(emitido a las 7.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Una semana después del anuncio de un paquete de 15 medidas destinadas a enfrentar la inseguridad en el país, ayer comenzó a tomar forma el texto de esas iniciativas.

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento los primeros cuatro proyectos de ley. Por un lado se modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia de modo que los menores que comentan delitos graves con violencia tengan una pena mínima de un año de reclusión. Además, se habilita la internación compulsiva de los adictos a la pasta base, se agrava las penas para quienes trafican pasta base, para los policías corruptos y para quienes cometen delitos prestando funciones en centros de reclusión. Se fortalece la infraestructura del centro de atención a las víctimas de la violencia y el delito. Y se crea una pensión reparatoria para resarcir económicamente a personas que hayan sido afectadas por la violencia.

Estamos en línea en este momento con el diputado Aníbal Pereyra, diputado del Frente Amplio (FA), Espacio 609, departamento de Rocha.

Distintas crónicas, por ejemplo la de Búsqueda de hoy, cuentan que "no habían pasado 24 horas desde que el Poder Ejecutivo presentara la estrategia que piensa impulsar para mejorar la seguridad pública, cuando el Gobierno se topó con la primera complicación seria. El jueves de la semana pasada un grupo de legisladores del oficialismo concurrió a la Torre Ejecutiva y varios anunciaron que no estaban de acuerdo por ejemplo con el aumento de las penas máximas a los menores infractores. Esa reunión fue un adelanto de lo que ocurriría después. El martes 26 el presidente Mujica y los integrantes del gabinete de seguridad habían acordado enviar los proyectos de ley que habían redactado pese a las resistencias. Sin embargo, horas después los ministros tuvieron un nuevo encuentro con parlamentarios oficialistas y acordaron matizar algunas de las propuestas". ¿Cómo fue este proceso que se dio esta semana dentro del Frente?

ANÍBAL PEREYRA:
En realidad a parte de esa crónica le faltan algunos detalles que no son menores, que son los siguientes: no podemos ubicar la discusión o este paquete de seguridad como algo aislado, o como algo que recién se empieza a abordar ahora. Si bien estas medidas están ingresando hoy al Parlamento, esto es producto de un proceso. Proceso que no comienza cuando se anuncia, sino que es parte de un compromiso de seguir avanzando en políticas integrales para enfrentar los dramas que tenemos como sociedad. Y a mí no me parece menor dejar bien claras estas puntualizaciones, porque si no parece que el Gobierno toma estas medidas a partir de que se dan determinadas presiones, o a partir de que un día se despertó con ganas de hacer esto.

EC – Es un hecho que se produjo en las últimas semanas, un trabajo muy intenso del gabinete de seguridad que antes no había existido, eso es relativamente nuevo. También es un hecho que en esta materia la de la seguridad pública en los últimos tiempos la iniciativa la venía llevando la oposición, ¿no?

AP – Sin duda que este paquete es, a nuestro entender, un paquete muy fuerte y, sobre todo, la lógica en que se incorpora es una lógica integral, como lo establece el propio documento, la "Estrategia por la Vida y la Convivencia". Ahora, muchas de estas medidas no están descolgadas de las acciones que se vienen realizando. En el 2010 el Parlam ento nacional, la Asamblea General, votó un documento de acuerdo que luego se transformó en ley, donde entre otras cosas se modificaron el Código de la Niñez y la Adolescencia. Parte de lo que hoy se empieza a concretar fue debatido y aprobado en esas sesiones del Parlamento.

Hoy en el proyecto que va a ingresar al Parlamento –relacionado con las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se establece subir las penas mínimas y establecer penas mínimas que no existían– también se determina en un artículo la creación de una comisión, en la órbita del Poder Ejecutivo, para analizar el sistema de responsabilidad penal adolescente, todo lo que tiene que ver con las infracciones de los menores, separado del Código del derecho del niño. Esto implica que aparte de las modificaciones que se hacen con respecto a establecer los mínimos, que era una necesidad que se venía planteando hace algún tiempo, se incorpora a partir de la aprobación de ese artículo la necesidad de abordar en su integralidad un código de responsabilidad penal adolescente separado del de derecho del niño, y ahí sí viendo todos los elementos que haya que analizar.

EC – En ese plan, en ese trabajo posterior que se producirá en esa comisión a la que usted aludía, dicen algunos de los informantes del FA que podría ocurrir que terminara aprobándose un aumento de las penas máximas, este aumento de 5 a 10 años para los delitos graves, que ahora no ha prosperado, que esta semana se trancó en la interna del FA.

AP – En realidad no es que se trancó. El lunes 18 de junio se dio la primera reunión entre ministros, integrantes del gabinete de seguridad, y legisladores que estamos en las comisiones  vinculadas con estos temas. Allí tomamos conocimiento por primera vez del trabajo que venía realizando el gabinete de seguridad y tuvimos un primer abordaje previo a lo que fue el anuncio público. El martes pasado tuvimos una segunda reunión, extensa, donde estaba todo el gabinete de seguridad y el equipo técnico que trabajó en la redacción de los proyectos. Allí tomamos contacto con lo que implicaba la redacción de cada uno de esos proyectos y acordamos el proceso que se camina hoy.

De los cuatro primeros proyectos que ingresan de este paquete, porque van a haber otras iniciativas legales que ingresarán seguramente en los próximos días, lo más polémico que podía estar planteado era lo referido con el aumento de las máximas en la modificación del Código del Niño.

EC – El aumento de 5 a 10 años de reclusión para las penas en el caso de los delitos violentos cometidos por menores. ¿Por qué no se aceptó, por qué la bancada del FA en su mayoría no aceptó ese aumento?

AP – Al final lo que se acordó es lo que le estaba comentando recién, que ingresara con el artículo que crea la comisión, y ahí abordaremos en forma integral ese aspecto y otros que seguramente se incorporarán en el análisis de la construcción del nuevo código.

EC – O sea, usted confirma que eso no queda descartado para el futuro.

AP – Para nada.

EC – ¿Y por qué ahora se lo rechazó?

AP – No es que se lo rechazó, se entendió necesario en el proceso que estaba planteado. Este tema, como decíamos, no es un tema nuevo. Ante la necesidad y la prioridad planteada del paquete lo importante para nosotros sobre el abordaje en lo que hay un acuerdo total aprobarlo en forma inmediata.

EC – Está bien, pero por ejemplo el diputado Julio Bango, del Partido Socialista, que ha sido de los más firmes en la negativa, decía: "Si el centro de nuestra propuesta es la reeducación del menor y metes al adolescente diez años preso, entonces entra a los 15 y sale a los 25, y tenés una persona asocializada".

AP – Esa discusión la vamos a procesar paralelamente a que abordemos este proyecto de ley, que establece las mínimas. El debate con respecto a la construcción del nuevo código penal de responsabilidad adolescente se va a centrar en todos esos aspectos. Ahí se entendió, y creo que con acierto, que la discusión de un código nuevo establece otros tiempos de debate.

EC – ¿Por qué en cambio sí se acepta ya, se introduce ya en el proyecto que va al Parlamento, el establecimiento de penas mínimas de un año?

AP – En realidad, cuando lo de las penas mínimas de un año se abordó en la Asamblea General se puede ver, si uno va a las actas y lo que fueron la presencia de todos los actores judiciales, que ahí hay una falla sin duda. No precisa que den la opinión los actores judiciales, que están todos los días enfrentados a estos problemas, sino la realidad misma. Hoy claramente queda establecido que hay un hueco [en la legislación], no puede suceder que ante situaciones de delitos gravísimos en pocos meses [el que delinque] esté nuevamente en contacto con la calle sin cumplir lo que debe de cumplirse, que es, entre otras cosas, tener un tiempo real para la posibilidad de la rehabilitación, para actuar sobre la persona que comete el delito.

En la última reunión que tuvimos con integrantes de la Suprema Corte de Justicia quedó claro a partir de sus expresiones –tanto del presidente como del ministro Chediak– que incorporando este aspecto de una pena mínima se empezaría a resolver uno de los mayores problemas que hoy tenemos, relacionado con esos temas. Al establecer que para tener la libertad anticipada tiene que haber cumplido más del 50% de la pena, con esos dos aspectos se está estableciendo claramente una suba de lo que eran las penas para esos menores.

EC – El texto del proyecto de ley está disponible en Espectador.com junto con los otros textos que también se han remitido al Parlamento en estas horas. En todo caso, en este en particular podremos profundizar en los próximos días. Ahora le consulto también por otro de los proyectos que de algún modo sorprendió porque incluye disposiciones que no estaban contempladas en los anuncios de la semana pasada, concretamente se habilita la internación compulsiva de los adictos a la pasta base. ¿Cómo apareció esto ahora?

AP – En realidad esto no es nuevo, este planteo está arriba de la mesa hace un buen tiempo. El presidente de la República inclusive antes de las elecciones planteaba la necesidad de abordar el tema de los adictos en situaciones complejas de una manera diferente a la que venimos resolviéndolo hasta el momento. Y es un tema que esencialmente puede parecer polémico. Pero lo que no es polémico es la necesidad de abordar este tema, porque hay una realidad que nos rompe los ojos.

EC – Está bien, pero curiosamente en los anuncios, en el paquete, en el documento que se difundió en la Torre Ejecutiva hace una semana, este punto no figuraba.

AP – Este punto siempre estuvo.

EC – Perdón, en los días previos se hablaba de que iba a estar pero finalmente en el documento no había estado.

AP – Si uno ve el documento de "Estrategia por la Vida" sobre lo que tiene con el tema de las adicciones y el tratamiento de las mismas, hay un abordaje y un acápite en el documento específico.

EC - Sí, se hablaba de la creación de un sistema de atención a las víctimas del consumo de estupefacientes.

AP – Exactamente.

EC – Pero no se avanzaba en lo que ahora se establece en el proyecto, que dice lo siguiente: "Artículo 4to: El que fuere encontrado en la vía pública o espacios públicos o privados no habitados, en circunstancias que hagan presumir que se halla consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo, o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros, podrá ser conducido en forma inmediata al centro asistencial que el Poder Ejecutivo disponga a estos efectos. La conducción sólo podrá llevarse a cabo por personal a cargo del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes. Ingresada la persona conducida a dicho centro, sus autoridades, bajo su más estricta responsabilidad, comunicarán en forma inmediata al juez letrado competente sus datos identificatorios, así como las circunstancias que ameritaron la aplicación del procedimiento. También deberá comunicar de forma inmediata la situación de los conducidos a sus familiares, o a quienes aquellos indiquen. El magistrado actuante podrá disponer que la persona permanezca internada en el centro asistencial y ordenará las medidas de diagnóstico y terapéuticas de urgencia que la situación requiera".

AP – Sí, ese artículo establece el procedimiento, cómo actuar ante esas situaciones. Lo que queda absolutamente claro es que en esas situaciones siempre se actúa bajo la decisión del magistrado, bajo la decisión de la Justicia. Si se encuentra una persona en las situaciones que establece el artículo, en la calle o en un lugar no habitable, en condiciones que determinen claramente que están con problemas de adicciones, ahí debe actuarse. Se la debe llevar a un centro de internación, allí se diagnosticará su situación. En el caso de determinarse que es una persona con adicciones complejas, ahí el magistrado determinará su internación o no. Ese es el procedimiento, eso es lo que está articulado en el proyecto de ley. Como todo proyecto de ley, seguramente esos aspectos que son más puntuales tendrán un intercambio en el Parlamento.

EC – ¿Se atenuó el texto que se estaba manejando inicialmente en el Ejecutivo?

AP – No, esta es la visión original. Todo texto siempre puede ser modificado, pero este fue el texto que se nos informó el martes en la reunión. De los cuatro proyectos de ley, prácticamente todos ingresan como se fue analizado en la conversación que tuvimos el martes de noche en Suárez.

EC – Está limitado a casos en los que esta persona sea encontrada en la vía pública, espacios públicos, o espacios privados no habitados.

AP – No habitados, exactamente.

EC – Sólo en esas circunstancias y cuando por otro lado se perciba que hay un peligro para sí o para terceros, esos son todos los límites del caso que puede ser objeto de una internación compulsiva.

AP – Los casos que incorpora el proyecto de ley son aquellos que hoy preocupan de mayor manera, sobre todo en situaciones en la vía pública. Eso es lo que está incorporado de manera expresa. Después en el Parlamento seguramente podremos discutir si se incorpora o no en otras situaciones, si esas situaciones están bien incorporadas, todo esto dentro de algo que nosotros ya hemos definido: que todo proyecto que ingresa al Parlamento necesariamente tiene debate parlamentario. Eso es así. Ahora, estos proyectos para nosotros tienen una particular prioridad y vamos a acelerar el proceso parlamentario de los cuatro proyectos de ley. De hecho el que tiene que ver con el fondo de reparación para las víctimas ya está agendado en la comisión de Constitución y Código de Diputados y por lo tanto el próximo miércoles nuestra voluntad es empezar el tratamiento de dicho proyecto de ley.

EC – ¿Ustedes saben cuál es el ambiente en relación a estas medidas en la oposición?

AP – Inicialmente la oposición ha planteado que están de acuerdo. A veces ha sucedido que en la cancha se hace una cosa y en la liga otra. Pero nosotros somos confiados de que este paquete vinculado a la "Estrategia por la Vida y la Convivencia" es un paquete al que todos le damos prioridad y creemos que el debate parlamentario va a ser un debate rápido y de una votación también rápida.

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Foto: perfil de Facebook de Aníbal Pereyra

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