde el punto de vista institucional actúan acá con una especie de reflejo ideológico en función de que ven a Lugo como alguien más afín a sus orientaciones y actúan de un modo absolutamente imperial", estableció Sanguinetti.

Sobre la posibilidad que sancionen a Paraguay y ello permita el ingreso de Venezuela que no pudo hacerlo porque el senado guaraní no lo autorizaba, Sanguinetti afirmó que si Mercosur da ese paso, transitará el camino del error hasta la enésima potencia. Agregó que si ese es el escenario, lo mejor que le puede pasar a Paraguay es estar fuera del bloque.

"Yo diría que es lo mejor que es lo mejor que le puede pasar a Paraguay habida cuenta de cómo está el Mercosur y en segundo lugar lo único que le faltaría al Mercosur es que ahora entrara Venezuela con normas, códigos, orientaciones y políticas absolutamente incompatibles con el tratado fundacional del Mercosur. Es transitar en el camino del error hasta la enésima potencia", estableció Sanguinetti.

Uruguay calificó de "juicio sumario" el proceso que culminó con la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo e hizo retornar al embajador en Asunción.

 En un comunicado ambiguo, Cancillería cuestionó la legitimdad democrática del nuevo Gobierno guaraní, pero no afirma que no lo vaya a reconocer.

A pesar de unirse a los países de la región en su rechazo al desplazamiento de Lugo, de la declaración emitida este sábado no se desprende en forma concluyente que Uruguay le vaya a negar el reconocimiento al nuevo Gobierno paraguayo encabezado por Federico Franco.

La posición uruguaya fue definida en la tarde de este sábado en una reunión entre el presidente José Mujica, el canciller Luis Almagro y el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

La posición del Gobierno en este sentido fue más moderada que sus vecinos Argentina y Brasil, que se apresuraron a condenar la remoción de Lugo, dejar en claro que no reconocerán al Gobierno de Franco e incluso evaluar la expulsión de Paraguay tanto del Mercosur como de la Unasur, un organismo que por otra parte se reunirá el miércoles para definir qué camino seguirá.

La postura es  que los hechos del pasado viernes configuraron una "violación de la cláusula democrática" que debe cumplir los integrantes de estos organismos regionales.

Cancillería hizo retornar en las últimas horas al embajador en Asunción Enrique Fischer. El llamado por el momento es "en consulta" y no significa que, como hizo Argentina, las relaciones queden reducidas a nivel de encargados de negocios.

En lo que puede ser interpretado como una posición ambigua al respecto, Almagro calificó de "juicio sumario" el proceso Express seguido por el Senado paraguayo que en menos de 24 horas destituyó a Lugo.  Afirmó que estos sucesos no coinciden con las prácticas democráticas que se intentan afianzar en la región aunque nunca expresó que se niegue a ningún vínculo con el nuevo régimen paraguayo.

"El Gobierno de la República manifiesta que cuando los presidentes son electos por el pueblo se deben otorgar la máxima garantías de estabilidad a esa decisión soberana. En ese sentido, sostiene que las autoridades legítimas de los países de nuestro continente son aquellas que provienen del voto popular, el verdadero soberano para elegir. La rapidez y urgencia de los procedimientos seguidos para el juicio del presidente Lugo con características de juicio sumario no condicen con las garantías esenciales del debido proceso, especialmente teniendo en cuenta la brevedad de los plazos y que aún no ha terminado la investigación de los desgraciados hechos ocurridos el pasado 15 de junio. La imposición de un nuevo presidente en estas condiciones no condicen con las prácticas democráticas fundamentales que debemos preservar en la región. Los antecedentes de inestabilidad en la misma hacen imprescindible mantener el más pleno respeto a las cláusulas democráticas del Mercosur y Unasur. Esperamos que la República del Paraguay pueda convocar a su pueblo tan pronto como sea posible para elegir a nuevos gobernantes", indicó Almagro.