El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT analizará el próximo martes un informe encargado a su departamento jurídico sobre el polémico decreto 401/2008.
 
La resistida medida, elaborada durante el gobierno de Tabaré Vázquez, surgió a raíz de una serie de paros muy particular, que distorsionar la actividad de varias oficinas públicas al afectar ciertas áreas clave.
 
El tema volvió a estar sobre la mesa en las últimas semanas, luego de la paralización que efectuaron empleados de Ancap sobre la descarga de un buque gasífero y en la planta de La Teja en protesta  por inadecuadas condiciones de trabajo.
 
El paro provocó una escasez de combustible en todo el país en el primer fin de semana de este mes.
 
Medidas del mismo tipo se registraron en Salud Pública por parte de funcionarios no médicos. Más atrás en el tiempo, se recuerda distorsión de la operativa del clearing de cheques o la recarga de cajeros automáticos por parte de AEBU.
 
Lo que establece el decreto precisamente es que, ante la aplicación de medidas consideradas "distorsivas", se descuente parte del salario a los trabajadores.
 
El coordinador del PIT Fernando Pereira dijo a El Espectador que ésta medida debe ser negociada en forma bipartita.
"Es un decreto del que nosotros desde un principio tenemos una posición negativa desde el punto de vista político, porque creemos que se violenta la libertad sindical. En todo caso habría que negociar instrumentos para ver cuáles son aquellas cuestiones que no pueden ser alteradas por una medida sindical. Pero en este caso se puede llegar a descontarle a un trabajador horas tardías y a su vez un porcentaje por no haber cumplido una tarea. Lo que ahora vamos a hacer es solicitarle a la sala de abogados del PIT-CNT es un informe jurídico. Esto lo estamos haciendo con la debida prudencia consultando técnicos que desde hace muchos aliños trabajan en el movimiento sindical y que tienen un ‘expertice’ en el tema de la Organización Internacional del Trabajo y desde allí empezaremos a hacer gestiones con el Gobierno".
 
Pereira recordó que esta posición ha sido sostenida permanentemente ante el presidente José Mujica y el ministro de Trabajo Eduardo Brenta.
 
Aunque en la central sindical se prefiere por el momento la vía de la negociación, no se descarta llegado el caso apelar al informe jurídico para la "inconstituciónalidad" del decreto.
 
Al respecto, Pereira reclamó un estudio pormenorizado.
"Si la empresa decide que la medida adoptada por los trabajadores alteró x% de lo que esperaba, eso es lo que le descuenta del salario. Esto es ridículo desde nuestro punto de vista. Lo que hemos hecho es pedirle a los abogados es que lo estudien para que nos hagan un informe. No para modificar nuestra posición –porque es una posición asumida- sino para darle más seriedad al estudio de esta situación".