(emitido a las 7.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La Corte Electoral va a informar este viernes a la Asamblea General que se han alcanzado las firmas suficientes para convocar a un plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años.

La crónica del diario El País dice que poco después de las 10 de la mañana de ayer los funcionarios de la Corte Electoral dieron por terminada la validación de firmas que buscan plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad penal, llegaron en el conteo al 10% del padrón electoral nacional, cifra que establece la Constitución para que se impulse una consulta popular. La Corte Electoral validó en total 259.826 papeletas, más de las necesarias. Se quiso tener un margen por sobre los 258.996, el mínimo establecido.  

El plebiscito se convocará en base al cómputo de firmas de 16 departamentos, ya que no hubo necesidad de verificar las adhesiones recogidas en San José, Tacuarembó y Artigas.

La consulta popular se someterá a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales de octubre de 2014.

La confirmación de la Corte Electoral generó la inmediata reacción de la oposición, que le reclama al oficialismo que adelante decisiones en esta materia. Por ejemplo, el senador y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, dijo que "ante la verificación de que habrá plebiscito, el Gobierno y el Frente Amplio deberían atender lo que les está diciendo la ciudadanía y no ser necios. La gente les está diciendo que voten la baja de la edad de imputabilidad penal, que lo aprueben ya, si no habrá que esperar a 2014 para que lo apruebe la gente", dijo Bordaberry, y recordó que de acuerdo con las encuestas "alrededor del 70% de los uruguayos está de acuerdo, incluso se da en todos los partidos porque no es un asunto de colorados o blancos, sino que en el propio Frente hay mayoría para votar la propuesta".

Estamos con el diputado del Partido Socialista, Julio Bango. ¿Qué reacción tiene usted ante esta noticia de las últimas horas?

JULIO BANGO:
La constatación de algo que se veía venir. Esta estrategia implementada por la oposición ha sido exitosa, logrando las firmas legítimamente. Ahora hay que ir a votar y para ello hay que generar un debate serio, responsable y en profundidad. De acuerdo a mi interpretación, no creo ser el único que piensa de esta manera, la gente ha firmado para hacer un reclamo genuino de una preocupación por la seguridad que excede el tema de los menores que delinquen, esta preocupación está instalada desde hace dos o tres años, creo que en la última campaña electoral ya era el tema principal de preocupación de los ciudadanos, tanto de derecha como de izquierda. Por lo tanto, creo que las firmas se hicieron eco de esa preocupación social genuina.

A la hora de votar habrá que discutir sobre los cuatro puntos que plantea esta propuesta, de los cuales tres son inútiles porque ya están resueltos, y un cuarto sobre el que hay que discutir su efectividad. Nosotros sostenemos que es absolutamente ineficaz.

EC – Usted dice que hay tres de los puntos que ya están resueltos, pero no exactamente como se propone en el proyecto de reforma constitucional que se va a plebisicitar.

JB – Yo diría que sí, salvo el tema de los antecedentes.

EC – "Los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 18 años", eso es lo que dice el proyecto que se ha impulsado con la recolección de firmas. Lo que se votó es bastante más acotado, porque apenas prevé el mantenimiento de los antecedentes en el caso de algunos delitos, y por dos años.

JB – Es así. Vale recalcar que si un adulto comete un delito, es condenado y cumple su pena, se le pueden borrar los antecedentes si mantiene una buena conducta por un período de dos años. La propuesta del Partido Colorado (PC) y de una parte del Partido Nacional (PN), propone que se mantengan los antecedentes de los menores por toda la vida. Es una desproporción absoluta, incluso en relación a lo que el legislador votó para el Código Penal adulto.

EC – El punto neurálgico de la reforma, y el que no ha sido objeto de ninguna ley, es la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Dice "las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigadas de conformidad con las disposiciones del Código Penal por la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad –o sea copamiento-, extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley".

JB – El diputado Germán Cardoso (PC) argumentaba de que son solo los delitos gravísimos, pero usted ha leído "por todos los demás delitos que indique la ley", es por todos los delitos y no por los cinco delitos gravísimos. Hay que hacerle esa precisión a la gente, porque cuando firmó no sé si estaba atenta a ese detalle.

EC – Hay que ver cómo se interpreta esa frase, da la impresión de que por ley se podría agregar otros delitos a estos que están detallados.

JB – No, la ley ya existe, es el Código Penal que establece los delitos que están desarrollados.

EC – Con respecto a la baja de la edad de imputabilidad penal, el senador Pedro Bordaberry le reclama al Frente Amplio (FA) que acepte legislar en esta materia para que no haya que esperar a la consulta popular y que entre en vigencia en el próximo período de gobierno. ¿En el FA hay alguna disposición en ese sentido?

JB – La gente puede cambiar, pero es llamativo como cambia de opinión el senador Bordaberry. Podemos aplicar el criterio de sensibilidad que él nos pide para hacernos eco del reflejo de la opinión popular a través de las firmas, pero cuando nosotros alcanzamos en 1989 las firmas para plebiscitar la ley de impunidad tuvimos que ir a plebiscito, no hubo ninguna sensibilidad del Gobierno. El pueblo se expresó y pese a las firmas que se habían alcanzado, la mayoría de la ciudadanía no quería derogar la ley de impunidad. En materia de sensibilidad parece que la cuestión va en función del momento y del tema que se toca.

Se han alcanzado las firmas legítimamente, ahora está arreglado el proceso, no creo que haya que apurarse. El tema de la seguridad va a estar en la campaña de 2014, y se agrega el ingrediente del plebiscito. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se propone, porque creemos que desde que se creó la Ley de Seguridad Ciudadana en 1996 ha aumentado el delito, por lo tanto el aumento de penas no resuelve los problemas. La votación de la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente va a empezar a corregir algunas cosas. En el primer artículo de la ley 18.771 se establece la creación de dicho instituto. Hasta que termine este Gobierno va a estar dentro de la órbita del Inau, pero a partir del 1° de marzo del 2015 quedará separado, eso ya está definido en la ley. El PC propone un instituto separado del Inau, y eso ya está votado.

EC – ¿Todo el FA mantiene esa posición que usted manifiesta? Porque es evidente que dentro del propio oficialismo hay gente que comparte la idea de bajar la edad de imputabilidad penal.

JB – A nivel de los dirigentes políticos la posición del FA es la que yo le digo.

EC – En las encuestas aparece otra cosa.

JB – Hay ciudadanos que han votado y seguirán votando al FA y han firmado. Pero si usted me pregunta por el partido político, su dirección no está a favor por las consideraciones que recién mencionaba, el aumento de penas no resuelve nada. No estamos a favor de bajar la edad de imputabilidad, que en realidad es bajar la edad penal para que las personas sean juzgadas por el Código Penal, porque los jóvenes en Uruguay son imputables desde los 13 años.

EC – Hay otro debate en torno a si hay que cambiar o no la fecha de la consulta popular. El politólogo Antonio Cardarello, docente del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, dice hoy en el diario El País que "estratégicamente al FA le convendría adelantar el plebiscito para separarlo de las elecciones de octubre de 2014", agrega que "si la consulta popular tiene lugar junto con los próximos comicios, la inseguridad pública y en especial la problemática de los menores infractores se instalará como eje de la campaña electoral". Ante esa posibilidad Cardarelo dijo que "el FA correría el riesgo de perder los votos de personas que si bien votaron a la izquierda en las dos últimas elecciones no son en realidad adherentes tradicionales de la coalición. Y además es gente que puede estar muy sensibilizada por la sensación de inseguridad". ¿Usted qué dice?

JB – Esa hipótesis se basa en el supuesto de que si el plebiscito es dentro de seis meses el tema no va a estar arriba de la mesa en el 2014. Yo creo que el tema de la seguridad va a ser uno de los ejes de la campaña electoral y el FA tiene que ratificar la estrategia del presidente por la vía de la convivencia para demostrar que hay una cancha más amplia para resolver estos problemas, no solamente con el estricto aumento de penas.

Usted le hacía una entrevista a Bordaberry el 10 de junio de 2008 con motivo de la  presentación de las 50 medidas a Tabaré Vázquez, de las cuales 34 ya estaban implementándose, otras se tomaron y otras no, entre ellas la baja de la imputabilidad. No quiero sacar de contexto a Bordaberry, pero cuando usted le pregunta acerca de que detrás de estas medidas se nota la mano de Guillermo Stirling, Bordaberry le dice a que todo surgió a partir de una conferencia que habían hecho el año anterior con los economistas Di Tella y Dubra, profesores en una universidad en Estados Unidos. "Usted me preguntará por qué economistas en materia de seguridad. Los trajimos para que nos dijeran qué medidas que se tomaron en el mundo dieron resultados y qué medidas no. Nos dijeron que aumentar las penas a los delincuentes no arregla nada, nadie roba o mata pensando que le van a dar cinco, siete o diez años, pero una mayor presencia policial en las calles tiene una gran efectividad". Evidentemente Bordaberry pensaba esto cuando hablaba con usted el 10 de junio del 2008, quizá ahora piense diferente y por eso está promoviendo el aumento de penas a los menores de edad para resolver la conflictividad.

También tendremos que discutir por qué Bordaberry y Lacalle han planteado obligaciones si creen que los adolescentes están maduros, y no han planteado los derechos. No es que mi posición sea así, pero habría que discutirlo, si están maduros para asumir estas cuestiones, por qué no están maduros para casarse, para tomar decisiones en cuanto a hacer negocios, manejar, votar y otras cosas. Ese sería un buen debate en el que podríamos incursionar.

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