(emitido a las 9.21 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Estamos en contacto con el doctor Nelson Loustaunau, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.

Yo le preguntaba recién a la gerente general de ASSE a propósito de este llamado que va a hacer ASSE para cubrir los cargos que quedan vacantes con las renuncias de los cirujanos generales de guardia, que han generado toda esta situación de conflictividad. Quedaba la duda de por qué y cómo se puede prohibir que a ese llamado se presenten quienes han renunciado.

NELSON LOUSTAUNAU:
Parecería que el que renuncia no tiene la voluntad de volver a ese trabajo, que renuncia porque las condiciones que presentaba ese trabajo no le son apetecibles. Cuando usted renuncia a algún lugar es porque en ese lugar no se siente cómodo para trabajar. La administración tiene algunas facultades discrecionales para reglar cómo hace un concurso, por ejemplo establecer determinados límites que pueden estar vinculados a ciertas capacidades, a la edad, a determinados tipos de cosas. Por supuesto que si ese llamado toca algunos derechos fundamentales –cuando esté el llamado, yo todavía no lo he visto– quienes se sientan eventualmente afectados tendrán las garantías para impugnarlo y recurrirlo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

EC - ¿Y sobre lo otro que mencionó el ministro Venegas, la posibilidad de tomar medidas con esos cirujanos con respecto a otros cargos que ocupen en el sistema de salud?

NL - Permítame primero redondear este tema. Lo que dijo en su momento el Poder Ejecutivo no fue una cuestión absolutamente cerrada, dijo que iba a hacer una convocatoria en esas condiciones. Ayer escuché en la televisión a última hora que los cirujanos decían que no hay un ámbito para negociar esto. Yo creo que siempre hay una posibilidad de golpear unja puerta y decir: "Esperen, no hagan este llamado en estas condiciones y nosotros cambiamos nuestra medida, adoptamos otro tipo de medidas, buscamos mejorar la contratación". Me parece que ese es el fondo del asunto.

EC - ¿De qué estamos hablando? ¿De una amenaza que se formula para precipitar la negociación?

NL - No, no creo que haya sido una amenaza. Por lo que surge, hay una voluntad de ASSE de presupuestar a los cirujanos y aparentemente los cirujanos no están dispuestos a aceptar esa presupuestación, porque les puede suponer algunos problemas para el resto de sus relaciones contractuales con el propio Estado. Entonces, si esto supone una complejidad para este grupo de personas, habilitemos que otro grupo de personas accedan a estos cargos.

EC - Y la otra medida que se anunció, el proyecto de ley que permitiría declarar la emergencia sanitaria con la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a los profesionales que no acataran, ¿cuán avanzado está eso?

NL - Insisto, creo que el ministro Venegas cuando hizo la presentación dijo que el Poder Ejecutivo estudiaba la posibilidad de una ley sobre este tema. Porque hoy si usted tiene la necesidad de declarar una emergencia sanitaria... usted debe recordar que en otra oportunidad se hizo...

EC - Sí, ya ha habido varios episodios de estos.

NL - Hay que remover todo el mecanismo –recuerdo cuando el economista Olesker era ministro de Salud– y promover todo un procedimiento parlamentario. Se va a una ley que declara la emergencia sanitaria en determinadas condiciones. Lo que Venegas planteaba en este caso y lo que el Poder Ejecutivo busca es tener una ley marco que habilite de entrada, sin necesidad de pasar por el Poder Legislativo, la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria.

EC - En este caso existía la posibilidad de sanciones llegando incluso al retiro del título profesional. ¿Eso en otros países del mundo se da?

NL - Creo que no fue planteado así, yo estuve presente en la conferencia de prensa y me parece que le han ido dando vueltas.

EC - Tengo acá textual lo que dijo el ministro: "las medidas pueden incluir la inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional".

NL - En cuanto al ejercicio de las profesiones en el mundo, y en el Uruguay también, vuelvo a comentar algo que le dije a un colega suyo: yo soy abogado, los abogados, los procuradores, los escribanos y todas las profesiones tenemos una policía del ejercicio profesional, para nosotros por ejemplo es la Suprema Corte, que nos puede inhabilitar parcial o totalmente para el ejercicio. No es como dice la gente vulgarmente, "le retiran el título", porque el título ya lo emitió la Universidad de la República, usted evaluó sus conocimientos, aprobó su lista curricular, todo lo demás. Pero aparte de esto, para el ejercicio de las profesiones usted necesita una habilitación del Estado.

Me parece que lo que decía Venegas es que se explorará una ley de este tipo. Venegas decía que habrá un límite para el caso de que exista una emergencia sanitaria y haya un profesional convocado que no acredite un extremo de fuerza mayor que le impida cumplir, ahí se podrán explorar sanciones. Entre esas sanciones, en el caso de que ocurra un incumplimiento, podrá aplicarse el poder disciplinario. Pero esto es un proyecto que no está terminado, no está acabado, cuando este proyecto vaya al Parlamento se oirá a todos los sectores nacionales, todo el mundo opinará. El que hace el planteo es el Poder Ejecutivo, no lo acotemos al ministro de Salud Pública, esto fue planteado por todo el Poder Ejecutivo.

EC - ¿En otros países del mundo esa posibilidad existe?

NL - Existe, sí, y se menciona la inhabilitación parcial o total. Capaz que no es una inhabilitación total o parcial, capaz que finalmente el proyecto establece una multa. En el conflicto de los oftalmólogos, hace unos cuantos años, un grupo presentó una denuncia por la ley de relaciones de consumo contra la Sociedad de Oftalmólogos por abuso de la posición dominante en esa situación. Capaz que esta ley puede tener un mecanismo similar, y eso implica algún ejercicio del poder punitorio, que no pasa solamente por inhabilitar para el ejercicio profesional sí o no, puede ser una multa también, puede haber otro tipo de sanciones que no son necesariamente estas. Ayer incluso escuché, en ese programa televisivo, que uno de los cirujanos decía "nos amenazan con la cárcel"; yo no escuché en ningún lugar, en la discusión de ese proyecto, que se mencionara la cárcel.

EC - La mesa de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas emitió una declaración ayer. Y uno de sus puntos dice que rechaza "en forma terminante las medidas propuestas por las autoridades por ser contrarias al Estado de derecho y constituir una forma de terrorismo de Estado sobre un grupo de trabajadores que ejerció legítimamente su derecho a no aceptar la continuación de una situación en la que sistemáticamente se han estado violando sus derechos laborales y de seguridad social".

En línea con este planteo, ayer cuando entrevistábamos al doctor Mario Burger, presidente de la Sociedad de Cirugía, decía que la actitud del Gobierno con este grupo de cirujanos es discriminatoria, es muy distinta, es mucho más dura que la que ha tenido con otros grupos de funcionarios públicos en casos en que incluso se llegó a declarar la esencialidad. Hoy veía en el semanario Búsqueda que el ministro Eduardo Brenta dice: "El Gobierno decidió poner un límite. Del otro lado hay un poder grande que abusa de la concentración del saber, y si no se toman medidas se va a terminar consolidando este otro modelo corporativo que vela solo por sus propios intereses". ¿Esto es lo que está de por medio? ¿Por eso esta actitud más dura?

NL - Yo me hago cargo de lo que yo declaro, cada uno deberá responder por lo que dice cada uno. Y esto no supone un divisionismo ni nada por el estilo, ni dentro del Ministerio de Trabajo ni en otro lugar. Nosotros vivimos en un país democrático, y yo digo que esto que sería eventualmente un proyecto de ley pasará por el Parlamento, y el Parlamento lo tendrá que discutir y discutirlo con todas las fuerzas que representen a todos los sectores sociales, también a aquellos que hoy tienen miedo por esta situación, porque dicen "capaz que no me atienden, capaz que tengo una emergencia y me pasa algo", en ellos también tenemos que pensar. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de atender estas situaciones, que tal vez no supongan una alarma pública, pero por lo menos suponen que la gente está preocupada por el tema.

Cuando esto sea proyecto y entre al Parlamento habrá una tremenda discusión sobre si se puede limitar o no, pero en definitiva hay dos tiempos, el tiempo del conflicto actual, que a nadie le sirve, ni a los ministerios ni al Poder Ejecutivo ni a los cirujanos ni, a mi juicio, a la población uruguaya. Y creo que la población uruguaya está asustada con este tema, tiene temor, tiene temor de que le pase algo y no la atiendan, por más que los cirujanos dicen que van a garantizar la atención. Pero usted sabe que cuando hay situaciones que no se controlan pueden pasar cosas.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: presidencia.gub.uy

***

Contenidos relacionados:
ASSE estudia una "eventual reestructura" de los puestos de trabajo de profesionales contratados bajo régimen de Comisión de Apoyo

Mario Burger (Sociedad de Cirugía): "Es muy triste que se tomen este tipo de medidas con un sector en un Estado de derecho"