(Emitido a las 7.46 hs.)


EMILIANO COTELO:
El Poder Ejecutivo remitió finalmente al Parlamento el proyecto de ley que regula la producción, distribución y comercialización de marihuana a través del Estado.

El documento publicado este miércoles por Presidencia contiene la exposición de motivos de 12 páginas y el proyecto en sí, que contiene un artículo y sólo tres párrafos.

Dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto de ley 14.294 del 31 de octubre de 1974 y sus modificativas, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación.

Asimismo, el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior, para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación".

Finalmente, "las actividades referidas en los incisos anteriores deberán ser realizadas exclusivamente en el marco de una política de reducción de daños, que, asimismo, alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana, así como a los únicos efectos de una minimización de riesgos y daños de la población potencialmente consumidora, en las condiciones que, a su respecto, fije la reglamentación".

El proyecto de Ley está acompañado por una larga exposición de motivos que comienza expresando que la iniciativa pretende "establecer un marco normativo que permita regular el mercado del cannabis, a efectos de contribuir a reducir daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales, los que por tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven necesariamente denigrados e involucrados en actividades delictivas en prácticas con alto riesgo, exponiéndose así, además, a entrar en contacto con el consumo de drogas toxicológicamente más riesgosas, como es el caso de la pasta base de cocaína, entre otras".

Más adelante, el texto afirma que los objetivos de esta iniciativa son separar "el mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas" y propiciar la "normalización e inclusión social plena del uso de la marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal".

Además, se establece que a través de esta medida se podrá "desarrollar un combate frontal al narcotráfico arrebatándole un negocio que según estimaciones primarias se encuentra entre los 30 y 40 millones de dólares anuales y que implica una potencial fuente de corrupción y violencia para el conjunto de la sociedad".

Se devela entonces el misterio sobre el cuál ha habido tanta especulación, tanto trascendido, tanta versión contradictoria desde hace casi dos meses. Las primeras versiones a propósito de que el Poder Ejecutivo se disponía a redactar un proyecto en esta materia fueron conocidas a mediados del mes de junio.

Recibimos al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada.

Una pregunta para empezar. Destacaba recién que el proyecto tal cual se envía al Parlamento tiene 12 páginas de exposición de motivos y sólo una con la ley en sí, con el artículo único además que es muy breve. ¿Por qué estas características?

JULIO CALZADA:
Nosotros lo dijimos desde el inicio, que iba a ser una ley que iba a tener estas características. Lo central es que creemos que en la exposición de motivos está el fundamento de por qué de la necesidad de modificar aspectos que nos parecen sustanciales; un aspecto de las políticas de drogas. Hemos obtenido desde que esto fue presentado en términos generales, pero desde mucho antes, el fracaso de un modelo de regulación del uso de drogas exclusivamente por la prohibición y la ley penal y la criminalización.

Lo sustancial está en esas 13 páginas. El artículo único, a pesar de ser un artículo muy pequeño, es un artículo que fue muy trabajado, muy estudiado, muy consultado con diferentes fuentes. Porque, como ustedes saben, la Convención Única de Estupefacientes del año 1961 es un corset complicado de manejar, plantea un conjunto de elementos que son difíciles de manejar. Y el país tiene toda la voluntad, como hemos dicho desde un primer momento, de realizar este cambio de políticas en el marco de la Convención, conjuntamente a continuar promoviendo el cambio a la modificación, el mejoramiento de esta Convención.

EC – Ahí viene uno de los puntos delicados de esta iniciativa que toma el Poder Ejecutivo: si es compatible o no con la Convención Única de Estupefacientes del año 1961. En la exposición de motivos se alude a eso, se señala: "Esta Convención y las políticas que de ella derivan, fueron como todo producto de la cultura humana, resultado de su tiempo, con sus potencialidades y sus debilidades, y deben ser, al día de hoy, críticamente revisadas, modificadas y mejoradas". Agrega, "durante décadas fue impensable que en el marco de los organismos internacionales se cuestionara la Convención. Mucho menos que se pensara en modificarla o mejorarla. No obstante, en diferentes Estados nacionales y regiones, en particular América Latina, se han dado, en las últimas dos décadas, diferentes pasos tendientes a flexibilizar los enfoques de política sobre drogas basados en este instrumento legal, que deja poco margen para otros abordajes y que ha mostrado ser un instrumento ineficiente, ineficaz y contradictorio para el logro de los objetivos que se propone". ¿Hay que entender que este proyecto de ley que se está mandando al Parlamento justamente se inscribe en ese contexto de discusión, de interpelación a la Convención Única de Estupefacientes?

JC – Sí, claramente. Tú lo has leído, yo te lo adelantaba ese punto. Para nosotros ese es un punto vertebral de todo esto...

EC - Claro, ¿pero el proyecto es compatible con la Convención?

JC – El proyecto se da en el marco de la Convención. Nosotros creemos que no implica que el país quede fuera, ni renuncie, ni denuncie la Convención en ningún caso, sino que dentro de los márgenes que tiene la Convención, todas las convenciones por más que quieran ser atadas y selladas siempre tienen márgenes, son los mismos márgenes que ha usado Holanda, los mismos márgenes que ha usado Australia, los mismos márgenes que han usado los 17 estados de Estados Unidos que comercializan cannabis legalmente.

EC – Hay dos bibliotecas al respecto, hay especialistas que sostienen que un proyecto como este viola la Convención.

JC – Hay seguramente más de dos bibliotecas. A esos especialistas hay que decirles porqué Holanda hace 30 años que viene llevando adelante la política de coffee shop y no ha sido expulsada de la Convención; porqué Australia desde los años 80 hace lo mismo; eso está planteado en la fundamentación de motivos. Y porqué Estados Unidos permite a esos 17 estados en el marco de su Constitución y su ordenamiento legal la comercialización de cannabis. La Convención tiene sus limitaciones y tiene sus márgenes.

Y me parece que se da también, y esto es muy importante plantearlo, en esta misma semana ha habido tres planteos en América Latina: el del alcalde de Bogotá, el de dos legisladores en Chile que han planteado buscar caminos para habilitar la regulación de este mercado. Con un objetivo central también, y todos pensando en lo mismo, un objetivo sanitario, por un lado; y por otro lado el combate frontal al narcotráfico. Se ha combatido el consumo de drogas durante 50 años y se ha desarrollado brutalmente el fenómeno del narcotráfico, hoy es el momento de pensar que el narcotráfico no se puede combatir exclusivamente con balas y que ese es el gran problema que tiene América Latina. Y que está comenzando a tener el país, porque fue muy discutido que esto se diera en el marco de un proyecto que tiene un carácter sanitario, un objetivo sanitario, se diera en el marco del Gabinete de Seguridad. Pero está muy claro que diferentes formas de criminalidad y de violencia, particularmente, los llamados ajustes de cuentas que se están dando en el país en los últimos años, están directamente asociados al fenómeno del narcotráfico. La forma de desarticular el narcotráfico no parece ser la militar. Llevamos 40 años de guerra a las drogas desde el 71 a la fecha y el narcotráfico se ha incrementado, el consumo de drogas se ha incrementado, la violencia se ha incrementado. Creemos que hay que modificar sustancialmente la visión de esas políticas y de buscar otros caminos.

EC – Ustedes recuerdan, y usted mencionaba recién, antecedentes en otros países de políticas en esta dirección. De todos modos parece que el paso que da Uruguay es de los más audaces. Esto de que el Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados. ¿En qué se está pensando concretamente?, porque el texto no da detalles. ¿Efectivamente el Estado producirá marihuana por ejemplo?

JC – El texto si bien no da detalles es claro: El Estado regulará el conjunto de actividades que es lo que plantea la Convención en sus primeros artículos: los Estados son los responsables de este aspecto. Por eso nosotros decimos que estamos plenamente dentro de la Convención. Quien efectivamente hará el acto de plantar, el acto de almacenar, etcétera, es un aspecto que queda, no librado, pero quedan para ser resueltos por parte del Poder Legislativo, que será quien tendrá que avanzar en esta materia.

EC – O sea, no se descarta la posibilidad de que la marihuana la produzcan privados controlados por el Estado. ¿No se descarta que la comercialización también quede a cargo de privados?

JC – Inicialmente no se descarta nada. Lo que es muy importante son las formas de regulación que esto tendrá. Es decir, en ningún caso será posible un libre comercio de esta sustancia entre privados, porque como lo hemos sostenido también desde un primer momento, más allá de que hay quien se pueda haber confundido, la marihuana para el Gobierno, para el Estado uruguayo es una sustancia que produce daños a la salud, que tiene riesgos para su consumo. Y por tratarse de una sustancia que tiene un riesgo potencial importante tiene que tener un importante control por parte del Estado.

Lo central de ese artículo único es el papel que la regulación por parte del Estado tiene del mercado. No hay posibilidades de autorregulación del mercado de cannabis en el Uruguay en el marco de esta propuesta del Ejecutivo.

EC – ¿Qué pasa con el otro proyecto, la otra línea de trabajo en la que habían estado negociando incluso distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con la posibilidad, la iniciativa, que apuntaba a habilitar despenalizar el autocultivo de marihuana, el cultivo de marihuana para uso personal?

JC – Tiene que ver directamente con lo que te comentaba anteriormente...

EC - ...Sí, por eso, pero quiero mayor precisión en ese sentido.

JC – En la medida que autocultivo sea autorregulación, no hay posibilidades; en la medida que pueda haber formas de autocultivo regulado creo que los proyectos que venía trabajando el Poder Legislativo, tanto el del diputado Lacalle Pou, como el de los diputados Savini, Amado y Radío nos parece que hay un diálogo posible entre estos proyectos.

EC – Uno de los tantos puntos discutidos y con versiones diferentes en estas semanas ha sido si en esta política que se pone en marcha, o que se intenta poner en marcha, deberá haber o no un registro de consumidores. Por ejemplo, ¿el consumidor podrá adquirir en este nuevo mercado regulado y controlado por el Estado la cantidad de marihuana que quiera?

JC – Eso también lo hemos dicho desde un inicio y vuelve a referirse a esto que te mencionaba anteriormente. El Estado regula y para regular tiene que obviamente dar las experiencias que nosotros hemos analizado, consultado, visto de manera directa, indican que las experiencias de autocultivo son reguladas de una manera importante por el Estado. Si vamos a la experiencia más desarrollada, que es la experiencia de España de los clubes canábicos, tienen una muy importante regulación. Tal es así que las personas que son miembros de las asociaciones que están reguladas por el ordenamiento jurídico español, obviamente que están registradas como miembros de esas asociaciones. Pero más aún, en muchos casos cuando cultivan una planta, esa planta tiene una grifa que tiene su documento de identidad, están totalmente registradas. Nos parece que va a ser un punto de debate, tiene que ser un punto de debate, lo tenemos que encarar de manera abierta y franca por todos los actores. Es lo que le da garantía al Estado, pero sobre todo le da garantías a la ciudadanía de que nada de lo que se produzca reguladamente va a ser volcado al mercado negro para otros fines o puede ser derivado a países de la región para engrosar el mercado negro del cannabis de estos países.

EC – Para ir completando una primera conversación sobre el proyecto, ¿por qué estos detalles que yo le estoy consultando ahora no figuran en el texto? ¿Por qué un artículo único, por qué tantos aspectos que se dejan librados a la reglamentación?

JC – No necesariamente a la reglamentación, se dejan librados al debate Parlamentario que nos parece que un proyecto de esta envergadura tiene que ser ampliamente debatido. Nos parece que hay una buena experiencia por parte de todo el arco parlamentario de discusión sobre este tema y nos parece que hay un aspecto fundamental, que es lo central de este proyecto, que es la exposición de motivos es de porqué el Poder Ejecutivo en este momento plantea esta alternativa, que como decíamos en más de una entrevista, no es un salto al vacío; se enmarca dentro de lo que tú mismo decías dos iniciativas parlamentarias en el Uruguay, la existencia de la Convención global, la existencia de propuestas de este tipo en diferentes países. En ese marco de repensar las políticas de drogas buscando soluciones a la violencia, buscando alternativas de convivencia más adecuada en el país, el Gobierno ha propuesto. Se deja librado porque hay un amplio debate para dar, que nos podemos poner a discutir en relación a nimiedades, a detalles, como si se va a distribuir por una vía, por otra vía. En esto las ideas que pueda tener el Ejecutivo son importantes, pero sin duda habrá ideas mucho más importantes y mucho más creativas en el marco del conjunto de la sociedad y del sistema político que aporten de manera sensata a resolver este problema.

EC – O sea, lo que usted dice es que en el Parlamento el proyecto puede cambiar y puede terminar siendo mucho más específico en los detalles del sistema que se está instaurando.

JC – Sí, claro.

EC – Porque hay toda una discusión a propósito de si es sano, si es conveniente, que el sistema dependa tanto de la reglamentación, es decir, que el Poder Ejecutivo tenga tanta discrecionalidad para fijar después los detalles.

JC – Es pertinente el planteo. Lo central es que el Poder Ejecutivo haya puesto este tema arriba de la mesa, haya tenido la iniciativa política, y por eso la extensión de la exposición de motivos. Y por eso también, en gran medida, la demora en el envío de la propuesta al Poder Legislativo.

EC – Por último, me llama la atención el énfasis que pone el proyecto en su tercer párrafo en cuanto a que habrá campañas que alerten a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana.

JC – Es clarísimo eso y también lo hemos dicho desde un inicio: el Gobierno no va a hacer la apología del uso del cannabis, como no puede hacer la apología del uso de ninguna droga. Lo que hace es reconocer que es una sustancia ampliamente legitimada por la sociedad, que tiene riesgos diferenciales a otras sustancias -y por eso es necesario intervenir de alguna manera en separar estos mercados- y creemos que es necesario poner el énfasis en que la población tenga una idea más acabada de los riesgos y daños que el uso de drogas tiene para el conjunto de la población. Ya sean estas legales o ilegales.