(emitido a las 8.41 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En estos siete años de las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica la relación entre los sindicatos y el Gobierno ha tenido momentos mejores y peores. Pero es probable que en estos días se haya alcanzado uno de los puntos de tensión más altos.

En este 2012 ha habido varios enfrentamientos duros, sobre todo a partir de acciones impulsadas por gremios de funcionarios públicos. Ocupaciones de edificios públicos, medidas distorsivas del funcionamiento de determinadas dependencias... Incluso, en algún caso, como en el de la Biblioteca Nacional, llegaron a producirse episodios de cierta violencia.

En el más reciente de los capítulos de esta conflictividad, ayer la Federación de Funcionarios de Salud Pública ocupó siete centros de salud en distintos departamentos del país, pese a que la noche anterior el Poder Ejecutivo había decretado la esencialidad de los servicios que brinda ASSE. Finalmente, a media tarde –y a partir de una mediación del PIT-CNT– se logró un acuerdo para que se levantaran las ocupaciones si el Gobierno no llevaba a la práctica el decreto de servicios esenciales. Pero además con algunos otros condimentos, como, por ejemplo, qué tipos de interlocutores habría en el nuevo diálogo o qué disposición había en el Gobierno para acercarse al mínimo que pretenden los funcionarios de Salud Pública para el primer grado del escalafón. Hoy habrá una reunión en la que participarán todas las partes involucradas para continuar con las negociaciones.

Pero al mismo tiempo están latentes otros desencuentros entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios públicos. Por ejemplo, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes se ha declarado en conflicto y exige que se derogue el decreto del Gobierno de Tabaré Vázquez que dispone realizar descuentos a los funcionarios que participen en medidas gremiales distorsivas. Un decreto que Ancap va a aplicar a los funcionarios que durante varios días se negaron a descargar un barco gasero que esperaba frente a la refinería de La Teja.

Para conocer cómo se observa esta situación en el Poder Ejecutivo, cuál es la visión que se tiene de todo este escenario, vamos a conversar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta.

¿Cómo evalúa el nivel de conflictividad que se está dando hoy en la relación entre el Gobierno y los sindicatos, en especial con los públicos?

EDUARDO BRENTA:
Si uno toma como referencia el único indicador existente en materia de conflictividad, que es el que realiza el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, percibe, diría que con sorpresa, que la conflictividad ha caído en términos de horas trabajadas (que es como se la mide) un 74% en el mes pasado. Esto en nuestra opinión responde, primero, a la existencia en el sector privado de una amplia cobertura de convenios colectivos vigentes y una negociación que ya ha comenzado, en la que el sindicato más importante de esta ronda, que es la Federación de Funcionarios de la Salud, ha firmado un convenio colectivo por tres años con las cámaras empresariales. Por esa razón, esperamos en esta ronda alcanzar también acuerdos de muy alto porcentaje en el sector privado.

Las situaciones de conflictividad en términos generales se han ubicado en el sector público y mediante una modalidad diferente, que tiene que ver no con la adopción de medidas de paro, como ha sido tradicional. En el caso por ejemplo del conflicto de Salud Pública, mediante ocupaciones de distintas policlínicas, que fueron desalojadas a lo largo de las últimas semanas, y en el caso de otros organismos la negativa a realizar determinado tipo de tareas como por ejemplo la descarga del buque gasero en Ancap, que fueron el elemento detonante de esa situación conflictiva.

De modo que lo que indican los números es que en el sector privado existe una amplia cobertura de convenios colectivos vigentes y por tanto situaciones conflictivas puntuales, originadas a veces en razones de seguridad de salud o en otros aspectos de las relaciones laborales, y un sector público en el que, efectivamente, en el marco de la Rendición de Cuentas hemos observado una conflictividad más alta y al mismo tiempo una serie de medidas en su mayoría no registradas en tiempos anteriores.

EC - ¿Cómo las interpretan ustedes? ¿Por qué están ocurriendo ese tipo de medidas? Los funcionarios públicos han logrado con los años una serie de conquistas que, en muchos casos, los dejan en mejores condiciones que al resto de los trabajadores de la actividad privada. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Hay algún otro factor incidiendo en estos conflictos que se desarrollan en los últimos meses?

EB - Creo que hay dos factores principales. Uno, en este caso, es la época de la Rendición de Cuentas, en la que tradicionalmente los trabajadores públicos aspiran a conseguir los mejores resultados para cada uno de ellos a lo largo de la negociación de la Rendición y su posterior tratamiento parlamentario. El otro elemento nuevo son algunas transformaciones que se vienen impulsando en términos del relacionamiento entre el Estado y sus trabajadores, con la mirada puesta en el rol del servidor público. Recordemos que el decreto que obligó a que en toda la Administración se trabajara un mínimo de seis horas fue resistido por los trabajadores y ameritó también situaciones conflictivas. Ahora, en el caso de Salud Pública se expresa una situación vinculada más bien a los aspectos salariales, y en el caso de Ancap en nuestra opinión –así lo manifiesta el propio presidente de Ancap– la discusión de fondo es sobre el rol del funcionario público, los temas vinculados a la retribución por desempeño, que es un elemento nuevo que hay que poner sobre la mesa a los efectos de lograr una mejor gestión del Estado.

Aquí me parece que hay una cierta paradoja, porque el Gobierno está impulsando –a diferencia de lo ocurrido en períodos anteriores– un rol activo del Estado en los aspectos económicos, tratando de que el Estado sea la locomotora del desarrollo de la sociedad uruguaya o el promotor del desarrollo económico, con políticas activas en materia industrial promovidas por medio de las distintas empresas públicas. Este es el año de mayor inversión de las empresas públicas, se van a invertir 1.000 millones de dólares en aspectos como instalación de fibra óptica, planta de etanol de Ancap en Paysandú, plantas de cemento pórtland también de Ancap, inversión de OSE, de UTE, etcétera, con ese objetivo. Objetivo que también pregona el movimiento sindical, y en ese sentido debemos caminar hacia un Estado mucho más eficiente. Eso tiene que ver, en buena medida, con el relacionamiento entre los funcionarios y sus trabajadores, como las retribuciones de los trabajadores tienen que ver con un aspecto fijo y un aspecto variable asociado al desempeño de la empresa, el sector y el propio trabajador.

EC - ¿Usted percibe que pese a que hay una intención de este Gobierno de fortalecer a las empresas públicas y de aumentar su incidencia en el funcionamiento de la economía hay sectores sindicales que resisten algo que es un requisito para ello, que es esta reforma de su interna y en particular del estatuto de los funcionarios?

EB - Sí, y es una paradoja, porque hay permanentemente un reclamo de los propios trabajadores públicos de fortalecimiento de las empresas públicas. Sin embargo a la hora de discutir, por ejemplo, cómo medimos el desempeño de la empresa, los sectores de esa empresa y sus trabajadores, los elementos que configuran la retribución tienen que tener estímulos a la mejora de la gestión y a la eficiencia de los trabajadores en el desarrollo de su tarea. Y muchas veces esto choca con una cultura histórica. Creo que estamos en una transformación significativa en ese sentido, porque durante períodos anteriores de gobierno al Estado se le pretendió dar un rol secundario, entendiendo que debía jugar un papel básicamente de asegurar los aspectos de seguridad, de relaciones exteriores y demás, y que la actividad económica debía estar –en términos generales– llevada adelante exclusivamente por el sector privado. Yo creo que en un país como Uruguay, pequeño, con un sector empresarial que tiene la proporción que tiene el país, el rol del Estado es determinante para lograr un posicionamiento que transforme estos años de crecimiento en un cambio profundo de la matriz productiva uruguaya. Y es muy difícil realizar esa tarea sin empresas públicas que desarrollen altos niveles de eficiencia.

EC - ¿Usted entiende que las resistencias a esa reforma del Estado en las empresas públicas son generalizadas, o están concentradas en determinados sindicatos y en determinados sectores de los sindicatos, donde pesan corrientes de ultraizquierda, por ejemplo?

EB - Creo que en líneas generales estamos asistiendo al debate que tiene que ver con la transformación cultural del rol del Estado en la sociedad uruguaya. Eso a veces también se conjuga con la existencia de corrientes sindicales que tienen un perfil de enfrentamiento permanente a las políticas que lleva adelante el Gobierno. Pero no creo que este sea el elemento más importante.

EC - Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que dice hoy el semanario Búsqueda, citando fuentes oficiales: "El Poder Ejecutivo considera que algunos sectores sindicales buscan que haya represión cuando despliegan sus medidas de lucha, y con ello pretenden que se pudra la relación con el Gobierno. Es de una evidencia tan grande que los propios policías se dan cuenta de esto y tienen una actitud responsable", dijo Mujica cuando se trató este tema a nivel del Gobierno.

EB - Esto fue debatido, efectivamente, en el Gobierno. Hemos detectado situaciones en las cuales se ha buscado una confrontación por parte de algunos sindicatos que tienen una identificación con sectores determinados. Ayer, por ejemplo, en el marco de la movilización de la Federación de Funcionarios de Salud Pública –a la que no involucro en esto–, hubo un momento en el cual el hospital estuvo rodeado por vehículos manejados por trabajadores del Sindicato del Taxi, una medida que francamente no se comprende, pues el gobierno ha evitado y ha tratado de llevar adelante las medidas que le corresponden y ejercer su autoridad sin llegar a situaciones de tensión.

No descarto la existencia de quienes buscan esto, pero me parece que el problema es más de fondo y más global, porque tiene que ver con una transformación cultural en la que obviamente también el Gobierno tiene una responsabilidad, y no quiero decir con esto que el gobierno no haya cometido errores. Pero los funcionarios públicos en este aspecto tienen que ser socios de un proyecto de transformación del Estado y quizás no hemos logrado hacerlo entender de esta manera.

EC - Al comienzo de esta semana el presidente Mujica resolvió que el Gobierno se plante más firme ante estas situaciones, anunció que no se van a tolerar más acciones como las que ocurrieron en el conflicto de la salud en estos días o como lo que sucedió la semana pasada con el sindicato de Ancap. ¿Hay que entender que se ha hecho una autocrítica, que se considera que el Poder Ejecutivo ha tolerado más de lo debido algunas de estas medidas gremiales?

EB - Hay que entender que hemos ido aprendiendo todos a lo largo de este proceso, y que efectivamente el Gobierno va a ir adoptando –y adoptó de hecho anteayer– una actitud firme respecto a las movilizaciones que no ameritan situaciones como las que las motivan. En este aspecto el Poder Ejecutivo ha aplicado el decreto 401, un decreto del año 2008, que está siendo cuestionado.

EC - ¿Qué otras disposiciones se pueden tomar para reducir los efectos de medidas que han atentado tan fuertemente contra determinados servicios críticos?

EB - Nuestra apuesta es permanentemente al diálogo, pero esto no quiere decir que no tengamos que ejercer la autoridad correspondiente que el Gobierno debe tener para llevar adelante sus políticas. Cuando se obstaculizan estas políticas con medidas sistemáticas, el Gobierno puede recurrir a los instrumentos que están pactados en los convenios internacionales que el país tiene en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el establecimiento de servicios esenciales o servicios mínimos. Esto es lo que se hizo en su momento a solicitud de la Intendencia de Montevideo en la situación planteada en el conflicto con Adeom, y es lo que se hizo anteayer con el conflicto de Salud Pública, que motivó en términos prácticos que ayer no hubiera ocupaciones, dado que los equipos de dirección de los hospitales se mantuvieron en todos los hospitales teniendo el control y controlando el funcionamiento de los servicios básicos que establecen los convenios que Uruguay tiene suscritos con la OIT, aprobados en el marco del tripartismo.

EC - Esa por lo tanto va a ser una de las herramientas, el decreto de declaración de servicios esenciales siempre pronto.

EB - Nuestro rol, el del Ministerio de Trabajo en particular, no es aplicar el decreto de servicios esenciales, es promover la negociación y el diálogo para alcanzar soluciones. Pero cuando estos escenarios llegan a un límite el Poder Ejecutivo no va a vacilar, y de hecho no lo hizo, en la aplicación de este decreto que en caso de desconocerse amerita sanciones de tipo penal, porque las medidas que constituyan un desacato a este decreto ameritan acciones penales por parte de la Justicia.

EC - ¿Qué otros instrumentos?

EB - El otro instrumento que en el año 2008 se utilizó ante una situación similar a la actual tiene que ver con que a quien para se le descuenta. Ese es el elemento clave, cuando se adoptan medidas que no son las tradicionales de paro, sino que son medidas distorsivas de la actividad de las empresas o de la Administración Central, el organismo realiza una estimación del impacto que esa distorsión tuvo sobre su funcionamiento y efectúa un descuento al salario de los trabajadores que participaron en ella proporcional a la situación. Esto ha sido rechazado por el PIT-CNT. Está dentro de la normativa vigente en el Uruguay. Se ha dicho que es un decreto ilegal, sin embargo nunca se planteó ninguna acción de ilegalidad ante la Justicia ni se presentó una queja ante la OIT respecto a esto.

EC - La Mesa Sindical Coordinadora de Entes se ha declarado en conflicto reclamando que se derogue el decreto, COFE tiene una posición parecida, el PIT-CNT termina apoyando también esa demanda. Ayer cuando lo entrevistábamos aquí en En Perspectiva, Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT, dirigente de la Untmra, explicaba que la discusión aquí está puesta en cómo se calcula cuántas horas del jornal le van a ser descontadas al trabajador que cumplió con esa medida gremial atípica. Decía: "Nosotros admitimos que si se para tiene que haber descuentos, el problema es, en este tipo de medidas, cuál es el descuento". Según Abdala, el mecanismo que habilita el decreto está pautado por la discrecionalidad y hay arbitrariedad a la hora de hacer ese prorrateo para definir cuánto es lo que se le descuenta al empleado. ¿Qué responde usted?

EB - Nosotros hemos recibido un planteo del PIT-CNT de discutir esto que usted menciona, cuáles son los criterios que deben aplicarse al llevar adelante el decreto 401. El Gobierno no tiene ningún inconveniente en discutir si es que aparece un criterio mejor, que nos convenza de que es mejor y más justo, pero los descuentos no están en discusión. Me parece muy bien que Abdala haya aceptado esto como primer elemento, porque esto es parte de la historia del movimiento sindical uruguayo. Por el momento el Poder Ejecutivo va a mantener el actual decreto 401, pero está dispuesto a generar un ámbito de intercambio con el PIT-CNT, tanto de tipo político como de tipo técnico, para analizar si es que existe una propuesta mejor para que el descuento sea lo más justo posible. Pero recalco que lo que no está en discusión es que cuando se realizan tareas de este tipo hay descuentos.

Yo le ponía a un colega suyo un ejemplo: si los trabajadores de un periódico resuelven que las primeras dos páginas del diario no se imprimen y el diario tiene 20 páginas, se les descontará el 10% del salario a esos trabajadores. Esto es un ejemplo sencillo. Naturalmente, cuando estas medidas se plantean es más complejo determinar y algunos podrán entender que el porcentaje es excesivo y otros podrán entender –no los trabajadores– que es menos de lo que merecería. Busquemos los mecanismos que hagan la aplicación lo más justa posible, pero el Gobierno no va a admitir medidas de distorsión de la actividad que no tengan descuentos y por tanto no tengan el impacto que naturalmente tienen y los trabajadores así lo han asumido históricamente: las medidas de lucha tienen la contrapartida que es natural: la pérdida de los ingresos correspondiente durante su aplicación.

EC - De la audiencia llegan varios mensajes. Y uno, por ejemplo, el de Pablo, anota que si bien se comparte la actitud con la que el Gobierno está manejando ahora este tipo de conflictividad, advierte que se aplica una vara diferente en los conflictos protagonizados por sindicatos de funcionarios públicos de la que se aplica en los conflictos privados. Por ejemplo, el Gobierno se ha plantado muy firme en cuanto a prohibir los casos de ocupación de locales pertenecientes al Estado, en cambio ante las ocupaciones de empresas privadas reacciona de una manera mucho más displicente. ¿Qué contesta a esta crítica?

EB - Primero, no es comparable, en nuestra opinión, la actividad pública, que es la actividad que realiza el Estado en beneficio de todos los ciudadanos, en la que no hay ninguna clase de interés más que los intereses comunes, y la actividad privada, en la que hay un conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios por razones, en términos generales, de carácter salarial. El Gobierno no ha sido permisivo con este tipo de acciones, de hecho existe un decreto que el sector empresarial ha resuelto no utilizar, ha recurrido en términos generales a la presentación de solicitudes de amparo ante la Justicia. Esto se dio de manera bastante clara en el conflicto metalúrgico del año pasado, la Justicia dictaminó en términos generales el desalojo de los trabajadores y las ocupaciones se mantuvieron durante algunos días, dos, tres días, en el marco de esta decisión, que es del sector empresarial, de recurrir a la Justicia. De todas formas, entendemos que no son comparables las relaciones entre trabajadores del sector privado y los empresarios y trabajadores públicos y el Estado. Son situaciones que entendemos distintas y por tanto tienen un tratamiento diferente, pero no permisivo por parte del Gobierno.

EC - Después de este análisis que usted ha efectuado a lo largo de esta entrevista sobre cómo observa la conflictividad de los últimos meses, en especial en la relación con los sindicatos de funcionarnos públicos, después de haber también mencionado la nueva actitud, más firme, que a partir de esta semana el Poder Ejecutivo se propone  en esta materia, me queda por saber: más allá del enfrentamiento a las medidas distorsivas, a las medidas atípicas, a aquellas que afectan servicios públicos delicados, ¿con qué concepción se planta la administración Mujica de ahora en adelante en este escenario?

EB - Primero, francamente creo que lo que ha sucedido es que se han intensificado las medidas y por tanto el Gobierno ha adoptado las correspondientes en reflejo de estas acciones. Creo que actuamos con mucha firmeza apoyando la solicitud de la intendenta de Montevideo en ocasión del conflicto de Adeom, y eso también marcó un camino en lo que tiene que ver con el relacionamiento y la actitud firme del Gobierno cuando se producen medidas que entendemos exceden la racionalidad o van más allá de la proporcionalidad. En el Uruguay existe la más amplia libertad sindical, por tanto no creo que haya un cambio, pero ha habido en los últimos días una intensificación de algunas medidas y una respuesta a la altura de ellas. Para adelante, nuestra impronta es la promoción del diálogo y la negociación colectiva.

Somos conscientes de que hay una gran diferencia entre la experiencia acumulada en el sector privado y la experiencia en el sector público. En el sector público no había experiencia, y había además una mirada que de alguna manera relativizaba o minimizaba el rol del Estado, y esto se ha transformado en una cultura, con mucha permisividad en algunos aspectos, porque igual no importaba demasiado. A este Gobierno le importa mucho el rol del Estado y le importa mucho que los funcionarios públicos jueguen un rol proactivo, no de colaboración con el Gobierno, sino de colaboración con el país. Y en ese sentido el Gobierno va a actuar promoviendo el diálogo, evitando las situaciones de tensión y de conflictividad. Pero cuando estas se produzcan y excedan el marco de lo razonable, de lo proporcional, actuará con las herramientas legales de que dispone sin ninguna clase de vacilación.

EC - El estatuto de los funcionarios públicos ¿sale o no sale?

EB - El estatuto del funcionario público está en la última etapa de negociación. Ha habido más de 20 reuniones entre COFE y la administración.

EC - Dice el presidente Mujica que es la prioridad en materia de reformas ahora después de la Rendición de Cuentas.

EB - Es uno de los pasos más importantes, sí. La ley de negociación colectiva del sector público establece que la negociación es un prerrequisito pero no obliga a acordar, razón por la cual vamos a realizar las últimas reuniones, que están previstas. Ayer hubo una, y subsisten diferencias. Por tanto, si se agota la negociación el proyecto será enviado al Parlamento y allí se dirimirán estas diferencias que mantenemos con los trabajadores públicos. Hay un alto porcentaje de acuerdo, hay algunas diferencias que no son menores y hay un tiempo de negociación que nadie puede negar que se realizó. En algunos casos hay una mala interpretación, se cree que la negociación obliga al Gobierno a no dar pasos en materia de envíos de proyectos de ley al Poder Legislativo si no tiene acuerdo. Eso no es lo que dice la ley, la ley dice que el Gobierno negociará, y si hay acuerdo fenómeno, y si no hay acuerdo las partes quedan liberadas para poder llevar adelante cada una las acciones que deseen.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: archivo