(emitido a las 7.47 Hs.)

EMILIANO COTELO:
De aprobarse el proyecto del Gobierno que fija una pena mínima de doce meses para los menores que cometen delitos graves, colapsaría el sistema y en un año se duplicaría la cantidad de internados en dependencias del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay), según un informe que preparó el defensor de oficio Daniel Sayagues.

Esta es una de las repercusiones, la más nueva quizás, la que aparece en la portada del diario El País, a propósito de ese conjunto de cuatro proyectos de ley, los primeros que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento esta semana como parte del paquete destinado a enfrentar los problemas de seguridad pública.

Ustedes saben, uno de ellos modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, de modo que los menores de 15 a 18 años que cometan delitos gravísimos con violencia tengan una pena mínima de un año de reclusión. Otro habilita la internación compulsiva de los adictos a la pasta base que sean localizados en la vía pública o en locales privados no habitados. Se agravan las penas para quienes trafican pasta base, también para los policías corruptos y para quienes cometen delitos prestando funciones en centros de reclusión. Y, en el cuarto proyecto, se fortalece el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, que funciona en el Ministerio del Interior, y se crea una pensión reparatoria para resarcir económicamente a personas que hayan sido afectadas por la violencia.

Ayer a esta hora conversábamos con el diputado Aníbal Pereyra, del Espacio 609, Frente Amplio (FA), para conocer algunos entretelones de la discusión en el oficialismo de estos proyectos y el fundamento de algunas de las medidas. Hoy nos interesa el punto de vista del Partido Nacional, Alianza Nacional, para eso estamos con el diputado Jorge Gandini.

Entre otras cosas le consulto a usted porque usted había presentado hace poco un proyecto que apuntaba a modificar las penas en el caso de delitos graves cometidos por menores. ¿Cómo observa el primero de los proyectos que yo venía mencionando?

JORGE GANDINI:
Creo que va en la dirección correcta. Es un tanto tímido todavía, pero ha logrado superar el debate interno que tiene el FA respecto a este tema con alguno de sus sectores, y va cambiando de a poco la filosofía en la cual se sustenta el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que el mejor lugar para rehabilitar un menor es su familia. Por lo tanto, el Código dice que el juez deberá utilizar la privación de libertad como el último recurso y por el menor tiempo posible.

La consecuencia de eso es la que usted está viendo acá. La novedad es que por una rapiña el mínimo de hecho va a ser seis meses, que es un poco lo que hoy está pasando con el homicidio. Es decir, el juez va a tener doce meses como mínimo que aplicar cuando se comete una infracción gravísima: homicidio, rapiña, lesiones graves, secuestro, violación, extorsión, tráfico de estupefacientes. Doce meses mínimo, ahora no tiene mínimo.

También podrá disponer la libertad cuando se cumpla la mitad de la pena, es decir que en los hechos a partir de los seis meses el juez tiene en sus manos la posibilidad de disponer la libertad.

Esto es mucho más de lo que tenemos hoy. Hoy, el mensaje de la filosofía básica del código es que supuestamente el hogar –con el buen ejemplo, con el afecto, con la disciplina paterna, etcétera– es el que mejor va a corregir. Entonces el juez tiene que imponer lo menos posible y dispone, normalmente, la devolución a sus padres. Ni que hablar cuando los delitos no son gravísimos, como el hurto. Ahora vamos avanzando en este sentido.

EC - Usted había planteado otra cosa. En su proyecto proponía que el mínimo de internación fuera de doce meses, o sea que ahí hay coincidencia, pero agregaba que el juez en ningún caso podrá disponer el cese de la medida antes de que se cumplan los dos tercios de la pena. Usted proponía dos tercios, el proyecto del Gobierno dice mitad de la pena.

JG – Recuerde que además nosotros presentamos también otro proyecto con el senador Carlos Moreira que establece mínimos y máximos para cada delito. Fijábamos en un tercio de lo que dispone el Código Penal de adultos para los mismos delitos [en menores]. Si la máxima que dispone el Código Penal de adultos para un homicidio especialmente agravado son 30 años, para el mismo delito serían 10 para menores, uno a tres. Lo mismo con los mínimos, si una rapiña en el Código Penal es entre dos años y seis años, un tercio del mínimo y un tercio del máximo para la rapiña. Los ubicábamos en cada delito dándole todavía menos margen al juez.

EC – El proyecto del Gobierno no incluye máximos.

JG – No incluye máximos, ni incluye mínimos y máximos en cada delito. Simplemente establece que no es como hoy, en el margen de cero a cinco, y ahí se mueve el juez, sino de doce meses. Y mantiene los cinco años como pena máxima.

EC – Entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿usted va a votar el proyecto, se va a negociar o se va a intentar modificar la iniciativa tal cual salió desde el Poder Ejecutivo?

JG – El proyecto tiene cosas interesantes, por lo menos avanza en la responsabilidad penal de los padres. Eso es interesante. Nosotros en nuestro proyecto también estábamos estableciendo que cuando el juez establece obligaciones para los padres, cuando los devuelve a estos para que cumplan determinadas medidas no privativas de libertad, si el joven reincide y el padre no avisó que no estaba pudiendo cumplir con esas medidas, entonces el padre puede ser pasible de ser sancionado por el juez de adultos por el artículo 279 del Código Penal: las omisiones a los deberes inherentes a la patria potestad.

EC – El proyecto del Gobierno dice que entre las tareas que debe desarrollar el juez en un caso como este se incluye "elevar preceptivamente las actuaciones al juzgado penal de turno, a efectos de que este convoque a los representantes legales del adolescente para determinar su eventual responsabilidad en los hechos".

JG – Exactamente, por eso digo que avanza por ahí. Yo creo que vamos a poder conversar y vamos a poder conversar de máximos, estoy totalmente convencido. Hoy veo en la prensa que el diputado Semproni presenta un proyecto que eleva los máximos para los menores a diez años y el otro día escuché hablar a la diputada Susana Pereyra, del MPP, que ella comparte que hay que elevar las penas.

EC – Sí, el diputado Aníbal Pereyra decía ayer aquí de mañana que no descartaba para nada que se pudiera incorporar máximas a estos delitos en el ámbito de la comisión especial con el cometido de redactar el código que legisle en forma exclusiva el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, previsto en el artículo cuarto.

JG – Por eso, yo creo que va evolucionando el debate. La realidad es muy fuerte y creo que la línea del ministro del Interior, que es el que tiene que administrar esa realidad, va trasmitiendo hacia algunos sectores del Frente la necesidad de avanzar sobre otros componentes de la modificación del Código de la Niñez. Así que nosotros vamos a acompañar este proyecto. Vamos a intentar introducir algunos cambios en el sentido de mejorarlo, al menos es nuestra visión. Creo que además es muy positivo que nos aboquemos a redactar un código penal de adolescentes, con una mirada un poco más actual que la que tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia.

EC – ¿Con respecto a los otros tres proyectos que se enviaron al Parlamento usted ya tiene una visión?

JG – Nosotros tenemos proyectos presentados sobre la reparación a las víctimas. Este está bien porque le da una fuente de financiamiento importante, hay que ver cómo impacta ahí en el tema de los seguros, hay que analizarlo un poquito más. Pero nosotros tenemos una visión positiva de la reparación a las víctimas. Me parece que hay que ir también por el lado de reparar otros aspectos en cuanto a la ayuda psicológica a algunas familias y a víctimas. Acá solamente prevé el homicidio, ahí hay una reparación, pero a veces el comerciante tiene que cerrar porque queda impedido, y la familia va a quedar con una consecuencia similar a la del homicidio en tanto no puede trabajar. Hay que trabajarlo un poquito más, pero vamos en ese camino.

Bien el de la corrupción policial, está bien aumentar las penas, y poner un mínimo. Para la paste base solo se aumenta el mínimo, no el máximo, pero también está en el buen camino.

Tenemos dudas con el de la internación compulsiva. No lo hemos discutido, aunque yo personalmente estoy de acuerdo con la medida.

EC – Recordemos lo que dice el artículo cuarto de ese proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento: "El que fuere encontrado en la vía pública o espacios públicos o privados no habitados, en circunstancias que hagan presumir que se halla consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo, o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros, podrá ser conducido en forma inmediata al Centro Asistencial que el Poder Ejecutivo disponga a estos efectos. (...) Ingresada la persona conducida a dicho Centro, sus autoridades, bajo más estricta responsabilidad, comunicarán en forma inmediata al juez letrado competente" los datos filiatorios, y el magistrado actuante es el que en definitiva resuelve que la persona permanezca o no, cuanto tiempo, etcétera.

JG – Sí, recordemos que es un procedimiento no policial, se hace todo con personal de esta nueva institución que se va a formar a partir de la transferencia de recursos de otros organismos públicos

EC - Esa nueva institución es el Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (Savce).

JG – Esta nueva dependencia es la que tiene que conducir a la persona. No es un procedimiento policial, es esta la institución que se va a encargar de hacer todas las evaluaciones en el centro de asistencia en el que resulte internado.

A mí me parece razonable. Si una persona está a punto de causarse daño a sí mismo o a los demás y no es dueña de sus acciones porque está bajo el efecto de la pasta base –por lo que se consolida la idea de que está enferma– y no se lo interna en una dependencia policial (ni siquiera va al juzgado penal, va al juzgado de familia), creo que el Estado tiene la obligación de actuar.

EC – No todo el mundo piensa lo mismo, hay quienes afirman que se está afectando la libertad.

JG – Sí, pero cuando usted lo lleva a la práctica ve que en un barrio la gente le dice: "En esa casa abandonada pasa tal y cual cosa, y están todo el día allí". Eso genera un peligro porque cuando están todos drogados pasa tal o cual cosa, hay que dar vuelta a la manzana. Esas cosas de alguna manera hay que abordarlas, y no se los aborda desde el punto de vista penal, no están cometiendo un delito, ni siquiera un intento de un delito, se los aborda desde el tema de la salud.

Yo creo que la libertad de unos termina donde empieza la libertad de otros. Uno tiene libertad de vivir tranquilo, libertad ambulatoria, etcétera, y por lo menos tenemos que estudiarlo. Yo tengo una visión, en principio, positiva. Me preocupa más que el proyecto no nos dice cómo avanza después, me da la impresión que va más por el lado de internarlo, desintoxicarlo y una vez que está puntualmente apto para recobrar su conciencia el juez debe disponer su retorno al medio. Me parece que por ese camino vuelve otra vez al mismo circuito, todavía no hay un mecanismo que permita atender realmente las adicciones. Pero yo en principio, y previo a una discusión interna, tengo una visión positiva de que también hay que proteger la libertad de los otros que se ve afectada por las acciones de unos pocos que generan inseguridad en el entorno.  

EC – Para terminar, yo sé que esta pregunta puede dar para charlar diez minutos más, pero en síntesis, yo le estuve preguntando ahora por los cuatro proyectos que se han remitido al Parlamento, pero el paquete es de quince medidas. Hubo un anuncio general la semana pasada en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Sobre el conjunto, por lo menos sobre lo que se informó de por dónde viene la visión integral que el Poder Ejecutivo quiere manejar entorno a la seguridad pública, ¿qué impresión tiene?

JG – La impresión es que muchos de ellos no tienen que ver con la seguridad pública y los que tienen que ver con el tema directamente de la seguridad pública abordan el entorno del problema y no el corazón del problema. Yo me quedaría mucho más conforme si me dijeran el 911 va a funcionar y usted llama por teléfono, lo atienden enseguida y a los tres minutos vino un patrullero a la puerta de su casa. Ese es el tema de la seguridad pública.

Lo demás va por el costado, va por otros temas. Creo que pasa más por la eficiencia del trabajo de prevención y represión y el tratamiento adecuado del tema de las cárceles, que son generadoras y motivadoras muchas veces al delito, que de estos otros temas que están en el entorno. Pero avanzan, seguramente casi todos los que tienen que ver con el tema mismo seguridad se relacionan con proyectos que la oposición ha presentado.

Y veremos los otros, que me parece que no son de seguridad. No lo es el de las plazas, que tiene más que ver con transferencia de recursos a la Intendencia de Montevideo para que pueda hacer obras que no hace. No lo es el de la marihuana, que me parece que para resolver un problema va a terminar generando otro, y esa no es una buena práctica.

Y mucho menos lo es el otro, que parece más el horario de protección al Gobierno que de protección al menor, y apunta al tema de la libertad de expresión y a la libertad de información que tienen los ciudadanos. Y va a generar un precioso debate, un debate de fondo, no sólo la medida concreta, que no es por ley, es por decreto, pero va a terminar generando alguna ley que intente derogar ese decreto.

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Foto: archivo

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