"El proyecto va a quedar armado de la siguiente manera; establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con fondos de rentas generales contrate un seguro del BSE para aquellas personas que a partir de la aprobación de la ley sean víctimas de delitos violentos. Sobre las personas que ya han sido víctimas de estas situaciones, se está pensando, en vez del mecanismo de un fondo, generar una prestación social servida por el BPS", explicó.

El seguro será utilizado para los casos de fallecimiento o invalidez permanente.

El seguro pagará a los cónyuges o concubinos de la víctima hasta 40.000 unidades indexadas al contado (unos 4.500 dólares) más una renta mensual de 4.000 unidades indexadas (o 450 dólares) por un período de cinco años. En el caso de los hijos, el monto mensual se pagará hasta que cumplan la mayoría de edad. Finalmente, si la víctima es menor de edad, solo se pagará el monto al contado, o sea 450 dólares.

Por otra parte, sobre los delitos de tráfico de drogas, Bango informó que han acordado "que los artículos del Código Penal que refieren al tema sean modificados. Para los delitos que tenían una prisión de hasta 20 meses y que eran excarcelables, las medidas alternativas se mantienen, pero en vez de ser de 20 meses y excarcelables, van a ser de tres años la mínima y no excarcelables. En lo que tiene que ver con delitos menores asociados al tráfico de pasta base, que tiene una pena de 12 meses mínima y excarcelable, se va a aplicar una pena no excarcelable de dos años.