Entrevistas

Sergio Abreu: Mujica se equivoca "jurídicamente" al decir que en Paraguay hubo un golpe de Estado parlamentario

Sergio Abreu: Mujica se equivoca "jurídicamente" al decir que en Paraguay hubo un golpe de Estado parlamentario

Los cancilleres del Mercosur acordaron una posición conjunta frente a la situación que está atravesando Paraguay: se lo suspenderá de los órganos de decisión del Tratado de Integración Regional pero no se le aplicará sanciones económicas. El presidente de la República, José Mujica, dijo ayer que no es partidario de aplicar castigos económicos porque las paga la gente. Para conocer cómo ve la oposición esta situación, en especial la postura de Uruguay, En Perspectiva dialogó con el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Abreu, quien opinó que "cuando el presidente de la República habla de golpe de Estado parlamentario [en Paraguay], está equivocado jurídicamente y está manejando políticamente (...) una visión de la filosofía que él responde: que a pocos les importa el Estado nacional y la defensa de la soberanía".


(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Los cancilleres de los países del Mercosur acordaron una posición conjunta de cara a la cumbre de presidentes del bloque que se celebrará el viernes en Mendoza. ¿Qué actitud se tomará frente a Paraguay? Se lo suspenderá de los órganos de decisión del Tratado de Integración Regional pero no se le aplicará sanciones económicas.

Ayer, en rueda de prensa aquí en Montevideo, el presidente José Mujica se refirió al asunto. Dijo que no es partidario de las sanciones económicas porque las termina pagando la gente.

Ayer a esta hora escuchábamos en En Perspectiva al canciller de la República, Luis Almagro. Hoy el diálogo es con el senador de la oposición Sergio Abreu, abogado, ex canciller.

¿Cómo está analizando usted estos hechos y sobre todo la forma en que repercuten en el bloque Mercosur?

SERGIO ABREU:
En primer lugar es un tema constitucional legal que para mí el Paraguay ha cumplido con todo sus procedimientos, el artículo 225 de la Constitución [de Paraguay] habla del mal desempeño de las funciones, que no está incluido por ejemplo en otras constituciones, como la nuestra. Además necesita un procedimiento que se cumplió a cabalidad, una acusación de dos tercios por parte de la Cámara de Diputados y una resolución de dos tercios de la Cámara de Senadores para separar del cargo al presidente de la República por un juicio político.

EC – Sí, se cuestiona el hecho de que el procedimiento fue sumario, que el presidente Lugo no tuvo tiempo para elaborar su defensa. Se cuestiona que varias de las acusaciones eran muy vagas.

SA – Por un lado, las acusaciones fueron hechas en función del juicio político del desempeño de las funciones. El mal desempeño de las funciones es un criterio de carácter subjetivo que tiene una amplitud bastante grande.

Por otro lado, también es cierto que el apoyo político al presidente es nulo, porque [obtuvo] 1 [voto] en 77 en Cámara de Diputados y 4 en 43 [en Cámara de Senadores]. Además, la posibilidad de haberse defendido, por más que los plazos fueran cortos, se manejó tanto para acusadores como para el presidente de la República en explicar cuál es su posición.

Yo discrepo con la posición del presidente de la República, [José Mujica], que habla de golpe de Estado parlamentario como si fuera un constitucionalista avezado, cuando está opinando desde el punto de vista político.

EC – ¿Existe el concepto de "golpe de Estado parlamentario"?

SA – No. En la terminología del Gobierno uruguayo todos los días hay nuevas palabras y nuevo tipo de definición. El golpe de Estado parlamentario es una manera de decir que se está en desacuerdo con la aplicación del juicio político a un presidente,  que se hizo además de acuerdo a la Constitución. Lo que está haciendo el presidente de la República es interferir indebidamente en los asuntos internos de otros estados y violar ese principio que es sagrado sobre todo para América Latina, desde hace muchos años, y en particular para el Uruguay, que lo incorporó a la comunidad internacional en oportunidad de la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo, que fue objeto de una resolución de las Naciones Unidas y que prohíbe expresamente interferir en los asuntos internos de otros estados por razones políticas.

Paraguay no se merece este tipo de juicio y mucho menos hacer una definición que, desde el punto de vista jurídico, no tiene una clara concepción, y que está reflejando un rechazo o una opinión distinta política, que se puede tener, pero no una interferencia que requiere fundamentos jurídicos.

EC – Cada tanto aparecen episodios como este, en el que vuelve a discutirse al respecto, y se lo invoca o se lo considera de manera más laxa según cuál sea el lugar donde esté ubicado cada uno en ese debate. ¿Cómo es el concepto de no intervención? Se lo pregunto teniendo en cuenta antecedentes hasta de la historia uruguaya, cuando, en épocas de la dictadura, a buena parte del espectro político de nuestro país le servía y le satisfacía que se ejercieran presiones sobre el gobierno de la época en procura de mayores libertades, de una apertura, de la realización de elecciones libres, etcétera. Por citar un ejemplo: las presiones que venían de Estados Unidos en determinado momento.

SA – El principio de la no intervención es que ningún país debe intervenir en los asuntos internos de otro porque no está permitido incidir sobre la marcha de ese país. El derecho internacional ha avanzado en algunos aspectos como el tema de los derechos humanos, que es muy discutido, pero el principio general es que un país decide sus problemas desde el punto de vista interno sin la participación de otros países.

EC – Pero en la época de la dictadura todos los partidos políticos uruguayos solicitaban ese tipo de presiones, y el Partido Nacional (PN), a través de Ferreira Aldunate, la gestionaba en Estados Unidos.

SA – Obviamente, pero eso, más que principio de intervención, es incidir sobre el país. O, por lo menos, emitir la visión de que la Constitución se está violando en forma permanente, que había una dictadura y que, además, era una forma de rescatar esa democracia, no ocupando el país por parte de fuerzas extranjeras, sino haciéndose eco en el extranjero de lo que estaba sucediendo.

Otro tema es cuando Estados Unidos participa o ingresa, como hizo en Panamá o en Santo Domingo, o en tantos otros países, para defender a veces con el criterio de los súbditos, a veces para restaurar la democracia o para fomentar y financiar un golpe de Estado, como lo ha hecho en muchos casos. O como se ha hecho a la inversa por parte de Cuba en el ámbito de otros países como Bolivia o Angola. Esos son aspectos muy claros de la intervención.

EC – Pero aquí estamos discutiendo a propósito de intervención por la vía de las declaraciones públicas. Por ejemplo, de lo que dice un presidente como Mujica sobre lo que pasa en Paraguay.

SA – Pero es el presidente de la República, representa al Estado uruguayo y está emitiendo una opinión sobre una situación constitucional que él califica de un golpe de Estado sin ningún tipo de fundamento jurídico. [Lo hace] simplemente por decir u opinar políticamente que se está rompiendo esta corporación ideológica presidencial. De eso se trata.

Parecería que hay afinidades que se juegan en el ámbito político-ideológico y que no deben ser tocadas de ninguna manera. Una cosa es intervenir en los asuntos internos en forma armada, incidir, opinar, porque a veces se trata de fuerzas políticas o de políticos, y otra cosa es la opinión que emite el presidente de la República sobre un Estado que participa de una sociedad, y todavía lo califica de un golpe de Estado sin ningún tipo de fundamento, simplemente aludiendo en forma lateral a determinados plazos que se cumplieron pero que le parecieron muy breves.

Actuando así, me parece que es reeditar en el Mercosur, desde el punto de vista diplomático, un concepto de la Triple Alianza sin tener el respeto debido por un país pequeño que tiene derecho a manejarse con su Constitución, que es asimétrico, que tiene enormes dificultades, como tienen todos los países, y en el que deberíamos custodiar la seguridad jurídica.

El presidente o el Gobierno uruguayo se rasgan las vestiduras con este tema y se permite que Brasil y Argentina hagan lo que quieran con el Mercosur. Argentina nos bloquea durante cuatro años. Brasil mira para el costado. Tenemos problemas con las obras del Río Uruguay, se nos bloquea, se nos incluye en la lista gris, se nos coloca casi afuera del mundo, como si fuéramos una especie de Estado de delincuencia internacional, y ahora nos sumamos en forma pacífica y absolutamente unánime con los otros estados para señalar a un país pequeño, fragilizado, que interpretó la Constitución como estaba previsto, para decirle que hay unos pequeños plazos que le parece que fueron cortos y que además es un golpe de Estado parlamentario, quienes no tienen muchos antecedentes sobre tener que defender el punto y la coma de la Constitución de la República porque lamentablemente no fueron y no son los grandes defensores de la seguridad jurídica y de la democracia. Me parece un acto absolutamente contradictorio y de falta de solidaridad con un país que sufre, que tiene problemas, y [me parece que es] subirnos a los imperios o a los subimperios de turno, y nada menos que a la República Argentina, que viene cabalgando por encima de la ley, la Constitución y todas sus obligaciones con total impunidad y con la simpatía y la sumisión del Gobierno uruguayo.

EC – Lo curioso es que, en este cuestionamiento al procedimiento seguido en Paraguay para forzar el alejamiento del presidente Fernando Lugo, no se están alineando solamente países con gobiernos de partidos afines a Lugo, también lo están haciendo otros países de la región, si vamos al caso de la Unasur o al Mercosur, porque en el caso del planteo del Mercosur ha estado el presidente de Chile, Sebastián Piñera, o el presidente Santos, de Colombia. Acá veo unas declaraciones de hoy en Últimas Noticias del diputado Aníbal Pereira, del MPP, que dice: "La derecha uruguaya está a la derecha de Piñera y de Santos". ¿Qué contesta usted?

SA – Que estoy a favor del derecho, de la Constitución y del respeto a la determinación. Si ahora la izquierda tiene que citar a la derecha, a Piñera, y ser el punto de referencia de cuál es la forma de respetar el derecho, seguramente esto es de una gran fragilidad.

EC – Creo que el planteo del diputado viene como respuesta a críticas que se hicieron desde el sector de la oposición, las cuales señalaban que esta postura uruguaya o del Mercosur tenía que ver con afinidades ideológicas.

SA – Hay una gran parte, porque para mí esto es un corporativismo ideológico presidencial, eso está claro. Este tema y esta conducta del presidente Chávez de cortar el suministro de petróleo es un agravio terrible al pueblo paraguayo, como es un agravio que le podría hacer al Uruguay, porque mañana ganamos las elecciones y le puedo asegurar que Ancap es obligado a pagar la deuda en 24 horas.

Pero voy a su pregunta: Santos ha opinado en forma mucho más ligera que la que se le atribuye. Santos ha dicho: "Tendremos que mirar este tema con más cuidado, el presidente de Colombia tampoco es una violación absoluta".
 
Lo de la posición de Piñera en el ámbito de la Unasur puede ser un tipo de posición. A mí no me molesta, no me preocupa. Lo que estoy diciendo es que la Unasur o el Mercosur, cuando se pronuncian sobre estos temas, están interfiriendo en asuntos internos del Paraguay, sea la derecha, la izquierda o el medio. Me parece que si fuera a la inversa diría lo mismo. Hay una gran costumbre de que el viejo principio o las normas de respeto por los estados ya están absolutamente superadas y cualquiera puede interferir, definir, bloquear o continuar con sus actitudes de asimetría abusiva.

Yo siempre he sido contrario al bloqueo a Cuba, y se sabe. No soy favorable a que Cuba tenga un régimen político como el que tiene, y se sabe. Pero yo no favorezco ni el ingreso a Cuba ni la invasión a Cuba, pero tampoco la de Cuba a Angola o Venezuela en América Latina. Es un tema de principios y de coherencia. Si el señor Piñera opina eso, muy bien. Ese no es mi criterio. Mi criterio es el viejo pensamiento que se arrastra, es la única garantía que tiene un país pequeño: que no se intervenga y que se defienda el derecho internacional. Estuvimos cuatro años bloqueados, le pedimos a Brasil, miró para el costado y dijo: "Infelizmente es bilateral". Y ese bloqueo... Cualquier alumno de derecho internacional pierde el examen, porque es un casus beli. Nosotros tuvimos que soportar y seguimos soportando desde el Grupo de los 20, desde una presión muy fuerte, de un desconocimiento de las normas, y nos damos cuenta invocando ahora a la izquierda que Chile como está de acuerdo tiene razón los que cuestionan el problema que se dio en Paraguay. Paraguay, o cualquier otro país, maneja sus temas de acuerdo a la Constitución. Si ese diputado piensa así, u otros legisladores, entonces vamos a ir cuestionar a Cuba a ver qué les parece, porque no me van a decir que Cuba es el modelo del respeto a los derechos humanos, al pluralismo, donde no se ha ejecutado gente, y donde periodistas como usted no tienen la menor posibilidad de hacer una sola crítica a la marcha del gobierno.

EC – Le agradezco. Tenemos ahora un punto de vista que, más que evidentemente, es el de la oposición en su conjunto. El PN, el Partido Colorado e incluso el Partido Independiente se han alineado en esta postura y han marcado un contraste con el oficialismo. ¿Cómo sigue esto para adelante?

SA – El oficialismo tiene un concepto de internacionalización del tema ideológico de la política, y los estados son casi un accidente. Para nosotros el Estado es muy importante. Había una frase de Herrera que a veces nosotros citamos. Decía: "Mi vaso es pequeño pero yo bebo en mi vaso". Esa es una forma de defender el Estado nacional. La internacionalización y la ideología pasan por encima de los Estados porque el Estado a veces es una barrera a la socialización, entonces eso es común con ellos, pero para nosotros eso no es aislamiento. El Estado está primero; la no intervención está en primer lugar. Y la famosa frase del embajador Velásquez en Naciones Unidas en 1964, que también fue parte de la posición del Uruguay, era contra la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo y decía: "Para el Uruguay, la palabra intervención es una palabra maldita". Yo sigo sosteniendo lo mismo, y cuando el presidente de la República habla de golpe de Estado parlamentario está equivocado jurídicamente y está manejando políticamente, ahí sí en forma coherente, una visión de la filosofía que él responde: que a pocos les importa el Estado nacional y la defensa de la soberanía.

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