(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
¿Debe haber una indemnización a las víctimas de delitos violentos? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cómo hay que financiar esta reparación económica?

El debate está instalado desde que el diputado Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado (PC), presentara el año pasado un proyecto de ley que incluía esta herramienta. Pero se reavivó ahora cuando el Poder Ejecutivo dio a conocer el paquete de 15 medidas destinadas a mejorar la convivencia ciudadana, medidas que contiene varios proyectos de ley, entre los que se encuentra la creación del Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos.

El tema ha tenido idas y venidas desde que se presentó este proyecto en el mes de junio. Recuérdese que el proyecto del Poder Ejecutivo establecía en su artículo primero "créase en el ámbito del Banco de Previsión Social el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, el que estará integrado por los aportes provenientes del 1% de los seguros que se recauden tanto por el Banco de Seguros del Estado como por las aseguradoras privadas que operen en el país". Esa modalidad de financiamiento dio lugar a reparos por parte de las empresas aseguradoras. Hubo otras voces que también cuestionaron el mecanismo, por lo cual entró en revisión.

La semana pasada se armó gran revuelo cuando se conoció que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaban trabajando sobre la idea de financiar ese fondo creando un nuevo tributo de 0,033% a las retribuciones personales y 0,016% a las jubilaciones, además de un aporte proveniente de lo que ganen los presos que trabajan.

Ese mecanismo, que nunca llegó a estar oficializado en un proyecto, fue rechazado por el presidente de la República, José Mujica, legisladores de distintos partidos y el PIT-CNT.

El MEF terminó de elaborar ayer una nueva propuesta. De acuerdo al borrador que En Perspectiva pudo leer, en vez de crearse un fondo, se autoriza al MEF a contratar una póliza con el Banco de Seguros del Estado (BSE).

El borrador del MEF dice: "Artículo 1º) Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar con el Banco de Seguros del Estado una póliza de seguros que dé cobertura a la totalidad de los habitantes comprendidos en el territorio de la República frente al riesgo de muerte o la invalidez permanente total en ocasión de los delitos de rapiña, copamiento o secuestro".

Luego se aclara que "el beneficio se generará cuando a raíz o en ocasión de tentarse o consumarse los hechos o actos dolosos configurativos de los delitos de rapiña, copamiento o secuestro, resultare el fallecimiento o la invalidez permanente total de un habitante del territorio de la República, independientemente de la aprehensión, detención o sometimiento a la justicia de los presuntos responsables. No serán beneficiarios de la póliza las personas que hubieran participado como autores, coautores o cómplices de los delitos referidos en el inciso anterior o hubieren incurrido en responsabilidad penal por alguna otra figura delictiva en oportunidad de cometerse los mismos".

El artículo 3º establece los montos, "en caso de fallecimiento o invalidez permanente total al momento de configurarse el siniestro, la póliza deberá cubrir UI 40.000 (Unidades Indexadas cuarenta mil) [4.500 dólares] al contado y una renta mensual de UI 4.000 (Unidades Indexadas cuatro mil) [450 dólares] durante el término de cinco años".

Se aclara en el artículo 4to que "serán beneficiario de la póliza, configurado el supuesto previsto en el artículo 2do las siguientes personas: el cónyuge o concubino declarado judicialmente y los hijos menores de edad de la víctima fallecida en los hechos. En caso de fallecimiento del beneficiario ya declarado, se mantendrá la prestación si existieren hijos menores de edad hasta que los mismos cumplan la mayoría de edad o hasta el vencimiento del plazo de la renta, según el evento que ocurra primero. Para el caso de indemnización por fallecimiento en caso que la víctima sea menor se abonará exclusivamente el capital contado. Quien también serán beneficiarios quien o quienes ejerzan la patria potestad de una víctima fallecida menor de edad y la víctima de invalidez permanente total".

El borrador del proyecto incluye otros artículos con más detalles, pero lo importante para puntualizar es que el mecanismo elegido es la contratación de una póliza con el BSE, que el MEF abonará a través de Rentas Generales. Es decir que no habrá un nuevo tributo, ni a los seguros, ni a los sueldos o las jubilaciones. Rentas Generales pagará este seguro. Se entiende que este esquema es el mejor para atender esta clase de riesgo. Las fuentes que consultó En Perspectiva puntualizaron que la propuesta no fue discutida aún con el resto del Poder Ejecutivo y que hoy se hará llegar a los legisladores del Frente Amplio (FA).

Paralelamente, el diputado Fitzgerald Cantero, de Vamos Uruguay, PC, que había tenido la iniciativa en esta materia, está presentando un proyecto con otro sistema para los recursos destinados a reparar a las víctimas causahabientes y damnificados de delitos.

Diputado Fitzgerald Cantero, ¿cómo observa la evolución que ha tenido el tema en estos meses?

FITZGERALD CANTERO:
El Gobierno actúa con una gran improvisación. En mayo acompañamos a los diputados Germán Cardoso y Gustavo Cersósimo a hablar con el presidente de estos temas, y ese día había aparecido en la prensa que el Ministerio del Interior estaba manejando un proyecto de similares características al que habíamos presentado en junio de 2011. Le dijimos al presidente que el proyecto que le estábamos dando ya estaba en el Parlamento desde el año pasado, y que el Ministerio está manejando una propuesta similar, que  intentamos llevar adelante la iniciativa, votar y que esto se convierta en ley.

Ocurre que el Gobierno no ha podido ponerse de acuerdo en cómo financiar este fondo y quienes serían los beneficiarios. La semana pasada se conocieron esas declaraciones públicas del presidente de la República cuestionando la propuesta del MEF, rechazando la creación de ese impuesto. Hacen el juego del bueno y del malo, ese peronismo a la uruguaya en donde sale un actor del Gobierno a decir que van a poner impuesto, y después sale otro más importante, como el presidente, y dice que no va a ser así.

Cuando estuvimos en la comisión de Constitución y Códigos les pregunté a los diputados oficialistas cuál iba a ser la versión definitiva. Me respondieron que estaban evaluándolo, nos prometieron que íbamos a enterarnos del borrador de trabajo antes que la prensa.

Ahora me entero por usted, me imagino que mis colegas del FA también, cuál es la nueva propuesta del MEF. Según lo que usted ha manifestado, el Ministerio la va a enviar hoy a la bancada del FA.

Lo veo como una gran improvisación. Este tema no es menor, hay consensos para que lo aprobemos entre todos, pero se ha manejado de una manera improvisada.

EC – ¿Cómo observa el mecanismo que propone la contratación de un seguro con el BSE pagado por Rentas Generales?

FC – Cuando estuvieron la Asociación Uruguaya de Aseguradoras Privadas y el BSE en la comisión se intercambiaron ideas. Tanto las aseguradoras privadas como el banco señalaban lo perjuicioso que puede ser la aplicación del artículo 1º del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, allí se manejó la posibilidad del intercambió con el MEF y con la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.

EC – Hay legisladores del FA que entienden que el mejor mecanismo es un impuesto a los seguros.

FC – Yo no lo comparto, creo que no se necesita un nuevo impuesto, por eso hicimos dos propuestas nuevas. En junio de 2011 presentamos el proyecto para la creación del estatuto de las víctimas, también propusimos que se podía financiar a través de una transferencia del 20% de la publicidad estatal.

EC – "El 20% de lo previsto en el presupuesto nacional para publicidad del Estado en todas sus modalidades", eso era lo que usted proponía el año pasado para financiar el fondo nacional de reparación de víctimas. 

FC – Exactamente. Cuando el MEF estuvo en la comisión nos dijo que no le pareció un recurso genuino, entonces habría que preguntarle si le parece genuino que para pagar esta póliza haya que usar recursos de Rentas Generales.

EC – Usted ahora está proponiendo otro mecanismo.

FC – El MEF nos dijo que no era un recurso genuino, pero no argumentó por qué. Y al ver que se está manejando la posibilidad de crear un nuevo impuesto, propusimos buscar otra alternativa para darle al oficialismo una nueva herramienta para que no castigue a los contribuyentes nuevamente.

Por eso trabajamos con nuestros asesores durante el fin de semana para presentar una propuesta que dice que se asigne desde Rentas Generales un porcentaje del 10%, para recaudar el dinero que el Gobierno necesita para cubrir este fondo. En definitiva, proponemos sacar un 10% de las utilidades de la Dirección General de Casinos y de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Estamos dando otra alternativa porque no queremos que se ponga un nuevo impuesto a jubilados y trabajadores, y desde el FA nos decían que hay que sacar de Rentas Generales, que en definitiva se le están sacando a la gente que paga impuestos. Pero no todos los ingresos de Rentas Generales son a través de impuestos, también son de casinos y loterías. Nos parece que es una buena herramienta para llenar un vacío que hay en cuanto a las víctimas y la reparación, y no estar cometiendo la injusticia de que los mismos sujetos de esa indemnización tienen que ser los que estén pagando el fondo.

EC – ¿Cómo observa el mecanismo de indemnización que está previsto en el borrador del MEF?

FC – Yo quisiera leer el borrador, me interesaría mucho saber si es la opinión definitiva. Si es como el MEF dijo que recién hoy la bancada del FA va a tener la versión y van a empezar las consultas, no sé si dentro de un rato no sale algún legislador o el presidente a decir que no está de acuerdo con esa propuesta.

EC – Se lo pregunto porque el proyecto que usted había presentado el año pasado no diseñaba un mecanismo de indemnización, dejaba librada la decisión al juez.

FC – Claro. Cuando hicimos la propuesta, la dejamos abierta para lograr tener los consensos necesarios y que esto se convierta en realidad, porque la indemnización es una parte de nuestra propuesta. Ha tomado relevancia en estos tiempos porque el Poder Ejecutivo se ha concentrado en eso, pero creo que también tenemos que discutir la creación del estatuto, el amparo a la víctima, y esto escapa a la indemnización.  

Tanto el borrador que usted señala como el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo establecen este resarcimiento para homicidio o invalidez por algunos delitos –rapiña, copamiento y secuestro- y hay otras donde el resultado lamentable puede ser la invalidez permanente o el homicidio, que no estarían contemplados. También tenemos situaciones lamentables como una violación, donde no hay invalidez ni homicidio, y no hay ningún tipo de amparo.

Lo nuestro maneja el tema de la indemnización parcialmente, nos importa muchísimo más que haya una contención a la víctima desde el punto de vista emocional, desde la participación en el proceso penal, desde la atención de una situación sumamente desgraciada. El FA entiende que todo se arregla con dinero, y no es así.

Yo aspiro a que el proyecto sea ley, que aprobemos y aprovechemos la oportunidad, y que no sea solamente darle algo de dinero a la víctima. Debemos recubrir una situación de contingencia sin dejar afuera otras cosas importantes como el desamparo absoluto en el que se encuentra la víctima.

EC – Una aclaración, usted decía que al FA le interesa solamente la reparación económica. En realidad se ha perdido un detalle que incluía el proyecto enviado en junio al Parlamento, el artículo 2º decía que "un 25% del Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos se destinará anualmente al Ministerio del Interior a efectos de fortalecer el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito", o sea que había fondos previstos para otro tipo de apoyo a las víctimas.

FC – Sí, efectivamente. Pero en realidad eso lo puede transferir hoy mismo el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Esa oficina hace años que está en el Ministerio y no necesita este proyecto de ley para su fortalecimiento.

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Foto: Perfil de Facebook de Cantero