Pilotos instan a reabrir Pluna para rebatir demandas
La Asociación Civil de Pilotos de Línea Aérea (Acipla) propone al Estado que retome inmediatamente las operaciones, ya que el cese podría significar al país demandas por hasta 300 millones de dólares.
Los profesionales de la aviación nucleados en la Acipla denunciaron ante la Comisión de Defensa de Diputados algunas situaciones generadas a partir del cese intempestivo de las operaciones de Pluna.
Según el acta de esa sesión a la que accedió El Espectador, el representante legal de Acipla, Alejandro Abal, advirtió del inmediato problema de la eventual caída de las licencias de muchos de los pilotos.
Este asunto, no previsto en el proyecto de ley que este lunes recibirá sanción del Parlamento, generará que muchos pilotos, con el objetivo de mantener su licencia, optarán por aceptar trabajo en otros lugares.
Según estimaciones, el costo de formación de un piloto asciende a 50 mil dólares, más las periódicas actualizaciones. Uruguay cuenta solo con 130 de estos profesionales. Según Abal, unos 80 han recibido propuestas de países como Panamá o Chile, e incluso de lugares tan lejanos como China o Vietnam.
La Acipla enumeró ante los legisladores este como otras consecuencias que para la actividad económica del país tuvo el cierre fulminante de Pluna, y en ese sentido propusieron que el Estado ponga a volar inmediatamente los siete aviones de su propiedad.
Señalaron el Estado tiene los permisos, Pluna tiene vigente la certificación internacional y conserva las rutas.
Como ventajas de este plan, apuntaron a que al momento hay 800 funcionarios en seguro de desempleo, más todos los empleos indirectos que se perderán.
Entienden que, mediante este régimen, el Estado como mucho debería poner 50 millones de dólares. Una cifra estimativamente muy inferior que asumir los costos de su cierre.
En ese sentido, creen que las demandas "monstruosas" que va a tener el país por las consecuencias del cese intempestivo de operaciones "van a pasar, fácil, los 300 millones de dólares".
A todo esto el Frente Amplio definirá este lunes si habilita o no los votos para formar en el Senado una comisión investigadora que analice responsabilidades políticas en esta situación.
Las posiciones están divididas, ya que algunos sectores prefieren que el tema lo investigue la Justicia.
El propio presidente José Mujica apoya esta postura.
Según fuentes oficiales citadas este domingo por "La República", el presidente es partidario de enviar todos los antecedentes a la Justicia.
El mandatario considera que esta es forma de "asegurar la cristalinidad", con el fin de establecer si hubo "algún dolo o error humano". Para Mujica, "tendría mucho más sentido que todo lo investigue la Justicia y no el Parlamento".
En tanto, el líder colorado Pedro Bordaberry volvió este domingo a cuestionar la ley elaborada para habilitar la liquidación de Pluna SA.
En su habitual columna semanal a través de las redes sociales, Bordaberry señaló que el verdadero objetivo para el "apuro" oficial en aprobar la iniciativa es que el Estado pueda cobrar antes que los trabajadores y otros acreedores, como por ejemplo, las más de 70.000 personas que compraron pasajes por adelantado.
Para Bordaberry la norma está diseñada para que se pueda asegurar la garantía de 130 millones de dólares que el Estado asumió ante el Scotiabank de Canadá por la compra de aeronaves, pero dejará por el camino a los funcionarios y a los demás acreedores.
El líder colorado, que fue aplaudido por los empleados de Pluna el jueves en el Senado, aseguró que "los que dicen defender a los trabajadores y al pueblo, hoy aprueban una ley que los dejará por el camino".
Según el acta de esa sesión a la que accedió El Espectador, el representante legal de Acipla, Alejandro Abal, advirtió del inmediato problema de la eventual caída de las licencias de muchos de los pilotos.
Este asunto, no previsto en el proyecto de ley que este lunes recibirá sanción del Parlamento, generará que muchos pilotos, con el objetivo de mantener su licencia, optarán por aceptar trabajo en otros lugares.
Según estimaciones, el costo de formación de un piloto asciende a 50 mil dólares, más las periódicas actualizaciones. Uruguay cuenta solo con 130 de estos profesionales. Según Abal, unos 80 han recibido propuestas de países como Panamá o Chile, e incluso de lugares tan lejanos como China o Vietnam.
La Acipla enumeró ante los legisladores este como otras consecuencias que para la actividad económica del país tuvo el cierre fulminante de Pluna, y en ese sentido propusieron que el Estado ponga a volar inmediatamente los siete aviones de su propiedad.
Señalaron el Estado tiene los permisos, Pluna tiene vigente la certificación internacional y conserva las rutas.
Como ventajas de este plan, apuntaron a que al momento hay 800 funcionarios en seguro de desempleo, más todos los empleos indirectos que se perderán.
Entienden que, mediante este régimen, el Estado como mucho debería poner 50 millones de dólares. Una cifra estimativamente muy inferior que asumir los costos de su cierre.
En ese sentido, creen que las demandas "monstruosas" que va a tener el país por las consecuencias del cese intempestivo de operaciones "van a pasar, fácil, los 300 millones de dólares".
A todo esto el Frente Amplio definirá este lunes si habilita o no los votos para formar en el Senado una comisión investigadora que analice responsabilidades políticas en esta situación.
Las posiciones están divididas, ya que algunos sectores prefieren que el tema lo investigue la Justicia.
El propio presidente José Mujica apoya esta postura.
Según fuentes oficiales citadas este domingo por "La República", el presidente es partidario de enviar todos los antecedentes a la Justicia.
El mandatario considera que esta es forma de "asegurar la cristalinidad", con el fin de establecer si hubo "algún dolo o error humano". Para Mujica, "tendría mucho más sentido que todo lo investigue la Justicia y no el Parlamento".
En tanto, el líder colorado Pedro Bordaberry volvió este domingo a cuestionar la ley elaborada para habilitar la liquidación de Pluna SA.
En su habitual columna semanal a través de las redes sociales, Bordaberry señaló que el verdadero objetivo para el "apuro" oficial en aprobar la iniciativa es que el Estado pueda cobrar antes que los trabajadores y otros acreedores, como por ejemplo, las más de 70.000 personas que compraron pasajes por adelantado.
Para Bordaberry la norma está diseñada para que se pueda asegurar la garantía de 130 millones de dólares que el Estado asumió ante el Scotiabank de Canadá por la compra de aeronaves, pero dejará por el camino a los funcionarios y a los demás acreedores.
El líder colorado, que fue aplaudido por los empleados de Pluna el jueves en el Senado, aseguró que "los que dicen defender a los trabajadores y al pueblo, hoy aprueban una ley que los dejará por el camino".