"El sistema político se tiene que preocupar cuando hay una práctica social extendida con normas prohibicionistas que no la impiden. Por lo tanto, algo no estaba funcionando y nos parecía que en temas de derecho y salud era necesario asumir este tema", señaló la diputada.

Laurnaga continuó mencionando que hubiera querido un proyecto de legalización que determinara "que no hay delito. Este proyecto lo que hace es despenalizar el aborto para aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo cumpliendo con determinados requisitos como concurrir al médico, participar de un grupo multidisciplinario y la ratificación de esa voluntad".

La diputada frenteamplista aseveró que "una de las cosas interesantes de esta ley es que obliga a realizar un balance anual, por lo que se obliga a las instituciones y al Ministerio de Salud Pública (MSP) a un registro de datos exhaustivo".

En relación a los derechos del feto a continuar su desarrollo en la vida, Laurnaga sostuvo "que si se tiene en cuenta" y recurrió al aporte del constitucionalista Martín Risso, "quien plantea que el principio de proporcionalidad del sistema jurídico tiene tres componentes fundamentales: la idoneidad, la necesidad y la ponderación. Risso menciona que toda norma tiene que cumplir el criterio de ponderación. Justamente eso es lo que estamos tratando de hacer a nivel político, generar un escenario que garantice los derechos de todos".

"Los derechos del feto están contemplados a partir de la semana 12. Lo que se plantea como controversia es el derecho a la vida de un feto menor a ese período de tiempo con el derecho a la dignidad de la vida para esa mujer que dice no tiene condiciones para enfrentar la maternidad", añadió.

De acuerdo al texto adoptado, se despenalizará el aborto hasta la semana 12 de gestación y siempre que las intervenciones se realicen en instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud y luego de cumplir un procedimiento fijado por la propia ley.

La mujer que desee interrumpir su embarazo deberá concurrir a su ginecólogo, quien la enviará a un equipo interdisciplinario integrado por un ginecólogo, un psicólogo o psiquiatra y un profesional del área social.

 Luego de esa instancia debe pasar por un período de cinco días de "reflexión" antes de efectivizar su decisión.

En este sentido, Laurnaga  dijo que le "preocupa cómo la mujer se va a enfrentar a ese grupo y aún más todas las mujeres que no van a terminar de cumplir estos requisitos. Por tal motivo hay que trabajar sobre la calidad de esos equipos. Esas mujeres tendrán que proceder a una denuncia si se sienten presionadas en cualquier sentido por ese grupo multidisciplinario".

En el caso de los menores, añadió que "la menor deberá venir con el consentimiento de uno de sus padres o tutor. Igualmente está previsto que en el caso de que la menor no quiera que sus padres se enteren el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé la reserva y protege a la mejor de más de 16 años sobre sus decisiones. La menor entonces puede recurrir a la Justicia con el informe del médico para solicitar la autorización. Esto sirve tanto para solicitar la autorización para interrumpir el embarazo como así cuando quiere tenerlo".

Consultada sobre las críticas al proyecto de la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU)  que dice que la ley "no reconoce plenamente nuestro derecho a decidir", la diputada sostuvo que "este es el proyecto que pudimos acordar para tener la mayoría".

Por último, sobre las declaraciones del diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien sostuvo que en caso de completarse la ley van a solicitar un referéndum, Laurnaga dijo que "me parece muy bien ese destino. La ciudadanía va a tener la posibilidad de ratificar esto".