[Actualizado a las 12.40 horas]

Los blancos sostienen que no tiene sentido seguir con un pacto que el Gobierno demostró no estar dispuesto a cumplir.

El mensaje presupuestal del Gobierno ingresó este sábado al Parlamento, con asignaciones especiales para casi todos los incisos y algunas disposiciones polémicas.

Fue entregado cinco horas antes de agotarse el plazo legal, en manos del presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, por parte del ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

La iniciativa, tal como se anunció, se maneja en un mensaje de estricta prudencia ante la "incertidumbre" del panorama internacional. Solo incrementa el gasto en US$ 140 millones, fruto de la rebaja del déficit fiscal del ejercio anterior.

ANEP recibirá partidas extra por $400 millones, entre ellos $180 millones destinados al "Fortalecimiento de los Centros Educativos y Concentración de Horas Docentes".

Pese a su nombre, el Partido Nacional sostiene que no se trata del "ProMejora", elaborado por el consejero nacionalista Daniel Corbo, que por lo tanto no tendrá recursos para su expansión a lo largo de 2013.

Por lo tanto, según dijo a El Espectador el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional), se considerará que el Poder Ejecutivo "incumplió" el pacto educativo suscrito por todos los sectores políticos a comienzos de este año.

El legislador señaló que el líder de su sector, Jorge Larrañaga, planteará esta situación ante el Directorio nacionalista, que definirá las acciones a seguir.

"Larrañaga ha sido claro en el tema: los acuerdos que no se cumplen, se rompen. El Poder Ejecutivo ha dado una señal clara de que no está dispuesto a cubrir el programa" , expresó Gandini, quien dijo que la Presidencia de la República tiene destinado más dinero que ese para sus planes internos.

La Rendición enviada por el Ejecutivo tampoco prevé el incremento salarial de 3,34% acordado entre el presidente del Codicen, José Seoane, y el gremio de Secundaria.

Entre los $400 millones se incluyen $20 millones para el el mejoramiento de la estructura edilicia.

Presidencia de la República pide un incremento de más de US$ 500 mil para gastos de funcionamiento de la Torre Ejecutiva. También aumenta los recursos para determinados programas con el Plan Juntos, Uruguay Crece Contigo, para el cual se destinan $100 millones, y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

En Defensa, el incremento es de $158 millones destinado a recursos humanos. Incluye aumento de partidas para el pago de guardia perimetral en los establecimientos carcelarios y compensaciones especiales a pilotos de la Fuerza Aérea y efectivos de la Armada. También a los integrantes de unidades antiterroristas. Se crean cargos de enfermería en el Hospital Militar.

Interior recibirá un incremento de $126 millones. Se crean 300 nuevos cargos en la Guardia Republicana, se incrementan las partidas de compensación por tareas prevento-represivas y se etablecen benficios por cumplimiento de metas de gestión, tanto a nivel de personal subalterno como superior.

Economía prevé crear un fondo de reserva a través de la modificaciòn del régimen de garantéa de alquileres.

Se destinan fondos para el retorno al país de uruguayos en el exterior cuando se compruebe una situación de vulnerabilidad social y no se cuente con medios para hacerlo.

Industria y Energìa prevé $60 millones para el Polo Industrial Naval y $40 millones en beneficios de las Pymes.

Además de un importante rubro para atender problemas salariales internos, Transporte y Obras Públicas destinará $160 millones para la contraparte nacional del proyecto del ferrocarril cofinanciado junto al Focem.

Educación y Cultura incrementa en $ 30 millones las partidas para el Programa Nacional de Educación y Trabajo, y $ 10 millones para las horas docentes en el área cultural. Además destina $ 70 millones para la creación de nuevos cargos en las fiscaliza.

En Salud Pública, el incremento del presupuesto será de $ 20 millones, destinado a recursos humanos. Se destaca una partida de $ 12 millones, la contratar fiscalizadores y controladores de las políticas de implementación del SNIS.

Vivienda y Medio Ambiente recibirá fondos adicionales para apoyar programas de Vivienda por unos $ 100 millones, y destinará otros $ 40 millones para fortalecer los recursos humanos de la DINAMA de cara a tareas de control de impacto medioambiental de proyectos de inversión.

A Desarrollo Social le corresponderá un incremento presupuestal de $ 346 millones, que irán principalmente a programas de protección social como Jóvenes en Red, Abordaje Familiar, Canasta de Servicios, Sistema de Cuidados y Programa de Refugios. Se incluyen $ 40 millones destinados a personal.

Para la Universidad de la República, se prevé una partida incremental de $ 44 millones para el Programa de Desarrollo de la Universidad en el Interior y para Desarrollo Académico.

A ASSE se le asignan $ 700 millones adicionales para remuneraciones, de los cuales $ 200 millones se aplicarán en 2012, y el resto hasta 2014.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda comenzará formalmente a analizar el proyecto en el correr de esta semana, con el desafío para la bancada del Frente Amplio de seguir el lineamiento de prudencia y gasto cero del equipo económico con los reclamos de los sindicatos que comenzarán a desfilar por el Parlamento.

Al respecto el diputado Yerú Pardiñas dijo a El Espectador que se evaluará la ejecución del gasto de cada organismo en el pasado ejercicio para así disponer de eventuales reasignaciones de recursos.

"La reasignación de gasto ha sido una prorrogativa que hemos implementado en muchas oportunidades para mejorar el accionar del Estado y para que el presupuesto pueda ejecutarse de mejor manera y dé satisfacción a las necesidades que emerjen de estos debates", dijo Pardiñas.

La Rendición de Cuentas incorpora algunas disposiciones que resultarán por lo menos polémicas.

Se establece un pago obligatorio de un canon para las radios y los canales de TV, por el uso de la frecuencia Radioeléctrica.

Los canales quedarán obligados además a destinar 15 minutos al dìa para campañas de bien público a cargo del Estado.

La Dirección General Impositiva será habilitada por su parte solicitar el apoyo de la fuerza pública en sus operativos de fiscalización y sanción.