(emitido a las 7.47 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El directorio del Partido Nacional (PN), con el apoyo del Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI), interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. El llamado a sala estará a cargo del senador Sergio Abreu, ex canciller.

¿Cuál es el tema que está de por medio? ¿Cuál es el desencadenante de esta nueva instancia parlamentaria de debate? Lo ocurrido en la cumbre del Mercosur en Mendoza,  la suspensión de Paraguay y la incorporación simultánea de Venezuela como miembro pleno del bloque.

Aparte de la resolución del PN, está lo que resolvió el Comité Ejecutivo Nacional del PC. En su sesión de ayer aprobó por unanimidad estos puntos: en primer lugar solicitar consultas jurídicas a constitucionalistas y profesores de derecho internacional acerca de la constitucionalidad y legalidad de las decisiones tomadas por el presidente y el canciller de la República en la reciente cumbre del Mercosur en Mendoza. Dos: aceptar el pedido del PN para llamar a sala al canciller de la República en el Senado. Tres: disponer que los legisladores del PC en el Parlasur no ingresen a sala en caso de que no se permita hacerlo a los representantes paraguayos, únicos electos en forma directa por el pueblo. Cuatro: solicitar al diputado Germán Cardoso que en el día de mañana –por hoy- solicite la declaración de asunto político de este tema en la sesión de la Cámara de Diputados.

Estamos con el senador Ope Pasquet, de Vamos Uruguay, PC.

Mirando la declaración que acabo de leer, me llama la atención que ustedes no se pronuncian directamente sobre las medidas adoptadas en la cumbre de Mendoza del Mercosur, sino que optan por solicitar consultas jurídicas, ¿por qué?

OPE PASQUET:
Por la determinación de las responsabilidades del presidente y del canciller por su participación en la adopción de una decisión que, a nuestro juicio, es antijurídica.

EC – Ustedes están analizando responsabilidades del presidente y del canciller, ¿cómo es esto?

OP – Al participar de esa decisión conociendo que es contraria al derecho, porque según el canciller [Luis] Almagro esa fue la posición que llevó Uruguay a la reunión, queremos determinar, por medio de la consulta a los especialistas, qué responsabilidad puede configurarse por una conducta de ese tipo. Una cosa es optar por una decisión política con una preferencia sobre otra y otra es hacer algo que es contrario a derecho. Porque las razones que movilizaron al canciller Almagro son de carácter jurídico, son las que consideramos que debieron prevalecer, y sin embargo se siguió otro camino. No podemos aceptar que el presidente haga lo que se le ocurra, incluso siendo contrario a derecho. Queremos determinar sus responsabilidades consultando a especialistas en esta materia para no precipitarnos en el juicio.

EC – Usted escuchó las explicaciones que dio ayer el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, cuando justificó por qué el presidente Mujica terminó dando el visto bueno a la incorporación de Venezuela en la reunión cerrada que mantuvo con las presidentas Cristina Fernández, de Argentina y Dilma Rousseff, de Brasil. En síntesis, el prosecretario recordó que Uruguay no estaba de acuerdo con el ingreso de Venezuela en estas circunstancias, pero decidió no vetarlo porque Argentina y Brasil habían accedido a varios planteos de Uruguay, por ejemplo no imponer sanciones económicas a Paraguay; que el dinero del  Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), continúe llegando a Paraguay; en particular que Venezuela no cortara la asistencia petrolera a Paraguay; y por último un planteo que hacía Uruguay para que el bloque regional se abriera hacia los países de la Alianza del Pacífico. Según decía Cánepa, los puntos propuestos por Uruguay, y aceptados por los otros dos socios, sumados a que el ingreso de Venezuela ya había sido ratificado por el parlamento uruguayo en 2006, llevaron a que se optara por no vetar lo que pedían Argentina y Brasil. ¿Qué dice usted?

OP – Lo que están dicen los voceros del Gobierno uruguayo, tanto el doctor Cánepa como el canciller Almagro, es de dudosa verosimilitud. Está siendo negado por los representantes de los otros integrantes del Mercosur. Así lo informa la prensa de hoy. Marco Aurelio García, asesor internacional de la presidenta [Dilma] Rousseff y del expresidente [Luiz Inácio] Lula, negó las explicaciones uruguayas sobre lo que ocurrió en Mendoza. Según García, Brasil no tomó esta iniciativa ni presionó a nadie, agrega  además que quien tomó la iniciativa de incorporar a Venezuela fue el presidente Mujica. Y no lo dice cualquiera, lo dice Marco Aurelio García. Seguramente, muchos de los calificados oyentes de este programa saben quien es. Esta persona esta diciendo que lo que dijo ayer el canciller Almagro es falso. Esto es preocupante.

La cancillería argentina emite otra declaración donde niega que haya habido imposición de uno sobre otro, aclara que fue una decisión por consenso.

Además, uno escucha la entrevista que le hizo usted a Alamgro ayer y no termina de sorprenderse. Creo que si Almagro la escucha en un momento de serenidad, se daría cuenta de que tiene que irse.

EC – ¿A qué alude concretamente?

OP – Cuando Almagro dice que se oponía al ingreso de Venezuela en estas circunstancias, y posteriormente el presidente decide apoyar este ingreso y luego no le comunica las razones por las que llegó a esa decisión. Lo dijo expresamente Almagro: "Mujica no me lo dijo". Entonces una de dos, si lo que dice Almagro es cierto y Mujica tomó esa decisión sin comunicarle sus fundamentos, por un mínimo prurito de dignidad personal, el canciller tiene que irse, no puede ser canciller de un presidente que no le explica los motivos de sus decisiones. Decisiones que el ministro tiene que defender y decir que el presidente hizo lo correcto, pero que no sabe los fundamentos de sus decisiones. Si no es cierto, que es lo que yo pienso, tiene que irse por haberle mentido a la opinión pública. En cualquier caso, la conclusión es la misma. Este episodio es inaudito, las explicaciones que pretende dar el canciller, que son desmentidas por calificados voceros del gobierno brasileño, son absolutamente inaceptables.

EC - ¿Y sobre las explicaciones que da el prosecretario Cánepa cuando señala que la incorporación de Venezuela al Mercosur ya tenía el visto bueno del Parlamento de nuestro país desde el año 2006?

OP – Es falso. Yo tengo el texto de la ley 18.053 por la cual se aprobó el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Tratado de Asunción al Mercosur. El artículo 12 dice: "El presente protocolo, instrumento adicional al Tratado de Asunción, entrará en vigencia el trigésimo quinto día contado a partir de la fecha de depósito del quinto instrumento de ratificación". Se requiere el acuerdo de los cuatro países miembros, más el acuerdo de Venezuela. Acá no hay cinco instrumentos de ratificación, hay cuatro, porque Paraguay se ha opuesto a este proceso. No se puede desconocer el texto de esta ley y decir que el parlamento aprobó algo, cuando no lo hizo. Los presidentes no tienen facultades para aprobar algo distinto de lo aprobado en su momento por medio de las leyes de cada país.

EC - ¿Y entonces?

OP – Si se produce el ingreso de Venezuela, en estas circunstancias, será contrario a derecho. Se está fisurando, como dijo el vicepresidente [Danilo] Astori, la institucionalidad del Mercosur. Vamos a entrar en un terreno de desapego por el derecho, en el que se mueve con soltura la República Argentina por ejemplo. Es un hecho notorio al que, hasta ahora, no habíamos llegado. A eso vamos.

EC – Usted vio que en la cumbre de Mendoza se resolvió que la formalización del ingreso de Venezuela al Mercosur se lleve adelante a fines del mes de julio en una nueva reunión que tendrá lugar en Brasil. Según señalaba ayer el canciller Almagro, el lapso que se ha establecido tiene que ver con que no todos están de acuerdo con que sea jurídicamente viable el paso que se está dando. En ese lapso de un mes, ¿puede haber alternativas para resolver esto? Por ejemplo, si el parlamento uruguayo reconsiderara el ingreso de Venezuela teniendo en cuenta los elementos nuevos, ¿ese podría ser un camino?

OP – El parlamento ya se pronunció y aprobó la ley 18.053 a la que me referí. Pero además, tendrían que hacer lo mismo los otros parlamentos. No me parece que eso vaya a ocurrir. No alcanzaría con que Uruguay sancionara una ley en función de las nuevas circunstancias. Para que se encontrasen las voluntades de los Estados parte, los otros tendrían que hacer lo mismo. Nada hace pensar que eso vaya a ocurrir.

Además, Marco Aurelio García dijo que había hablado con el presidente Mujica y que éste le ratificó la voluntad de Uruguay de aceptar el ingreso de Venezuela. Lo que dijo Almagro no es cierto, el presidente está ratificando frente al gobierno brasileño su voluntad de que Venezuela ingrese ahora. También es falso que haya un proceso de análisis jurídico en marcha. El presidente dijo otra cosa. Salvo que estemos en un reino del revés en el cual el presidente dice una cosa, el canciller dice otra y la definición queda por verse. No puedo creer que esto se haya desquiciado tanto, quiero creer que hay cierto atisbo de normalidad que permanece y que las decisiones las toma el presidente.

EC – Para terminar, teniendo en cuenta el análisis que usted hace, me queda esta pregunta: con la eventual salida de Luis Almagro del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ¿se arregla todo esto?

OP – Lo primero que necesitamos es un canciller al que se le pueda creer. Que cuando diga que han resuelto alguna cosa, nosotros podamos creerle. El ministro Almagro viene perdiendo credibilidad desde hace mucho tiempo, este no es un episodio aislado. Yo vengo señalando la erosión de su credibilidad desde hace rato pero este episodio final es el más estrepitoso porque está siendo desmentido por los gobiernos de los países vecinos. Primero tengamos un canciller en cuya palabra podamos creer, y luego veremos si nos ponemos de acuerdo.

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